Las tres organizaciones internacionales más prestigiosas en el mundo en materia de defensa de los derechos Humanos como La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, exigen a autoridades peruanas investigar a los responsables de brutal represión policial en contra del pueblo provincia de Islay.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó la utilización desproporcionada de la violencia en la represión de las protestas realizadas en contra del proyecto minero conocido como Tía María en la región de Arequipa, en el contexto de las tomas de carreteras llevadas a cabo por grupos de agricultores que se manifiestan en contra de la concesión por el gobierno del subsuelo del territorio cultivado ancestralmente por la población de Islay que ha dejado una secuela de tres muertos y más de 50 heridos.
«Estamos muy preocupados por la ausencia de voluntad del gobierno peruano de dialogar con los manifestantes y aún más por las ejecuciones extrajudiciales de tres personas que muy legítimamente reivindicaban el derecho al medioambiente y a la consulta. No hemos olvidado el nefasto precedente ocurrido en Bagua en el 2009», dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. «El gobierno debe entender que no puede implementar su política minera en total irrespeto de los derechos de la población afectada», agregó Souhayr Belhassen.
Amnistía Internacional
Por su parte los representantes de Amnistía Internacional, indicaron que “las autoridades peruanas deben investigar los homicidios y emprender un proceso imparcial de consulta con las comunidades que puedan verse afectadas por el proyecto”, ha declarado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú.
Las protestas y el malestar social entre las comunidades que reclaman su derecho a ser consultadas respecto a los proyectos mineros y petrolíferos son generalizados en Perú, indican.
Human Rights Watch
Perú debería llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial para esclarecer la muerte de tres manifestantes y las lesiones sufridas por al menos otras 31 personas durante enfrentamientos con la policía en la provincia de Islay, señaló Human Rights Watch.
"Los reportes que señalan que policías habrían disparado contra los manifestantes son sumamente preocupantes", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Quienes hayan hecho un uso excesivo de la fuerza en Islay deben ser llevados ante la justicia", asevero.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley disponen que estos funcionarios, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito. El cumplimiento del objetivo legítimo requiere reducir al mínimo los daños y las lesiones y proteger la vida humana, explicó Vivanco.
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