Tiempos de cambio en la minería peruana

Por Marco Arana

El boom minero

Fue gracias a las leyes e incentivos dados a la minería en 1992 por el gobierno de Alberto Fujimori que en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones y han hecho que el Perú sea el principal productor de oro de América Latina.

Las concesiones mineras se extienden por todo el país llegando (en junio de 2011) a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares.

Regiones donde se ubican las operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central. Desarrollo de infraestructura vial y ampliación de las redes de aprovisionamiento eléctrica se promueven y amplían en diversas regiones del país facilitando una mayor expansión de las actividades mineras.

La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos 3 mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Veamos de cerca estos temas.

No todo lo que brilla es oro

A nivel ambiental. Tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños ambientales. En la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad; está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible. En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy, y la ciudad que alberga a más de 170 mil habitantes bebe agua proveniente de procesos mineros, porque las fuentes naturales de agua (lagunas, quebradas y ríos) han desaparecido.

La Minera Southern ha contaminado la bahía de Ite en el mar de Moquegua y, en la región de Tacna, ha agotado las aguas subterráneas, motivo que ha llevado al gobierno regional a tener que dictar, por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero. En Madre de Dios, lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. En Puno, la mina La Rinconada contamina con metales pesados el Río Ramis que es afluente del lago Titicaca, una cuenca endorreica, la más alta del mundo, y las protestas de los pueblos quechuas y aymaras que datan de muchos años siguen siendo ignoradas.

En Cajamarca, Piura y Huamachuco los mineros ilegales contrabandean insumos químicos que trasladan peligrosamente en vehículos de transporte público, contaminan ríos y pequeños poblados. A todos estos graves daños ambientales, se suman dieciséis de los 53 ríos de la costa que están contaminados por actividades mineras a pesar de que el inventario de pasivos ambientales, que aún no concluye, ha identificado ya más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas.

La autoridad ambiental hace deficientes controles:

Las fiscalías ambientales se hallan abarrotadas de investigaciones que no se realizan por falta de recursos o presiones políticas y económicas, como lo denunció el coordinador de las mismas, y los juzgados ambientales no han sido instalados. Para colmo, no existen procuradorías ambientales que ayuden a las poblaciones a demostrar técnicamente las afectaciones de las que son víctimas. Los EIAs de las empresas mineras son aprobados por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, y las recomendaciones de las Defensoría del Pueblo de que sea el MINAM quien los evalúe y apruebe siguen cayendo en saco roto. Los límites máximos permisibles (LMPs) que son invocados por las empresas para decir que la calidad ambiental de su área de operaciones y de influencia está bien se hallan desactualizados (datan de 1996) y hasta el Banco Mundial afirma que no sirven para prevenir la contaminación, por lo demás el Ministro Brack, ardoroso defensor de la gran minería, dejó extrañamente pendientes la fijación de los LMPs de las emisiones y efluentes mineros.

A nivel social. Aunque la minería moderna desata grandes expectativas laborales, lo cierto es que por su alta tecnificación genera pocos puestos de trabajo (1.5% de la PEA nacional), y además está sometida a mecanismos de terciarización que recortan al máximo los derechos de los trabajadores. Se estima que más del 70% de los trabajadores de la gran minería están bajo la modalidad de services, lo que impide además su sindicalización y capacidad de negociación para proteger sus derechos. En cambio, en la pequeña minería se genera muchos más puestos de trabajo pero en condiciones infrahumanas, explotando mano de obra infantil, sin norma alguna de seguridad, evadiendo impuestos, contrabandeando insumos, etc.

Las pequeñas economías locales donde se ubican las actividades mineras experimentan rápidamente subidas de los precios debido a que el sector empleado en la gran minería suele tener ingresos económicos más altos que el promedio local, con lo cual los costos de vivienda, alimentación, educación suben exorbitantemente y ahogan las brechas de desigualdad entre los que pueden pagar esos servicios y los que quedan excluidos de los mismos.

Para nadie es un secreto que la ciudad de Cajamarca se ha convertido en una de las cuatro ciudades más caras del país, precisamente por el fenómeno inflacionario provocado por los ingresos de los trabajadores de la actividad minera o simplemente por las distorsiones de precios de mercado que genera las expectativas de venta de servicios locales. En el plano nacional, el crecimiento económico basado en los ingresos de las exportaciones mineras, que no contienen valor agregado, (como literalmente ha señalado Oscar Ugarteche, “estamos exportando piedras”) hace que la mayor parte de la riqueza minera se vaya fuera de nuestro país y que sigamos condenando nuestra economía a lo que se denomina “deterioro de términos de intercambio”, por el cual se repite la historia económica de la explotación de nuestros recursos naturales que se venden a precio barato para luego comprar productos manufacturados a precios más caros, quedando condenados a ser un país productor de materias primas (mientras éstas duren).

A todo ello, se suma el hecho de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía, que, si bien sigue creciendo, lo hace debido a los altos precios de los metales en el mercado internacional, lo que implica que si hay una variación en los precios de los denominado commodities nuestra economía simplemente puede frenarse de golpe o aún colapsar, si es que no se diseñan e implementan políticas de diversificación económica, como incluso y repetidas veces lo ha señalado Michael Porter en sus dos visitas a Perú.

Pese a que en esta etapa se experimenta un ciclo internacional prolongado de precios extraordinariamente altos de los metales que, por lo demás, debido a las leyes fujimoristas y alanistas que otorgaron extraordinarias facilidades al desarrollo de la gran minería y, debido también a la alta riqueza de los yacimientos que permiten bajos costos de producción, las empresas mineras se niegan a hacer aportes fiscales adicionales apelando, para ello, a sus contratos de estabilidad jurídica y a su enorme poder para jaquear al Estado vía los medios de comunicación o sus poderosos lobbys directos o través de influyentes estudios de abogados del país (García Sayán, Osterling, Echecopar) como lo ha puesto en evidencia la periodista de IDL, Milagros Salazar, con relación a evadir las multas de Osinergmin.

Del lado gubernamental, incluido el nuevo gobierno de Ollanta Humala, se ha optado por seguir promoviendo prioritariamente la minería, y aunque se ha anunciado recién que habrá nuevas regulaciones, aún no se tiene claridad sobre cuáles y el alcance preciso de las mismas (aún falta reglamentar la ley de consulta previa y se ha anunciado la promulgación próxima de la ley de ordenamiento territorial). Lo cierto es que a partir de las recientes declaraciones del primer ministro y del ministro de minería y energía, lo que parece primar es apoyar sí o sí a las mineras para que éstas contribuyan con el gravamen minero que, en el corto plazo, permitan al gobierno nacionalista realizar las obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales. No sería extraño que, en este contexto, el gobierno opte por inclinar la balanza del lado de las empresas, como claramente lo ha señalado Víctor Caballero de la unidad de conflictos de la PCM (“La ley de consulta se aplicará solo donde el diálogo previo no funcione” y sus advertencias a lo que el denomina “violentistas y contrarios al desarrollo” sin llamar curiosamente la atención a aquellas empresas social y ambientalmente irresponsables).

Tiempos de cambio

Aunque pueda ser prematuro, y prime aún la incertidumbre para saber en qué dirección van a venir los cambios del nuevo gobierno o cuáles van a ser las continuidades que se afirmen, todo parece indicar que, en el plano social, la minería seguirá siendo la mayor fuente de conflictividad socioambiental. Por otro lado, las grandes empresas buscarán someter al gobierno de Ollanta Humala a la demoledora presión de sus medios de prensa, de sus respaldos gubernamentales extranjeros, de sus poderosos lobbys, si no también de sus chantajes.

Desde la sociedad civil organizada que no se deja coptar o corromper o desde partidos políticos como Tierra y Libertad, seguiremos afirmando que si la minería en Perú, como ha ocurrido en otros países, quiere aportar al desarrollo de largo plazo, con justicia social y sostenibilidad ecológica, la política económica y específicamente la de las industrias extractivas tienen que transitar por otros caminos: el del desarrollo y la innovación tecnológica, el de la asignación de valor agregado, del cuidado y la fiscalización ambiental, de la consulta y respeto a los pueblos y de la utilización de la renta minera para la diversificación de la economía. De tal manera que dejemos de ser clasificados como un país minero y podamos convertirnos en lo que debemos ser: un país pluriproductor, megabiodiverso, que no depende de una única actividad como la minería. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de crisis financiera mundial, de nuevo gobierno, de esperanzas de cambio que no se deben defraudar. Y podemos hacerlo, si miramos el Perú como un país con futuro y si, generosa y responsablemente, pensamos en los derechos que tienen los peruanos que vendrán después de nosotros. Lo que no se puede perder de vista es que los cambios deben ocurrir ahora, no podemos seguir en la larga y penosa espera que fue defraudada por el régimen corrupto y genocida de Fujimori, insuficiente y miope de Alejandro Toledo o por el gobierno soberbio, depredador y corrupto de Alan García.

Minas Conga: un desafío en el horizonte

Este proyecto minero, anunciado el 28 de julio de 2011, unas horas antes de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, puede ser la prueba de fuego de los cambios o continuidades que el nuevo gobierno deberá mostrar al país que lo eligió. Los 4 mil 800 millones de dólares que se dice invertirá Yanacocha en este proyecto no pueden hacerse a cualquier costo social y ambiental. En tiempos de cambio climático, de que existe una conciencia ciudadana, cada vez más creciente, que no hay desarrollo verdadero sin justicia social y sostenibilidad ecológica, los nuevos gobernantes no pueden permitir que se destruyan más lagunas y sistemas hídricos y se subordine, cuando no ponga en grave peligro el desarrollo agrícola y ganadero del sur de una importante región como es Cajamarca, tan solo para garantizar que una controvertida empresa minera aurífera recupere su inversión en unos pocos años de los 17 que inicialmente calculan que durará su proyecto.

Revisar el EIA que fue aprobado dolosamente, escuchar las preocupaciones legítimas de las organizaciones y sus autoridades no coptadas o que no se han dejado corromper, acercarse los gobernantes a las poblaciones, fortalecer la institucionalidad ambiental nacional, regional y local; someter el proyecto al proceso de zonificación ecológica y económica regional y a un plan de ordenamiento territorial, están entre los requisitos mínimos que el nuevo gobierno debe observar para que este conflicto que, en los próximas días amenaza con extenderse y desbordarse, no termine generando un clima de zozobra social en una región que tradicionalmente ha sido pacífica, pero que también sabe ponerse dignamente de pie para defender su derecho al agua, a la tierra y decir ¡Basta!

Presentan libro Por Diez Centavos de Salitre

El doctor Antonio Gárate Calle, Capitán de Navío de la Sanidad Naval (O) en retiro, publica su primera novela histórica titulada Por Diez Centavos de Salitre. Ha sido editada por el Instituto de Estudios Histórico- Marítimos del Perú y el Banco de Comercio. La presentación del libro será el día 2 de noviembre de 2011, en el Centro Naval del Perú ubicado en la cuadra 23 de la Avenida San Luis, San Borja.

La novela esta basada en hechos históricos acontecidos en la Guerra del Pacífico.  Relata las peripecias de Antonio García, peruano natural de Barranco quien el año 1874 viaja a trabajar a los ricos yacimientos de salitre en Tarapacá y Atacama, sin imaginar que se verá envuelto en una feroz intriga política que marcará su destino. La muerte de su esposa, a raíz de un atentado en Bolivia en 1879 perpetrado por un oficial chileno invasor, lleva a García a una persecución que ocurre en el marco de la cruenta guerra desatada en los tres países. Así comienza una saga de amor y de resistencia contra las violaciones de los derechos humanos ocurridas en los pueblos invadidos por Chile. Las aventuras de Antonio y sus inseparables amigos barranquinos, lo llevarán a un azaroso recorrido por los campos de Pisagua, Tarapacá y Arica, conociendo los actos heroicos, traiciones y luchas políticas internas de los personajes de la Historia: Prado, Buendía Montero, Cáceres, Bolognesi y Piérola. Es en el mismo balneario de Barranco, Lima, en que la odisea de García llega a su fin.

Antonio “Tuco” Gárate se caracteriza por su ferviente patriotismo y amor al Perú. Su padre Antonio Gárate Silva nació en 1894 en Iquique, Tarapacá, bajo la ocupación chilena. Al crecer, antes que aceptar la dominación, se vió obligado a dejar su querido terruño y a su familia, para venir al Perú. Y su abuelo, Antonio Gárate Briceño, también peruano nacido en Tarapacá, integró el batallón “Iquique” organizado por el héroe don Alfonso Ugarte durante la guerra con Chile. Después del plebiscito del año 1929 y por ser hostigado por los chilenos, éste patriota tuvo que salir de Tarapacá para siempre, viajando con el resto de su familia a Lima, Callao, donde vivió hasta su muerte.

Inspirado en el origen de su familia, el autor escribió esta novela a lo largo de varios años. Producto de sus investigaciones en archivos históricos, vasta bibliografía y en los diarios y revistas de la época de la Guerra del Pacífico, su mayor afán fue el de relatar de manera novelada los detalles de hechos históricos que iba descubriendo, para que fueran mejor asimilados por las generaciones jóvenes de los tres países protagonistas del conflicto bélico.

Antonio Gárate Calle nació el 29 de noviembre de 1940 en Barranco. Estudió en el Colegio “San Luis” del citado distrito. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos graduándose de Cirujano Dentista en 1962. En 1969, el Dr. Gárate ingresó a la Sanidad de la Marina de Guerra del Perú, en la que sirvió con una impecable trayectoria durante 32 años, en varias ciudades del Perú, retirándose con el grado de Capitán de Navío en 1994. Vive en su Barranco natal con su esposa la distinguida dama Yolanda Pigati Quiñones. Tiene cinco hijos y 8 nietos. Practica el deporte sub- acuático y  disfruta de la lectura y escuchar música lírica.

Testigo de boda Humala Heredia fue nombrada jefa del Osce

Todo parece indicar que el caso de Cristina Velita Laboureix, nombrada recientemente como embajadora peruana en Francia por el hecho, en gran medida, de haberse desempeñado como la ginecóloga de la primera dama Nadine Heredia, no es el único.

Rocío del Carmen Calderón Vinatea fue testigo de bodas de Ollanta Humala y Nadine Heredia el 29 de enero de 1999, y lo real es que hoy ocupa un importante cargo en el Estado. Sí, aunque parezca increíble.

Calderón estampó su firma en el acta matrimonial de la pareja presidencial, identificándose con el DNI 10305256, en la Municipalidad de Surco. La registradora María Miluska Moscol Hurtado estuvo presente en el acto.

Calderón ha sido designada como miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), y dicho nombramiento fue confirmado el lunes último.

Como es público, la íntima amiga de la pareja fue incluida en su calidad de asesora en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York el 20 de setiembre para la 66a Asamblea General de las Naciones Unidas.

Director de la PNP confirmó que "sí se habló de Andahuasi" en cena con Chehade

“Tengo una carrera intachable” o “No tengo nada que ocultar” fueron algunas de las frases que usó el director de la PNP, general Raúl Salazar, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización, hasta donde acudió para explicar su participación en la cena con el vicepresidente Omar Chehade en el restaurante Brujas de Cachiche, donde presuntamente se promovió un desalojo en la azucarera Andahuasi.

Según contó Salazar, fue convocado por el propio Omar Chehade, con quien -aseguró- “no tiene ningún grado de amistad”. Sí aclaró que no es la primera vez que acude a una reunión por requerimiento de un congresista. “Como jefe de Seguridad del Estado lo hice sin ningún problema”, comentó.

Al ser consultado si en la cita se tocó el tema del desalojo en Andahuasi, hecho que fue negado por Chehade, reconoció que sí fue tratado por los generales Guillermo Arteta y Abel Gamarra. No precisó si Chehade mostró interés en el mismo.

Sobre si se acordó en la cita entregarle a Arteta una resolución judicial para autorizar un presunto desalojo, en su condición de jefe policial de la zona, Salazar afirmó que este tema no se trató en la cena. También dijo desconocer si el hermano del vicepresidente, Miguel Chehade, llevó la mencionada resolución al general Guillermo Arteta en su oficina de El Potao.

Como se sabe, el general Guillermo Arteta ha señalado que tanto el hermano de Omar Chehade, Miguel Chehade, y un amigo de este le entregaron una resolución judicial sin firma ni fecha, días después de la cena en cuestión.

NIEGA VERSIÓN

En otro momento, Salazar negó haber informado al ministro del Interior, Óscar Valdés, que en la reunión Arteta hizo una explicación técnica del asunto o que Chehade sorprendió a los generales al tocar el tema Andahuasi. Esta versión fue difundida por una revista local la semana pasada, en alusión a los descargos que el general habría presentado a Valdés.

“Se habló de Andahuasi sí, pero no se habló de un planeamiento”, dice ahora.

Sobre su relación con Arteta, quien fue el que reveló que en la cena se habló de un desalojo en Andahuasi, dijo que siempre ha tenido una amistad con él y que “siempre lo he tratado de mi general porque es más antiguo que yo”. También dijo que no volvió a hablar con él después de aquella velada.

Respecto a que después de esta reunión habría sido favorecido para ser designado director general, Salazar lo negó. “Para mí fue un sorpresa extraña que me nombren director general, pensé que me iba al retiro (...) no tengo nada que ocultar, no he tenido que tocar la puerta de ningún congresista para ser general o director de la PNP (...)”, afirmó Salazar al término de su presentación.

General Arteta precisa que fue Omar Chehade quien planteó tema Andahuasi

“El actual gobierno está sumamente preocupado por defender los capitales privados”, fueron las palabras que utilizó el segundo vicepresidente, Omar Chehade, antes de tocar el tema de la azucarera Andahuasi en la cena del 4 de octubre en Brujas de Cachiche, según contó hoy el general PNP en retiro, Guillermo Arteta, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. “El tema de Andahuasi empezó con las palabras de Chehade”, subrayo.

Arteta reiteró que jamás fue coaccionado por el segundo vicepresidente para realizar un desalojo en la azucarera en su condición de jefe policial provincial en ese momento. Contó también que luego de ponerse el tema en el tapete se le consultó sobre las implicancias de realizar una operación de esta envergadura.

“Dije que para que una operación de esta envergadura se realice, se debe contar con una resolución del juez (...) cómo lo planificaríam me preguntaron, y dije no se puede tomar una decisión de manera apresurada”, señaló.

EL INTERÉS DE MIGUEL CHEHADE

Según Arteta, el más interesado en tratar el tema de Andahuasi fue el hermano del vicepresidente, Miguel Chehade. “(...) el señor Miguel Chehade mostró un interés en saber el número de efectivos, manifestó en la mesa que esta empresa (grupo Wong) estaba en capacidad de asumir el gasto que ocasiona el transporte de personal, caballos y viáticos”, señaló Arteta.

“No tengo por qué mentir, no puedo aceptar que se me tilde de mentiroso, sino no estuviera acá, estoy diciendo mi verdad”, aseguró.

Agregó que su respuesta fue que la Policía no podía aceptar el dinero de la empresa para una operación porque no sería ético.

“En el desarrollo de la cena el señor Miguel Chehade me manifestó que podía alcanzarme copia de la resolución para la ejecución de operativo de desalojo, me indicó que en dos días me haría una visita para alcanzarme el documento”. Chehade le entregó el exhorto el día 6 de octubre.

“(...) era un exhorto del juzgado de Lambayeque, no tenía ni sello ni fecha, era un exhorto de entrega de bienes”, añadió.

Arteta aseguró que tras la cena en Brujas de Cachiche ninguno de los demás asistentes a la reunión lo llamó por teléfono, excepto Miguel Chehade el día que lo visitó en El Potao.

También respondió por qué no denunció en su momento a Miguel Chehade. “Porque simplemente en muchos casos la gente trata de entregar un documento para que paralelamente se vayan haciendo acciones (...) el documento no estaba dirigido a mi persona, pero el contenido estaba referido a Andahuasi”, dijo.

Cuento chino le sale caro al Apra

En marzo del 2007, el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, anunció la firma de un convenio entre su agrupación y el Partido Comunista de China, gracias al cual el partido de la estrella iba a recibir una donación de US$180 mil. A fines de ese año, el anuncio se concretó en parte con el arribo al Callao de un cargamento de computadoras, televisores, fotocopiadoras, cámaras de video y demás, valorizado en poco más de US$93,500.

Hasta aquí todo parecía normal, si no fuera por las gestiones que inició el Apra con una finalidad: evitar el pago a la Sunat de US$21,278 por conceptos de tributo por la mercancía. La idea tesis del Apra para eludir ese pago, fue la de presentarse como una institución privada sin fines de lucro receptora de donaciones foráneas “con fines asistenciales o educativos”.

Sin embargo, a casi cuatro años de iniciados sus esfuerzos, el Apra no cumplido con entregar todos los documentos para beneficiarse con la exoneración, con lo cual no solo la Sunat ya le ha pedido que pague lo que debe, sino que los responsables de esta extraña maniobra podrían ser denunciados por defraudación de renta aduanera en agravio del Estado.

LA HISTORIA

El 12 de diciembre del 2007, el Apra, a través de la empresa Corporación Interandina, pidió la nacionalización de 174 bultos con diversas mercancías donadas por el Partido Comunista de China. Dos días después, solicitó la impugnación de los tributos para sacar la donación de Aduanas, presentando diversos documentos que, sin embargo, habrían sido insuficientes.

Los más importantes papeles fueron dos: la Garantía Nominal, una suerte de compromiso de pago que firmó el entonces secretario general aprista, Mauricio Mulder, y un expediente iniciado ante el Ministerio de Educación para la emisión de la resolución que autoriza la inafectación de la donación, aunque en realidad estas resoluciones las expide Relaciones Exteriores.

También presentaron, entre otras cosas, una solicitud de inscripción del Apra en el Registro de Instituciones Privadas sin fines de lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional del Exterior (IPREDA), que depende de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). No obstante, según el reglamento de Donaciones de Sunat, lo que se debió presentar no es la solicitud sino la constancia vigente de inscripción en el APCI.

Con la Garantía Nominal y el compromiso de entregar la resolución de aprobación de la donación (ya sea del sector Educación o de Relaciones Exteriores), exigido por el mismo reglamento, la Sunat autorizó la salida de la mercancía.

LA SUNAT COBRA

Pero el tiempo fue pasando y esos documentos de autorización o inafectación de la donación no llegaron y, considerando además que la garantía aprista perdió vigencia en diciembre del 2010, los primeros meses del 2011 la Sunat inició la ejecución de la garantía por los más de US$21 mil.

Asimismo, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao solicitó a la APCI -que por cierto depende de Relaciones Exteriores- información sobre la solicitud de la resolución que autoriza la donación. Hasta ahora no han recibido respuesta.

Jorge Cuadra, subdirector de Registros del APCI, dijo a diario16 que si bien el Apra logró su inscripción como IPREDA, aclaró que dicha agrupación política no ha obtenido ningún beneficio relacionado con donaciones.

Efectivamente, el Apra se inscribió como IPREDA el 5 de marzo del 2010. Pero como esto se requería para el 2007, en la constancia de inscripción se indica sorpresivamente que esta se dio “con eficacia anticipada al 28 de noviembre del 2007”, por dos años de vigencia. ¿Es común en APCI certificar una inscripción que ya caducó?

Cuadra dijo que esto sucede y añadió que se dio así porque en noviembre del 2007 el Apra había iniciado el trámite ante la APCI, lo cual es cierto. No obstante, otras fuentes de la misma agencia aseguraron a este diario que no recuerdan que se haya dado otro caso de certificación con eficacia anticipada.

27 DE JULIO, DÍA D

Quizá conscientes de que tenían que ‘regularizar’ esta situación ante la Sunat antes de dejar el gobierno, el 27 de julio último el ahora secretario general del Apra, Omar Quesada, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la aprobación de la donación “en vía de regularización”.

Según el informe 111-2011/APCI-DOC, el mismo 27 de julio el Apra consiguió que la Dirección de Operaciones y Capacitación del APCI opinara favorablemente para que se emitiera la ansiada resolución que autoriza la recepción de la donación del Partido Comunista de China, que ya había sido desaduanada hace cuatro años.

Solo faltaba la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, pero esta nunca se dio porque -según diversos funcionarios de APCI- en esta instancia advirtieron un vacío legal y “no quisieron quemarse”. En el sistema el pedido a Asesoría Jurídica aún figura como “pendiente”, pese a que ya se venció el plazo de respuesta.

Pero volvamos al 27 de julio, pues ese mismo día el Apra también se dio cuenta que su inscripción como IPREDA había caducado en el 2009 y, por ello, pidieron su renovación. Esto sí lo logró el mismo día; es más, la renovación por dos años empezó a tener vigencia el 27 de julio, y no el 27 de noviembre del 2009, que es cuando perdió vigencia. Esta vez no hubo vigencia anticipada.

Según el portal de la Sunat, la última acción en este caso ocurrió el 30 de junio del 2011, cuando el Apra impugnó el pago de lo que ya se considera una deuda tributaria aduanera por la donación china.

EL APRA Y LA EDUCACIÓN

Una de las razones que habría determinado la negativa de Asesoría Jurídica de la APCI respecto de la donación y el Apra, sería la duda que existe sobre la labor educativa y asistencial del partido y su calidad de entidad sin fines de lucro.

Según Cuadra, el Apra se inscribió como IPREDA porque en sus estatutos se indican acciones de ese tipo, aunque aclaró que no fiscalizan que ello sea así. Al margen de esto, lo cierto es que estamos a menos de dos meses para que se venza el plazo de cuatro años que tiene la Sunat para iniciar un proceso de cobranza por tributos dejados de pagar, considerando además que la Garantía Nominal firmada por Mulder ya venció hace 10 meses.

RESPONSABILIDADES

Entre los responsables de este ‘cuento chino’ para evadir el pago de un tributo, estarían la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y el Partido Aprista, principalmente.

Según diversas fuentes de APCI y la Sunat, que prefirieron mantenerse anónimos, llama la atención que en el 2007 se autorizara la salida de la mercancía donada exonerada de tributos, sin que para ello se presentara la documentación completa o precisa. Según la Ley General de Aduanas y el TUO de la Ley del IGV e ISC, solo están inafectas del pago de los derechos arancelarios y del IGV las donaciones efectuadas a favor de las IPREDAS.

La mercadería donada al Apra en el 2007 fue sacada de Aduanas por autorización de Gloria Emperatriz Luque Ramírez, entonces intendente de la Aduana Marítima del Callao (IAMC), y ascendida luego a Superintendente Adjunta de Aduanas. En la operación también habría intervenido Martín Ramos Chávez, director de IAMC y actual Gerente de Fiscalización de la Sunat. Por parte del Apra, el responsable sería el firmante de la Garantía Nominal, el legislador Mauricio Mulder.

Las cinco preguntas que Chehade debe responder hoy en el Congreso

Llegó la hora cero para el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, el también congresista rendirá ante la Comisión de Ética del Parlamento su descargo frente a las acusaciones de un supuesto tráfico de influencias a favor del grupo Wong, en el Caso Andahuasi.

Para hoy también fueron convocados los generales de la policía que se reunieron con el vicepresidente en un conocido restaurante.

Chehade deberá responder una serie de interrogantes para esclarecer este escándalo que afecta al gobierno y a él le ha significado su alejamiento de la megacomisión que investigará el segundo gobierno de Alan García. Algunas preguntas claves que se pudo averiguar entre los miembros de la Comisión de Ética.

1. ¿Se tocó o no se tocó el tema del desalojo de la azucarera Andahuasi en la reunión efectuada en el restaurante Brujas de Cachiche?

En un primer momento Omar Chehade

2. ¿Es cierto que Chehade no sabía que el grupo Wong era una de las partes en conflicto en el litigio de Andahuasi, como lo aseguró en una entrevista?

Efectivamente. Tras desatarse el escándalo, Chehade llegó a declarar: “Es más, yo no sabía que el grupo Wong estaba metido en este tema”. Sin embargo, es público que ese grupo económico está desde hace buen tiempo en disputa por la administración de la azucarera y que el desalojo de los trabajadores era para tomar el control de ese complejo agroindustrial.

3. ¿Estaba enterado Chehade, cuando se realizó la reunión con los generales, que el grupo Bustamante había ganado el juicio por el control de Andahuasi y por esa razón buscaba acelerar la intervención policial?

La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso-Administrativo de Lima dictó una sentencia el 15 de setiembre, en la que se declara nula una resolución de Conasev que impedía al grupo Bustamante asumir el control de la azucarera. Este fallo le quitaba el control al grupo Wong. La famosa cena donde se habló del desalojo se realizó después, el 4 de octubre.

4. ¿Por qué después de la cena, Miguel Chehade, hermano del vicepresidente, mostró al general Arteta una resolución que supuestamente permitía ejecutar el desalojo a favor del grupo Wong, pero que no tenía firma ni sello?

Con el respaldo de testigos, el general Arteta señaló que el 7 de octubre, en la sede policial de El Potao, recibió la visita de Miguel Chehade y Miguel León Barandarián, quienes le entregaron una supuesta resolución del Segundo Juzgado Transitorio de Chiclayo que estaba por salir y que autorizaba el desalojo de Andahuasi. El documento ya remitido al Ministerio Público no tenía firma, ni sello ni el logotipo del juzgado.

5. ¿Por qué Chehade efectuó gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones relacionadas con el tren eléctrico a favor de una empresa brasileña y si efectivamente lo hizo por encargo de Salomón Lerner, como declaró ante la prensa?

Según denunció el programa “Cuarto Poder”, el 9 de junio el recién elegido vicepresidente visitó al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo, para mostrar su preocupación por el riesgo que implicaba otorgarle la buena pro del segundo tramo del tren eléctrico a Odebrecht y habría abogado por la empresa Andrade Gutiérrez. Chehade dijo que acudió a pedido de Lerner. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros manifestó que nunca le encargó avalar a Andrade Gutiérrez.

EN PUNTOS

Todo comenzó en una exclusiva cena privada

El 4 de octubre hubo una cena especial en el restaurante Brujas de Cachiche. Había sido convocada por Omar Chehade y en ella participaron tres generales de la PNP.

Casi nadie sabía de lo que se trató en esa reunión hasta que el general Guillermo Arteta, quien sorpresivamente fue pasado al retiro, contó al periodista Gustavo Gorriti los detalles y se desató el escándalo.

Arteta había revelado que la reunión había sido organizada para planificar y ejecutar el desalojo de la azucarera Andahuasi y entregarla al grupo Wong.

Chehade lo negó, dijo que la reunión fue para agradecer al general Raúl Salazar por la protección que le dio en la segunda vuelta y para conversar sobre el tema de seguridad.

La situación se complicó para Chehade cuando el también participante en la reunión Miguel León Barandiarán admitió que sí se toco el tema Andahuasi. Más tarde, el general Salazar también confirmaría lo dicho por Arteta: En la reunión se habló de desalojo. Es más, el general dijo que fueron sorprendidos por Chehade.

La situación se tornó más difícil para Chehade cuando surgió otra denuncia: supuestamente, había querido hacer lobby en el tren eléctrico. Finalmente, salió a la luz la falsa resolución judicial que el hermano de Chehade presentó a Arteta en El Potao y que “autorizaba” el desalojo.

EL DATO

Investigación fiscal

La fiscalía inició una investigación. Fuentes del Ministerio Público indicaron que hoy se tomaría la declaración del general PNP Abel Gamarra.

     negó tajantemente que en la reunión se hubiese hablado sobre este tema. Cuando Jaime de Althaus le preguntó en “La Hora N” si nunca se tocó este caso, su respuesta fue: “Así como lo escuchas, Jaime, nunca se tocó”. Sin embargo, el segundo vicepresidente después modificó su versión y reconoció que se habló del tema, pero de manera tangencial. El general PNP (r) Guillermo Arteta desde un inicio señaló que uno de los puntos tratados en la reunión fue el desalojo. Eso acaba de ser corroborado por el general Raúl Salazar, director general de la policía, en el descargo que presentó por escrito al ministro del Interior, Óscar Valdés.

Ministros viajan mañana a Cajamarca

Los ministros de Energía, Agricultura, y del Ambiente viajarán mañana a Cajamarca para escuchar los reclamos de los pobladores que se oponen al proyecto minero  Conga. Los ministros junto al premier Salomón Lerner se reunieron esta mañana con los alcaldes de Celendín, Sorochuco y La Encañada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Aquí las declaraciones del ministro de Energía, Carlos Herrera Descalzi.

Arequipa: Profe es grabada mientras maltrataba física y psicológicamente a alumnos de primaria

La protagonista de esta controversial manera de enseñar es la profesora Jacqueline Góméz Supo, del I.E.P. Niño Jesús de Nazaret del distrito de Mariano Melgar. En la grabación, la docente hace muestras de su particular forma de educar a sus alumnos del nivel primario por medio de golpes y amenazas.

La educadora y la directora del colegio ya fueron demandadas por contravención al Código de los niños y adolescentes. La sanción para ambas sería el pago de una multa por la violación d elos derechos del alumno y además por los daños y perjuicios causados. El audio data del 25 de abril de este año.

El desarrollo pormenorizado del tema puede encontrarlo en la edición 494 del Semanario El Búho.

¿De un presidente de todos los sustos a uno de todos los gustos?

Se dijo que no iba a tener luna de miel, que una vez que llegase al Gobierno iba a mandar mudar a sus asesores, que su primera medida iba a ser cambiar la Constitución. ¿Pasamos de un presidente de todos los sustos a un presidente de todos los gustos? Tres destacados analistas examinan los primeros pasos presidenciales.

Cuando Humala ganó las elecciones venció, también, una inmensa campaña en su contra.  Ahora, en cambio, se ataca a su círculo cercano, y la figura del Presidente luce casi intangible. ¿Dónde está la oposición?

Eduardo Adrianzén

Eso hace que los problemas vayan más por el lado de los individuos —y por cuestiones específicas— que por el ataque a Humala. Esto es una ventaja, porque cuando se tienen crisis muy grandes la imagen de él se deteriora y puede solucionar cambiando a los que están al frente de los diversos sectores. Es una estrategia acertada. Da la sensación de que hay más personas que “son el Gobierno”.

La oposición no es un bloque sólido de ideas; son individuos que se juntan por intereses. Una oposición así está atomizada y va a funcionar de acuerdo con la agenda del día; no tiene una agenda programática.

En este mismo momento, aunque se hayan quedado furiosos por la derrota electoral —hablo del ciudadano común—, sí creo que le están dando una luna de miel al Gobierno, una tregua. No están siendo hostiles, como se hubiera podido esperar, sobre todo en vista de los resultados electorales.

Santiago Alfaro

En una democracia sin partidos la oposición se ubica normalmente fuera del Congreso, en movimientos sociales, en grupos de presión fáctica que ejercen su influencia a través de lobbies y los medios de comunicación. Es lo que hemos visto en estos dos meses.El Gobierno actual es menos personalista que otros; no se expone. Se ha tratado de diluirlo en muchos sectores e instancias. La gente tiene agendas diferentes y no ve una política totalmente monolítica.

En el Congreso, los partidos que vendrían a representar la oposición se han concentrado en cuestionar nombramientos sin plantear alternativas. Eso lo hemos visto en el caso de la política antidrogas con los cuestionamientos a Ricardo Soberón, en la pedida de renuncia de Susana Baca a la cartera de Cultura, y ahora con Aída García Naranjo en el Ministerio de la Mujer.

En todos esos casos básicamente se ha cuestionado a los elegidos para dirigir esas áreas del Estado, pero no se han establecido lineamientos alternativos para cada una de ellas. Hay hasta ahora una oposición bastante débil, protagonizada más por los columnistas de periódicos que por los líderes políticos elegidos.

Todavía es pronto para ver el protagonismo que podrían llegar a tener los movimientos sociales y regionales, pero es muy probable que, conforme pase el tiempo, su presencia crezca.

Jacqueline Fowks

Ha habido dos amortiguadores fuertes. Uno fue el Ministro de Economía, que viene del gobierno anterior, en el que tuvo un cargo importante cuando Mercedes Aráoz era ministra. La designación de Castilla en Economía generó muchas noticias favorables. El mensaje era: ‘las cosas van a seguir tal como las han conocido” en materia de política económica. Eso le vino bien al empresariado, ese empresariado tan ligado a medios que tenían cierta manera de ver las cosas.

Y el segundo momento que alivió a muchos fue la presentación del Premier en el Congreso. Allí impuso calma, porque llevó además la buena noticia de que iban a conseguir una importante cantidad de dinero de las empresas mineras tras una buena negociación.

Creo que es la economía la que ha tranquilizado los ánimos adversos que fueron visibles en el momento anterior.

No hay que olvidar que los errores generan mucho ruido: cuando designaron a Soberón en Devida, cuando nombraron a un militar en retiro para Defensa Civil, cuando designaron a Daniel Mora en Defensa.

Ha ayudado mucho el perfil bajo de Humala. Por ejemplo, en el caso de su hermano Alexis, a pocos días que asumiera el cargo, no se contaminó. Ante las críticas a Soberón, el Presidente hizo mutis. En momentos controversiales, de incumplimiento de tal o cual promesa, o de error, Humala no ha aparecido, o se han demorado en contestar, o simplemente no han contestado nada o lo ha hecho el propio Humala por Twitter. Es obvio que está protegido, que está amparado.

A más de dos meses de iniciado su mandato, ¿improvisación efectista o inusitada coherencia?

Eduardo Adrianzén

Esto tiene un guión. Aunque resultan ser más gestos políticos y teatrales que efectivos, están bien pensados. Es lo que la gente quiere oír y ver. Pero hay que evaluar qué correlato hay con el accionar concreto. Eso no es improvisación. Sí hay metidas de pata que se solucionan cuando la presión es muy grande, como la campaña contra Susana Baca: buscan que el descontento no perdure en la gente.

El Gobierno está dejando en ridículo todo lo que se habló antes de que gane. Tres meses dan una pauta de cómo va la mano. Si un gobierno va a ser diferente, tiene que dar una patada al inicio para remover todo.

Santiago Alfaro

En cuanto a determinadas decisiones en políticas públicas sí ha habido coherencia. Se ha logrado la nueva modalidad de recaudación tributaria en el campo de las industrias extractivas; se promulgó y promovió la Ley de Consulta Previa; y se ha buscado, más allá de que pueda haber habido aquí improvisación, una mayor cercanía a la población. Por eso Abugattas insistió tanto en hacer esa sesión descentralizada, que fue muy desorganizada y que, creo, no va a tener mayor efecto práctico; pero sí me parece que fue importante en tanto demostró una mayor predisposición, en este caso del Congreso y en general del Gobierno, a ser más representativos y llegar a la población de manera más directa.

Lo que quizá no ha resultado coherente han sido determinados nombramientos; tal vez se pudo designar un Ministro de Economía más cercano al plan de gobierno, como Kurt Burneo. Pero finalmente se optó por no crear fuentes de conflicto con los sectores de poder económico, y por eso se puso a Castilla. Más que incoherencia, lo que veo es una estrategia política. Y, finalmente, una respuesta a esa demanda por mantener un equilibrio entre la macroeconomía y los procesos de inclusión social.

El gran problema que deberá enfrentar el Gobierno es la precariedad del Estado. Nuestro Estado es más chico que la sociedad, y lo que demanda la población es que el Estado crezca, que haya mayores y mejores servicios públicos. Eso es algo que está presente en el discurso oficial, pero que va a ser un reto y no hay seguridad de que se cumpla. El caso más concreto es el de la Ley de Consulta Previa. El punto de partida es haber aprobado la Ley, y eso está bien, pero para poder implementarla se necesita dotar de una burocracia con capacidad técnica y operativa al Vice Ministerio de Interculturalidad. Eso, a su vez, requiere mayor presupuesto. Por lo menos hasta ahora, no se ha demostrado que el próximo año el Ministerio de Cultura ni ese Vice Ministerio vayan a contar con los recursos suficientes como para implementar una ley de ese calibre. Se requiere movilizar un aparato público bastante amplio para garantizar que todas las poblaciones puedan ejercer el derecho a ser consultadas. Todavía no hay señales claras de que se va a lograr poner en práctica esta Ley.

Jacqueline Fowks

La posición de cabeza del Consejo de Seguridad hasta ahora no ha resultado en nada específico. Hemos visto el caso de Oyarce y no apreciamos que ese Consejo haya tenido una respuesta rápida. El que se ha movilizado es otro grupo diferente.

El traslado de los congresistas a Ica fue para cumplir la promesa de reconstruir en plazo breve esa ciudad.

Y lo del gravamen minero fue algo que se esperaba hace ya mucho tiempo; era una de sus principales promesas de campaña, y se sabía que apenas fue electo inició negociaciones con representantes del gremio minero y que se estaba trabajando en eso.

Esto lo veo como el cumplimiento de algunas promesas importantes, no como una señal de una política clara de largo plazo. Es más como asfaltar su camino de credibilidad.

Las medidas sobre seguridad y los discursos implacables no son nuevos. ¿Qué deberá hacer el Ejecutivo para que esta vez las buenas intenciones no caigan en saco roto?

Eduardo Adrianzén

El tema violencia cruza muchos factores. Empieza por un asunto de falta de oportunidades. Que los pitucos maten gente tampoco es nuevo. La violencia no es algo que brota de repente; es un producto de una serie de conductas que viene de mucho tiempo atrás.

Se le deja el problema al lado más frágil de la pita, la Policía, el tombo. Ésta debe sentir que la van a respaldar. Lo que pasa también es que cuando el policía se enfrenta a alguien ‘inferior’ se le va la mano y abusa. Eso es típico. Y cuando tiene que enfrentar a alguien superior, se baja. Volvemos a las raíces. Nuestro país es virreinal,  un país de castas, y el policía pertenece a una de ellas. Todo esto pone en evidencia cómo funciona mentalmente la sociedad peruana: como en el Virreinato.

Santiago Alfaro

En Seguridad el primer paso es demostrar liderazgo, que es lo que ha hecho el Presidente al conformar una Comisión Intergubernamental.

También se necesita un mejor presupuesto y una mayor operatividad por parte del Ministerio del Interior. Creo que la sensación de inseguridad está dando el espacio a muchos para reclamar que las Fuerzas Armadas cumplan un rol más protagonistico en ese campo, cuando lo que se necesita es una mejor Policía. Y en esa área, en cuanto a reforma del Estado, en el Ministerio del Interior no se ven aún medidas apropiadas.

Hasta este momento creo que las políticas de seguridad han sido más efectistas y no tan concretas. Por eso está en duda su viabilidad a largo plazo.

Jacqueline Fowks

Para mí es igual que a alguien le den 20 años de pena o cadena perpetua, porque si al final no hay investigación, no hay fiscalización, no hay proceso judicial, no se va a tener a quién ponerle esas penas.

Los discursos de ‘mano dura’ son como una reacción para pasar un momento en el que hay mucha atención del público y los medios. Eso no va a resolver el problema de fondo: que la Policía debería funcionar de otra manera. Esto es bastante peor fuera de Lima, donde hay conflictos sociales entre industrias extractivas y comunidades. El problema de fondo también es de eficacia del Estado y de incremento de años de sanción.

Pero falta un plan estratégico que no se reduzca a la represión. Se requieren políticas de convivencia que demandan también una actuación del Ministerio de Cultura, que es un área que no se había tomado en cuenta antes.Existen crímenes simbólicos a los que los medios dan mayor cobertura por distintas razones. Son simbólicos porque representan muchos otros. El caso del Estadio Monumental es espantoso pero no es el único. En barrios populares matan a un pandillero cada semana, calculo. La violencia está por todas partes. En Trujillo está habiendo crímenes espantosos. Basarnos en los crímenes simbólicos da como una vitrina, pero eso es más viejo que el tango.

No hay un trabajo serio con la Policía. Las normas y la penalización de los delitos ya están. Pero no hay quién las haga cumplir. ¿Quiénes tendrían que hacerlo? La Policía, el Ministerio Público, los propios clubes de fútbol. Hay un montón de responsabilidades repartidas que no se cumplen a pesar de que la norma ya está ahí.

CNDDHH exige pronunciamiento del Presidente de la República sobre posible amnistía general

La CNDDHH expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones del Ministro de Trabajo Rudecindo Vega, quien señaló en el programa ADN de Canal N, transmitido el domingo 30 de octubre, que creía en la necesidad de dar una Amnistía General a “todos los sectores para luchar contra la corrupción y promover la ética pública, para tender puentes y consolidar el crecimiento económico del país y hacer sostenible la inclusión social […] cuando entras en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene, [tiene que haber] perdón y olvido para todos”.

Esta propuesta significaría liberar a Abimael Guzmán y a los miembros de la dirigencia del PCP- Sendero Luminoso, tanto como a la dirigencia del MRTA; asimismo liberar a todos los miembros del grupo Colina, a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, este último tiene la pena más alta por casos de violaciones a los Derechos Humanos. La liberación de todos estos personajes, ¿contribuiría a la reconciliación, a la lucha contra la corrupción y a promover la ética pública? La CNDDHH considera que, por el contrario, esta posición promueve la impunidad, la corrupción y fomenta el delito. Además cualquier amnistía a violadores de derechos humanos sería contraria al Pacto de San José, según lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, que anuló la amnistía fujimorista de 1995. Gracias a esta resolución, a partir de marzo de 2001, se pudo sancionar a varios violadores de derechos humanos.

La CNDDHH recientemente saludó las declaraciones vertidas por el Ministro de Justicia Francisco Eguiguren en la sesión 143 de audiencias públicas de la CIDH en Washington, quien afirmó que el gobierno no iba a “proteger a ningún violador de derechos humanos”. Sin embargo, las declaraciones de Rudecindo Vega y las anteriores del Ministro de Defensa Daniel Mora, no hacen sino desacreditar las declaraciones del Ministro de Justicia y acrecentar la incertidumbre sobre la verdadera voluntad del gobierno en esta materia.

Por lo expuesto demandamos un pronunciamiento del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en este tema que es de vital importancia para la vigencia de la inclusión social en su acepción más amplia —no solo económica— y por lo tanto, fundamental para la democracia y los derechos humanos en nuestro país.

Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Álvaro Vidal se burla de asegurados e incurre en falsedad genérica

Tras el escándalo del despojo de un tomógrafo de Abancay para desviarlo de su destino y entregarlo a Piura, el cuestionado Álvaro Vidal, presidente ejecutivo de Essalud, arremetió hoy en Canal N contra la administración aprista esgrimiendo falsedades y un sospechoso afán de proteger al comité de adjudicaciones de licitaciones de Essalud alegando que en Apurímac no hay una infraestructura adecuada para la instalación del aparato.

Para burla, Vidal dice que Abancay tendrá su tomógrafo, pero después dice que esto ocurrirá a fines del año 2012.

Si un bien licitado es desviado del fin para el cual fue destinado, en este caso uno de las regiones más pobres, como es Apurímac, los funcionarios incurren en abuso de autoridad, lo cual trata de descartar Vidal alegando la incapacidad de la infraestructura en Abancay para recibir el tomógrafo.

Entonces  Vidal incurre en el delito de omisión de denuncia pues, sean apristas o no, debería haber denunciado al comité de adjudicaciones de Essalud y a la UNOPS, ésta contratada para ello, por haber procesado una licitación para un bien que no podía utilizarse por falta de local. Debería denunciarlos y despedir a los miembros de ese comité de Essalud y anular el contrato con la UNOPS por perjudicar así a Essalud y a sus asegurados.

Esta desgracia ocurre reiteradamente en las corruptas licitaciones, se compran equipos y después “se dan cuenta”  de que no se pueden instalar, como en el caso de la compra de los  aceleradores lineales, que no podían instalar durante años, esto para que lucren las empresas tercerizadoras. Amañadamente, “expertos” del IPEN se ausentaban de las inspecciones para dar la conformidad de uso al ambiente y así hacían que pasen los años y no decían nunca los requerimientos completos de instalación, de modo que en cada reunión siempre "faltaba algo". Cuando lo instalaron finalmente, ¡ya era obsoleto! Son millones de soles desperdiciados en actos ejecutados expresamente para favorecer a corruptos, pues toda necesidad tiene que partir del análisis no sólo de un equipo requerido, sino de su lugar de ubicación y su cobertura.

Desde el momento en que se realiza el pedido de un equipo, debe considerarse el lugar donde instalará, antes de la licitación, lo cual debe ir en las bases. El comité debe ir al lugar e inspeccionar; y si no lo han hecho sólo puede explicarse porque quieren favorecer a un “compadre” (que será el ganador de la licitación), para tener un equipo que no podrá usarse, lo cual es un acto grave de corrupción.

Esto puede  dar pie a que se compren también equipos malogrados, porque sabiendo que no se utilizarán años con el pretexto de la falta de local, se oxidarán o degradarán, y nadie podrá constatar su mal estado. En el caso del tomógrafo, no se sabe si funcionará; sin embargo ya se pagó por él. ¿Cómo el encargado de logística ha dado la conformidad de recepción del equipo, si no se ha podido probar?

Estas licitaciones dicen a gritos que hay una mezcla de corrupción, engaño e incapacidad en perjuicio de Essalud.

Por ejemplo, podría darse el caso de un corrupto que pida un resonador magnético, que puede ser una necesidad real, pero que después de comprado diga que había pensado instalarlo en una balsa del Titicaca. El comité de adjudicaciones y la UNOPS, ávidos de comprar y comprar, adquieren sin verificar si el lugar es adecuado, con lo cual se convierten en cómplices, sólo para favorecer a un fabricante o a un vendedor, como sucedió con los aceleradores lineales, donde no sólo se estuvo pagando por el servicio tercerizado sino miles de dólares por el almacenamiento de los equipos, que se volvían obsoletos entre cuatro paredes.

Por otro lado, por el tiempo que transcurre sin uso del equipo caduca la garantía, por lo cual Essalud debe incurrir en costosos gastos de mantenimiento tercerizado, en lugar de firmar convenios de mantenimiento más prolongado desde la compra.

Un equipo adquirido y el lugar donde se instala constituyen una unidad de servicio, lo cual son incapaces de ver los burócratas de Essalud y de la UNOPS en las licitaciones. "No ven" amañadamente, porque su afán es comprar sin importarles si será viable su uso. ¿Será por las jugosas “comisiones” o “coimas” que pueden pagar los proveedores?

Falsedad genérica

Vidal también incurre en el delito de falsedad genérica, previsto en el artículo 438 del Código Penal, al mentir diciendo que la UNPOS “provee” a Essalud de equipos, cuando la UNOPS no es ningún proveedor, sino un organismo burocrático que quita 3,5% del valor de las licitaciones para pagar a burócratas, en este caso peruanos, enquistados en ese aparato para perpetrar barbaridades como adjudicar equipos que no pueden instalarse, en complicidad con el comité de adjudicaciones de Essalud, quienes son responsables por las especificaciones técnicas, donde no sólo deberían considerar las características del equipo, sino el lugar adecuado para su instalación, que en este caso, de estar mal ubicado el tomógrafo, podría emitir radiación con el daño consiguiente para quienes se encuentren cerca.

Los proveedores son los fabricantes de los equipos y sus distribuidores, no la UNOPS, como dice Vidal engañando al público para proteger a este organismo.

El delito de falsedad genérica se configura porque Vidal al mentir protege a la UNOPS y al comité de adjudicaciones de Essalud en perjuicio de los asegurados, para que sigan perpetrando esta clase de actos en las adjudicaciones, pues como monos adjudican “sin saber” si el equipo tendrá uso finalmente.

Vidal mintió diciendo que la UNOPS “garantiza” la calidad de los procesos de adjudicación, porque depende de la ONU. ¿Busca que continúen los faenones? ¿Defiende a algunos amigazos en la UNOPS y el comité de adjudicaciones?

Golpe científico a los transgénicos mientras China interrumpe la siembra

Por Red Social Watch

Erradicación de la Pobreza y Justicia de Género

Lejos de acabar con el hambre en el mundo y de mejorar la calidad de vida de los campesinos, los cultivos transgénicos agravan la inseguridad alimentaria y los riesgos a la salud y son un fracaso a la hora de aumentar las cosechas, según confirmaron estudios científicos en las últimas semanas. Estas nuevas investigaciones coinciden con la inminente interrupción por parte de China a la comercialización de arroz y trigo genéticamente modificados, como informó la Red del Tercer Mundo (TWN).

“El semanario financiero Observador Económico confirmó la medida en su edición del 23 de septiembre, invocando un informante vinculado con el Ministerio de Agricultura”, indicó TWN en un memorándum público al respecto.

La inminente veda, que se extenderá por entre cinco y diez años, “parece alineada con la creciente cautela en torno de la tecnología transgénica que reina en la cúpula del gobierno”, agregó esta organización con sede en Malasia que integra la red de Social Watch.

“En el Cuarto Taller Internacional de Biodiversidad celebrado en Beijing en abril, organizado por varios grupos científicos chinos, un alto funcionario del Ministerio de Ambiente dijo que el primer ministro Wen Jiabao pidió mayor cautela en la materia”, indica el memorándum.

Mientras, el diario chino Global Times informó sobre el compromiso expuesto por el funcionario del Ministerio de Agricultura Chen Xiaohua a aceptar los llamados a la cautela. Por otra parte, entrevistado por el Diario de Nanfang el 29 de septiembre, Yuan Longping, conocido como “el padre del arroz híbrido”, advirtió que “los científicos no saben si la resistencia a los insectos de algunos cultivos transgénicos tienen efecto en seres humanos”.

Un mes después, un informe elaborado por 20 organizaciones de la sociedad civil del sudeste asiático, África y América Latina constató que los transgénicos causaron un aumento en el uso de productos químicos que contaminan el agua y la tierra, y la propagación involuntaria y sin control de “supersemillas” infértiles en predios donde no fueron cultivadas.

El estudio, titulado “El emperador transgénico está desnudo: Un informe ciudadano global sobre el estado de los transgénicos” y coordinado por la organización Navdanya International y la Comisión Internacional para el Futuro de la Alimentación y la Agricultura con la colaboración del Centro de Seguridad Alimentaria, describe la ingeniería genética como “tecnología fallida” cuyas “promesas de aumentar el rendimiento de las cosechas y alimentar a los hambrientos demostraron ser falsas”.

“La ingeniería genética no aumentó el rendimiento de ningún vegetal. Investigaciones de Navdanya en India muestran que, si bien [la compañía estadounidense] Monsanto afirma que el algodón Bt rinde 1.500 kilogramos por acre, en realidad alcanza un promedio de entre 400 y 500 kilogramos”, escribió la renombrada científica y activista Vandana Shiva, quien dirigió la investigación junto con sus colegas Debbie Barker y Carolina Lockhart.

El estudio también verifica que los transgénicos tolerantes a herbicidas y resistentes a los insectos, con la presunta propiedad de controlar por sí mismos yerbas malas y pestes, “hicieron surgir supersemillas y superpestes”, remarcó Shiva.

Los defensores de los transgénicos prometieron resolver “grandes desafíos” como “las crisis alimentarias, la degradación de recursos naturales y el caos climático”, pero esta tecnología “no logró alimentar a los hambrientos y ha contribuido a la destrucción ambiental y al recalentamiento planetario”, escribió Debbie Barker en el informe. Por otra parte, agregó, estos cultivos “no están alimentando a los hambrientos” porque “en su inmensa mayoría se los procesa como pienso animal o a biocombustibles”.

“En contraste con el muy costoso sistema industrial transgénico de alta tecnología, hay métodos agrícolas viables y de bajo costo que solucionan mejor los problemas del hambre y la pobreza”, sostuvo Barker.

“La ingeniería genética no es solo una ciencia, una tecnología y un negocio, sino también una moda intelectual pasajera y en cierto sentido una burbuja económica. Algo que se vende, y en exceso, como la ultimísimo respuesta a todo: solucionará el problema del hambre y curará toda enfermedad”, escribió Wendell Berry en el informe.

“La biotecnología también es extremadamente cara en comparación con la agricultura tradicional y es costosa para los agricultores. Algunas compañías biotecnológicas mendigan dinero, mientras otras aportan grandes cantidades a los departamentos universitarios de microbiología. La actitud de la industria hacia los campesinos es de hostilidad, como lo demuestran sus demandas contra ellos y su búsqueda del ‘gen terminator’. Su actitud hacia los consumidores es agresiva y despectiva, como lo demuestra su oposición al etiquetado.”

El informe advierte que, tras la introducción de los cultivos transgénicos comerciales en 1996, éstos llegaron a producirse en 29 países y a cubrir alrededor de 1.500 millones de hectáreas. En China, agrega, el uso de algodón resistente a los insectos multiplicó por 12 la población de estas pestes desde 1997. Los cultivadores de soja de Argentina y Brasil necesitan el doble de herbicida para sus predios que con las modalidades tradicionales. El uso de pesticida sobre el algodón en India se multiplicó por 13 desde la introducción de la variedad transgénica Bt.

El estudio “Alimentos con ingeniería genética: Una revisión”, publicado el 28 de septiembre por la organización Food and Water Watch radicada en Washington, concluye que la proliferación de esos cultivos causó numerosas crisis ambientales y de salud, así como aumentó la pobreza al obligar a millones de campesinos a “comprar” semillas patentadas a precios exorbitantes, informó la agencia de noticias IPS.

Este informe, concentrado en la situación estadounidense, indica que tres organismos gubernamentales (la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección Ambiental) son cómplices de esas crisis, debido a su débil control, su escasa capacidad para imponer las regulaciones y su absoluta falta de coordinación.

Otro informe, publicado este mes por el Centro Africano de Bioseguridad (ACB), se opone a la autorización del primer ensayo con banano transgénico en Sudáfrica, no sólo por los riesgos que supone “para la salud humana y animal, el ambiente y la sociedad”, sino también por “la falta de interés público o justificativo comercial”.

El ABC considera que el banano resistente a enfermedades fitosanitarias no puede poner fin a los problemas de tenencia de la tierra o la competencia de áreas de producción más ecológicamente adecuadas, como las de Mozambique, un proceso que significará la pérdida de 24.000 empleos rurales en Sudáfrica.