En marzo del 2007, el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, anunció la firma de un convenio entre su agrupación y el Partido Comunista de China, gracias al cual el partido de la estrella iba a recibir una donación de US$180 mil. A fines de ese año, el anuncio se concretó en parte con el arribo al Callao de un cargamento de computadoras, televisores, fotocopiadoras, cámaras de video y demás, valorizado en poco más de US$93,500.
Hasta aquí todo parecía normal, si no fuera por las gestiones que inició el Apra con una finalidad: evitar el pago a la Sunat de US$21,278 por conceptos de tributo por la mercancía. La idea tesis del Apra para eludir ese pago, fue la de presentarse como una institución privada sin fines de lucro receptora de donaciones foráneas “con fines asistenciales o educativos”.
Sin embargo, a casi cuatro años de iniciados sus esfuerzos, el Apra no cumplido con entregar todos los documentos para beneficiarse con la exoneración, con lo cual no solo la Sunat ya le ha pedido que pague lo que debe, sino que los responsables de esta extraña maniobra podrían ser denunciados por defraudación de renta aduanera en agravio del Estado.
LA HISTORIA
El 12 de diciembre del 2007, el Apra, a través de la empresa Corporación Interandina, pidió la nacionalización de 174 bultos con diversas mercancías donadas por el Partido Comunista de China. Dos días después, solicitó la impugnación de los tributos para sacar la donación de Aduanas, presentando diversos documentos que, sin embargo, habrían sido insuficientes.
Los más importantes papeles fueron dos: la Garantía Nominal, una suerte de compromiso de pago que firmó el entonces secretario general aprista, Mauricio Mulder, y un expediente iniciado ante el Ministerio de Educación para la emisión de la resolución que autoriza la inafectación de la donación, aunque en realidad estas resoluciones las expide Relaciones Exteriores.
También presentaron, entre otras cosas, una solicitud de inscripción del Apra en el Registro de Instituciones Privadas sin fines de lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional del Exterior (IPREDA), que depende de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). No obstante, según el reglamento de Donaciones de Sunat, lo que se debió presentar no es la solicitud sino la constancia vigente de inscripción en el APCI.
Con la Garantía Nominal y el compromiso de entregar la resolución de aprobación de la donación (ya sea del sector Educación o de Relaciones Exteriores), exigido por el mismo reglamento, la Sunat autorizó la salida de la mercancía.
LA SUNAT COBRA
Pero el tiempo fue pasando y esos documentos de autorización o inafectación de la donación no llegaron y, considerando además que la garantía aprista perdió vigencia en diciembre del 2010, los primeros meses del 2011 la Sunat inició la ejecución de la garantía por los más de US$21 mil.
Asimismo, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao solicitó a la APCI -que por cierto depende de Relaciones Exteriores- información sobre la solicitud de la resolución que autoriza la donación. Hasta ahora no han recibido respuesta.
Jorge Cuadra, subdirector de Registros del APCI, dijo a diario16 que si bien el Apra logró su inscripción como IPREDA, aclaró que dicha agrupación política no ha obtenido ningún beneficio relacionado con donaciones.
Efectivamente, el Apra se inscribió como IPREDA el 5 de marzo del 2010. Pero como esto se requería para el 2007, en la constancia de inscripción se indica sorpresivamente que esta se dio “con eficacia anticipada al 28 de noviembre del 2007”, por dos años de vigencia. ¿Es común en APCI certificar una inscripción que ya caducó?
Cuadra dijo que esto sucede y añadió que se dio así porque en noviembre del 2007 el Apra había iniciado el trámite ante la APCI, lo cual es cierto. No obstante, otras fuentes de la misma agencia aseguraron a este diario que no recuerdan que se haya dado otro caso de certificación con eficacia anticipada.
27 DE JULIO, DÍA D
Quizá conscientes de que tenían que ‘regularizar’ esta situación ante la Sunat antes de dejar el gobierno, el 27 de julio último el ahora secretario general del Apra, Omar Quesada, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la aprobación de la donación “en vía de regularización”.
Según el informe 111-2011/APCI-DOC, el mismo 27 de julio el Apra consiguió que la Dirección de Operaciones y Capacitación del APCI opinara favorablemente para que se emitiera la ansiada resolución que autoriza la recepción de la donación del Partido Comunista de China, que ya había sido desaduanada hace cuatro años.
Solo faltaba la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, pero esta nunca se dio porque -según diversos funcionarios de APCI- en esta instancia advirtieron un vacío legal y “no quisieron quemarse”. En el sistema el pedido a Asesoría Jurídica aún figura como “pendiente”, pese a que ya se venció el plazo de respuesta.
Pero volvamos al 27 de julio, pues ese mismo día el Apra también se dio cuenta que su inscripción como IPREDA había caducado en el 2009 y, por ello, pidieron su renovación. Esto sí lo logró el mismo día; es más, la renovación por dos años empezó a tener vigencia el 27 de julio, y no el 27 de noviembre del 2009, que es cuando perdió vigencia. Esta vez no hubo vigencia anticipada.
Según el portal de la Sunat, la última acción en este caso ocurrió el 30 de junio del 2011, cuando el Apra impugnó el pago de lo que ya se considera una deuda tributaria aduanera por la donación china.
EL APRA Y LA EDUCACIÓN
Una de las razones que habría determinado la negativa de Asesoría Jurídica de la APCI respecto de la donación y el Apra, sería la duda que existe sobre la labor educativa y asistencial del partido y su calidad de entidad sin fines de lucro.
Según Cuadra, el Apra se inscribió como IPREDA porque en sus estatutos se indican acciones de ese tipo, aunque aclaró que no fiscalizan que ello sea así. Al margen de esto, lo cierto es que estamos a menos de dos meses para que se venza el plazo de cuatro años que tiene la Sunat para iniciar un proceso de cobranza por tributos dejados de pagar, considerando además que la Garantía Nominal firmada por Mulder ya venció hace 10 meses.
RESPONSABILIDADES
Entre los responsables de este ‘cuento chino’ para evadir el pago de un tributo, estarían la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y el Partido Aprista, principalmente.
Según diversas fuentes de APCI y la Sunat, que prefirieron mantenerse anónimos, llama la atención que en el 2007 se autorizara la salida de la mercancía donada exonerada de tributos, sin que para ello se presentara la documentación completa o precisa. Según la Ley General de Aduanas y el TUO de la Ley del IGV e ISC, solo están inafectas del pago de los derechos arancelarios y del IGV las donaciones efectuadas a favor de las IPREDAS.
La mercadería donada al Apra en el 2007 fue sacada de Aduanas por autorización de Gloria Emperatriz Luque Ramírez, entonces intendente de la Aduana Marítima del Callao (IAMC), y ascendida luego a Superintendente Adjunta de Aduanas. En la operación también habría intervenido Martín Ramos Chávez, director de IAMC y actual Gerente de Fiscalización de la Sunat. Por parte del Apra, el responsable sería el firmante de la Garantía Nominal, el legislador Mauricio Mulder.
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