martes, 1 de noviembre de 2011

CNDDHH exige pronunciamiento del Presidente de la República sobre posible amnistía general



La CNDDHH expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones del Ministro de Trabajo Rudecindo Vega, quien señaló en el programa ADN de Canal N, transmitido el domingo 30 de octubre, que creía en la necesidad de dar una Amnistía General a “todos los sectores para luchar contra la corrupción y promover la ética pública, para tender puentes y consolidar el crecimiento económico del país y hacer sostenible la inclusión social […] cuando entras en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene, [tiene que haber] perdón y olvido para todos”.

Esta propuesta significaría liberar a Abimael Guzmán y a los miembros de la dirigencia del PCP- Sendero Luminoso, tanto como a la dirigencia del MRTA; asimismo liberar a todos los miembros del grupo Colina, a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, este último tiene la pena más alta por casos de violaciones a los Derechos Humanos. La liberación de todos estos personajes, ¿contribuiría a la reconciliación, a la lucha contra la corrupción y a promover la ética pública? La CNDDHH considera que, por el contrario, esta posición promueve la impunidad, la corrupción y fomenta el delito. Además cualquier amnistía a violadores de derechos humanos sería contraria al Pacto de San José, según lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, que anuló la amnistía fujimorista de 1995. Gracias a esta resolución, a partir de marzo de 2001, se pudo sancionar a varios violadores de derechos humanos.

La CNDDHH recientemente saludó las declaraciones vertidas por el Ministro de Justicia Francisco Eguiguren en la sesión 143 de audiencias públicas de la CIDH en Washington, quien afirmó que el gobierno no iba a “proteger a ningún violador de derechos humanos”. Sin embargo, las declaraciones de Rudecindo Vega y las anteriores del Ministro de Defensa Daniel Mora, no hacen sino desacreditar las declaraciones del Ministro de Justicia y acrecentar la incertidumbre sobre la verdadera voluntad del gobierno en esta materia.

Por lo expuesto demandamos un pronunciamiento del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en este tema que es de vital importancia para la vigencia de la inclusión social en su acepción más amplia —no solo económica— y por lo tanto, fundamental para la democracia y los derechos humanos en nuestro país.

Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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