Cáncer de tiroides, el mal que sufre Cristina Fernández

El cáncer de tiroides o carcinoma papilar es una enfermedad que se origina en la glándula tiroides, localizada debajo del cartílago tiroideo, en la parte delantera del cuello. Esta glándula, en forma de mariposa, tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que están unidos por un istmo angosto.

Generalmente, se puede ver o sentir una protuberancia o nódulo en la parte anterior del cuello, o el médico puede notarlo durante un examen físico de rutina.

Afortunadamente, la mayoría de las veces, los nódulos son benignos, lo cual significa que no son de riesgo para la vida. Sólo 1 de cada 20 nódulos resulta ser maligno.

Para los especialistas, la causa de este cáncer se desconoce y es posible que intervenga un defecto genético. Las personas pueden presentar nódulos tiroideos a cualquier edad, pero éstos se presentan con más frecuencia en adultos a partir de los 45 años.

CUADRO POCO COMÚN

Menos de uno de cada 10 adultos tienen nódulos tiroideos que pueden ser palpados por un médico. Sin embargo, cuando se observa la tiroides con una ecografía, hasta a la mitad de todas las personas se les encuentran nódulos que son muy pequeños como para ser palpados.

Según la American Cancer Society, alrededor del 80% de todos los cánceres de tiroides diagnosticados en los Estados Unidos son de tipo carcinoma papilar y son más comunes en mujeres que en hombres.

TRATAMIENTOS

La jefa de oncología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Guadalupe Pallota, aseguró que la malformación celular que afecta a la Presidenta tiene una alta tasa de curación. “Carcinoma es cualquier tumor maligno que se origina en un epitelio (tejido o piel)”.

Existen 3 tipos de tratamiento para el cáncer de tiroides: la cirugía, el uso de yodo radiactivo y otros medicamentos complementarios.

La cirugía se realiza para extirpar la mayor cantidad de cáncer posible y cuanto más grande sea el tumor, mayor será la cantidad de glándula tiroidea que se deba extirpar. Con frecuencia, se extirpa toda la glándula.

Después de la cirugía, la mayoría de los pacientes deben recibir yodo radiactivo, que generalmente se toma por vía oral. Esta sustancia destruye cualquier tejido tiroideo remanente y también ayuda a obtener imágenes más claras, de manera que los médicos puedan ver si hay algún cáncer adicional. Si la cirugía no es una opción, puede servir la terapia radiactiva externa.

Después de la cirugía o el yodo radiactivo, el paciente necesitará tomar un medicamento llamado levotiroxina sódica por el resto de su vida, el cual reemplaza la hormona que la tiroides normalmente produciría.

Según los especialistas, la mayoría de los pacientes que tuvieron cáncer necesitarán hacerse un examen de sangre cada 6 a 12 meses para verificar los niveles tiroideos.

La tasa de supervivencia para el cáncer papilar tiroideo es excelente; más del 95% de los adultos con este tipo de cáncer sobrevive al menos 10 años. El pronóstico es mejor para los pacientes menores de 40 años y para aquéllos con tumores más pequeños.

CIDH se basa en testimonios de un ex rehén y dos policías

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina en sus conclusiones que "el Estado peruano es responsable por la violación del derecho a la vida" en perjuicio de los emerretistas Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceres; y por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de los familiares de los tres emerretistas muertos.

Además, según la CIDH, el Estado "extralimitó la esfera de la justicia militar y extendió la competencia del fuero militar a delitos que no tienen que ver con la disciplina militar, como son las ejecuciones extrajudiciales, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidió que los familiares de Peceres y Meléndez tuvieran acceso a la justicia en el fuero militar.

Como evidencia de las ejecuciones, menciona los testimonios del ex rehén Hidetaka Ogura y de los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Teodorico Torres, quienes indican que el emerretista Cruz, alias "Tito", salió camuflado dentro de un grupo de rehenes pero fue delatado.

Ogura también asegura haber visto a otros dos emerretistas rodeados por comandos.

Se incluye la denuncia penal de la Fiscalía en el 2002 contra los presuntos autores intelectuales y materiales de la muerte de los tres emerretistas.

El informe termina con cuatro recomendaciones formuladas al Estado peruano; una de ellas pide abrir investigación en el fuero civil "para identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales" de las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el rescate de los rehenes de la residencia japonesa en 1997.

También recomienda reparaciones materiales y morales,  así como "disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a las acciones u omisiones de los funcionarios que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad" de los hechos.

¡No son tontos! Yanacocha saludó acuerdos sobre el peritaje a Conga

La minera Yanacocha felicitó los acuerdos a los que llegaron el Gobierno y las autoridades de Cajamarca tras reunirse en Lima. Entre los acuerdos se señala que los peritos que sean elegidos para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, tendrán 40 días para presentar su informe.

“Saludamos los acuerdos y estamos a la espera de la definición de algunos detalles relacionados con el peritaje, que servirá para enriquecer el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga”, dijo el vicepresidente regional de Newmont Sudamérica —principal accionista de Yanacocha—, Carlos Santa Cruz, en un comunicado.

Además, destacó que haya habido presencia mayoritaria de las autoridades de Cajamarca, pese a que no estuvo presente el presidente regional Gregorio Santos.

“Consideramos que es positivo que se haya realizado un diálogo alturado y enfocado en encontrar puntos de acuerdo. Además, una importante delegación de Cajamarca ha participado en la reunión y ese es un factor clave para encontrar soluciones”, señaló.

Perú: ¡¡Fuera!! autoridades traidoras de Cajamarca

COMITÉ UNITARIO DE LUCHA EN DEFENSA DEL AGUA DE CAJAMARCA

PRONUNCIAMIENTO

A LA OPINION PÚBLICA, LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, estudiantiles y población en general, luego de la reunión de emergencia desarrollada ésta tarde, acordó lo siguiente:

1. DESCONOCER, en su totalidad el acta de acuerdos arribados en la ciudad de Lima en el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de fecha 27 de diciembre, referentes al proyecto minero Conga.

2. DECLARAR, personas no gratas a Cajamarca a las autoridades y personajes que participaron en dicha reunión y firmaron los acuerdos a espaldas del pueblo, lo que demuestra una falta de respeto y clara traición al pueblo que los eligió.

3. DENUNCIAMOS, la actitud demagógica del alcalde provincial Ramiro Bardales Vigo, quien al mismo estilo del presidente de la república que cambia de discurso de acuerdo a la ocasión y conveniencia, en entrevista a un medio radial nacional ésta mañana anunció que su viaje era para hacer gestión propio de despacho, aclarando que no viajó para el tema conga porque es competencia de los alcaldes de las zonas de influencia del proyecto minero y del presidente regional, pero terminó firmando el acta, dando apertura al peritaje rechazado por todos los cajamarquinos.

4. CONVOCAMOS, a los pueblos afectados por la actividad minera de toda la región a la más amplia unidad y a pedir cuentas a las autoridades traidoras que han tomado decisiones a título personal sin considerar la voluntad popular.

5. SALUDAMOS, la firme decisión del presidente regional Gregorio Santos, y de todos los alcaldes valientes y los dirigentes sociales y ambientales con dignidad que escucharon la voz del pueblo y no viajaron a la ciudad de Lima a someterse a la imposición de las transnacionales en complicidad con el Poder Ejecutivo.

6. LLAMAMOS, a la población de toda la región a mantenerse alerta al llamado de sus dirigentes a una movilización en rechazo a la traición de las autoridades y reiniciar el paro indefinido.

¡EL AGUA ES VIDA, NO SE NEGOCIA!

¡CONGA ES INVIABLE, HOY Y SIEMPRE!

¡FUERA AUTORIDADES TRAIDORAS DE CAJAMARCA!

¡NO A LA MINERIA EN CABECERAS DE CUENCA!

Cajamarca, 27 de diciembre del 2011

EL COMITÉ

Carta de congresistas cajamarquinos: ¡¡Soberbia minera nunca más!!

MESA DE DIÁLOGO DEBE AFIRMAR LA DEMOCRACIA Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES

¡¡ SOBERBIA  MINERA  NUNCA  MÁS !!

Señores periodistas:

La Mesa de Diálogo convocada por el Primer Ministro para el día de hoy tiene un problema insuperable de representación, porque no están  los actores principales del conflicto.

El problema que se busca solucionar mediante el diálogo, enfrenta a dos actores principales: Por un lado a la Empresa Minera Yanacocha y por el otro, al pueblo de Cajamarca.

Este problema irresuelto tiene una historia de 18 años y una lista de víctimas de al menos 8 muertos, más heridos, juicios y persecuciones (nunca reparados), mentiras y promesas incumplidas. Tiene actores viejos y nuevos.

Nosotros insistimos en la necesidad de la Mesa de Diálogo, donde deben estar todos sin exclusión: Por un lado la empresa minera Yanacocha  y sus operadores. Nadie debe sustituir a nadie. Al frente tienen que estar, no solamente las autoridades electas de Cajamarca, sino también todos los enemigos que ha generado la minera en los últimos años. No deben faltar el Padre Marco Arana y el ambientalista Reinhard Seifert, entre otros.

Estamos en un sistema democrático de gobierno y un Estado Constitucional de Derecho.  A nadie se le debe recortar su derecho de participar en la búsqueda de la solución del Problema Conga. A nadie se le debe suplantar. No tiene sentido convocar a autoridades y personalidades que no son del ámbito del proyecto.

Hacemos un llamado a las fuerzas políticas democráticas del Perú, para promover la gobernabilidad del país. Ello pasa hoy por hacer retroceder a la maquinaria política del poder minero que pretende perennizar sus privilegios, para lo cual apela al soborno, amenaza con encarcelar a quienes se les enfrentan, la represión y persecución para imponer en el país sus caprichos y sus mezquinos intereses mercantilistas, que hoy se expresa en la pretensión de devorar lagunas y colchones hídricos.

Los tiempos han cambiado y debe terminar la injerencia política de los mineros en los gobiernos. La soberbia minera nunca más.

Proponemos que el Gobierno cumpla el papel de facilitador, de árbitro y convoque a la mesa de diálogo a los dos actores principales de este conflicto, bajo una metodología que privilegie los consensos democráticos.
     
Lima,  27 de diciembre 2011

Escriben Congresistas por Cajamarca:

Jorge Rimarachin Cabrera
Luis Llatas Altamirano

Váldez dice que Santos también esta invitado al show

El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, hizó una "cordial" y no una hipócrita o cachacienta invitación al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a sumarse a la "mesa de diálogo" para escuchar sus dictados y sus órdenes y cumplirlos a pie juntillas.

Hace esta desesperada invitación el premier, porque esta bien seguro que los acuerdos suscritos hoy con los "representantes del pueblo de Cajamarca", es un penoso show que en absoluto no tiene ningún valor.

El show de Váldez en Lima

Los peritos que sean elegidos para evaluar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga tendrán 40 días calendario para presentar su informe, aseguro Váldez.

Según indicó, el costo de este será financiado por los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

“Hoy se ha acordado realizar un peritaje internacional que debe ser realizado en un lapso de 40 días, en los cuáles se ha aprobado los términos de referencia y ha sido de manera unánime”, agregó.

Ecuador: Sangre negra en la amazonía por Texaco-Chevron

“Amazonas sangra sangre negra y sucia de Texaco-Chevron” es el trabajo audiovisual de Dick Emanuelsson que relata parte de las luchas de los principales afectados de Sucumbíos, Ecuador, para demandar a las transnacionales. La histórica sentencia obliga al gigante petrolero a indemnizarlos con 9,500 millones de dólares.

Por Dick Emanuelsson

Cuando ANTONY nació era sólo como un cascarón de huevo, delgadito y tan frágil, dice su tía y levanta los brazos del muchachito que sonríe alegre por tener una visita inesperada en su casa humilde. Los brazos del niño son deformados y sin fuerza. Las piernas son aún más deformadas y no le permitirán jugar ni desplazarse libremente por la vida.

 

– Tiene que ser llevado en brazos ida y vuelta a la escuela, dice la tía y el niño mira con ojos de expresión tan triste como si quisiera afirmar, con su mirada dulce, de niño de 10 añitos las palabras de su tía. Detrás de esa condena injusta existe un geno/ecocidio ejecutado por la transnacional Texaco-Chevron.

El papá de Antony trabajaba en uno de los pozos petroleros de la compañía, ubicado a unos cientos de metros alejado del barrio. Los niños jugaban en el pequeño río que corre arrastrando miseria detrás de la casa. El agua, como todo, fue contaminada tanto en el campo como en la selva y hasta en las mismas ciudades. Ello trajo consecuencias desastrosas para una gran cantidad de seres humanos, creo que serían incontables los Antony en este mundo globalizado donde el neoliberalismo fue el arma más brutal cuyo filo dio en las entrañas de los pueblos.

En casa vecina, la misma situación desgarra, repetida como si fuera una maldición que cayó de pronto para no irse jamás.

Otra niña con discapacidad severa está sentada en una silla de ruedas, se llama Luisa y la discapacidad también afectó su cerebro.



Ántony, 10 años. Foto: Dick E. 

Diario El País: Ollanta Humala vira a la derecha

Por Jaime Cordero Calle

Cinco meses han pasado desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en Perú y la impresión general en el país, celebrada por algunos y lamentada por otros, es que pocas cosas han pasado, como estaba previsto. Grandes sectores de la población esperaban (y otros temían) grandes reformas y un estilo de Gobierno radicalmente distinto de parte de un presidente que, cuando candidato, presentó un plan titulado La gran transformación, en el que planteaba grandes cambios en el papel de Estado y la distribución de la riqueza. A estas alturas, queda claro que el de la gran transformación ha sido el mandatario, cada vez más desligado de la imagen radical con la que inició su carrera política.

Si el candidato Ollanta era percibido como un nacionalista de izquierdas, que incluso llegó a coquetear con el chavismo, el presidente Ollanta luce ahora como un gobernante de centro derecha, cada vez más cercano al poder económico, elogiado por el Wall Street Journal y por su predecesor, Alan García, quien acaba de reconocer que el país “va por buen camino”.

El cambio de perfil de Humala se ha visto reflejado en recientes sondeos. Una encuesta de Ipsos Apoyo, publicada por el diario El Comercio, revela que la aprobación presidencial ha perdido nueve puntos respecto al mes anterior y 18 respecto a su punto más alto. Del 65% registrado en setiembre, Humala bajó al 56% en noviembre y al 47% en diciembre. La fuerte caída se explica por la pérdida de respaldo en las clases medias y bajas del interior del país, justamente las que votaron por él masivamente en los comicios y ahora, tras una luna de miel que a duras penas llegó a los cien días, han vuelto a manifestarse con fuerza, desencadenando varios conflictos sociales.

Una mirada en detalle de las cifras explica mejor el fenómeno: en el sur del país, un sector con amplios sectores de pobreza y caldo de cultivo de serios conflictos, el respaldo al presidente se ha desplomado del 62% en agosto al 39% en diciembre. En cambio en Lima, la capital que concentra la mayor parte del potencial económico del país, su respaldo llega al 49%, una baja de solo cuatro puntos respecto al mes anterior, y mejor que lo registrado en agosto (un 47%). Más significativo, incluso, resulta constatar que en el estrato socioeconómico más alto, la aprobación del presidente llega al 51%, la más alta de todos los sectores. Ollanta, el candidato que llegó al poder con el voto de los pobres, ahora es mejor visto por los ricos.

Varios comentaristas y políticos coinciden en que la caída en la popularidad de Humala se debe a que un importante sector de la población se siente defraudada por el presidente. “Una buena parte de su electorado considera que ha traicionado sus promesas y otra parte todavía no confía en él”, explica el analista Fernando Rospigliosi.

Otro punto de quiebre fue el manejo de los conflictos sociales, especialmente la protesta en la región Cajamarca, que se paralizó en oposición al proyecto minero Conga. Un sector de la población, que ve con malos ojos la inversión minera, esperaba que el presidente -que durante la campaña había sido muy crítico con estas empresas-, se opusiera con firmeza al proyecto.

Sin embargo, el presidente fue bien claro en apoyar una enorme inversión de 4.800 millones de dólares. “La pérdida de apoyo de Humala en los estratos bajos se acentuó después de que Ollanta dijera que Conga va”, señala Sinesio López, exprofesor de Humala y, hasta hace poco, asesor de la presidencia del consejo de ministros. “Yo creo que efectivamente hay desencanto”, agrega.

“Hay un nuevo posicionamiento político, del centro izquierda se ha pasado al centro derecha, y los cambios en las encuestas acompañan los cambios políticos. Por eso ha aumentado el apoyo en las clases medias y altas”, apunta López, Lo cierto es que el viraje no ha sido solamente discursivo: en pocos meses, Humala ha depurado su Gobierno, prescindiendo de muchos representantes de la izquierda y el nacionalismo, tanto en el nivel ministerial como de asesores.

La reciente renovación del gabinete tuvo, a juicio de varios analistas y portavoces del Gobierno, la intención de darle cohesión y uniformidad a los mensajes de un Ejecutivo a todas luces demasiado atomizado, en el cual convivían representantes de posiciones encontradas y más de una vez, contradictorias. El nuevo primer ministro, Óscar Valdés, es un comandante del Ejército retirado y un hombre de confianza de Humala que, a diferencia de su antecesor, Salomón Lerner, no tiene vínculos con la izquierda.

Sinesio López señala que el viraje del humalismo hacia la derecha comenzó incluso antes de que Humala ganara las presidenciales. Para imponerse a Keiko Fujimori en una ajustada segunda vuelta electoral, el nacionalismo recibió el respaldo de posiciones más de centro y liberales, representadas por personajes como el expresidente Alejandro Toledo y Mario Vargas Llosa.

Una vez en el poder, sin embargo, Humala tuvo problemas para articular un Gobierno concertado con dichos sectores y, a juicio de López, “cedió a la presión de la derecha electoral y mediática”, por lo que terminó prescindiendo de varios colaboradores de la primera hora, percibidos como los más radicales.

Aunque Humala sigue teniendo como principal bandera el crecimiento económico con inclusión social, La gran transformación parece definitivamente archivada. “Ollanta es un nacionalista de izquierdas, al menos yo lo conocí así, pero no es un hombre muy ideologizado. Prefiere los resultados a las ideas. Ese es claramente un rasgo de pragmatismo”, señala López.

Perú: Acalorado debate entre Chiabra y Silva Santisteban por el caso Chavín de Huántar

El escenario fue el programa Abre los Ojos. Los ponentes eran el polémico Gral. EP (r) Roberto Chiabra y la poeta y activista Rocío Silva Santisteban, actual secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  Ambos se enfrasrcaron en un candente cruce de ideas acerca de la recomendación de la CIDH para "supuestamente" se procese nuevamente a los comandos Chavín de Huántar por el rescate en la embajada de Japón.

Rocío Silva: "Hay mucha información tergiversada. Pasar a la Corte Interamericana es haber pasado una serie de procesos. Son muy pocos los casos que llegan allí. Mi pregunta sería al Estado Peruano, ¿por qué no lograron cerrar el tema en la Comisión Interamericana y lo dejaron llegar a la Corte?", inició su alegato.

Según dijo, "lo que plantea la CIDH es que luego del rescate se ejecutó extrajudicialmente a tres personas y sobre el resto de terroristas, nadie puede exigir ni pedir nada".

La poetisa remarcó que el informe de la Comisión Interamerciana, se menciona que los emerretistas que "tenían tomada la residencia el embajador de Japón, eran objetivos militares legítimos, duranta el operativo".

En defensa de las ONG, Silva Santisteban sostuvo que dichos organismos valorn la vida por igual: "Nosotros hemos defendido la vida de miles de víctimas de terroristas, como en el caso Lucanamarca", remarcó.

A su turno, el Gral. Chiabra, cuestionó porqué se decidió llevar el caso a la justicia internacional:

"¿Por qué se ha hecho la demanda? ¿Qué cosa incumplió el Estado? ¿No hizo acaso un juicio en el fuero militar a los comandos? Lo que cuestiona la comisión es la estructura orgánica de nuestro país. El sistema Jurídico. Fue la Corte Suprema de nuestro país, que de manera democrática decidió enviar el caso al fuero militar", aclaró.

Según dijo, este hecho demuestra cómo entre los peruanos "desmerecemos las cosas buenas realizadas por nosotros mismos"

En este caso, Silva Santisteban dijo que el porqué el caso se llevó  a un ente supranacional, "debería contestarlo Gloria Cano, de la ONG Aprodeh".

Chiabra increpó a Silva sobre si acaso ya no se está llevando el caso de ejecuciones extrajudiciales en Perú, a lo que ella respondió que "sí, pero hay un retraso de ocho años".

Aidesep: La interpretación de la Ley de Consulta, según Óscar Valdés

El presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango Chota, lamentó que el gobierno de Ollanta Humala haya estrenado –a través del primer ministro Óscar Valdés- una nueva interpretación de la Ley de Consulta Previa a los PP.II. que él mismo promulgó: sólo se dialogará con las personas elegidas a través de un proceso electoral, pues el resto no existe para este nueva forma de administrar militarmente el país.

El líder indígena subrayó que, cada día que pasa, el jefe de Estado se dispara a los pies, pues recordó que durante el quinquenio 2006 – 2011, decía que el gobierno de García debía consultar a los jefes y Apus de las comunidades amazónicas sobre cualquier intervención del Estado en sus territorios ancestrales; este año, en Imacita, Bagua, decía ante la población awajún que NUNCA más un gobierno dejará de consultarles, pero ahora vemos dos versiones de la misma ley: la versión Ollanta y la versión Valdés.

“Lamentablemente, hoy vemos que los ideales del presidente de la República han desaparecido, observamos cómo –todos los días- se desdice de sus promesas electorales, ha caído en un hoyo de mentiras y está personificando a la clase política que tanto criticó”, precisó.

Y es que los PP.II. amazónicos ven con sospecha la actuación del primer ministro pues ahora dice –en el caso de Cajamarca- que solo dialogará con las autoridades elegidas a través de un proceso electoral., cuando precisamente la Ley de Consulta fue aprobada para que los gobierno futuros entiendan que la cosmovisión andina y amazónica, su forma de democracia y hacer justicia en sus pueblos es muy distinta a  la que aplica en la capital.

“Cada Jefe o Apu pasa por un proceso de consenso en sus comunidades, de una elección donde el pueblo le entrega el mandato para defender y representarlos, si el gobierno está desconociendo la representatividad de cada dirigente indígena, entonces caemos en la cuenta que el país está siendo militarizado, a tener un Estado papá donde el pueblo - hijos deben obedecer sin dudas ni murmuraciones. Lamentablemente, para el presidente, los pueblos amazónicos seguirán luchando por lograr su libre determinación”, concluyó.

Perú: Medios limeños creen que los peruanos somos unos imbéciles

Diario Correo

 

Gobierno y Cajamarca logran acuerdo sobre términos para peritaje proyecto Conga

El Gobierno y representantes de Cajamarca llegaron hoy a un acuerdo sobre los términos de referencia del peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, cuya ejecución fue suspendida ha pedido del Ejecutivo por el paro indefinido que se realizó en esa zona del país.Según los términos, aprobados por consenso, el peritaje internacional tendrá que elaborarse en 40 días calendarios y su costo será financiado por los ministerios de Energía y Minas y de Economía.

“Hoy se ha acordado realizar un peritaje internacional que debe ser realizado en un lapso de 40 días, en los cuáles se ha aprobado los términos de referencia y ha sido de manera unánime”, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés.

Los peritos que sean elegidos deberán tener un amplio conocimiento sobre la gestión de agua, tener grado de doctorado, 15 años de experiencia, además acreditar haber trabajado en 30 proyectos similares a Conga, y no tener algún conflicto de interés.El peritaje internacional busca disipar las objeciones respecto a que el proyecto Conga, de 4,800 millones de dólares, destruiría cuatro pequeñas lagunas en las alturas de Cajamarca, y que generó una paralización a fines de en noviembre pasado.

Al concluir la reunión con los representantes de Cajamarca, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, indicó que estos requisitos exigentes para elegir a los peritos garantizarán que el estudio tenga un resultado técnico y objetivo, más allá de lo que pueda costar su elaboración.

Dijo que el peritaje incluirá no solo la disponibilidad del agua, sino la calidad de ese recurso, la evaluación sobre las fuentes del agua y las consecuencias de estas en los servicios ambientales y la biodiversidad.

La show de Váldez en Lima

Los peritos que sean elegidos para evaluar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga tendrán 40 días calendario para presentar su informe, aseguro Váldez.

Según indicó, el costo de este será financiado por los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

“Hoy se ha acordado realizar un peritaje internacional que debe ser realizado en un lapso de 40 días, en los cuáles se ha aprobado los términos de referencia y ha sido de manera unánime”, agregó.

El Caso Chavín de Huantar llegó a la Corte

Por: Carlos rivera

La estrategia del Estado peruano y lo que se debe resolver

Hace unas semanas, escribí un artículo sobre el caso Chavín de Huantar y las implicancias del Informe de Fondo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acababa de presentar. Hoy, estamos en una nueva etapa procesal del caso: la CIDH ha demandado al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de varios artículos de la Convención Americana. El gobierno del presidente Humala – a través del Ministro de Justicia- ha dicho que el Estado peruano hará una defensa firme y fuerte.

Precisiones necesarias sobre el caso

Antes de entrar a analizar este nuevo momento procesal y la estrategia del Estado peruano vale la pena remarcar las precisiones que ya hace varias semanas hicimos en relación a este polémico caso.

La CIDH concluye que existe una violación al derecho a la vida y a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en la Convención Americana. Por ello recomienda que las investigaciones del caso deben ser llevadas a cabo por el fuero ordinario con el objetivo de de esclarecer los hechos e identificar a todos los autores intelectuales y materiales.

¿Esto quiere decir que la CIDH está recomendando que todos los 140 comandos Chavín de Huantar sean judicializados y sancionados? No.

Consideramos que las recomendaciones de la CIDH deben llevar al sistema judicial peruano a considerar dos asuntos fundamentales. El primero es que la CIDH concluye que la intervención de la justicia militar fue ilegal y ello necesariamente debe conllevar la anulación del proceso penal militar. Ello es perfectamente posible y legal.

Al respecto vale pena destacar un dato que pareciera las autoridades del gobierno desconocen –o quisieran desconocer-. No solo la Corte Interamericana sino también la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional del Perú han ratificado en consiste jurisprudencia que la justicia militar es incompetente para juzgar casos de derechos humanos. Inclusive la propia Justicia Militar ha emitido sentencias en la misma dirección.

La segunda ahora es perfectamente posible marcar una línea divisoria en el tiempo entre la operación militar Chavín de Huantar y las ejecuciones extrajudiciales contra los emerretistas. Es un hecho demostrado que las ejecuciones se perpetraron en los momentos inmediatamente posteriores al fin de la operación militar y que habrían sido realizadas por elementos del Servicio de Inteligencia Nacional –los llamados gallinazos- al mando del Coronel PNP Jesús Zamudio. Estos elementos eran extraños a la operación militar.

Si esto es así hay dos asuntos penales relevantes, que establecen una relación entre la operación militar y los crímenes. Si nos ubicamos en los momentos definitivos de una operación militar de la envergadura de Chavín de Huantar, debemos esclarecer, 1) quién permitió el ingreso a los túneles y a la casa de personal extraño a los comandos que ejecutaron la operación?, y 2) quién ordenó que los emerretistas capturados por los comandos sean entregados a los gallinazos? Las respuestas apuntan de manera directa hacia los jefes militares de la operación, es decir, Jaime Patiño y José Williams Zapata. El ingreso de personal extraño a la operación y la entrega de los emerretistas a quienes los ejecutaron no se pudo hacer sin sus órdenes y/o consentimiento. En términos penales ello, por lo menos, determina la existencia de una complicidad.

Por lo tanto, las nuevas indagaciones a nivel del sistema judicial nacional deben comprender específicamente a quienes ocuparon la posición de jefes de la operación.

La estrategia del estado

Tal como ya lo hemos indicado el caso Chavín de Huantar ha sido presentado ante la Corte Interamericana. Eso determina no solo un diferente estado procesal, sino,  además, que el Perú enfrenta una decisión jurisdiccional de un tribunal internacional de derechos humanos.

El Ministro de Justicia ha declarado que el Perú desarrollará una estrategia firme y fuerte (¿fue un mensaje para Eguiguren?), y el Ministro de Defensa acaba de declarar que la CIDH ha cometido una “patinada” al presentar el caso ante la Corte. En ambos casos los ministros han destacado que a partir de ahora el Perú desarrollará una estrategia para modificar las atribuciones de la CIDH. Esto puede ser calificado más o menos como la estrategia de un Estado “achorado”. ¿Por qué razón? Porque consideramos que la CIDH ha advertido la existencia de graves violaciones a los derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales y otorgamiento de competencia de un fuero incompetente para investigar un caso de derechos humanos) y ante ello ha decidido demandar al Estado peruano ante la Corte y como una evidente represalia el Estado peruano amenaza con recortarle sus atribuciones.

Sobre este tema es un tanto curioso advertir cómo a consecuencia de una campaña mediática encabezada por Correo, Expreso y La Razón el gobierno del presidente Humala ha terminado haciendo lo que de manera muy prolija y dedicada venían haciendo los representantes diplomáticos que el gobierno de Alan García había designado ante la OEA: intentar recortar las atribuciones y funciones de la CIDH. Estrategia alanista en el gobierno de la gran transformación.

Pareciera que la estrategia del Estado peruano –por lo menos lo que hemos visto hasta la fecha- antes de responder las principales interrogantes o los temas centrales del caso solo está pretendiendo aplacar las presiones políticas domésticas, tratando de presentar una suerte de acuerdo patriótico contra la demanda de la CIDH contra el Estado peruano. La experiencia me dice que más allá de ser un interesante dato político eso no constituye el mejor camino para ganar un caso en la Corte Interamericana, la cual –no debemos olvidar- es un tribunal de justicia internacional, no una encuestadora.

Una vez más hay que señalar que el problema no es la CIDH sino las irregularidades o ilegalidades perpetradas en años anteriores por instancias del Estado peruano.

¿Qué debe resolver la Corte?

Justamente por ser un tribunal de justicia internacional es imprescindible precisar cuáles serán los temas centrales objeto de la controversia judicial. En otros términos sobre qué asuntos resolverá la Corte. Por lo términos del Informe de Fondo de la CIDH son dos: 1) la existencia de ejecuciones extrajudiciales y 2) la ilegal intervención de la justicia militar. 

Sobre el primer tema entiendo que existe prueba forense irrefutable: exámenes de antropología forense que determinarían que varios emerretistas fueron ejecutados sumariamente con disparos a la altura de la cabeza de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, lo cual indicaría que fueron asesinados cuando estaban arrodillados. Entonces estamos ante una grave violación de los derechos humanos, inclusive para el Derecho Internacional Humanitario sería un crimen de guerra (asesinato de rendidos o capturados).

Sobre el segundo tema existe una amplia y sólida jurisprudencia de la Corte en la cual declara con extrema claridad que la justicia militar es incompetente para investigar y juzgar crímenes contra los derechos humanos. Justamente varias sentencias dictadas en casos de Perú han ayudado a definir esta jurisprudencia: Durand y Ugarte el 2000, Barrios Altos el 2001, La Cantuta el 2006. Estoy convencido que la Corte ratificará esta jurisprudencia.

Los representantes del Estado han señalado que la CIDH no ha tenido en cuenta que a la fecha existe un proceso penal en trámite por este caso (contra Hermosa, Montesinos, Huamán Azcurra y Zamudio) y que este dato le restaría viabilidad a la demanda de la CIDH contra el Perú. Lo dicho parece un dato procesalmente interesante, pero no explica nada. Es un dato sobre el cual es evidente que la CIDH tiene perfecto conocimiento–de hecho lo menciona en el Informe de Fondo- pero la existencia de ese proceso no justifica y menos propone alguna interpretación sobre los dos asuntos centrales del caso, más aun si en ese proceso judicial no están comprendidas todas las personas a las que le alcanza responsabilidad penal.

Hay que recordar que la Corte Interamericana juzga son responsabilidades internacionales de los Estados, no responsabilidades de personas individuales y por tanto, aun cuando hay un proceso penal en curso la CIDH tiene conocimiento que en ese proceso solo se determinará o no la responsabilidad penal de esas cuatro personas, pero no se ventilará la responsabilidad del Estado por entregar el caso a la justicia militar. Entonces nos queda claro que las responsabilidades internacionales de los Estados van mucho más allá de las responsabilidades individuales.

Así las cosas, el Estado peruano tendrá que diseñar una estrategia mucho más inteligente que -para comenzar- tiene que apartarse de la política doméstica y tiene que proponer una interpretación jurídicamente sustentable sobre los hechos que serán materia del proceso internacional. De no ser así el Estado peruano se aproxima una condena internacional.

Elmer Campos quedó parapléjico tras recibir dos impactos de bala durante el paro en Cajamarca

Elmer Campos quedó parapléjico tras recibir dos impactos de balas durante las manifestaciones contra el proyecto minero Conga en Cajamarca, según el informe médico.

Desde un cuarto de un hospital en Lima donde se encuentra internado, lamula.pe entrevistó a Campos, para conocer su estado de salud. Campos aseguró a lamula.pe que él participó en las protestas pacíficas a partir del 24 de noviembre, y agregó que el 29 de noviembre en la mañana más de 2000 efectivos de la Policía Nacional desalojaron a los manifestantes de las cercanías de la Laguna Azul. Aproximadamente a las 9 de la mañana, recibió por la espalda dos impactos de bala: uno cerca al pulmón y otro que le destroza la médula dejándolo sin movilidad ni sensibilidad de la cintura para abajo.

A continuación, el reporte médico:

Éste es el informe médico, firmado por el Director general del Hospital Dos de Mayo Luis Valle Valverde, del 19 de diciembre donde se certifica que Elmer Campos presenta:

Trauma toráxico abdominal por proyectil de arma de fuego, trauma vertebro medular por proyectil de arma de fuego, fractura D11 cuerpo y pedículo, hemotórax bilateral, post operado de esplenectomía y nefrectomía izquierda.

Este informe, junto con el video donde aparecen efectivos policiales disparando durante las protestas, contradicen las declaraciones del entonces Ministro del Interior Óscar Valdés quien negó el uso de balas de parte de los policías.

Al caer herido, Elmer Campos fue trasladado al Hospital José Soto Cadenillas de Chota, donde es operado y se le extrajo el bazo y un riñón. Luego estuvo hospitalizado durante 9 días en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde por no haber neurocirujanos se lo trasladó a Lima para así evaluar los daños a la médula ósea. Campos manifestó que él pretende entablar un juicio a la Policía por haberlo dejado discapacitado, pidiendo una indemnización y una pensión de por vida. Su sobrino, Juan Carlos Montoya, declaró que los gastos necesarios para la rehabilitación no pueden ser cubiertos por la familia y demanda justicia para su tío:

Herrera Descalzi: “Es imposible tener cero” daño en naturaleza por minería ¡sinverguenza!

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, reveló hoy que un problema como consecuencia del rechazo al proyecto minero Conga, que según sus detractores dañaría irremediablemente el ecosistema de lagunas en Cajamarca, sería el alejamiento de futuras inversiones. Además, dijo que todas las iniciativas mineras dañan el ambiente.

“La ejecución de cualquier proyecto (minero) conlleva que tenga que existir paralelamente un estudio de impacto ambiental, que asegure que el impacto sobre la naturaleza, el daño, va a ser mínimo, no que va a ser cero, es imposible tener cero (daño)”, declaró al programa Buenos Días Perú.

Además, resaltó la importancia de la minería: “Si alguien quiere construir casas necesita cobre, hierro, cemento; entonces va a tomar minerales metálicos y no metálicos de la naturaleza y eso representa minería. No se puede aspirar tener al mismo tiempo agua, luz vivienda y carreteras si no existe de por medio minería y energía”.

Criticó que las protestas en Cajamarca empezaran justo cuando un nuevo Gobierno asumiera el poder. “Es como si estuvieran aguardando la llegada de un nuevo Gobierno para actuar de la forma que han actuado”, dijo.

Perú: Gregorio Santos confirmó que no asistirá a la reunión con Valdés

Cajamarca, 26 de diciembre de 2011

OFICIO Nº 0629 -2011-GR.CAJ/P

Señor

OSCAR VALDEZ DANCUART

Presidente del Consejo de Ministros

LIMA

ASUNTO:                REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO CONGA.

REFERENCIA:         Oficio Nº 031-2011-PCM/DM.

Me dirijo a usted, en atención al documento de referencia, mediante el que se nos cita para la selección de los peritos que se encargarán del Peritaje Internacional del Proyecto Minero Conga, para manifestarle lo siguiente:

1. Hasta la fecha no se ha instalado la mesa de trabajo ni se a procesado un debate serio sobre los temas de fondo relativos a la inviabilidad del Proyecto Conga, en vista que las reuniones del 04 y 19 de diciembre de 2011 se limitaron a discutir, sin llegar a verdaderos consensos, meras cuestiones preliminares y de procedimiento: instalación de mesas de trabajo, levantamiento de la medida de fuerza, propuesta de peritaje efectuada por el Gobierno Nacional y exclusión de interlocutores sociales. Y lo que, es más grave, por la falta de flexibilidad suficiente para concluir adecuadamente dichas reuniones, las mismas terminaron sin suscribirse ninguna Acta.

2. En consecuencia, no habiéndose instalado formalmente la propuesta mesa de trabajo sobre el Proyecto Conga, carece de objeto que seamos citados a la ciudad de Lima para elegir los peritos internacionales, sin que previamente se haya consensuado sus términos de referencia o el objeto del mismo, en la medida que la reunión frustrada del 19 de diciembre pasado, no hubo la voluntad para escuchar los planteamientos de las organizaciones sociales y autoridades locales y regionales presentes, tal como se le pidió respetuosamente en aquella oportunidad.

3. Al respecto,  es imperativo informarle que la representación social y los alcaldes de la zona en conflicto y el Gobierno Regional no participamos de la idea que el peritaje sirva para enriquecer o mejorar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga, tal como nos expresara en la citada reunión. Nosotros pensamos que el Peritaje debe ayudar a esclarecer los siguientes aspectos:

a. La verdadera consistencia científica y técnica del EIA, en la medida que tanto el Informe del Ministerio del Ambiente, difundido por los medios de comunicación, como los informes técnicos evacuados por el Equipo Técnico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional y del Colegio de Ingenieros de Cajamarca, aportan evidencias suficientes sobre la falta de sustento del referido estudio.

b. La forma cómo se aprobó el EIA por las autoridades que intervinieron en dicho proceso, en la medida que de las observaciones técnicas aludidas y de otras tantas publicaciones periodísticas se demuestra que, cuando menos, hubo fraude procesal y negligencia en la aprobación del referido instrumento de gestión ambiental, quedando pendiente la acreditación de las responsabilidades que hubiera lugar, así como la declaración de nulidad del referido Estudio y de las autorizaciones subsecuentes.

c. La evaluación ambiental estratégica del territorio concesionado al Proyecto Conga, en la medida que se requiere saber los verdaderos impactos que puede originar una explotación minera a cielo abierto, en una cabecera de cuencas con un ecosistema extremadamente frágil, en la medida que el ex Ministro del Ambiente sostuvo que realizar actividad minera en ese lugar sería como dinamitar glaciares, con efectos y destrucciones irreversibles, los que lamentablemente han sido minimizados y cuando no ocultados en el aludido EIA.

4. También es tema no resuelto para la instalación de la Mesa de Trabajo sobre Conga la posición del Gobierno Nacional de excluir del diálogo a las organizaciones sociales, especialmente a los representantes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y del Frente Regional de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, bajo el pretexto que no son autoridades elegidas.

Al respecto, con el objeto que su despacho reconsidere su posición de exclusión, solicitamos que tenga en cuenta los fundamentos siguientes:

a. En las dos reuniones de trabajo antes citadas han participado dirigentes de organizaciones que tampoco son autoridades electas, como son los casos de los representantes de la Cámara de Comercio y de la Producción de Cajamarca, del Colegio de Abogados, de la Iglesia Católica y de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, sin que nadie haya cuestionado su presencia a pesar de carecer todas de la legitimidad que proviene del voto popular.

b. En las dos reuniones ha participado también, invitado por su despacho, un delegado de una organización fantasma que no tiene ninguna legitimidad social en nuestra región: el autodenominado Frente de Defensa de los Pueblos del Perú, quien tampoco ha sido elegido como autoridad.

c. La pretensión de exclusión de los dirigentes sociales marcha a contracorriente de lo que disponen las Leyes Orgánicas de Municipalidades y de Gobiernos Regionales que obligan a solicitar la intervención de organizaciones representativas de la sociedad civil en el marco de diversos mecanismos de democracia participativos (Consejos de Coordinación Local y regional,  Presupuesto Participativo, Rendición de Cuentas, etc.), como medio para enriquecer la democracia representativa y para hacer efectivo cualquier política de inclusión social que preocupa al Gobierno del Presidente Humala.

d. La participación de los Frentes de Defensa no es improvisada. Desde los años 70 del siglo pasado, dichas organizaciones han sido protagonistas de diversos procesos de desarrollo, descentralización y democratización de nuestra sociedad. De modo que mal se hace al excluirlos.

5. En consecuencia, reiterando nuestra voluntad de dialogar sobre estos temas de fondo, antes de proceder a elegir peritos, solicitamos la reprogramación de la reunión de instalación de la Mesa de Trabajo del Proyecto Conga, para una nueva fecha que debe consultarse con todos los interlocutores, la misma que debe realizarse en la ciudad de Cajamarca, con la participación de mediadores consensuados que faciliten el proceso de diálogo,  con la participación de todos los interlocutores, sin exclusiones, y con   presencia de la prensa regional y nacional como garantía de transparencia.

Atentamente,

Gregorio Santos

PRESIDENTE REGIONAL DE CAJAMARCA