El escenario fue el programa Abre los Ojos. Los ponentes eran el polémico Gral. EP (r) Roberto Chiabra y la poeta y activista Rocío Silva Santisteban, actual secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ambos se enfrasrcaron en un candente cruce de ideas acerca de la recomendación de la CIDH para "supuestamente" se procese nuevamente a los comandos Chavín de Huántar por el rescate en la embajada de Japón.
Rocío Silva: "Hay mucha información tergiversada. Pasar a la Corte Interamericana es haber pasado una serie de procesos. Son muy pocos los casos que llegan allí. Mi pregunta sería al Estado Peruano, ¿por qué no lograron cerrar el tema en la Comisión Interamericana y lo dejaron llegar a la Corte?", inició su alegato.
Según dijo, "lo que plantea la CIDH es que luego del rescate se ejecutó extrajudicialmente a tres personas y sobre el resto de terroristas, nadie puede exigir ni pedir nada".
La poetisa remarcó que el informe de la Comisión Interamerciana, se menciona que los emerretistas que "tenían tomada la residencia el embajador de Japón, eran objetivos militares legítimos, duranta el operativo".
En defensa de las ONG, Silva Santisteban sostuvo que dichos organismos valorn la vida por igual: "Nosotros hemos defendido la vida de miles de víctimas de terroristas, como en el caso Lucanamarca", remarcó.
A su turno, el Gral. Chiabra, cuestionó porqué se decidió llevar el caso a la justicia internacional:
"¿Por qué se ha hecho la demanda? ¿Qué cosa incumplió el Estado? ¿No hizo acaso un juicio en el fuero militar a los comandos? Lo que cuestiona la comisión es la estructura orgánica de nuestro país. El sistema Jurídico. Fue la Corte Suprema de nuestro país, que de manera democrática decidió enviar el caso al fuero militar", aclaró.
Según dijo, este hecho demuestra cómo entre los peruanos "desmerecemos las cosas buenas realizadas por nosotros mismos"
En este caso, Silva Santisteban dijo que el porqué el caso se llevó a un ente supranacional, "debería contestarlo Gloria Cano, de la ONG Aprodeh".
Chiabra increpó a Silva sobre si acaso ya no se está llevando el caso de ejecuciones extrajudiciales en Perú, a lo que ella respondió que "sí, pero hay un retraso de ocho años".
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