Exministro de Justicia Francisco Eguiguren aclara caso e indica que los únicos sindicados en posibles ejecuciones extrajudiciales son montesinistas y no los integrantes del comando Chavín de Huántar.
El exministro de Justicia Francisco Eguiguren aseguró a LA PRIMERA que la estrategia del gobierno ante la demanda de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) será la misma que planteó en su gestión, es decir, acelerar el juicio contra Montesinos y su cúpula como presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas después de que los comandos Chavín de Huántar realizaran el exitoso rescate de rehenes de la casa del embajador japonés. Recalcó que la única estrategia del estado peruano será acelerar y terminar el juicio penal a los principales responsables, como son Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio.
–¿Qué hará de concretarse la denuncia constitucional contra usted que quieren plantear los congresistas Fujimoristas y de Alianza por el Gran Cambio por el caso Chavín de Huántar?
–No me extraña que sectores conservadores que tradicionalmente cuestionen los derechos humanos hagan esta campaña porque tienen la conciencia sucia por las violaciones que cometieron y así siembran cabezas de turco y chivos expiatorios. Una acusación constitucional se formula por un delito cometido en la función o por una infracción a la Constitución y yo no he cometido ni lo uno ni lo otro ni le he mentido a nadie. Quienes dicen que se juzgará a los comandos no tienen conocimiento técnico y jurídico y se dejan llevar por ideas equivocadas o dicen esto por desconocimiento o mala fe y lanzan este tipo de mentiras.
– ¿Cómo encontró su gestión el caso Chavín de Huántar?
–El caso de las ejecuciones extrajudiciales realizadas después del operativo de rescate de los comandos Chavín de Huántar tiene un montón de años y ha sido defendido en los gobiernos anteriores, por la anterior procuradora supranacional. Nosotros ni bien llegamos al cargo, en los primeros días de agosto teníamos que dar una respuesta del Estado frente al informe de fondo de la Comisión Interamericana de derechos humanos. Era evidente que el informe de la Comisión no coincidía con la política que asumíamos desde el gobierno frente al caso.
– ¿Cuál fue la política del gobierno cuando usted era ministro de Justicia?
–Frente al caso hay una única política que he manejado yo en coordinación con otras autoridades del gobierno, la cual es respetar la decisión de la Corte Suprema que recomendó que la investigación de los posibles responsables de las ejecuciones extrajudiciales las tenía que hacer la Justicia Militar. Esta, a su vez, hizo un proceso y dijo que hay cuatro posibles sospechosos y que ellos debían ser sometidos a un juicio civil: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio. Esa fue nuestra postura, y por lo tanto, lo que se respondió (a la CIDH) es que el caso se estaba viendo en la justicia civil peruana contra cuatro personas y otros posibles responsables.
– ¿El estado peruano debe proteger a los comandos Chavín de Huántar para que no sean incluidos en este proceso?
–Ninguno de los cuatro procesados es comando Chavín de Huántar. Repito, los sindicados son Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio. El Poder Judicial verá si hay otras personas involucradas y debe avanzar con celeridad el proceso y esclarecer las responsabilidades del caso. Alguien está queriendo aprovechar y decir que se quiere llevar a juicio a los comandos, y eso no es cierto, eso es mentira y yo jamás he sostenido eso.
– ¿Qué acciones proyectaban ante la inquietud de la Comisión Interamericana de derechos humanos?
–Nosotros íbamos a impulsar a que ese juicio continúe, superando la morosidad del Estado que paralizó el caso. Después de responder a la Comisión Interamericana de derechos humanos nos plantearon la posibilidad de pedir prórroga porque era un nuevo gobierno y nuestra estrategia era esperar que el proceso judicial termine para decirle a la Comisión que la justicia peruana ya investigó y falló y por lo tanto este caso debe terminar aquí y no tiene por qué pasar a la Corte Interamericana.
Exministro fue interrogado
Eduardo Castillo, quien fuera ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fujimori, fue interrogado ayer por la Tercera Sala Penal Liquidadora en el proceso que se le sigue al exasesor Vladimiro Montesinos, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales después de la operación Chavín de Huántar.
Negó haber tenido una participación decisiva en la operación de abril de 1997, aunque ingresó junto a Fujimori a la residencia del embajador japonés después de la liberación de 72 rehenes de manos MRTA.
La Tercera Sala Penal Liquidadora es presidida por la jueza Carmen Rojassi Pella e integrada por los magistrados Carolina Lizárraga Houghton y Adolfo Farfán Calderón.
El fiscal superior Hugo Turriate Loayza, sustentó el pedido de 20 años de pena privativa de libertad para Vladimiro Montesinos, tomando en cuenta, entre otras pruebas, la versión del exsecretario de la Embajada del Japón en el Perú Hidetaka Hogura quien refirió que los integrantes del MRTA Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza fueron capturados vivos en el segundo nivel de la residencia; situación que se percató en momentos que era rescatado por los comandos del Ejército. Contó que alcanzó a oír frases como “no me mates” o “no lo mates”.
NADA DE DENUNCIAS CONTRA COMANDOS
Lo que puede hacer la Comisión
– ¿Qué opina de la crítica del ministro de Defensa a la Corte Interamericana, que dijo que el ente es una mezcla de ONG, Fiscalía y Ministerio Público?
–Los miembros de la Corte son designados por los estados y no por ninguna ONG y lo designa la Organización de Estados Americanos. Es un órgano internacional del cual forman parte los estados. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y la misión de esta Corte es proteger los derechos humanos. En unos casos le da la razón al denunciante, y en otros no.
– ¿Qué verá realmente la Comisión Interamericana en el caso Chavín de Huántar?
–La Corte Interamericana no juzga a personas, ni a los comandos, ni a Montesinos, ni a Hermoza Ríos, ni a nadie. Ese es un tema interno, en el que la Corte Suprema y la Justicia Militar dieron su palabra y ahora éste es un juicio interno. Lo que juzgará la Corte Interamericana es si el estado peruano ha incumplido obligaciones internacionales, ya sea por no haber sancionado las ejecuciones extrajudiciales o por no haber garantizado el debido proceso a las investigaciones judiciales. En ningún caso está previsto juzgar ante la Comisión o ante la Corte a los comandos Chavín de Huántar.
CNM pide que Ollanta Humala no se pronuncie
CNM pide que Ollanta Humala no se pronuncie
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gonzalo García Núñez, aconsejó ayer al presidente Ollanta Humala que no ceda a los pedidos de pronunciarse en torno al caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas tras el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Explicó que el tema es materia de un juicio y que “si el presidente se pronuncia sobre un proceso, evidentemente hay una presión que los jueces no pueden admitir y le haría un daño al proceso”. Sobre la denuncia de la Corte Interamericana de derechos humanos, destacó que “el estado peruano ha designado una defensa a los comandos. Ahora le toca al ministro de Justicia asegurarse que la defensa del estado peruano sea la más completa posible”.
A los “gallinazos”
La abogada de la Asociación Pro derechos humanos Gloria Cano reiteró que si la Corte Interamericana de derechos humanos falla a favor de la denuncia de la Comisión Interamericana, demandará que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y de ninguna manera pedirá abrir proceso a los comandos Chavín de Huántar.
Aclaró que la Corte se limitaría a exigir que se investigue a los llamados “gallinazos” de Vladimiro Montesinos que presuntamente mataron a secuestradores capturados, después del rescate.
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