Al igual que los “diamantes de sangre”, los expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.
Se denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en la República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.
La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más conocida por regular el mercado financiero de Estados Unidos, pero parte de la norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de este país en la compra de minerales de conflicto.
Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen de si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de los derechos humanos perpetradas por grupos armados.
La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.
Pero la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. El organismo lleva ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que termina.
Los defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Estados Unidos y de la RDC, se preguntan sobre las razones de la demora.
Global Witness, organización de control de recursos naturales de conflicto, recordó que están en juego vidas humanas.
La demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques a los civiles en El Congo y que obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.
Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la RDC informó de que 300 personas de tres aldeas cercanas a los yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en agosto de 2010.
El foro mundial atribuyó el episodio a la competencia por el acceso a los minerales.
Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un seguimiento de la cadena de abastecimiento, e informó de que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos de los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas”.
Los opositores a la norma, muchos de ellos defensores de los intereses corporativos, arguyen que las disposiciones pueden cortar el comercio con la RDC o que son muy difíciles de cumplir, y que será extremadamente complicado rastrear el origen de los minerales.
En cambio los partidarios sostienen que la procedencia de los minerales, tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en el mundo.
También sostienen que la norma no bloqueará el comercio y solo requerirá que las corporaciones investiguen si compran minerales suministrados por organizaciones armadas de la RDC, revelen la información y tomen medidas con la “debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento.
El gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness en abril que hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no aprobó esta ley hace 10 años”.
El representante Jim McDermott, partidario de la norma, señaló que el proyecto de ley fue una medida actualizada que permitirá a los consumidores e inversionistas decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren minerales de conflicto.
“Es importante si creemos en la justicia social cortar los fondos de quienes matan y violan en África", dijo McDermott.
El estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre, y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.
“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos.
“Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos y llevamos ocho meses de retraso. ¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.
Una disposición de mayor alcance geográfico de la Ley Dodd-Frank, también vinculada a la transparencia, es otra de las que sufre demoras en el proceso de reglamentación de la SEC.
La disposición requerirá que las compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC de los impuestos, las regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los gobiernos.
La coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.
“En muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution en Washington.
Las iniciativas que promueven la transparencia financiera disminuyen la corrupción y aumentan la capacidad de la ciudadanía de los países con recursos naturales para reclamar su justa parte de los beneficios.
McDermott urgió a los ciudadanos de Estados Unidos a apoyar la total implementación de la Ley Dodd-Frank.
“Creo que la ganancia honesta puede convivir con la justicia social, y de eso se trata esto”, indicó.
La SEC se negó a hacer declaraciones sobre las causas de la demora.
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