¡Histórico editorial de El Comercio!

El diálogo que se instauró en Cajamarca se rompió del todo ayer. El presidente regional, Gregorio Santos Guerrero, pateó el tablero luego de un discurso confuso con el que pretendió reabrir el debate, cuando lo que correspondía era que suscribiera el acta de compromisos. Si bien es cuestionable la actitud del presidente regional, es un hecho que es una autoridad que se respalda en las bases populares y que fue elegido democráticamente en las urnas. Su representatividad no está, pues, en duda. Lo que puede haber quitado peso a estos tensos e infructuosos intentos es que el Estado no haya podido dialogar hasta ahora con un interlocutor dispuesto a resolver el problema.

Resulta lamentable que la autoridad regional y el resto de dirigentes regionales hayan asistido con la clara intención de boicotear la reunión, dilatar la solución del conflicto y no proponer alternativas. La cosa es tan simple e irresponsable como un no rotundo a la minería, así sea esta una necesaria inversión, sostenible y responsable.

El acta rechazada consideraba dos puntos: una reunión de trabajo en Lima, el 27 de diciembre, para que las autoridades y equipos técnicos regionales analizaran los temas técnicos y jurídicos del peritaje internacional del proyecto Conga. Y una posterior cita en Cajamarca –el 13 de enero– a fin de continuar con las conversaciones, con asistencia de las autoridades regionales y municipales. Únicamente se buscaba establecer un cronograma de acciones. Trascendió que algunos dirigentes pretendieron añadir elementos al acta, como el retiro de las maquinarias de la empresa. Luego las personas que hicieron lo indecible por paralizar y sembrar el caos en Cajamarca hace cuatro semanas dijeron que el ministro Valdés no las dejó participar en la reunión. ¿Por qué habría de hacerlo? Si no son autoridades municipales ni regionales y, por tanto, carecen de representatividad.

Lo único que buscaron fue deslegitimar a los representantes del Gobierno, como al presidente del Consejo de Ministros, a quien Santos Guerrero denosta, acusándolo de autoritario y desconociendo que va en calidad de representante del presidente de la República. Y aquí volvemos al punto de inicio: ¿no debiera ser una autoridad electa, con respaldo de votos y bases, quien deba retomar el intento de diálogo con el titular de la PCM?

Corresponde al presidente regional Santos Guerrero, además, explicar quién manda en Cajamarca: ¿él o los seudodirigentes de los frentes de defensa Wilfredo Saavedra (ex convicto por pertenecer al MRTA) o Idelso Hernández?

Según la última encuesta de Ipsos Apoyo S.A., la mayoría piensa que los conflictos sociales remiten a problemas de interés local irresueltos por los gobiernos anteriores. No obstante, 63% piensa que frente a la intransigencia la autoridad debe poner orden.

Es indispensable que las autoridades de Cajamarca reconozcan que su representatividad no les da derecho a desechar el diálogo, única vía de resolución de conflictos pues se allana el camino para quienes quieren recurrir a la violencia.

Un actor principal es aquí, también, minera Yanacocha que debería estar ya contratando a los mejores expertos internacionales en negociación y no cargándonos a todos los peruanos los pasivos de un problema que tiene mucho que ver con la irresponsabilidad con que actuaron en el pasado.