¿Humalismo también chuponea?

Edmundo Cruz

Van dos y medio años del programa de escuchas legales "Constelación" y junto a sus operativos exitosos ha surgido una novedad preocupante: las potentes orejas del sofisticado interceptor estarían siendo utilizadas para realizar escuchas ilegales políticas. Hay evidencias.

En vísperas de la segunda vuelta electoral, bajo el gobierno de Alan García Pérez, el diario La República (edición del 3 de junio del 2011) publicó cuatro comunicaciones supuestamente interceptadas a personajes cercanos al entonces candidato opositor Ollanta Humala Tasso. Los interlocutores mencionados en ellas, Salomón Lerner, Adrián Villafuerte, Daniel Abugattás y Blanca Rosales, confirmaron la oportunidad y contenido de las interceptaciones.

La confidencia provino de fuentes vinculadas a personal de la Dirandro (Dirección Antidrogas de la Policía Nacional) descontentas con que los equipos de interceptación a cargo de esa dirección estuvieran siendo usados con fines políticos, según explicaron. La publicación originó una denuncia del congresista Daniel Abugattás y una visita de éste y del Fiscal de la Nación José Peláez al centro interceptor de la Dirandro desde donde se habría efectuado el "chuponeo". El Ministerio Público anunció una investigación. Se sabe que esta se inició recién con el nuevo gobierno. En octubre comenzaron a citar a los espiados y no se sabe más.

Poco después, esta misma redacción reveló una extraña coincidencia entre la programación de las escuchas legales de “Constelación” y el avance del proceso electoral. El 11 de mayo, apenas se confirmó el pase a la segunda vuelta de Gana Perú, en cuya fórmula presidencial iba Omar Chehade Moya, el programa de escuchas inició la interceptación de los teléfonos de las procesadas Eva Bracamonte y Liliana Castro (caso Fefer) y también de su abogado defensor Iván Torres, quien es socio de Chehade en un estudio jurídico.

Durante el período de interceptación del teléfono de Torres, éste se comunicaba con su socio y amigo de infancia Chehade cuatro veces al día por lo menos. “Chuponeando” a Torres era posible escuchar a su socio. “Dile a Pedro para que escuche Juan”. El proverbio popular al revés.

"chuponeo" reciente

Lo más intrigante llegó a La República a fines de noviembre: tres resúmenes de supuestas interceptaciones telefónicas esta vez en directo a Omar Chehade, no de los días de la campaña electoral sino posteriores a la cena en las Brujas de Cachiche, cuando el cuestionado político perdía respaldo oficial y perdía también el control de sus reacciones.

Las conversaciones interceptadas se habrían producido el martes 15 de noviembre, por la noche, a las 7.31 pm., 7.45 pm., y 8.02 pm.

La primera con un personaje identificado con el nombre de "Johny". Las dos últimas con su socio Iván Torres La Torre, quien confirmó las llamadas.

Según los resúmenes, el segundo vicepresidente habla furioso, se siente traicionado y expresa resentimiento y deseos de revancha.

Su socio y amigo trata de calmarlo, pero Chehade no transa, discute, incluso le cuelga el teléfono. Aunque minutos después él mismo recupera la comunicación.

El presidente Ollanta Humala es mencionado en las conversaciones no por su nombre sino por un seudónimo: "Humo".

Chehade dice que le han propuesto pasarse a la oposición y que él está de acuerdo, que tiene suficiente para acabar con todos.

La versión ha sido alcanzada por una fuente de La República vinculada al personal de la Dirandro que realiza las interceptaciones.

La fuente expresó dudas sobre quién ordena y quién sería el destinatario de esta escucha ilegal.

CASO CROUSILLAT

No solo hay evidencias. Hay hechos reconocidos. "Nosotros interceptamos los teléfonos de (José Enrique) Crousillat entre diciembre (2010) y enero (2011), y por las celdas de su teléfono (a través de las que se transmite la onda) pudimos ubicar que él estaba en Miraflores" –declaró textualmente a esta redacción el general PNP Carlos Morán, a mediados de julio, en entrevista grabada, cuando aún   era director de Dirandro.

"No era un tema de drogas, pero en el Ministerio Público hay titulares que dicen: señor juez, tramíteme esta orden judicial y, además,  somos los únicos que tenemos programa de escucha legal", justificó.

Curioso, hay líneas para casos  como el de Crousillat, pero  nos topamos con fiscales a cargo de casos penales importantes que se quejan : "No hay líneas, están copadas", acusan. ¿Cómo asegurar que las 300 líneas de interceptación estén siendo usadas para los fines del programa?

CONTROL REAL

Remigio Hernani, ex ministro del Interior, ha recordado que Adelaida Bolívar, ex fiscal de la Nación, rechazó durante su gestión la propuesta de la DEA para que el Ministerio Público asumiera a plenitud la conducción del proyecto, tal como ocurre en Colombia, donde todo el sistema está bajo el mando único de la Fiscalía General de la República.

Perú, en cambio, ha optado por un manejo compartido del programa. La Dirandro opera la estructura técnica, y el Ministerio Público programa y tramita el servicio de escuchas.

Dirandro depende del ministro del Interior y del Presidente de la República. En tanto, el Ministerio Público es un  ente constitucional autónomo.

¿Cómo se concatena esta conducción dual? A fines del 2008, cuando "Constelación" estaba en pleno adiestramiento, el presidente Alan García ordenó que Dirandro investigara el caso BTR (Business Track) sobre interceptaciones y no Dirincri, a quien correspondía, según los entendidos.

–¿Por qué procedió así?     

–preguntó el juez al ex mandatario, en octubre último, en una audiencia del caso.

– ...porque tenían experiencia con los equipos –respondió García refiriéndose a Dirandro.

García no explicó su intervención vertical en un caso que concierne al sistema judicial (Policía-Ministerio Público-Poder Judicial).

POLíGRAFO DEA

"Constelación" es un sistema de alta tecnología, complicado. Su manejo depende de la calificación del personal y de quien ejerce el control y el poder.

El personal que opera "Constelación" ha sido adiestrado por la DEA y el examen de sus personalidades y capacidades ha pasado por exigentes pruebas. Una de ellas, el polígrafo o detector de mentiras, a cargo de interrogadores antidrogas norteamericanos.

Por parte de la PNP no ha habido un examen correspondiente al polígrafo de la DEA que evalúe al personal con criterios propios del país y prevengan  casos como los que motivan esta nota.

La estructura técnica está copada por personal de Dirandro, y la gran mayoría de solicitudes de mandato judicial para "chuponeo" son generadas por policías.

Para el oficio, la policía tiene experiencia pero tiene también una cultura, un comportamiento a evaluar.

Los fiscales provinciales y superiores en el sistema "Constelación" se manejan dentro de un proceso legal y administrativo claro y factible de supervisar.

En el caso de la Dirandro no hay transparencia. No existe un sistema claro de supervisión. 
Realizaron chuponeos antes de convenio con empresas telefónicas

"Constelación" tiene controles técnicos y legales. Si el Fiscal del sistema no programa el número a interceptar, no hay interceptación. Y si la empresa telefónica no es informada y abre su base de datos, tampoco es posible el "chuponeo". Es lo que afirma Dirandro.

En el juicio BTR, el capitán PNP Luis Llerena Tinoco, del área de interceptación de Dirandro, declaró que desde mucho antes de la habilitación del centro de escuchas "Constelación" realizaron pruebas de interceptación en varios departamentos de Perú.

Si no había convenios con empresas telefónicas ni escuchas legales que gestionaran los mandatos judiciales, ¿cómo fueron posibles esas pruebas?

Las empresas solo saben los números interceptados que  comunica el sistema pero no saben si esos son los únicos chuponeados. ¿Es correcto?, preguntamos a un experto.

Sí –respondió–, las empresas no tienen acceso a "Constelación", pero tienen su propio sistema de saber. La demostración es que antes interceptaban. Eso no es un misterio. Están mezclando el sistema antiguo de chuponeo con el moderno.

En cifras

30 operadores por turno en la sala de escucha.

20 líneas en simultáneo monitorea cada operador.

500 mandatos judiciales para interceptar celulares.

50 segundos, tiempo promedio de conversaciones espiadas.