Silvina Romano y Javier
Calderón
A fines de diciembre de 2016
adquiere visibilidad uno de los casos “más escandalosos” de corrupción en
América Latina, que vincula a la empresa brasileña Odebrecht con diferentes
gobiernos de la región. Se trata de una de las empresas de ingeniería y construcción
más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil y que en
las últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en el marco de
licitaciones públicas ganadas en varios países. Las coimas de Odebrecht son uno
de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobrás
denominado Operacion Lava-Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por
parte de empresas constructoras tanto a Petrobrás como a políticos de turno y
que fue el punto de partida para el golpe de Estado “institucional” contra la
presidenta Dilma Rousseff.
La investigación comenzó en el
Estado de Curitiba, pero es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el
que en diciembre de 2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a
Odebrecht, por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr
nuevos contratos y mantener contratos anteriores con el sector público de 10
países de la región además de Brasil [1]: Guatemala, México, Argentina,
Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de
una de las multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará
aproximadamente con el 15 por ciento del monto total [2].
