Silvia Ribeiro
El 20 de diciembre pasado, el
gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción
Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel
nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a
la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente,
coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo
indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las
violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada,
institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de
Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación,
desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al
Ecuador.
El pueblo shuar no ha dejado
dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios.
Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de
mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión,
criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar
expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a
abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.
Esa fuerte movilización
paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el
presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a
revisar la política extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se
estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que
no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades
indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y
bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década
transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido
el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en
entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como
facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado
http://tinyurl.com/jjce45u).
En este contexto de creciente
impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos
Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo
violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató
animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a
Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)
Este desalojo sucedió luego de
una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre,
previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo
establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por
Ecuador.
El pueblo shuar no aceptó el
desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar
intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves
enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios
militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae,
exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo
acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar
y decretando estado de emergencia en la provincia.
Acción Ecológica es la
organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga
trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos,
trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y
de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona
Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba los
ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza.
Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad.
Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos
otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole?
(www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno
respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización,
por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de
la actividad extractivista en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la
violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona.
Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que
además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión
de Paz y Verdad.
Es la segunda vez que el
gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo
que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios
oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante,
para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.
Cientos de organizaciones de
todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los
derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al
gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la
sociedad civil.
Es absurdo y cínico que un
gobierno que se autodenomina revolución ciudadana apele a cerrar a las
organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524
años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos
originarios del continente. Para expresar solidaridad
http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152
Silvia Ribeiro es investigadora
del Grupo ETC.
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