Por Martin Scheuch
Quién no recuerda con una sonrisa nostálgica al
comediante cubano Leopoldo Fernández (1904-1985), creador del pícaro personaje
José Candelario “Tres Patines”, quien a través de una labia enrevesada que
moldeaba el lenguaje a sus anchas llegaba a conclusiones que desafiaban la
lógica y el sentido común, sobre todo en sus disputas dentro de un marco
judicial en la serie de TV La tremenda corte.
Pues algo similar he sentido tras haber leído el
texto completo de la resolución de la fiscal María del Pilar Peralta,
archivando la denuncia contra Luis Fernando Figari, seis miembros y un
ex-miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. No sé si reír con soltura o llorar
con ternura ante la ingenuidad de los argumentos esgrimidos o ante la
ignorancia en la materia de quien se supone que debe administrar justicia con
conocimiento de causa. Ciertamente, ni las risas ni las lágrimas han podido
evitar que algo de rabia se me haya asentado en el fondo del alma debido a la
ligereza con que se han abordado temas tan serios, donde está en juego la
justicia debida a quienes ya han sufrido demasiado.
Uno se pregunta si esta adhesión religiosa —que no
debería tener ninguna influencia en la administración objetiva de justicia— la
habría llevado a tener una actitud tan benevolente hacia el Sodalicio —que
siempre ofrece como carta de presentación el ser parte integrante de la Iglesia
católica—. Pues la fiscal considera que «se ha evidenciado con los documentos
ya glosados, con la visita efectuada por la suscrita a sus comunidades y templos
que se trata de una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio,
reconocida formalmente por la Iglesia católica, de vida religiosa incompatible
con un objetivo delictivo». Entre los «documentos ya glosados» destaca el texto
de las Constituciones del Sodalicio de Vida Cristiana, algo así como la
normativa suprema que rige la vida de la institución.
El hecho de ser una organización religiosa reconocida
por el Vaticano, que dice perseguir «fines de apostolado, evangelización, obras
sociales, entre otras», es argumento suficiente para la fiscal para descartar
que la asociación pueda tener también fines delictivos, como el secuestro
sistemático de las voluntades mediante técnicas de manipulación mental
—restringiendo la libertad de los afectados— o maltratos físicos y psicológicos
practicados de manera habitual como parte de la disciplina de formación, que
habrían dejado lesiones perdurables en la psique de los denunciantes.
La fiscal debería saber que muchas asociaciones que
cometen delitos suelen tener una fachada legal inobjetable, además de una
imagen pública intachable, no pudiendo encontrarse en ninguno de sus documentos
algún indicio de la comisión de delitos. ¿O acaso esperaba encontrar en las
Constituciones del Sodalicio indicaciones de cómo sacarle la mierda a los
sodálites en formación —expresión usada con frecuencia al interior de las
mismas comunidades sodálites— a fin de desterrar su “hombre viejo” (la antigua
personalidad) y reemplazarlo por el “hombre nuevo” (la personalidad configurada
con Cristo y obediente en todo)? Más bien, si se hubiera tomado el trabajo de
analizar debidamente la letra de las Constituciones, habría comprobado que «el
documento está planteado para que el miembro de la organización sea un
instrumento sujeto a la arbitrariedad de los superiores. Las premisas son:
La vocación sodálite es a la plena disponibilidad
apostólica.
La obediencia es el compromiso fundamental del
sodálite.
La obediencia debe ser en todo como la de Jesús al
Padre.
Y nunca se establece los límites o alcances de la
autoridad.»
Las últimas palabras citadas provienen de un
ex-sodálite, cuyas reflexiones críticas —plasmadas en dos breves escritos que
todavía no han sido hechos públicos— se originaron antes de la publicación del
libro Mitad monjes, mitad soldados, cuando todavía era miembro pleno del
Sodalicio.
La fiscal Peralta, en vez de buscar indicios de
delitos en los documentos internos o mediante visitas a las comunidades y
templos del Sodalicio, debería haber indagado la veracidad de los detalles
incluidos en los diversos testimonios que se presentaron —los cuales coinciden
en prácticas abusivas atentatorias contra derechos fundamentales del ser
humano—, siendo que a varios de estos testimonios no les prestó la debida
atención, incluso llegando al extremo de no contactar a testigos importantes.
Pues dada la naturaleza de los delitos, realizados al interior de las casas de
formación y ajenos a la mirada pública —y en algunos casos a puerta cerrada—,
la prueba testimonial es la que prevalece.
¿Cree de veras que visitando la parroquia, la
comunidad y el centro pastoral que el Sodalicio gestiona en Mayorazgo (Ate)
—como efectivamente lo hizo— podía encontrar indicios de actos delictivos? ¡Por
favor! Aunque parezca increíble, eso es lo dice la resolución fiscal: «lo que
se pudo observar es que las actividades que se realizan tienen índole religiosa
y de conviviencia consentida por parte de sus integrantes e incluso se
encargaban de la administración de dos iglesias “Nuestra Señora de la Cruz” y
“Cristo Reconciliación”, además de realizar labores de actividad de ayuda
social en dichas parroquias». Lo único que le faltó es tomar un “lonchecito”
con los miembros de la comunidad, en compañía de Mons. Fortunato Pablo Urcey,
el visitador designado por el Vaticano en el año 2015, el cual tampoco vio
nada.
Sus palabras resultarían hasta conmovedoras, a no ser
por la ingenuidad y falta de conocimiento en la materia que demuestra la Sra.
Peralta Ramírez. ¿Qué cosa cree que vieron quienes visitaron las comunidades de
los Legionarios de Cristo durante décadas, mientras su fundador, el P. Marcial
Maciel y otros “imitadores” o cómplices suyos abusaban de menores y mayores de
edad, amparados en el principio de la obediencia absoluta y con el Vaticano
haciéndose de la vista gorda? ¿Cree acaso que los numerosos visitantes de
Colonia Dignidad en Chile vieron alguna vez indicios de los delitos que Paul
Schäfer y algunos de sus secuaces cometieron a diario durante décadas, abusando
sexualmente de menores de edad casi a diario y manteniendo las mentes de los
colonos sometidas mediante una estricta obediencia y una disciplina que no
toleraba ninguna divergencia? En el caso del Sodalicio, ¿pensaba realmente que
iba a poder presenciar actos similares a aquellos que las víctimas denunciaron
que se cometieron al interior de las comunidades en momentos privados de la
vida cotidiana?
El hecho de que la fiscal asuma una interpretación
restrictiva de delito de asociación ilícita para delinquir, al señalar que la
asociación debe haber tenido fines delictivos desde el momento de su
constitución, no resulta convincente. No es lo que dice el texto de la ley. Y
es evidente que difícilmente se encontrará fines delictivos en los documentos
oficiales de constitución de una sociedad, cualquiera que sea. Lo que tenía que
haber investigado es si había un grupo de personas que utilizaban
sistemáticamente la estructura de la asociación para cometer delitos de abuso y
secuestro, justificando ese proceder en las mismas normativas internas de la
asociación. Sin importar si esas personas fueron integrantes de ella desde el
momento en que se creó, pues la ley no se limita a penalizar la constitución de
una asociación para delinquir, sino también el hecho de promoverla o ser
integrante de ella. Se trata de un delito que no se restringe al punto de
partida de la asociación, sino que se prolonga en el tiempo.
En el caso del Sodalicio, ¿de qué delitos estaríamos
hablando? De los abusos sexuales, aunque hayan prescrito; de la manipulación de
las conciencias mediante el engaño y la coacción psicológica, a fin hacerlas
dependientes en grado extremo de los superiores, de la comunidad y sobre todo
del mismo Figari; y de los maltratos psicológicos y físicos efectuados, que en
muchos casos afectaron la salud psicológica, la autoestima y la capacidad
relacional de los afectados.
Las cosas son claras, pero sólo para quien quiera
verlas. En la siguiente entrega seguiré con el análisis de los despropósitos
vertidos por la fiscal Peralta en su cuestionable fallo.
(Columna publica en Altavoz el 23 de enero de 2017)
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