Silvina Romano y Javier
Calderón
A fines de diciembre de 2016
adquiere visibilidad uno de los casos “más escandalosos” de corrupción en
América Latina, que vincula a la empresa brasileña Odebrecht con diferentes
gobiernos de la región. Se trata de una de las empresas de ingeniería y construcción
más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil y que en
las últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en el marco de
licitaciones públicas ganadas en varios países. Las coimas de Odebrecht son uno
de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobrás
denominado Operacion Lava-Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por
parte de empresas constructoras tanto a Petrobrás como a políticos de turno y
que fue el punto de partida para el golpe de Estado “institucional” contra la
presidenta Dilma Rousseff.
La investigación comenzó en el
Estado de Curitiba, pero es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el
que en diciembre de 2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a
Odebrecht, por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr
nuevos contratos y mantener contratos anteriores con el sector público de 10
países de la región además de Brasil [1]: Guatemala, México, Argentina,
Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de
una de las multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará
aproximadamente con el 15 por ciento del monto total [2].
¿Qué es lo que conduce al
Departamento de Justicia estadounidense a dedicarle tiempo y recursos a la
lucha contra la corrupción en América Latina? ¿Cómo interviene Estados Unidos
en el curso adquirido por el Lava-Jato, que ahora implica a varios gobiernos de
América Latina a través de las coimas de Odebrecht? ¿es Odebrecht la única
empresa implicada en la red de corrupción que se devela?
Estados Unidos y el
asesoramiento judicial: cómo se construye el caso y cómo se publica
El caso Odebrecht incumbe a la
justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act).
Esa enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y
personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes,
actos de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense [3]. La
empresa Odebrecht ha realizado obras de infraestructura en Florida, Luisiana y
Texas [4]. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo la investigación y la
manera en que se publicó en los medios despierta algunas dudas: se ha acusado a
gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se exige “colaboración”
con la justicia estadounidense para resolver el caso. Como si América Latina
estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense. Lo interesante es que
gobiernos como el de Perú o el de Panamá inmediatamente aseguraron que
colaborarían con todo lo que sea solicitado desde Estados Unidos.
Pero sin dudas el líder en
colaboración es Brasil. Hace varios años que la justicia brasileña viene
“trabajando en conjunto” con expertos estadounidenses. Un ejemplo de esto es
que el principal juez de la causa Lava Jato es Sergio Moro, participó
activamente en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha
contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos. Se denominó “Proyecto
Puentes: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil” (2009) y
consistió en asesoramiento y entrenamiento para la aplicación de leyes y
habilidades prácticas contra el terrorismo [5]. A este curso asistieron jueces
de los 26 estados brasileños además de 50 policías de todo el país, incluidos
participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Según lo publicado en un
documento secreto filtrado por Wikileaks, entre los objetivos del programa
estaban “la investigación y penalización de casos de lavado de dinero, incluida
la cooperación entre países, confiscación de bienes, métodos para extraer
pruebas, negociación de delaciones…” y una de las conclusiones a las que se
llegó es que “el sector judicial brasileño está muy interesado en luchar contra
el terrorismo, pero necesita herramientas y entrenamiento para utilizar la
fuerza eficazmente (…) los jueces especializados dirigirán los casos de
corrupción más significativos que impliquen a individuos de jerarquía” [6]. Considerando
esto, puede decirse que, por un lado, Sergio Moro fue uno de los mejores
alumnos del Programa y cumplió al pie de la letra con los objetivos. Por otro
lado, este tipo de “colaboraciones” entre el gobierno estadounidense y los
poderes judiciales en América Latina tiende a propagar una forma y contenido de
justicia particular, con una fuerte tendencia a la judicialización de la
política. Esta tendencia se materializó en Lava Jato (y el juicio a Rousseff,
quien padeció sospechas nunca confirmadas sobre su participación en la
Operación y a quien se la destituyó por otra causa) y que ahora se reproduce a
nivel regional con el caso Odebrecht, que tal como se presenta parecería
implicar única o particularmente a los gobiernos progresistas.
Ecuador
Desde ese lugar se han
comprendido las denuncias sobre Odebrecht en Ecuador, culpando directamente la
gestión de Correa. La delación de Marcelo Odebrecht ante la justicia
norteamericana reveló el pago de coimas para la contratación de obras en el
Ecuador por 33 millones de dólares. El fiscal general de Ecuador, Galo
Chiriboga, manifestó que la Justicia está actuando y ha solicitado de manera
soberana que los Estados Unidos entregue toda la información sobre las personas
que recibieron los sobornos. Por ahora, el único confeso culpable de corromper
es el propio Odebrecht. Es importante recordar que el presidente Rafael Correa
expulsó en el 2008 a la firma Odebrecht y le impuso un conjunto de exigencias
para contratar en el Ecuador, tras lo cual sólo regresó en el 2010 firmando un
acta de compromiso para ser contratista [7]. En la actualidad el único contrato
vigente de la constructora brasileña es la segunda fase del metro de Quito,
cuyo proceso de contratación fue realizado de forma pública, donde tuvo participación
el Alcalde de dicha ciudad, opositor al gobierno de Alianza País [8].
Argentina
En Argentina, todos los focos
se dirigieron inmediatamente hacia los gobiernos kirchneristas. Se explora
menos el hecho de que con la obra pública se enriquecieron empresarios que hoy
tienen asiento en sillones presidenciales. El clan Macri es conocido por estar
vinculado a la línea empresaria que ligo contratos en dictadura y los siguió
teniendo en democracia por su afianzado poder económico. Es rentable hacer
negocios con el Estado. Uno de sus familiares y dueño de la empresa Iecsa,
Ángelo Calcaterra, fue denunciado por recibir sobornos y ser uno de los
principales socios de Odebrecht en la Argentina, empresa que en el gobierno
macrista continúo con el negocio del soterramiento de la línea del tren
Sarmiento con financiamiento del Banco de la Nación Argentina [9]. La prensa
argentina se ha centrado en las informaciones sobre la adjudicación de
contratos a Odebrecht durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez,
sin someter a escrutinio el papel de los Macri desde hace décadas en la
contratación de la obra pública. Se espera que en los (pocos) archivos
desclasificados de los Estados Unidos en el 2016 y en los archivos del Bancro
Central de la República Argentina desclasificados en 2015 por el entonces
gerente Alejandro Vanoli se empiecen a conocer las piezas sobre el patrimonio
de las empresas y la obra pública en los nefastos momentos de la dictadura
Argentina [10].
Colombia
El tratamiento no es igual para
casos como el de Colombia, que debería estar en el “top ten” de la corrupción.
Y decimos esto porque las coimas de Odebrecht son pequeñas comparadas con los
negociados de Uribe y empresas estadounidenses. En el mes de diciembre salió a
la luz que altos funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010)
recibieron 6.5 millones de dólares a cambio de la concesión de millonarios
contratos con la firma Odebrecht. La noticia se presenta como un escándalo
mayúsculo, y sin embargo es de poco peso si lo comparamos con los casos de
corrupción de las estadounidenses Glencore, CB&I y Foster Wheeler que según
el gobierno de Santos desfalcaron por más de 1 mil millones de dólares a la
estatal petrolera colombiana Ecopetrol en los contratos de modernización de la
refinadora de petróleo de Cartagena-Reficar entre 2008 y 2014. Según la demanda
interpuesta por el propio gobierno, se trataba de una obra de construcción
presupuestada en 3.7 mil millones de dólares, por la cual el país terminó
pagando cerca de 8 mil millones [11]. Sobre esto los amigos anticorrupción del
norte nunca advirtieron y hoy no dicen nada, aunque estamos hablando del
desfalco más grande del siglo en el país.
De la misma manera, Andrés
Felipe Arias exministro de agricultura del gobierno de Uribe, prófugo de la
justicia por desfalcar a la nación por más de 30 billones de pesos (10 mil
millones de dólares) está como solicitante de asilo en Miami, sin que la
justicia norteamericana se indigne por los hechos de corrupción y lo regrese al
país a cumplir la pena de 20 años de prisión interpuesta por la Corte Suprema
de Justicia. Parece claro que el gobierno estadounidense asila a algunos
corruptos mientras denuncia a otros.
Los límites de la lucha
anti-corrupción: los intereses de las otras empresas
En los hechos, la corrupción no
es una problemática nueva para Latinoamérica y no es exclusiva del Estado o “la
cosa pública”, sino que existe porque hay empresas como Odebrecht que se
prestan para acciones ilegales. Se trata de una pesada herencia labrada por los
partidos políticos en las democracias liberales como uno de los tantos medios
para mantener su dominación, la utilización de los recursos públicos estatales
a través de mecanismos ampliamente conocidos como el clientelismo o la
recepción de coimas/propinas, especialmente provenientes en los rubros de
contratación estatal. De modo que es poco verosímil comprender la corrupción
como el acto de una empresa en vínculo con algunos gobiernos. Habría que estar
atento más bien a la red de clientelismo y coimas que involucra también a otras
transnacionales.
Un dato que ha pasado
desapercibido es que si tenemos en cuenta las empresas que a nivel global
tienen contratos billonarios con el sector público, Odebrecht se sitúa en el
puesto número 13, por encima de las estadounidenses Betchel y Fluor. Desde este
lugar, podría pensarse que la multa billonaria a Odebretch es una manera de
quitarla del juego para permitir un mayor protagonismo a empresas
estadounidenses.
Un ejemplo de este tipo de
estrategia, son los datos que emergieron de Lava Jato, pero que no se tuvieron
en cuenta, como las declaraciones que implicaban a varias empresas extranjeras
involucradas en el Cártel de Petrobrás, como la sueca Skanska y la francesa
Technip [12]. Esto no resultó un dato relevante, a pesar de que el número de
transnacionales implicadas en el esquema de corrupción es fenomenal: Maersk,
Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp
Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB
Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan [13]. A excepción de
Odebrecht, el resto de las empresas pueden seguir postulándose para
licitaciones de obras públicas, además de seguir operando con normalidad no
solo en Brasil sino en los países latinoamericanos que están cortando el
vínculo con la empresa brasileña. Así, el operativo anti-corrupción guiado por
Estados Unidos es selectivo, en tanto focaliza en una sola empresa y puede
pensarse que en este escenario de caída de Odebrecht se beneficien empresas
estadounidenses y europeas.
El caso Odebrecht podría ser la
oportunidad para abrir la caja de pandora y buscar estas conexiones entre los
negocios transnacionales y las políticas neoliberales. Pero de eso no se
ocupará el Departamento de Justicia estadounidense. La histórica e íntima
relación entre los intereses del Estado y empresas en ese país no parece el
contexto propicio para un proceso de justicia contra la red de empresas y
empresarios implicados en corrupción que extiende sus tentáculos mucho más allá
de Odebrecht. En efecto, y tal como ya ha sido notado, las sanciones a esa
empresa pueden ser interpretadas como un “reordenamiento” para que la mayoría
de los empresarios y millonarios involucrados sigan con su buena vida luego de
haber pagado el tributo imperial [14].
Notas
[1]
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oito-paises-latinos-investigam-a-odebrecht,10000096325
[2]
http://www.esquerdadiario.com.br/FBI-diz-corrupcao-da-Odebrecht-e-a-maior-do-mundo-Conheca-5-fatos-escondidos-no-episodio
[3]
https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
[4]
http://www.lanacion.com.py/2015/09/21/odebrecht-amplia-su-presencia-en-estados-unidos/
[5]
http://www.esquerdadiario.com.br/Wikileaks-EUA-criou-curso-para-treinar-Moro-e-juristas
[6]
https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html
[7]
http://www.dw.com/es/ecuador-proh%C3%ADben-contratar-con-odebrecht-en-sector-público/a-36993142
[8]
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-alcalde-de-quito-defiende-el-proceso-de-contratacion-de-la-fase-ii-del-metro
[9]
https://www.pagina12.com.ar/12398-calcaterra-fue-denunciado-por-las-coimas-de-odebrecht
[10]
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/23/depues-de-39-anos-investigaran-rol-entre-dictadura-militar-y-sector-economico-argentino-4949.html
[11]
http://www.semana.com/economia/articulo/reficar-las-irregularidades-por-sobrecostos/458610
[12]
http://www.esquerdadiario.com.br/FBI-diz-corrupcao-da-Odebrecht-e-a-maior-do-mundo-Conheca-5-fatos-escondidos-no-episodio
[13]
http://jornalggn.com.br/noticia/contra-corrupcao-quebra-se-a-odebrecht-mas-se-protege-as-estrangeiras
[14]
http://www.esquerdadiario.com.br/Wikileaks-EUA-criou-curso-para-treinar-Moro-e-juristas
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