Martín
Calderón y Melissa Goytizolo
Asociados
salpicados. La constructora brasileña ganó nueve contrataciones de obras
públicas con el Estado, consorciada con otras compañías como Graña y Montero, y
hasta el momento en tres de estos proyectos, la Contraloría halló deficiencias
que perjudicaron al erario nacional por 250.9 millones de dólares. El ente
contralor envió las auditorías a la Fiscalía para que tome las acciones
legales.
La
Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en tres
obras públicas en las que la compañía brasileña Odebrecht ganó las licitaciones
en consorcio con otras empresas.
De comprobarse que se cometieron ilícitos con la finalidad de obtener los contratos con el Estado, o durante la ejecución de las edificaciones, todos los componentes del consorcio serían los responsables y pagarían solidariamente las eventuales reparaciones económicas que fijen las autoridades judiciales, dijeron las fuentes del ente fiscalizador.
De comprobarse que se cometieron ilícitos con la finalidad de obtener los contratos con el Estado, o durante la ejecución de las edificaciones, todos los componentes del consorcio serían los responsables y pagarían solidariamente las eventuales reparaciones económicas que fijen las autoridades judiciales, dijeron las fuentes del ente fiscalizador.
Las
firmas peruanas que se consorciaron con Odebrecht son Grupo Graña y Montero,
Compañía San Martín, y la de capitales españoles, Enagás Perú. Estas empresas se
encuentran involucradas en las auditorías practicadas por la Contraloría,
informaron las fuentes.
Odebrecht y sus asociados causaron un perjuicio económico en agravio del Estado que supera los 250 millones 975 mil dólares, como resultado de las irregularidades que se identificaron en las tres obras públicas en las que intervinieron, precisaron las fuentes.
Odebrecht y sus asociados causaron un perjuicio económico en agravio del Estado que supera los 250 millones 975 mil dólares, como resultado de las irregularidades que se identificaron en las tres obras públicas en las que intervinieron, precisaron las fuentes.
Las
auditorías de la Contraloría se aplicaron antes de que los directivos de la
constructora Odebrecht aceptaran haber pagado sobornos a funcionarios públicos
para ganar contratos, y se sometieran a acuerdos judiciales para entregar
información.
En
consecuencia, la Contraloría ha iniciado una nueva investigación en otros 6
proyectos en los que Odebrecht participó en consorcio con otras firmas (ver infografía).
Al
difundirse que Odebrecht reconoció el pago de coimas, su socia Graña y Montero
en comunicado público afirmó que no conocía de dichos pagos.
Sospechosos
comunes
El
Grupo Graña y Montero, Compañía San Martín y Enagás estuvieron consorciadas con
Odebrecht en los proyectos Gasoducto Sur Peruano, Tramo 1 del Metro de Lima e
Interceptor Norte.
La
Contraloría detectó deficiencias en dichas obras y elaboró informes
incriminatorios que fueron enviados al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Con Grupo
Graña y Montero, Odebrecht formó el consorcio Tren Eléctrico Lima, y obtuvo la
buena pro del proyecto Metro de Lima, Tramo 1, Línea 1, 2009, durante el
segundo gobierno de Alan García.
Esta
obra requirió una inversión de 410 millones de dólares, y el presunto perjuicio
económico detectado fue de 111 millones 296 mil dólares (ver infografía), según
los auditores de la Contraloría.
El
órgano de control público enumeró seis irregularidades en la obra que
ejecutaron en consorcio Odebrecht y Grupo Graña y Montero. Alertó que el Estado
les reconoció sin sustento técnico mayores costos en el techado de andenes, el
cambio de luminarias y el reemplazo de cerco perimétrico por un monto que bordea
los 6 millones de dólares, y mayores costos en la construcción de un viaducto
por 47 millones de dólares.
Además,
el Estado favoreció a Odebrecht y Grupo Graña y Montero con la exoneración
indebida del pago de penalidades por incumplir acuerdos en dos ocasiones, la
primera por 915,325 dólares y la segunda por 50 millones 921 mil dólares, según
reportes de la Contraloría a los que tuvo acceso La República.
El
órgano de control elaboró siete informes sobre las anomalías detectadas en ese
proyecto. Los documentos se encuentran en el 10°, 29°, 31°, 34° y 36° Juzgados
Civiles de Lima.
Daños
y perjuicios
Por
su parte, Compañía San Martín obtuvo junto a Odebrecht la buena pro del
proyecto Interceptor Norte en el 2004, mediante el consorcio Colectores del
Callao.
La
obra demandó una inversión de 160 millones 256 mil soles.
La
Contraloría determinó que el consorcio Colectores del Callao generó un presunto
perjuicio económico al Estado de 3 millones 678 mil dólares.
En
la auditoría, la Contraloría encontró al menos cuatro deficiencias en la obra.
La primera, originada por la postergación en la suscripción del contrato,
generó gastos adicionales por 6 millones 840 mil soles.
La
auditoría también permitió detectar que el contrato entre Sedapal y el
consorcio Colectores del Callao se realizó sin contar con autorización
sanitaria de vertimientos de aguas residuales, lo que provocó el pago de
mayores gastos por 1 millón 785 mil soles.
Además,
en las bases del concurso se modificó sin sustento el inicio del plazo de ejecución
de obras en perjuicio del Estado por 630,294 soles.
Y,
por último, otra irregularidad se identificó en la construcción de un sistema
de tratamiento de aguas residuales, lo que ocasionó un gasto innecesario al
Estado de más de tres millones de soles.
Los
cuatro informes sobre las irregularidades detectadas en este caso fueron
enviados al 2° Juzgado Civil de Lima, la Sexta Sala Civil de Lima y la Sala
Civil de la Corte Suprema.
Inversión
mayor
El
Gasoducto Sur Peruano generó el perjuicio más grande detectado hasta hoy por la
Contraloría en proyectos vinculados con Odebrecht.
El
monto involucrado en la obra es de 7 mil 328 millones de dólares, y el presunto
perjuicio económico asciende a 136 millones de dólares, revelaron en este caso
fuentes del Ministerio Público.
Odebrecht
Latinvest obtuvo la buena pro del Gasoducto Sur Peruano en consorcio con Enagás
en el 2014. Un año después, Grupo Graña y Montero tomó una participación del
20% en el capital social del consorcio, con una inversión aproximada de 215
millones de dólares.
El
consorcio tiene bajo su responsabilidad el diseño, la construcción y la
operación del sistema de ductos para el transporte de gas natural a la región
sur del país, y se encuentra en etapa de pre operación.
La
Contraloría señaló que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión) cometió irregularidades en el proceso de promoción del
gasoducto.
La
primera de estas fue la descalificación en la licitación del Consorcio
Gasoducto Peruano del Sur, integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint
y TGI, así como la aprobación de bases que no permitieron determinar propuestas
técnicas superiores.
Además,
detectó que una modificación de cláusulas del contrato permite el cambio de
operador calificado en beneficio del consorcio que formaron inicialmente
Odebrecht y Enagás, al que luego se sumó Grupo Graña y Montero.
El
informe de la Contraloría sobre este caso fue remitido a la Segunda Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Lima.
Al
respecto, el contralor de la República, Édgar Alarcón Tejada, presentará y
sustentará el informe ante la comisión Lava Jato del Congreso, presidida por el
legislador fujimorista Víctor Albrecht Rodríguez.
La
Contraloría estará atenta a las delaciones de los directivos de las
constructoras brasileñas, porque pueden gatillar nuevas investigaciones.
Contralor
irá a Comisión Lava Jato para sustentar auditorías
El
vicepresidente de la comisión Lava Jato del Congreso, el legislador Jorge
Castro Bravo (Frente Amplio), informó que el contralor de la República, Edgar
Alarcón Tejada, sería citado al Parlamento el jueves de la próxima semana.
“El
miércoles debe presentarse el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que viene de
un viaje a Brasil. Estimo que la reunión con él será bastante larga, así que la
cita con el contralor Alarcón sería para el jueves. Esperamos mucha información
de ambos lados, para delinear tendencias y darnos cuenta del modus operandi de
las empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato”, explicó a La
República.
El
legislador Castro aseguró que todo apunta a que en el Perú se creó un andamiaje
jurídico para favorecer a Odebrecht y otras empresas vinculadas al caso Lava
Jato para protegerlas de la acción de la justicia.
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