Amnistia Internacional: Gobiernos de la región deben garantizar derechos humanos de pueblos indígenas

 

Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional se solidariza con todos los pueblos indígenas de América, que han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y la discriminación.

Privados de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. Mucha de la población indígena aún no cuenta con el reconocimiento estatal sobre la propiedad de sus territorios ancestrales y están en permanente riesgo de ser expulsados.

La extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en los territorios indígenas son a menudo impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos ni respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Frecuentemente, sufren actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios y los Estados no cumplen con su obligación de proteger los derechos de estas comunidades, incluso llegando a perseguir criminalmente a sus líderes o desprestigiarlos.

Si bien la región de América ha hecho importantes avances en el reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente, en muchos casos estos derechos son ignorados o aplicados de un modo que no respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales, como por ejemplo cuando no se consulta con ellos legislaciones que afectan sus derechos o se los mantiene en riesgo permanente de desalojo de sus territorios ancestrales.

EN PERÚ

La organización expresa su preocupación por la situación de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, como es el caso de la reserva del Kugapakori-Nahua-Nansti situada en el departamento de Cusco y Ucayali. Según entidades estatales peruanas, las actividades de extracción (Lote 88) que se prevén en la reserva pondrían en riesgo su medio ambiente, así como la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, pudiendo producirse un impedimento en el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Amnistía Internacional solicita al Estado peruano tomar las medidas correctivas correspondientes para analizar y evaluar la factibilidad de desarrollar actividades de exploración y explotación en territorio indígena, a fin de preservar la vida y el desarrollo de esta población.

De igual manera, preocupa en Perú, la existencia de altos niveles de contaminación por hidrocarburos y metales pesados en territorios de comunidades del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes, al norte de la región Loreto, señaladas mediante diagnóstico ambiental por entidades del Estado peruano, cuando sobre estos territorios se prevé consultas a los pueblos indígenas en el marco de actividades de exploración y explotación (Lote 1AB). Amnistía Internacional reafirma la obligación del Estado peruano de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que se puedan haber cometido contra los pueblos indígenas.

En este día, señala Amnistía Internacional, todos los gobiernos de la región deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.

Estándares mínimos

Los derechos de los pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es el resultado de más de 20 años de deliberación con la participación de los Estados y los pueblos indígenas. Todos los Estados de América la han respaldado. Estos derechos también están recogidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de los Estados de América. Asimismo, han sido apoyados reiteradamente por la ONU y los órganos regionales de vigilancia de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para más información

Comunicado de Amnistía Internacional en apoyo a la celebración del aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Sarayaku de Ecuador:
http://www.amnesty.org/es/news/ecuador-un-o-despu-s-de-la-crucial-sentencia-la-lucha-del-pueblo-sarayaku-sigue-2013-07-25

Miembros de Amnistía Internacional alrededor del mundo apoyan con acciones al Pueblo de Sarayaku:
http://amnistia.me/profiles/blogs/kichwa-sarayaku-25julio

Perú: Estado peruano anula observaciones a la ampliación de Camisea que protegían aislados

- Primer Ministro anunció que las 83 observaciones para proteger a pobladores de la reserva para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial fueron anuladas para iniciar una nueva revisión del EIA.

La resolución del Viceministerio de Interculturalidad con 83 observaciones a la ampliación de las actividades del proyecto Camisea en el lote fueron publicadas en el portal del Ministerio de Cultura y desaparecidas horas después. Ayer se supo el motivo de tan enigmática desaparición.

Según la versión que el premier Juan Jiménez Mayor brindó el miércoles 7 de agosto a la prensa la resolución 005 del 12 de julio fue dejada sin efecto -y en consecuencia el informe que la sustentaba- por una nueva resolución 007 del 19 de julio.

Cabe destacar que entre ambas resoluciones algunos funcionarios del ministerio de Cultura decidieron renunciar, entre estos Paulo Vilca Arpasi, ex titular del viceministerio de Interculturalidad y autor de la resolución.

Con la decisión el gobierno de Ollanta Humala deja a un lado el pedido efectuado por organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y las organizaciones indígenas.

Un comunicado del Ministerio de Cultura pretende justificar la anulación de la Resolución 005 y del informe que lo sustenta con el argumento de que el 19 de julio recibió “nueva información (ocho tomos)” con mayores detalles sobre el estudio de impacto ambiental de parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según indica el comunicado, hasta entonces no se había notificado al Minem la Resolución Viceministerial 005 del 12 de julio, y que -oh casualidad- se había retirado del portal del Ministerio de Cultura.

El sector Cultura decidió -el mismo día que recibió la información del Minem- anular su propia resolución anterior, y emprender -lo que suponemos- una sesuda revisión de su propio informe.

El primer Ministro Juan José Jiménez ha dado todas las garantías de que se va a revisar nuevamente el EIA de Pluspetrol para velar por que no afecte a los nativos y el Ministerio de Cultura reafirmó que su objetivo es “continuar con la protección de los pueblos indígenas de acuerdo a la normatividad vigente”

¿Quién asume la responsabilidad por la afectación a la vida y salud de los aislados?

El motivo es de escándalo pues las observaciones advierten claramente que la ampliación de las actividades en el Lote 88 “conlleva un impacto crítico severo en la salud de las poblaciones así como afectaciones severas y moderadas sobre su provisión de alimentos”.

Cabe destacar que se trata de poblaciones vulnerables para las que “cualquier contacto es un riesgo”, según lo establecen protocolos del sector Salud.

La situación es particulamente preocupante si se considera que existen antecedentes como la devastación del 40 al 50 por ciento de la población a consecuencias de epidemias generadas a partir del actividades de exploración efectuadas por la empresa Shell en Camisea a mediados de la década del 80.

¿Después de 20 años y a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en el conocimiento de los pueblos en aislamiento y contacto inicial esperamos que se repita nuevamente una tragedia similar?

¿Quién asume la responsabilidad política por el genocidio que se produciría si las poblaciones de la Reserva Nahua Kugapakori Nanti y otros resultan víctimas de epidemias por las actividades de Camisea?

Acceda al comunicado del Ministerio de Cultura con un clic en el siguiente enlace:

- Comunicado Mincu del 7 de agosto 2013 (PDF, 2 páginas)

Los Nahua dicen NO al consorcio de Camisea en su territorio

Por David Hill

Los miembros del pueblo Nahua que viven en una reserva para pueblos indígenas en ‘contacto inicial’ y ‘aislamiento voluntario’ de la Amazonía peruana dicen que no permitirán que el consorcio de gas liderado por Pluspetrol opere en su territorio.

Pluspetrol se encuentra actualmente a la espera de la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para realizar pruebas sísmicas y perforación de pozos exploratorios en el territorio Nahua, en su búsqueda de nuevos yacimientos de gas, como parte de la expansión del proyecto de gas de Camisea en el sureste peruano.

“Por reiteradas promesas incumplidas por la empresa Pluspetrol, nuestro pueblo ha decidido no permitir el trabajo de dicha empresa en nuestro territorio ancestral (cabeceras del río Serjali)”, afirma una carta escrita por los Nahua, que tardó cinco días en llegar al Ministerio de Cultura en Lima desde su aldea en las nacientes del Amazonas.

Los Nahua entraron en contacto permanente con el “mundo exterior” en 1984, después de su captura por parte de madereros ilegales relacionados indirectamente con la exploración en la región de Camisea por la empresa Shell. Después del contacto, aproximadamente el 50 por ciento de los Nahua murió a los pocos meses, como resultado de su exposición a las enfermedades introducidas para las cuales no tenían inmunidad natural.

Después de que Shell se retiró, el consorcio liderado por Pluspetrol se hizo cargo en 2000, comenzó a producir gas en el 2004, y ahora quiere explorar en busca de más depósitos mediante la perforación de 18 pozos y la realización de intensivas pruebas sísmicas 2-D y 3-D.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los planes de Pluspetrol, las pruebas sísmicas en 3-D y nueve de los 18 pozos a perforarse estarán en las cabeceras del río Serjali, que los Nahua consideran su territorio.

El EIA indica que la exploración implicará, entre otras cosas, la entrada a la región de cientos de forasteros, la detonación de miles de explosivos subterráneos, el vertido de efluentes en el río Serjali y cientos de kilómetros de caminos abiertos en el bosque a través de cientos de kilómetros cuadrados.

Los impactos sobre los Nahua y otras personas en “contacto inicial” o “aislamiento voluntario”, según el EIA, podrían o serán considerables debido a su “alta vulnerabilidad” al contacto y a su dependencia de los recursos naturales de la selva para su supervivencia.

Estos impactos, señala el EIA, incluyen la limitación de su acceso a los recursos como el pescado y el agua, el alejamiento de la fauna del lugar a consecuencia del ruido de las operaciones lo que reduce la cantidad de alimentos que consumen, provocando “temor”, “estrés” y “preocupación” y la “sensación de una invasión”, y el “posible riesgo de enfermedades.”

La carta de los Nahua es firmada por la junta directiva de una aldea llamada Santa Rosa de Serjali, que fue fundado después del contacto sostenido en 1984 y es la única aldea Nahua conocido en la Amazonía peruana.

La carta también afirma que la tuberculosis se ha convertido en un problema “grave” en el territorio nahua y que un puesto de control, supuestamente dirigido por el departamento de asuntos indígenas del gobierno, INDEPA, con la intención de proteger la reserva, está “casi por derrumbarse”.

La carta, fechada el 7 de julio, se dirige a Paulo Vilca Arpasi, quien era el Viceministro de Interculturalidad (VMI) peruano en ese momento.

Sin embargo, cuatro días después, el VMI fue autor de un informe muy crítico sobre el EIA de Pluspetrol indicando que los Nahua podrían ser ‘devastados’ y otros dos pueblos indígenas de la reserva, los nanti y los kirineri, podrían “extinguirse” si la empresa siguiera adelante con sus operaciones. Este informe temporalmente bloquea la expansión, pero ambos Vilca Arpasi y el ministro de Cultura responsable del VMI han renunciado.

Cuatro organizaciones indígenas en Perú – AIDESEP, COMARU, FENAMAD y ORAU – ya han expresado su oposición a la expansión de Pluspetrol con el anuncio de que se va a presentar una demanda. Tres de las mismas organizaciones – AIDESEP, COMARU y ORAU, junto con la organización internacional de derechos humanos Forest Peoples Programme – subsecuentemente apelaron ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD-ONU), generando una respuesta rápida por parte del Comité de las Naciones Unidas -CERD instando al Gobierno de Perú a “suspender de inmediato” la expansión – una petición que el Ministro de Energía y Minas dejó claro, en una audiencia en el Congreso en abril, tiene la intención de ignorar.

Santa Rosa de Serjali se encuentra en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti, que fue establecida en 1990 para proteger a los Nahua y a otros pueblos indígenas evitando o limitando su contacto con el “mundo exterior”. A pesar de esto, y un decreto supremo de 2003, supuestamente destinado a proteger aún más la reserva, la concesión de Pluspetrol, denominada Lote 88, se superpone a casi tres cuartas partes de la reserva y las pruebas sísmicas previstas y pozos llevarán al consorcio más al norte, este y sur de ella.

¿Qué esta pasando con la recaudación y el canon minero?

Escribe:José De Echave C.

La noticia ha sido comentada en todas las páginas de economía de los principales diarios, aunque el tema no haya sido mencionado en el discurso presidencial. Alcaldes y presidentes regionales han prendido las luces de emergencia por las menores transferencias y el recorte importante de sus ingresos: el canon minero transferido a los gobiernos regionales habría caído en 24% entre el 2013 y el 2012. Las regiones más castigadas parecen ser Cusco y Arequipa (-90% y -43.5% respectivamente).

¿Qué está pasando? Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, mientras que la recaudación del Impuesto a la Renta el año 2012, se incrementó en un 4% (en comparación al mismo período del 2011), la recaudación minera cayó en -19,8%. Esto ha provocado que por ejemplo la participación de la minería en la recaudación del impuesto a la renta baje a un 25.7%, luego de representar el 50.9% el año 2007.

Las explicaciones que se dan de la caída son básicamente dos: las menores cotizaciones internacionales de los metales y por otro lado el retraso de varios proyectos de inversión en minería como consecuencia de los conflictos sociales. ¿Eso es todo? ¿No hay otros factores a considerar?

Si bien las cotizaciones de los principales metales han cedido en los mercados internacionales y tampoco se puede negar la incidencia de conflictos sociales en el país en el desarrollo de algunos proyectos, lo cierto es que llama la atención que en algunos regiones no se hayan producido mayores retrasos en la cartera de inversión minera y pese a ello hoy en día están fuertemente castigadas por el recorte de las transferencias.

Es el caso del Cusco. En esta región los proyectos mineros no parecen haberse retrasado: el proyecto Antapaccay inició su etapa de producción, de acuerdo a lo previsto, en el último trimestre del año pasado. Otros proyectos, como el de Constancia en la provincia de Chumbivilcas, sigue desarrollándose de acuerdo a lo planificado.

¿Por qué un recorte tan drástico en el caso del Cusco? Aparentemente un factor es la menor producción de la mina de Tintaya (en procesos de cierre) y el inicio de Antapaccay, que todavía no se encuentra en plena producción. Pero además, el otro tema que debe ser por lo menos considerado, tiene que ver con la permanencia de algunos beneficios tributarios, como la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), etc., o los convenios de estabilidad tributaria que en una coyuntura de menor bonanza se dejan sentir.

No debemos olvidar casos precedentes como el de Antamina. Pese a que esta empresa comenzó a producir el año 2001, recién comenzó a pagar el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría el año 2005, después de haber terminado de aplicar el beneficio tributario de la depreciación acelerada. Así, la recaudación de este impuesto en el sector minero aumentó en poco más de 54% durante 2005 y en poco más de 57% durante 2006, debido a que Antamina comenzó a pagar dicho impuesto a partir del mes de abril de 2005.

Ello nos brinda una idea del efecto perverso que tienen los beneficios tributarios en el aporte fiscal del sector minero en términos de mediano y largo plazo. Por lo tanto, incluso si no existiesen incrementos excepcionales de los precios, la sola reformulación de los beneficios tributarios concedidos al sector permitiría una mayor contribución de las empresas mineras con el desarrollo del país.

¿Algo de eso puede estar pasando en el actual contexto? En todo caso no estaría demás mirar con mayor atención algunos de los mecanismos que las empresas en períodos de menor bonanza utilizan para pagar menos impuestos: por ejemplo, el incremento de sus costos operativos o el del valor deteriorado de algunos activos, acciones que configuran una suerte de elusión tributaria que busca aprovechar los vacíos de nuestra legislación tributaria y terminan afectando la recaudación.

En todo caso, en el actual contexto no hay que olvidar que nuestro país ha firmado la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Que la situación de preocupación por las menores transferencias permita una discusión seria y transparente sobre estos temas y que sobre todo las explicaciones claras lleguen a los alcaldes y presidentes regionales.

Espinar: La presión viene de varios frentes

Por José De Echave*

La situación que vive la provincia de Espinar se torna preocupante. En menos de una semana se han conocido dos noticias que han generado inquietud en sus pobladores y autoridades. En primer lugar, la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año y por otro lado el pedido de diez años de prisión para el alcalde Oscar Mollohuanca y otros dirigentes sociales de la zona.

¿Qué está pasando? ¿Todo es una desafortunada coincidencia? Lo lamentable es que estos hechos le añaden tensión a una zona del país en la que la población y sus autoridades han estado haciendo un enorme esfuerzo para superar el escenario de conflicto que se presentó en mayo de 2012.

Sobre el tema del canon y la reducción de las transferencias, lo menos que se le debería pedir a esa “isla de excelencia del Estado peruano” (así es como se autocalifican), que se llama Ministerio de Economía y Finanzas, es una explicación de cómo así presentaron presupuestos de apertura con datos tan errados. ¿Qué les pasó? La transferencia programada para Espinar era de 65´531,309.00 millones de soles y van a recibir apenas 5´031,688.88 millones de soles. (ver cuadro)

Además, habría que exigir una discusión lo más transparente posible sobre este tema para ver qué es lo que ha pasado y sobre todo cuáles son las salidas. ¿O acaso los del MEF piensan que las municipalidades se las tienen que arreglar solas? ¿Cuál es la responsabilidad del MEF en todo esto?

También cabe preguntar para qué sirve que el Perú haya firmado la Iniciativa de Transparencia Financiera para las Industrias Extractivas, si en una situación como la descrita no se va a actuar con la mayor transparencia posible.

Como se ha mencionado, el otro tema que ha generado preocupación y malestar en Espinar es la acusación presentada por la Fiscal María Ley Tokoumuri, en la que solicita 10 años de prisión para el alcalde Óscar Mollohuanca y los dirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní, entre otros. La Fiscal, que aparentemente nunca ha pisado Espinar y que ha investigado el caso desde Ica, los acusa de ser autores de varios delitos: contra la seguridad pública, entorpecimiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

¿Es todo una lamentable coincidencia? El argumento que siempre se esgrime en este tipo de situaciones es el de la independencia de los poderes y que desde las altas esferas del poder político no se ejerce ningún tipo de presión. Lamentablemente, la realidad es mucho más complicada: basta con escuchar el reciente audio difundido en los medios de comunicación -en el que el entonces Ministro de Justicia, Juan Jiménez, el agente peruano y hoy Ministro del Interior, Pedro Cateriano y el ex presidente del Poder Judicial, parecieran intentar influir en la jueza que debía resolver el complicado caso de Chavin de Huantar-, para tener una idea de cómo se presiona, bajo supuestas sugerencias, al Poder Judicial.

Al margen de especulaciones, lo cierto es que estos dos hechos pueden provocar que se pierda todo lo avanzado en el diálogo sostenido durante más de un año en Espinar, buscando superar un escenario de conflicto como consecuencia de la presencia de la actividad minera. No se debe perder de vista que los equilibrios siguen siendo precarios en esa provincia cusqueña.
—
*José De Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.

Perú: En la Plaza San Martín, lanzamiento de la campaña "un hombre no viola"

Plantas prohibidas para curar enfermedades graves, Josep Pàmies

El Sr. Josep Pàmies nos explicará las propiedades de las plantas que han decidido prohibir y que nos podrían ayudar a curar enfermedades crónicas en las que normalmente necesitamos un control médico estricto. 

"Tengo 60 años, hijos y nietos. Creo que durante muchos años colaboré sin saberlo a que la gente enfermara con los productos químicos con que regaba mis plantas. Tengo una deuda con la sociedad." 

Él es Josep Pàmies, también conocido como El pagés de la Stevia, un hombre valiente y generoso que se enfrenta a las grandes multinacionales farmacéuticas vendiendo y regalando plantas beneficiosas para la salud, que las farmacéuticas quieren monopolizar o eliminar para poder seguir vendiéndonos sus medicamentos químicos.

Defensoría recomienda al Ejecutivo proteger a indígenas en peligro por ampliación de Lote 88

Perú: Informe que plantea 82 observaciones a EIA de Pluspetrol no es notificado a Energía y Minas

 

Pese a ya haber transcurrido casi 25 días de la aprobación por parte del Viceministerio de Interculturalidad del informe que plantea 82 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol, éste no ha sido notificado formalmente a la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (DGAAE).

Un informe de la periodista Nelly Luna Amancio del diario El Comercio, publicado el domingo último, da cuenta del modo cómo el Gobierno ha preferido guardar silencio sobre el tema en lugar de implementar medidas para la protección de los pueblos en aislamiento que se podrían ver afectados por la actividad de la petrolera.

El citado informe aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC concluye que la ubicación de algunos pozos exploratorios “tendría un impacto crítico en las poblaciones indígenas que viven en aislamiento, así como afectaciones severas al desarrollo de sus actividades económicas”.

El documento se menciona también que “la empresa no ha brindado toda la información necesaria con relación a la descripción del proyecto, línea de base física, línea de base social, impactos ambientales, sociales y culturales y el plan de manejo ambiental, entre otros”.

Los cuestionamientos hechos por el Viceministerio no son nuevos. La misma DGAAE realizó en mayo 122 observaciones al estudio. La Autoridad Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), otras tantas.

Desde hace algunos días viene circulando un pronunciamiento suscrito por una veintena de organizaciones civiles en el que se le exige al presidente Ollanta Humala detener la ampliación del proyecto Camisea. Survival Internacional ha sido la última en sumarse a la iniciativa.

Testimonio de una abuela mapuche sobre la mineria

El "negocio" con la educación de la Derrama y la desvergonzada resolución CONAFU

Las venas de América Latina aún están abiertas

Una muestra: recientemente CEPAL reportó que, durante la última década, los beneficios de las compañías transnacionales en América Latina y el Caribe crecieron en un 500%. No obstante, más de la mitad de estas ganancias se enviaron a sus matrices. Sólo en 2011 las ganancias de estas empresas alcanzaron los 113 mil millones de dólares. De éstas, más del 55% abandona el país donde se generan, es decir, cerca de US$ 62 mil millones, el equivalente a llevarse la totalidad del PIB de Ecuador o casi tres veces el PIB de Paraguay en el mismo año. 

A comienzos de la década del setenta, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano relataba con amplio detalle la descarnada crónica de despojo y humillación a la que ha sido sometida Latinoamérica desde el desembarco de Colón. Plata, oro, salitre, azúcar, cacao, caucho y un largo etcétera de recursos naturales arrasados en diversos puntos del continente a fin de enriquecer las ambiciosas arcas de los imperios del norte, dejando como herencia la miseria una vez agotada la veta y la tierra. 

Cuarenta años después, Las venas abiertas de América Latina permanece vigente como llamado a despertar la conciencia de los pueblos oprimidos y manipulados por el poder económico. “El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad”. Éste es uno de muchos extractos que describen una coyuntura que tristemente sigue replicándose una y otra vez. 

Una muestra: recientemente CEPAL reportó que, durante la última década, los beneficios de las compañías transnacionales en América Latina y el Caribe crecieron en un 500%. No obstante, más de la mitad de estas ganancias se enviaron a sus matrices. Sólo en 2011 las ganancias de estas empresas alcanzaron los 113 mil millones de dólares. De éstas, más del 55% abandona el país donde se generan, es decir, cerca de US$ 62 mil millones, el equivalente a llevarse la totalidad del PIB de Ecuador o casi tres veces el PIB de Paraguay en el mismo año. 

La maldición de los recursos naturales 

Desde una perspectiva económica por ejemplo, resulta interesante comparar la contra-historia relatada en Las Venas con lo que la literatura económica denomina “la maldición de los recursos naturales”. De hecho, este último sería un título más que adecuado para la misma realidad descrita por Galeano. 

La maldición se explica por la evidencia que constata que países ricos en recursos naturales presentan un desempeño peor y con mayores desigualdades que aquellos países pobres en recursos, aunque cabe destacar que el problema es la dependencia, y no la abundancia, de estos recursos. Dentro de los factores que explican este padecimiento hay de tipo económico, como la tendencia de las monedas locales a fortalecerse y entorpecer otro tipo de exportaciones, y de tipo político, derivados de la tendencia al comportamiento corrupto de los actores, como consecuencia de las disputas por el acceso a la renta económica de los recursos, generando daños estructurales a nivel institucional. 

El cómo escapar de la maldición ha sido materia de amplio estudio. Dentro de la reflexión se cuenta el control del tipo de cambio, la reinversión de los recursos en la población y el fortalecimiento institucional. Pero en primer lugar, como lo señala el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, “los países deben hacer más por garantizar que sus ciudadanos reciban el valor total de los recursos”. 

Siempre ha resultado inaceptable que una vez extraída la ganancia, la población quede desnuda y desprotegida, como ocurrió con la crisis del salitre a comienzos del siglo pasado. Ahora, al menos, podemos apreciar que hay una ciudadanía consciente que no está dispuesta a seguir tolerando el abuso. Ejemplo de ello es la crisis de la industria salmonera en Chile. Sustentada por inmejorables condiciones naturales, llegó a transformarse en el segundo exportador mundial de este producto. Pero luego de una década de extraordinario éxito comercial, producto de la desregulación y de las precarias prácticas sanitarias, sucumbió ante un virus mortal para los peces y emigró hacia zonas australes. 

En Quellón el desempleo pasó de una tasa inferior al 2% en 2003 a casi un 15% en 2009, situación dramática para una comuna que vio casi triplicada su población entre 1992 y 2008. Y como si fuera parte de un nuevo capítulo de Las Venas, en la llamada a ser “capital del salmón” quedaron los brazos caídos, un par de calles pavimentadas y el anhelo de un nuevo hospital. Aunque las cifras de empleo han mostrado recuperación durante el último tiempo, la insuficiente base material y abandono quedó de manifiesto con el activo descontento que ha exigido recientemente dignidad y mejoras concretas en la atención de salud. 

El contexto actual 

El modelo que vive la región se reorienta con la vuelta al Estado de los gobiernos de izquierda o progresistas en otros casos -Venezuela (1999), Brasil (2002), Argentina (2003), Uruguay (2005), Bolivia (2006), Ecuador (2007), Paraguay (2008), cambiando el relato y el sentido de la explotación de recursos naturales, con una orientación de carácter social y redistributivo, pero en la esencia manteniendo y profundizado el modelo extractivista. Más aún, gracias al explosivo aumento del precio de los recursos naturales a nivel internacional, la región ha tendido a retroceder en términos de industrialización, para volver a economías donde predominan las exportaciones de materias primas. Este modelo se ha perpetuado en aquellos países con gobiernos abiertamente neoliberales. 

Latinoamérica muestra una alta dependencia de los commodities. Estos representan casi la cuarta parte de los ingresos fiscales de la región. En siete países (que explican el 85% del PIB regional), la participación de bienes primarios (de explotación directa y sin elaboración) sobre el total de los ingresos fiscales es considerable, variando entre el 10% y 49% para el período 2004-2008. Adicionalmente, gran parte de estos commodities, el 80%, ha gozado de un particular período de bonanza comercial, tal como lo demuestra el ejemplo del cobre chileno. Sin embargo, la mayor parte de estas rentas migran, y por otra parte, los gobiernos, capturados por la necesidad de satisfacer la demanda social inmediata, caen en la tentación de transformarlas en gasto, imposibilitando la reinversión en la región, necesitada de reformas estructurales para abandonar la dependencia de la explotación y exportación primaria. 

El modelo avanza en una dirección que podría agudizar la maldición, porque están atrapados en la lógica del crecimiento y el comercio internacional como principal mecanismo para hacer políticas sociales. 

Punto relevante de esta vuelta atrás ha sido la creciente relación comercial con China que, en el discurso global, era aplaudida como una relación Sur-Sur, pero en la práctica es aún más dependiente de recursos naturales que los intercambios con Europa o Estados Unidos: en 2008, del total de envíos de América Latina a China, el 69% correspondía a bienes primarios, versus el 31% de Estados Unidos y 42% de Europa. 

Hace un par de semanas atrás se realizó la Conferencia sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la Región, convocado por la UNASUR. Donde se reconoce el valor que tienen los recursos naturales para la región, reforzando la idea de la “defensa de los derechos de propiedad de los Estados sobre los recursos naturales”. 

El cambio de manos de la propiedad de recursos genera ingresos y dividendos valorables, pero tiene tremendos riesgos. El principal es, sin duda, el riesgo de la democracia. En Estados con poco espacio para la participación real, la población tiene nula capacidad para definir qué modelo de desarrollo quiere y qué condiciones demandar para llevar a cabo los proyectos estatales. Más aún, hemos visto una creciente criminalización de las demandas sociales, que debilita a los movimientos y amordaza sus demandas. 

Tenemos al frente inmensos desafíos –que no estaban presentes al momento en que Galeano escribió Las Venas- como el cambio climático, la problemática de agua, la crisis alimentaria o la escasez energética. Estos elementos configuran nuevos ingredientes de una maldición que sólo puede ser eliminada si fortalecemos la institución democrática. Para ello, es imperativo democratizar los Estados, recuperar las rentas económicas de los recursos naturales, generar participación y transparencia, y dotar a la ciudadanía de un rol activo en la construcción de sociedad. 

Francisco Pinto. Master en Economía Ambiental y Cambio Climático de la London School of Economics. Investigador asociado al Centro de Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (CENRE) de la Universidad de Chile.

Los mares podrían subir 2,3 metros por grado de calentamiento global

Los niveles del mar podrían subir 2,3 metros por cada grado centígrado que suba la temperatura global y permanecerán altos en los próximos siglos, según un nuevo estudio de un destacado instituto de investigación meteorológica revelado el lunes. 

Anders Levermann dijo que su estudio para el Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático fue el primero en examinar evidencias de la historia del clima y combinarlas con simulaciones digitales de factores contribuyentes al incremento de los niveles del mar a largo plazo: la expansión térmica de los océanos, el derretimiento de glaciares montañosos y de las capas glaciales de Greonlandia y la Antártida.

Científicos dicen que el calentamiento global es responsable del derretimiento del hielo. El panel de científicos de la ONU especializados en cambio climático denominado IPCC considera que los gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles están incrementando la temperatura. 

Un pequeña cantidad de científicos rechazan la influencia humana en el calentamiento global, argumentando que las fluctuaciones naturales del clima son la causa.

"Confiamos en que nuestra estimación es robusta debido a la combinación de física y datos que utilizamos", dijo Levermann a Reuters. 

"Creemos que hemos marcado una referencia de cuánto subirá los niveles del mar con los incrementos en la temperatura", dijo Levermann.

Los niveles del mar subieron 17 centímetros en el último siglo y el ritmo se ha acelerado a más de 3 milímetros por año, según el IPCC. Un tercio del incremento actual proviene de Antártida y Greonlandia. 

Casi 200 gobiernos han acordado limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados por encima de la época preindustrial y planean lograr, para fines de 2015, una acuerdo para reducir las emisiones.

Las temperaturas globales promedio de la superficie han subido 0,8 grados centígrados desde la revolución industrial y el IPCC ha dicho que habría un incremento de 0,4 a 1,0 grados centígrados en la temperatura del 2016 al 2035 comparado a las dos décadas previas al 2005. 

"En el pasado ha habido algo de incertidumbre", dijo Levermann.

"Ahora estamos diciendo, tomando todo lo que sabemos, que tenemos una estimación robusta de 2,3 metros de elevamiento (en el nivel) del mar por cada grado (centígrado) de calentamiento", añadió el investigador. 

Algunos estudios científicos han proyectado un incremento del nivel del mar de hasta 2 metros para 2100, una cifra que inundaría grandes porciones de tierra desde Bangladesh hasta Florida.

David Vaughan, jefe del proyecto Ice2sea para reducir las incertidumbres sobre el grado en que el derretimiento del hielo acrecentará los océanos, ha dicho que este siglo los niveles del mar subirían entre 16,5 y 69 centímetros bajo un escenario de calentamiento global moderado. 

Vaughan dijo a Reuters que el impacto más importante del incremento en los niveles del mar es que las tormentas serán más destructivas en el futuro cercano.

La CIA y el control del clima

Silvia Ribeiro

La Jornada

La CIA estadunidense está financiando un estudio sobre geoingeniería (manipulación climática) que durará 21 meses, con un costo inicial de 630 mil dólares. Lo ejecuta la Academia Nacional de Ciencias, con participación de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de ese país. (revista Mother Jones 17/7/2013).

El interés de la CIA por el clima no es nuevo, pero esta participación es significativa, debido a las implicaciones bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima y a la presión que están ejerciendo los proponentes de la geoingeniería en ese país para avanzar en experimentación de esas técnicas, pese a existir una moratoria en Naciones Unidas contra su aplicación.

El proyecto analizará diferentes propuestas de geoingeniería, como manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera; también estudiarán los efectos de la siembra de nubes y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, sequías o controlar huracanes. Según descripción oficial harán una evaluación técnica de los impactos de esas tecnologías, desde el punto de vista ambiental, económico y de seguridad nacional.

Estos últimos son los aspectos que preocupan a la CIA, que en documentos anteriores ha calificado el cambio climático y el control del clima como factores de importancia geopolítica estratégica y de seguridad nacional. Pese a ello, los republicanos votaron por desaparecer el departamento de cambio climático de la CIA, lo que según la agencia la motivó a financiar esta iniciativa. Las razones podrían ir mucho más allá, ya que el control del clima es un proyecto militar de larga data en ese país, que realizó experimentos ya durante la guerra de Vietnam, provocando lluvia por meses seguidos para anegar los cultivos y caminos de los vietnamitas. En el mismo sentido, la Fuerza Área estadunidense publicó en 1996 un documento titulado Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (El tiempo como multiplicador de la Fuerza: poseyendo el tiempo en 2025), cuyo título refleja claramente sus intenciones.

Estos intereses convergen con los de un grupo pequeño pero influyente, de climatólogos y otros científicos de países del Norte, que alegan que la geoingeniería es necesaria porque no se puede reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero (como si sus países no fueran quienes tienen que tomar las medidas principales para ello). O, como declaró David Keith, un conocido promotor de la geoingeniería, porque es un plan barato y fácil. (MIT Technology Review, 8/2/2013).

Sí, barato y fácil para los que han causado el cambio climático con su sobreconsumo de recursos e industrialización basada en petróleo, porque en lugar de reducir realmente sus emisiones, podrían seguir calentando el planeta y además hacer un jugoso negocio con nuevas tecnologías que manipulen el clima de todos, para bajar o subir la temperatura según convenga a los intereses económicos y bélicos de quienes las controlen.

Bajo el término manejo de la radiación solar, la meta es disminuir la cantidad de rayos solares que llegan a la Tierra. Por ejemplo, a través de construir enormes nubes volcánica artificiales, inyectándolas con partículas azufradas. Otras propuestas incluyen blanquear las nubes, colocar trillones de espejos en el espacio para reflejar la luz del sol o la más reciente, del mismo David Keith, dispersar ácido sulfúrico desde aviones en la línea ecuatorial para que se mezcle con las nubes. En remoción de dióxido de carbono se incluyen otras técnicas, como máquinas o árboles artificiales que absorban carbono de la atmósfera (que por cierto no saben dónde depositarán luego para que permanezca por siempre). La más conocida es la fertilización oceánica: verter nanopartículas de hierro o urea en el mar para provocar florecimientos de plancton, que absorban dióxido de carbono y lo lleven al fondo.

Las técnicas de geoingeniería son solamente teóricas salvo alguna, como la fertilización oceánica, de la cual se conocen experimentos legales e ilegales, que mostraron que además de no servir para su propósito –el carbono no permanece en el fondo de mar– los impactos pueden ser enormes, con disrupción de la cadena alimentaria marina, anoxia (falta de oxígeno) en capas marinas, crear algas tóxicas, etcétera.

La geoingeniería, para tener impacto en el clima global, tendría que aplicarse a mega escala, disrumpiendo un ecosistema global poco conocido, altamente dinámico y en interacción con toda la vida en el planeta. No existe por tanto una etapa experimental. Lo que se haga en pequeña escala no mostrará la acción sobre el clima global, aunque podría tener impactos negativos graves en la zona o en la región. Y si se hace a gran escala, no es experimental, es despliegue y es irreversible.

Por ejemplo, las nubes volcánicas artificiales no se pueden retirar, hasta que las partículas caigan a la tierra, lo cual es tóxico. Esta técnica empeoraría además el agujero en la capa de ozono y la acidificación de los mares, dos problemas globales muy graves. Si realmente lograran disminuir la cantidad de luz solar que llega al Norte, producirían sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2 mil millones de personas.

Imaginen si la CIA pudiera decidir sobre el termostato global. La geoingeniería es tan riesgosa, tanto por sus efectos climáticos como por su potencial uso hostil contra otros países, que lo único sensato es prohibir internacionalmente su uso.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ET.

Pago de bonos beneficia a grupo de financistas antes que afectados por la reforma agraria

 

Un grupo de financistas harán el negocio de su vida con el dinero de todos los peruanos, en virtud a que son los actuales tenedores de los bonos de la reforma agraria. Así concluyen Juan Carlos Ruiz Molleda y Adán López Blanco luego de analizar el contexto en que se aplicará una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el pago de los bonos agrarios. 

Señalan que la sentencia “pone más atención y preocupación en el interés de los tenedores de bonos actual, y no el interés en los afectados directos por la reforma agraria y en los millones de peruanos con quienes el Estado tiene deudas.” 

“El justo reclamo de los afectados por la reforma agraria, se ha convertido o se puede convertir en un gran negociado de los tenedores actuales de bonos, donde el grueso de los afectados directos han quedado en una situación de indefensión” concluyen. 

Como es sabido, el Tribunal Constitucional expidió la Sentencia N° 0022-PI/TC en la que ordena el pago de los bonos agrarios fijando un método de actualización de los valores. 

Según información periodística los bonos fueron comprados a precios irrisorios, es decir, al 20 por ciento de su valor real por entidades como el Banco de Crédito del Perú o el Fondo de Inversión Gramercy, de Estados Unidos, quienes tendrían el 80 por ciento de los bonos. 

Los analistas se preguntan si es o no relevante que “la gran mayoría de los bonos están en poder de un pequeño grupo de banqueros y financistas, que los compraron a un precio muy por debajo de su valor real y nominal y ahora pretenden cobrar sumas abultadas por ellos, bajo el pretexto de la necesaria actualización de su valor”. 

Se se tratara del ámbito privado no habría problema, pero se trata “de fondos públicos, es decir del dinero de todos los peruanos, dinero sobre el que existen demandas y requerimientos de diferentes sectores de la sociedad, a quienes el Estado está en la obligación de atender”. 

Balance sobre el extractivismo en el Perú

Manifestante fue detenido solo por llevar un cartel

Este es un video de como intervienen a uno de los 16 detenidos por la Policía durante la protesta ciudadana del día de ayer 27 de julio.

Ayer, 27 de julio, cerca de 15 mil personas, entre organizaciones sindicales, Estudiantes universitarios, fonavistas y ciudadanos sin militancia partidaria se volcaron a las calles para manifestar su indignación con la clase política.

Javier Briceño es pre-docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y, como cualquier ciudadano, decidió ejercer su derecho a la protesta asistiendo a la marcha #27J #TomaLaCalle en contra de la gestión de Ollanta Humala y del Congreso.

En el video que compartimos, vemos como Briceño es detenido luego de que levantó un cartel. "Chapalo", dijo un efectivo policial. El solo hecho de protestar y el encontrarse solo levantando un cartel frente a las fuerzas del orden fue motivo para que se ordenara su detención, como si se tratara de un delincuente.

Ante las protestas de los manifestantes presentes y entre los forcejeos con los fotógrafos, fue llevado a rastras. "Cierren líneas, cierren líneas", gritaba otro policía para que los periodistas no puedan registrar el hecho.

Luego, estuvo rodeado de policías detrás de un puesto de periódicos mientras los testigos protestaban por la represión. Finalmente, una camioneta se lo llevó ante los gritos de "Libertad, libertad" de los manifestantes. Ahora, así como todos los detenidos, se encuentra en libertad.

Según apreciamos en este hecho, quienes protestan pacíficamente son detenidos sin justificación. Al parecer, la estrategia policial es detener al más desprevenido y no a quien comete algún acto delictivo.

El discurso mas mediocre de un presidente

Perú: 27 de julio, pueblo haciendo historia

Éste es el flamante presidente del congrezooo

“Ha sido un operativo impecable, totalmente planificado y con resultados absolutamente positivos”, dijo el parlamentario acerca de un operativo militar-policial en el centro poblado de Ranrapata, en Junín, que terminó con la muerte de una niña de ocho años. Esto fue en setiembre del 2012.

En diciembre de ese mismo año, el Congreso provocó la indignación de los ciudadanos al hacerse de conocimiento público el cobro de los polémicos bonos de representación. El parlamentario Otárola no se quedó atrás en la férrea defensa de este pago.

“En mi caso yo no descanso, casi todos los viernes salgo y yo no gasto menos de 2 mil soles. Los gastos de representación me quedan cortos y tengo que echarle mano a mis ingresos personales (...) sirve para transporte, eventos, actividades locales, no para comprar panetón porque no alcanzaría”, comentó.

Conocido por ser una especie de "escudero" del gobierno de Ollanta Humala, Fredy Otárola siempre salió al frente para responder a los críticos de la gestión. Hasta le tocó al Premio Nobel Vargas Llosa. 

“No es garante de nada. El señor es un destacado peruano a quien respetamos mucho, con el que coincidimos mucho, pero en la democracia podemos discrepar de algunos otros (...) la hoja de ruta es el camino para llegar a la gran transformación (...) no hay ningún viraje del Gobierno”, dijo.

Por último, también defendió la vergonzosa repartija en el Congreso. "Existiendo la presunción de inocencia creo que no se puede invalidar una candidata (…) Con respecto al tema de la fundación Canevaro no hay ninguna denuncia en contra”, señaló en relación a Pilar Freitas, entonces candidata a la Defensoría del Pueblo y cuestionada por su militancia a Perú Posible y por denuncias de malos manejos en la Fundación.

Incluso, Otárola se puso a defender al abogado de violadores de Derechos Humanos, Rolando Sousa. “Sin el fujimorismo no conseguimos los votos”, se excusó por la alianza temporal entre ambos partidos supuestamente enemigos.

Ahora, como Presidente del Congreso, Otárola ha prometido ser conciliador y estar abierto al diálogo. Para muchos, esto es difícil de creer por el antecedente de escudero del gobierno de Humala. Por ahora, solo queda esperar como será su gestión.

Perú: El Humalismo tiembla ante las anunciadas protestas a nivel nacional

Qué hacer si te detienen

La consigna de #tomalacalle #22J convocaron a jóvenes, colectivos y organizaciones en AQP

Alberto Pizango y Pablo Salas requieren apoyo para superar crisis de salud

 

Mientras Alberto Pizango padece enfermedad que se expresa en la piel, Pablo Salas fue víctima la semana que pasó de un accidente que lo tiene postrado en cama. 

El dirigente indígena Pablo Salas fue dado de alta el domingo 21 de julio luego de haber sufrido un accidente ocasionado por el bus de la empresa Julsa a la altura de la comunidad campesina de Cerrillos, en la vía que une Arequipa con el distrito de Santa Lucía, en Puno. 

El hecho, registrado el 16 de julio, se produjo cuando Pablo Salas Charca bajaba del vehículo de placa V3G-950. El conductor, sin dejar que éste termine de descender, arrancó el bus provocando en el dirigente graves lesiones y exponiendolo a que pueda ser arrollado por otros vehículos que circulaban en la vía. 

En declaraciones a Servindi, Pablo Salas precisó que el bus se detuvo en medio de la pista para dejarlo y que ni bien había terminado de bajar éste arrancó a toda velocidad. “(El bus) me arrastró y casi me mete debajo de las mismas llantas” precisó. 

“Intenté pararme y no podía, y vi que mi pierna estaba sangrando… me empezó a doler todo el cuerpo, caminé un poco y me senté, los buses pasaban, me alumbraban y nadie me auxiliaba”, añadió. 

El accidente ocurrió al promediar las once de la noche. Lejos de auxiliarlo, el vehículo continuó su viaje hasta la ciudad de Puno. La empresa de transportes Julsa se ha hecho conocida en los últimos años por ser la causante de numerosos accidentes. 

El domingo último Salas fue dado de alta de la Clínica Adventista de Juliaca, a donde fue trasladado por la gravedad de sus lesiones. 

Según Edith Salas, hija de Pablo Salas, la empresa Julsa ha buscado en todo momento evadir su responsabilidad. Señaló que dos días después del accidente representantes de la misma se apersonaron para ver el tema del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT). 

Agregó, además, que hasta la fecha Julsa no ha querido dar a conocer el nombre de la persona que conducía el vehículo la noche del accidente. 

Hasta el momento los que han corrido con todos los gastos médicos han sido principalmente familiares y amigos de Salas Charca. Actualmente, el dirigente se encuentra en reposo, y así deberá permanecer por un periodo de ocho días. 

Aquellos que quieran apoyar económicamente a Pablo Salas pueden hacerlo a la cuenta de ahorros en soles del Banco Continental Nº 0011 0200 3302010064 46, que figura a su nombre o pueden llamar al número 945 607 001 y comunicarse con su hija Edith para coordinar cualquier ayuda. 

Pablo Salas debe someterse a una resonancia magnética en la ciudad de Arequipa que tiene un costo de 800 nuevo soles y además sufragar gastos de traslados y medicinas. 

Pablo Salas tiene una reconocida labor desde los años ochenta en defensa y reconocimiento de las poblaciones originarias y es dirigente de las comunidades afectadas por la minería en Puno. 

La crisis de salud de Alberto Pizango Chota 

Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), es otro dirigente indígena que atraviesa por difíciles momentos a causa de su estado de salud. Al dirigente indígena se le diagnosticó psoriasis, una enfermedad crónica psicosomática que afecta la piel. 

Según señala un comunicado difundido por la Aidesep, la enfermedad ya la tenía a su regreso de Nicaragua en 2010, país que le dio asilo político luego de los hechos del denominado Baguazo de junio de 2009. 

Hoy Pizango Chota atraviesa un agudo rebrote de la enfermedad que cubre su cuerpo y le dificulta realizar acciones propias de la institución. 

La soriasis no es una enfermedad contagiosa ni terminal. Puede ser sobrellevada con tratamientos adecuados. Sin embargo, puede generar conplicaciones cuando se expande y ataca a las articulaciones produciendo la artritis soriásica. 

Actualmente las labores de la presidencia de Aidesep han sido encargadas a la lideresa Daysi Zapata Fasabi, del pueblo amazónico Yine-Yami. 

Según informaron fuentes de Aidesep. el propósito de Pizango es iniciar un tratamiento en Cuba, donde existen algunas terapias desarrolladas específicamente para esta enfermedad. 

El consejo directivo de Aidesep decidió solicitar al Poder Judicial una orden especial para su viaje a Cuba. Como se sabe, Alberto Pizango tiene impedimento de salida del país por tener juicios pendientes que incluso proponen para él cadena perpetua, a raíz de los hechos de Bagua. 

Los interesados en dar apoyo al líder indígena para gastos de viaje, tratamiento y recuperación en Lima pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas: Banco Interbank: 289-3051997534 y Banco de la Nación: 04 – 525315105. 

Alberto Pizango, llegó el domingo de Yurimaguas a Tarapoto para su traslado a Lima a fin de seguir con el trámite para su viaje a Cuba.