Un grupo de financistas harán el negocio de su vida con el dinero de
todos los peruanos, en virtud a que son los actuales tenedores de los
bonos de la reforma agraria. Así concluyen Juan Carlos Ruiz Molleda y
Adán López Blanco luego de analizar el contexto en que se aplicará una
sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el pago de los bonos
agrarios.
Señalan que la sentencia “pone más atención y preocupación en el
interés de los tenedores de bonos actual, y no el interés en los
afectados directos por la reforma agraria y en los millones de peruanos
con quienes el Estado tiene deudas.”
“El justo reclamo de los afectados por la reforma agraria, se ha
convertido o se puede convertir en un gran negociado de los tenedores
actuales de bonos, donde el grueso de los afectados directos han
quedado en una situación de indefensión” concluyen.
Como es sabido, el Tribunal Constitucional expidió la Sentencia N°
0022-PI/TC en la que ordena el pago de los bonos agrarios fijando un
método de actualización de los valores.
Según información periodística los bonos fueron comprados a precios
irrisorios, es decir, al 20 por ciento de su valor real por entidades
como el Banco de Crédito del Perú o el Fondo de Inversión Gramercy, de
Estados Unidos, quienes tendrían el 80 por ciento de los bonos.
Los analistas se preguntan si es o no relevante que “la gran mayoría
de los bonos están en poder de un pequeño grupo de banqueros y
financistas, que los compraron a un precio muy por debajo de su valor
real y nominal y ahora pretenden cobrar sumas abultadas por ellos, bajo
el pretexto de la necesaria actualización de su valor”.
Se se tratara del ámbito privado no habría problema, pero se trata
“de fondos públicos, es decir del dinero de todos los peruanos, dinero
sobre el que existen demandas y requerimientos de diferentes sectores
de la sociedad, a quienes el Estado está en la obligación de atender”.
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