Pese a ya haber transcurrido casi 25 días de la aprobación por parte
del Viceministerio de Interculturalidad del informe que plantea 82
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Lote 88
de Pluspetrol, éste no ha sido notificado formalmente a la Dirección de
Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas
(DGAAE).
Un informe de la periodista Nelly Luna Amancio del diario El Comercio,
publicado el domingo último, da cuenta del modo cómo el Gobierno ha
preferido guardar silencio sobre el tema en lugar de implementar medidas
para la protección de los pueblos en aislamiento que se podrían ver
afectados por la actividad de la petrolera.
El citado informe aprobado mediante la Resolución Viceministerial N°
005-2013-VMI-MC concluye que la ubicación de algunos pozos exploratorios
“tendría un impacto crítico en las poblaciones indígenas que viven en
aislamiento, así como afectaciones severas al desarrollo de sus
actividades económicas”.
El documento se menciona también que “la empresa no ha brindado toda
la información necesaria con relación a la descripción del proyecto,
línea de base física, línea de base social, impactos ambientales,
sociales y culturales y el plan de manejo ambiental, entre otros”.
Los cuestionamientos hechos por el Viceministerio no son nuevos. La
misma DGAAE realizó en mayo 122 observaciones al estudio. La Autoridad
Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Sernanp), otras tantas.
Desde hace algunos días viene circulando un pronunciamiento suscrito por una veintena de organizaciones civiles
en el que se le exige al presidente Ollanta Humala detener la
ampliación del proyecto Camisea. Survival Internacional ha sido la
última en sumarse a la iniciativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario