PERÚ.- Recientemente, un grupo de organizaciones
indígenas, colectivos de derechos humanos y movimientos sociales
solicitamos al Presidente de Perú, Ollanta Humala, que respete los derechos de los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, en el sureste del país.Estos pueblos libres -son libres porque deciden autónomamente sus destinos, hasta ahora sin injerencias externas- se ven hoy amenazados por la inminente expansión del proyecto gasífero de Camisea, el cual pretende ampliar la explotación de las reservas almacenadas en el subsuelo de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (KNN), su casa.
Desde un punto de vista técnico, los territorios indígenas se convertirán en el escenario para la realización de estudios sísmicos, así como para la construcción de veintiún nuevos pozos, una línea de conducción para el gas licuado, y otra infraestructura asociada a los proyectos extractivos (carreteras, salas de máquinas, etc.). En la práctica, ello supondría la condena a muerte de varias comunidades y la probable desaparición de un sistema propio de pensamiento, que nace y que se debe a la tierra, y que durante años ha salvaguardado la biodiversidad de esta región de la selva peruana. Todo ello, por supuesto, en nombre del progreso y del bien común.
Los pueblos amenazados
La Reserva KNN se creó en 1990 para proteger los derechos territoriales de los pueblos nahuas, nantis y otros que viven dentro de la reserva y que han mantenido relaciones limitadas con el resto de la sociedad, incluyendo con otras comunidades indígenas. Un factor fundamental para su creación fue la trágica experiencia de contacto de algunas comunidades nahuas con un grupo de madereros en 1984, la cual desembocó en la muerte de la mitad de dicho pueblo a raíz de enfermedades derivadas del contacto.
No sólo la salud se resiente cuando los territorios de un pueblo libre se ven invadidos. Todo su frágil ecosistema -que los hombres y las mujeres de las comunidades contribuyen a sostener y conservar- se ve dramáticamente afectado: las fuentes de agua son contaminadas, los bosques son deforestados y las relaciones integrales entre seres humanos, animales y plantas, son profundamente alteradas. Más allá del impacto cultural o espiritual, la intervención de las corporaciones extractivas en un medio natural prácticamente virgen impide el sostenimiento de los modos de vida de las comunidades, quienes, sin el acceso a sus fuentes de subsistencia (caza, pesca, cultivos), se ven obligadas a enfrentar el hambre y la miseria, optando en muchos casos por la migración. De esta manera quedan definitivamente rotos los lazos sociales y comunitarios construidos durante milenios.
Es necesario poner de relieve que este ingreso se produciría en contra de la voluntad de los pueblos indígenas que habitan la Reserva KNN, muchos de los cuales eligieron no tener contacto alguno con otros grupos sociales. Y mucho menos poner a disposición de terceros los bienes naturales de los que depende su existencia.
Estamos, por tanto, ante la amenaza de una invasión. Una invasión impuesta y violenta, que vulnera los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos tanto por la normativa nacional, como por la internacional.
El proyecto y el consorcio Camisea
En 1987, y en el marco de operaciones petrolíferas operadas por la compañía Shell en la Amazonía, se hizo público el hallazgo de dos grandes yacimientos de gas, que se denominaron San Martín y Cashiriari, en el área de Camisea. Pero no es hasta el año 1999 que nace el Proyecto Camisea como tal, apoyado por las instituciones públicas peruanas. Y en el año 2004 comienzan las operaciones extractivas.
Este megaproyecto busca básicamente captar y transportar el gas natural proveniente de los yacimientos San Martín y Cashiari (que conforman el Lote 88), hacia una planta de separación de líquidos ubicada en Malvinas, a orillas del río Urubamba, para que después el gas sea transportado por un gasoducto hasta Lima, con vistas a su exportación.
La explotación de estos yacimientos está ahora en manos de un conglomerado corporativo, conocido como Consorcio Camisea e integrado por empresas de capital español (Repsol), argentino (Pluspetrol y Tecpetrol), estadounidense (Hunt Oil), surcoreano (SK Energy) y argelino (Sonatrach).
En cuanto a la financiación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó varios créditos para abordar la primera parte del proyecto, convirtiéndose en el principal prestamista (400 millones de dólares) para la segunda (denominada Camisea II), que aborda la construcción de la infraestructura para la exportación, fase que inicia en 2008. Este apoyo se completa con el de un grupo de bancos privados, que aportan otros 400 millones de dólares para Camisea II, y que está compuesto por las siguientes entidades: Société Générale, Calyon, Sumitomo, ING, Mizuho, Bank ofTokyo Mitsubishi y el español BBVA, que ya había financiado anteriormente a una de las empresas del consorcio Camisea.
Finalmente, la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial), otorgó otro crédito por 300 millones de dólares para el proyecto.
La implicación de BBVA y Repsol
El banco BBVA inició sus operaciones en Perú en 1990, fecha en la que absorbió al peruano Banco Continental, naciendo de esta manera el BBVA Continental. Entre sus principales operaciones en el país se incluyen la financiación de varios megaproyectos extractivos. Concretamente:
Minera Yanacocha: en 2006, otorgó un crédito de 100
millones de dolares para la explotación de Yanacocha, que es la mina de
oro más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo.
Opera a cielo abierto y desde su apertura, la degradación y
contaminación del agua ha sido constante.
Compañía Minera Antamina: financió la explotación
de la mina Antamina, de cobre y zinc, que está causando la contaminación
de la tierra y los recursos hídricos adyacentes.
Proyecto Camisea: en 2006, ya había financiado a la
empresa Tecpetrol para sus actividades en Camisea. En 2008, pasó a
participar en el conglomerado financiero que aporta los fondos para
emprender la segunda parte del proyecto.
Por su parte, Repsol tiene adjudicada –en solitario o en consorcio con otras transnacionales- la explotación de gas en 7 bloques en el país -entre ellos el Lote 88 (como parte del Consorcio Camisea)- que cuentan con una superficie neta de 20.866 km2.
Además, también participa en la gestión de la planta de licuación conocida como Perú LNG, que procesa 17 millones de metros cúbicos al día de gas, y cuenta con los dos mayores tanques de almacenamiento de Perú. Se trata de la mayor adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) realizada por Repsol en toda su historia. Esta planta forma parte de la II Fase del proyecto Camisea.
La ampliación del proyecto
En 2012 se conocieron los planes del Gobierno de Perú que permitirían la expansión de las operaciones extractivas en la región de Camisea. Estos planes incluyen propuestas de estudios sísmicos extensivos y la construcción de veintiún nuevos pozos, una línea de conducción y la infraestructura asociada en el Lote 88, y la creación de una nueva concesión en el área, el adyacente Lote Fitzcarrald.
Esta amenaza ha motivado que las principales organizaciones indígenas del país (la Organización Regional Aidesep Ucayali –ORAU-, el Consejo Machiguenga del río Urubamba –COMARU-, la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes –FENAMAD- y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –AIDESEP-) solicitaran la intervención de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD).
Es en este marco que 58 organizaciones de todo el mundo firmamos, a finales del pasado mes de febrero, la siguiente carta, dirigida al actual Presidente del Gobierno peruano, Ollanta Humala, en la que le solicitábamos que se dé marcha atrás y que emita una aclaración pública sobre la inviolabilidad de la Reserva KNN y los territorios adyacentes, asegurando que serán respetados estos territorios, y que no se desarrollará en ellos ninguna actividad extractiva.
Si esto no ocurre y se da luz verde a la expansión del proyecto Camisea, no sólo se estarán violando las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, sino que se pondrá en riesgo la existencia de todo un mundo, de todo un sistema de pensamiento y de organización social, del que son portadores los pueblos indígenas que habitan los territorios ahora amenazados.
Además, también participa en la gestión de la planta de licuación conocida como Perú LNG, que procesa 17 millones de metros cúbicos al día de gas, y cuenta con los dos mayores tanques de almacenamiento de Perú. Se trata de la mayor adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) realizada por Repsol en toda su historia. Esta planta forma parte de la II Fase del proyecto Camisea.
La ampliación del proyecto
En 2012 se conocieron los planes del Gobierno de Perú que permitirían la expansión de las operaciones extractivas en la región de Camisea. Estos planes incluyen propuestas de estudios sísmicos extensivos y la construcción de veintiún nuevos pozos, una línea de conducción y la infraestructura asociada en el Lote 88, y la creación de una nueva concesión en el área, el adyacente Lote Fitzcarrald.
Esta amenaza ha motivado que las principales organizaciones indígenas del país (la Organización Regional Aidesep Ucayali –ORAU-, el Consejo Machiguenga del río Urubamba –COMARU-, la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes –FENAMAD- y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –AIDESEP-) solicitaran la intervención de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD).
Es en este marco que 58 organizaciones de todo el mundo firmamos, a finales del pasado mes de febrero, la siguiente carta, dirigida al actual Presidente del Gobierno peruano, Ollanta Humala, en la que le solicitábamos que se dé marcha atrás y que emita una aclaración pública sobre la inviolabilidad de la Reserva KNN y los territorios adyacentes, asegurando que serán respetados estos territorios, y que no se desarrollará en ellos ninguna actividad extractiva.
Si esto no ocurre y se da luz verde a la expansión del proyecto Camisea, no sólo se estarán violando las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, sino que se pondrá en riesgo la existencia de todo un mundo, de todo un sistema de pensamiento y de organización social, del que son portadores los pueblos indígenas que habitan los territorios ahora amenazados.
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