“...Queremos decir basta a la explotación irracional de nuestros recursos. [...] Queremos que todas las actividades de carácter extractivo, como la explotación petrolera, la minería, la explotación de los bosques, la pesca, entre varias otras más, sean estrictamente vigiladas y controladas ambientalmente. Queremos declarar y mantener efectivamente al menos el 40% del territorio nacional como área protegida para la conservación del patrimonio de biodiversidad del Ecuador”. Así rezaba una carta firmada por Rafael Correa, el 29 de agosto de 2006, enviada al CEDENMA con motivo de la II Asamblea Ambiental Nacional, cuando era candidato a la Presidencia de la República.
Cuánta distancia existe entre esa carta y la actual posición de Rafael Correa, presidente de la República. El gobierno de Correa, en contra incluso de principios básicos de la Constitución de 2008, alienta la megaminería, propone la ampliación de la frontera petrolera con la IX Ronda Petrolera en el sur de la Amazonia, impulsa los agrocombustibles, apoya los transgénicos… proyectos que conducirán a una creciente devastación ambiental y social. Es justamente este extractivismo, cada vez más agresivo, desplegado por igual por gobiernos neoliberales y “progresistas” en América Latina, el que desata una resistencia cada vez más sostenida e incluso coordinada a nivel del continente.
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