ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
La sustracción del canon minero a los gobiernos locales y regiones mineras constituye una “bomba de tiempo” que el gobierno debe desactivar lo más pronto posible, de lo contrario será una fuente renovada de mayores conflictos sociales en un ciclo político adelantado por la proximidad de las elecciones regionales y agravado por la proximidad de la crisis económica internacional.
Es más, el canon minero seguirá disminuyendo para el próximo período correspondiente a julio 2014- junio 2015 de confirmarse la tendencia a la baja en el precio de los minerales y los menores ingresos por ventas que están obteniendo las principales empresas mineras, las cuales al primer semestre del 2013 experimentan una disminución promedio del 20 por ciento, lo cual se traducirá en menores utilidades operativas con lo cual la participación fiscal será aún menor.
Pero la disminución del canon recientemente distribuido válido para el período julio 2013 junio del 2014 correspondiente al año fiscal 2012 era algo absolutamente previsible, tal como lo hemos sostenido en una serie de artículos desde octubre del 2011 a la fecha, en razón de las modificaciones introducidas en la determinación de las regalías, el impuesto extraordinario y el gravamen especial minero que al tener la consideración de gasto tributario deducible disminuye la utilidad imponible de las empresas y por tanto afecta la participación fiscal del impuesto a la renta que constituye la base del canon minero.
Por tanto, la afirmación del primer mandatario realizadas recientemente en Arequipa, uno de los departamentos más afectados conjuntamente con el Cusco, Pasco y Tacna, (ver la relación de los departamentos más impactados por la disminución del canon minero) en el sentido que el gobierno no tiene “ni arte ni parte” en la reducción del canon minero, no se ajusta a la verdad, y evidentemente el Presidente de la República está sosteniendo una información distorsionada gracias al acrobático ministro del sector Jorge Merino.
Para empezar el canon minero recientemente distribuido corresponde al impuesto a la renta de tercera categoría abonado por las empresas mineras por el ejercicio fiscal 2012 que ha sido considerado un “buen año” para el conjunto empresarial donde la economía peruana llegó casi al 7 por ciento de crecimiento en su producción (PBI).
En el sector minero, las empresas obtuvieron importantes ingresos y utilidades extraordinarias gracias a los altos precios, en particular de los precios del oro, plata y cobre que se mantuvieron por encima de los niveles anteriores al año 2010. Es más, como en el caso del oro su precio promedio superó los 1,669.84 dólares la onza, constituyendo el pico más alto en todo el período para caer a niveles de 1,302 dólares (promedio enero/agosto 2013) como se puede observar en el cuadro correspondiente.
El precio del cobre en el 2012 alcanzó un promedio de 360.55 centavos de dólar la libra de cobre y las empresas que operan en nuestro país con costos de producción menores a los 90 centavos (Mra. Cerro Verde) y hasta menos como SPCC con costos de 60 centavos la libra, obtuvieron utilidades extraordinarias, por tanto las mineras conformantes del “cogollo minero” Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, y SPCC, y las auríferas como Mra. Yanacocha y Mra. Barrick Misquichilca, obtuvieron ganancias extraordinarias en el 2012, contradictoriamente el fisco experimentó una sensible disminución del impuesto a la renta recaudado (1,308 millones de soles menos en relación al 2011).
Como se puede apreciar en el cuadro respectivo los precios de la plata promediaron en el 2012 los 31.17 dólares la onza, es decir por debajo de los 35.17 dólares alcanzados en el 2011 pero por encima de los niveles logrados en los años anteriores como en el 2005 cuando se cotizaba a un precio de 7.34 dólares la onza troy y las empresas argentíferas obtenían con tales precios utilidades.
¿A DÓNDE SE APUNTA?
Siempre se ha sostenido que la determinación del canon minero expresa asimetrías y reproduce desigualdades entre los departamentos privilegiados con la riqueza minera y otros que carecen de la misma. Este ha sido el discurso de las Ongs, Iglesia, frentes antimineros, ecologistas y líderes de opinión que consideran que los recursos naturales corresponden a la Nación en su conjunto.
A ello se
suma las críticas sobre las distorsiones en el gasto de los gobiernos
locales y regionales en una serie de obras de cuestionable importancia
con una gran dosis de corrupción, nepotismo. Se podría responsabilizar a
los gobiernos municipales y regionales de una serie de errores, faltas
hasta de incapacidad de gasto en un largo aprendizaje que supone la
descentralización fiscal.
Mas ello no justificaría la enajenación que han experimentado con esta sensible disminución del canon minero que tenderá a ser mayor en los próximos años, fortaleciendo el centralismo fiscal donde el poderoso ministro de economía y finanzas (MEF) decidirá los destinos sobre todo del gravamen especial y el impuesto extraordinario minero.
La lógica del gobierno ha sido perversamente premeditada. Con la figura del gravamen especial minero por ejemplo las empresas mineras con contratos de estabilidad jurídica y tributaria en lugar de pagar el aporte voluntario, el óbolo de Alan García, ahora gustosamente contribuyen con el gravamen minero que en el 2012 sumó los 942 millones de nuevos soles que resultan deducibles de la utilidad imponible de las empresas. Por tanto, al ser menor la utilidad imponible resulta disminuido el impuesto a la renta y ello arrastra hacia abajo el canon minero.
Por tanto, con la sustracción del canon minero al pasar de 5,201 millones de nuevos soles en el 2012 a niveles de 3,806 millones de soles en el 2013, es decir los gobiernos regionales y locales mineros estarían percibiendo 1,395 millones de nuevos soles menos afectando una serie de proyectos de infraestructura e inversiones sociales limitando el crecimiento y la demanda derivada en las provincias.
Esta sensible disminución de los recursos del canon minero por el contrario para el centralismo fiscal ha significado concentrar en manos del MEF 942 millones de soles por concepto de gravamen especial y 442 millones de soles por concepto del impuesto especial a la minería. Es decir, 1,384 millones de nuevos soles que han sido generados en las regiones mineras, hoy son concentrados por el poder central supuestamente para realizar inversiones públicas en los departamentos que carecen de la riqueza minera.
En esta tensión entre los intereses regionales y el centralismo fiscal el gobierno se verá presionado por una serie de protestas sociales en el sur, centro y norte del país, que tenderán agravarse con las manifestaciones de los mineros artesanales que tienen una plataforma definida de reclamos, más las demandas de maestros y otros.
Por ello, el gobierno se verá obligado a compensar los ingresos enajenados a los gobiernos locales y regionales para que éstos puedan ejecutar y terminar los proyectos en marcha y así equilibrar sus presupuestos. Existen varias fórmulas para restituir los ingresos regionales dejados de percibir. Uno puede ser el análogo aplicado en el sector de hidrocarburos respecto con la figura de la “renta ficta”, donde el canon petrolero percibido en 1994 constituye el límite inferior para la percepción del canon por la explotación del petróleo y gas.
Sin embargo, la lógica económica e histórica para el desarrollo de las ventajas competitivas en los departamentos mineros debiera apuntar a una participación estable, previsible de los gobiernos locales y regionales en el gravamen especial e impuesto extraordinario minero, algo así como un mitad/mitad con el gobierno central, de lo contrario veremos el “incendio de la pradera” en los Andes, que se agravará con el fin de la bonanza de los precios de los minerales, los menores ingresos fiscales y la postergación indefinida de los megaproyectos mineros.
Mas ello no justificaría la enajenación que han experimentado con esta sensible disminución del canon minero que tenderá a ser mayor en los próximos años, fortaleciendo el centralismo fiscal donde el poderoso ministro de economía y finanzas (MEF) decidirá los destinos sobre todo del gravamen especial y el impuesto extraordinario minero.
La lógica del gobierno ha sido perversamente premeditada. Con la figura del gravamen especial minero por ejemplo las empresas mineras con contratos de estabilidad jurídica y tributaria en lugar de pagar el aporte voluntario, el óbolo de Alan García, ahora gustosamente contribuyen con el gravamen minero que en el 2012 sumó los 942 millones de nuevos soles que resultan deducibles de la utilidad imponible de las empresas. Por tanto, al ser menor la utilidad imponible resulta disminuido el impuesto a la renta y ello arrastra hacia abajo el canon minero.
Por tanto, con la sustracción del canon minero al pasar de 5,201 millones de nuevos soles en el 2012 a niveles de 3,806 millones de soles en el 2013, es decir los gobiernos regionales y locales mineros estarían percibiendo 1,395 millones de nuevos soles menos afectando una serie de proyectos de infraestructura e inversiones sociales limitando el crecimiento y la demanda derivada en las provincias.
Esta sensible disminución de los recursos del canon minero por el contrario para el centralismo fiscal ha significado concentrar en manos del MEF 942 millones de soles por concepto de gravamen especial y 442 millones de soles por concepto del impuesto especial a la minería. Es decir, 1,384 millones de nuevos soles que han sido generados en las regiones mineras, hoy son concentrados por el poder central supuestamente para realizar inversiones públicas en los departamentos que carecen de la riqueza minera.
En esta tensión entre los intereses regionales y el centralismo fiscal el gobierno se verá presionado por una serie de protestas sociales en el sur, centro y norte del país, que tenderán agravarse con las manifestaciones de los mineros artesanales que tienen una plataforma definida de reclamos, más las demandas de maestros y otros.
Por ello, el gobierno se verá obligado a compensar los ingresos enajenados a los gobiernos locales y regionales para que éstos puedan ejecutar y terminar los proyectos en marcha y así equilibrar sus presupuestos. Existen varias fórmulas para restituir los ingresos regionales dejados de percibir. Uno puede ser el análogo aplicado en el sector de hidrocarburos respecto con la figura de la “renta ficta”, donde el canon petrolero percibido en 1994 constituye el límite inferior para la percepción del canon por la explotación del petróleo y gas.
Sin embargo, la lógica económica e histórica para el desarrollo de las ventajas competitivas en los departamentos mineros debiera apuntar a una participación estable, previsible de los gobiernos locales y regionales en el gravamen especial e impuesto extraordinario minero, algo así como un mitad/mitad con el gobierno central, de lo contrario veremos el “incendio de la pradera” en los Andes, que se agravará con el fin de la bonanza de los precios de los minerales, los menores ingresos fiscales y la postergación indefinida de los megaproyectos mineros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario