Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía
Internacional se solidariza con todos los pueblos indígenas de América,
que han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y
la discriminación.
Privados de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. Mucha de la población indígena aún no cuenta con el reconocimiento estatal sobre la propiedad de sus territorios ancestrales y están en permanente riesgo de ser expulsados.
La extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en los territorios indígenas son a menudo impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos ni respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Frecuentemente, sufren actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios y los Estados no cumplen con su obligación de proteger los derechos de estas comunidades, incluso llegando a perseguir criminalmente a sus líderes o desprestigiarlos.
Si bien la región de América ha hecho importantes avances en el reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente, en muchos casos estos derechos son ignorados o aplicados de un modo que no respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales, como por ejemplo cuando no se consulta con ellos legislaciones que afectan sus derechos o se los mantiene en riesgo permanente de desalojo de sus territorios ancestrales.
EN PERÚ
La organización expresa su preocupación por la situación de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, como es el caso de la reserva del Kugapakori-Nahua-Nansti situada en el departamento de Cusco y Ucayali. Según entidades estatales peruanas, las actividades de extracción (Lote 88) que se prevén en la reserva pondrían en riesgo su medio ambiente, así como la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, pudiendo producirse un impedimento en el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Amnistía Internacional solicita al Estado peruano tomar las medidas correctivas correspondientes para analizar y evaluar la factibilidad de desarrollar actividades de exploración y explotación en territorio indígena, a fin de preservar la vida y el desarrollo de esta población.
De igual manera, preocupa en Perú, la existencia de altos niveles de contaminación por hidrocarburos y metales pesados en territorios de comunidades del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes, al norte de la región Loreto, señaladas mediante diagnóstico ambiental por entidades del Estado peruano, cuando sobre estos territorios se prevé consultas a los pueblos indígenas en el marco de actividades de exploración y explotación (Lote 1AB). Amnistía Internacional reafirma la obligación del Estado peruano de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que se puedan haber cometido contra los pueblos indígenas.
En este día, señala Amnistía Internacional, todos los gobiernos de la región deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.
Estándares mínimos
Los derechos de los pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es el resultado de más de 20 años de deliberación con la participación de los Estados y los pueblos indígenas. Todos los Estados de América la han respaldado. Estos derechos también están recogidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de los Estados de América. Asimismo, han sido apoyados reiteradamente por la ONU y los órganos regionales de vigilancia de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para más información
Comunicado de Amnistía Internacional en apoyo a la celebración del aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Sarayaku de Ecuador:
http://www.amnesty.org/es/news/ecuador-un-o-despu-s-de-la-crucial-sentencia-la-lucha-del-pueblo-sarayaku-sigue-2013-07-25
Miembros de Amnistía Internacional alrededor del mundo apoyan con acciones al Pueblo de Sarayaku:
http://amnistia.me/profiles/blogs/kichwa-sarayaku-25julio
Privados de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. Mucha de la población indígena aún no cuenta con el reconocimiento estatal sobre la propiedad de sus territorios ancestrales y están en permanente riesgo de ser expulsados.
La extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en los territorios indígenas son a menudo impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos ni respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Frecuentemente, sufren actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios y los Estados no cumplen con su obligación de proteger los derechos de estas comunidades, incluso llegando a perseguir criminalmente a sus líderes o desprestigiarlos.
Si bien la región de América ha hecho importantes avances en el reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente, en muchos casos estos derechos son ignorados o aplicados de un modo que no respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales, como por ejemplo cuando no se consulta con ellos legislaciones que afectan sus derechos o se los mantiene en riesgo permanente de desalojo de sus territorios ancestrales.
EN PERÚ
La organización expresa su preocupación por la situación de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, como es el caso de la reserva del Kugapakori-Nahua-Nansti situada en el departamento de Cusco y Ucayali. Según entidades estatales peruanas, las actividades de extracción (Lote 88) que se prevén en la reserva pondrían en riesgo su medio ambiente, así como la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, pudiendo producirse un impedimento en el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Amnistía Internacional solicita al Estado peruano tomar las medidas correctivas correspondientes para analizar y evaluar la factibilidad de desarrollar actividades de exploración y explotación en territorio indígena, a fin de preservar la vida y el desarrollo de esta población.
De igual manera, preocupa en Perú, la existencia de altos niveles de contaminación por hidrocarburos y metales pesados en territorios de comunidades del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes, al norte de la región Loreto, señaladas mediante diagnóstico ambiental por entidades del Estado peruano, cuando sobre estos territorios se prevé consultas a los pueblos indígenas en el marco de actividades de exploración y explotación (Lote 1AB). Amnistía Internacional reafirma la obligación del Estado peruano de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que se puedan haber cometido contra los pueblos indígenas.
En este día, señala Amnistía Internacional, todos los gobiernos de la región deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.
Estándares mínimos
Los derechos de los pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es el resultado de más de 20 años de deliberación con la participación de los Estados y los pueblos indígenas. Todos los Estados de América la han respaldado. Estos derechos también están recogidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de los Estados de América. Asimismo, han sido apoyados reiteradamente por la ONU y los órganos regionales de vigilancia de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para más información
Comunicado de Amnistía Internacional en apoyo a la celebración del aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Sarayaku de Ecuador:
http://www.amnesty.org/es/news/ecuador-un-o-despu-s-de-la-crucial-sentencia-la-lucha-del-pueblo-sarayaku-sigue-2013-07-25
Miembros de Amnistía Internacional alrededor del mundo apoyan con acciones al Pueblo de Sarayaku:
http://amnistia.me/profiles/blogs/kichwa-sarayaku-25julio
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