Las organizaciones abajo firmantes, en el Día Internacional de Acción por los Ríos y en Contra de las Represas, exhorta al Congreso de la República a desestimar la aprobación del “Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil” (Acuerdo Energético Perú – Brasil), y expresa su preocupación por la creación de la Comisión Multisectorial de Facilitación de Inversiones Energéticas, ya que esta facilitaría la obtención de certificaciones ambientales de grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía peruana.
Como es de conocimiento público, el Acuerdo Energético Perú – Brasil, firmado el 16 de junio del 2010 por los ministros de Energía y Minas de ambos países, se encuentra pendiente de aprobación en ambos congresos y posterior ratificación por los presidentes de ambos países. La finalidad del Acuerdo es promover la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión en la Amazonía peruana por parte de empresas de capital brasileño, y establecer las condiciones para la venta de la electricidad en estos dos países.
El Acuerdo Energético con Brasil es lesivo para los intereses del Perú ya que la cantidad de energía que se prevé generar en el Perú no se ha definido en el marco de una Política Energética clara, ni menos en cálculos certeros de la demanda futura de energía del país. Asimismo, el Acuerdo no establece la posibilidad de aumentar la cantidad de energía destinada al Perú en caso nuestra necesidad de energía crezca, ya que los porcentajes serán fijos por 30 años para cada proyecto.
En ese sentido, si se ratifica el Acuerdo Energético, el Perú no podrá solicitar renegociar sus condiciones ni renunciar a sus obligaciones durante 15 años. Si por una situación de emergencia temporalmente disminuye la cantidad de electricidad que se exporta a Brasil, el Perú deberá pagar una compensación.
Asimismo será el Perú quien asumirá todos los costos sociales y ambientales que genere la construcción de estas mega centrales hidroeléctricas en la Amazonía, que incluye el desplazamiento de personas, principalmente de pueblos indígenas asentados tradicionalmente en la Amazonía, además de la inundación de inmensas áreas de bosques tropicales, mientras que la mayoría de beneficios económicos serán para Brasil, ya que empresas brasileñas construirán la infraestructura, con financiamiento brasileño, para exportar energía generada en el Perú, con destino al Brasil.
De esta manera, en los términos en que ha sido suscrito, el Acuerdo Energético no debe ser aprobado por el Congreso de la República ni menos ratificado por el Presidente de la República, ya que representaría un gran riesgo para la seguridad energética, el medio ambiente y la paz social en el Perú, además de que sus términos no corresponden a un trato justo y equitativo entre ambas naciones, y donde tanto los beneficios como los costos y riesgos no son adecuadamente compartidos.
Es urgente planificar el desarrollo energético nacional de forma participativa considerando las necesidades reales de la población, brindando una especial atención a promover desde las políticas de gobierno la eficiencia energética.
Por otro lado, resulta preocupante la creación de la Comisión Multisectorial de Facilitación de Inversiones Energéticas (Resolución Suprema 042-2012-PCM del 17 de febrero de 2012), que a la letra señala que “(…) se ha considerado necesario contar con acciones de coordinación con otros organismos del Poder Ejecutivo a fin de poder establecer mecanismos de facilitación para el otorgamiento de concesiones, licencias y autorizaciones (…)”.
Consideramos importante mejorar la gestión para la aprobación de proyectos de inversión en el país, pero sería inaceptable que esto suponga debilitar aún más el marco regulatorio ambiental peruano, sino que al contrario, este debe ser fortalecido.
Por ello, el proceso de construcción de las propuestas generadas por esta Comisión debe realizarse en un marco de transparencia y participación ciudadana, que permita incorporar mejoras al marco regulatorio y con ello fortalecer la gobernabilidad energética del país.
Lima, 14 de marzo de 2012.
Pronunciamiento firmado por:
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
- ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
- Central Ashaninka del Río Ene – CARE
- Fórum Solidaridad Perú
- Fundación para los bosques tropicales – Reino Unido (Rainforest Foundation UK)
- Servicios Educativos Rurales – SER
- CIMA Cordillera Azul
- Ríos Internacionales (International Rivers)
- Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia -
- CSA-UPCH
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