domingo, 11 de agosto de 2013

“Tratan de convencernos de que Perú es un país minero”

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Semanario Voces 

El economista peruano Hugo Cabieses, ex viceministro de Medio Ambiente del gobierno de Ollanta Humala, estuvo en nuestro país invitado a participar en la conferencia “Minería y desarrollo sostenible en Uruguay”. Allí alertó sobre algunas de las consecuencias indeseables de la “minería salvaje” y los peligros que acechan con este tipo de emprendimientos. Reproducimos un fragmento de la entrevista realizada a Cabieses por el semanario Voces donde habla de estos temas. 

¿Qué es el Frente Amplio de Izquierda de Perú? 

El 21 de junio de este año se ha conformado una unión de seis organizaciones políticas y otras organizaciones de trabajadores y campesinos. Los grupos políticos son el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista del Perú Patria Roja, el Partido Socialista, Fuerza Social, Tierra y Libertad y el MAS. 

¿Ustedes apoyaron a Ollanta Humala en las últimas elecciones? 

Para poder ganar las elecciones Ollanta buscó el apoyo de la izquierda y así ganó la primera vuelta con el 32% de los votos y pasó a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. 

¿Y ganó en segunda vuelta por Vargas Llosa? 

Algo más que Vargas Llosa. Hay una historia poco conocida internacionalmente y es que el padre de Ollanta, que se llama Isaac Humala, era el jefe de la célula Cahuide del Partido Comunista en la Universidad de San Marcos de la que formó parte Vargas Llosa cuando era izquierdoso. No olvidemos que en el 2010 en plena campaña electoral Vargas Llosa hace una declaración lapidaria sobre los dos candidatos probables al ballotage, diciendo: “lamentablemente en el Perú a lo mejor vamos a tener que elegir entre el cáncer y el sida”, tratando de esa manera que la derecha se uniera para que no pasara a la segunda vuelta Keiko Fujimori y pudiera ganarle a Ollanta. 

¿Sin embargo hubo un cierto apoyo no? 

El tema es que Humala modificó el programa de la Gran Transformación de la primera vuelta a la Hoja de Ruta de la segunda vuelta y se comprometió a que no iría por la reelección ni cambiaría la política económica de los gobiernos anteriores. Eso neutralizó la oposición de la derecha menos radical y gana en la segunda vuelta con 52%. 

¿La izquierda tuvo participación en el gobierno de Ollanta Humala? 

En el primer gabinete hubo alrededor de ocho ministros de izquierda, pero ninguno tenía responsabilidad sobre la parte económica que le fue asignada a sectores de centro derecha. Pero hay que aclarar que lo que se instala es un gobierno en disputa. 

¿Cuantos ministros hay en total? 

Son catorce ministerios. 

¿Qué porcentaje de votación tuvo la izquierda? 

Nosotros decimos quizás de manera un poco arrogante, que Humala saca 32% en la primera vuelta gracias a la izquierda que puso toda su fuerza en movimiento. Pero es difícil hablar de porcentajes. 

¿Por qué se produce la ruptura de la izquierda con Humala? 

Básicamente por el tema minero. El punto de no retorno fue el proyecto Conga, nosotros siendo quizás poco políticos y muy principistas dijimos que al primer muerto nos íbamos. El ministro de Ambiente fue muy claro cuando nos dijo que teníamos que hacer todo en los primeros ciento veinte días porque después no íbamos a poder hacer nada. 

¿Qué le aporta el proyecto Conga al Perú? 

Estaba tentando a decir que muy poco, pero la aprobación de Conga le puede aportar la confianza de que va a haber otros diez proyectos por un total de veinticinco mil millones de dólares en los próximos cuatro años para el desarrollo de la minería metálica en el Perú. Eso también puede dar confianza para otras inversiones en petróleo o gas. 

¿Eso no es positivo? 

Así, con una minería como la de Conga, no. 

Hay quienes sostienen que Conga es el Aratirí uruguayo. Explícanos en qué consiste el proyecto Conga. 

Consiste en una minería polimetálica, principalmente oro, pero también hay cobre, plata y plomo en una zona que es una cabecera de cuenca donde hay alrededor de veinte lagunas articuladas entre sí. Esto en un departamento fundamentalmente agrícola que es la segunda despensa alimentaria de nuestro país. 

Manifestación contra la minnera Yanacocha (Newmont) en Perú. 

Allí hace dieciocho años que la empresa Buenaventura empezó con el proyecto llamado Yanacocha y ahora quiere hacer el proyecto Conga. Esta empresa no tiene un curriculum de responsabilidad ambiental o social sino que más bien tiene un prontuario. Se ha caracterizado por una pésima relación con las comunidades. En una encuesta realizada en Cajamarca más del setenta por ciento de la gente está en contra de la empresa y en particular del proyecto Conga. 

¿Se equivocó la izquierda al apoyar a Ollanta Humala? 

Sabíamos que se iba a producir la ruptura pero la autocrítica que podemos hacer es que mientras la derecha ha gobernado el país durante ciento cincuenta años y sabe cómo gobernar, nosotros hemos tenido solo gobiernos regionales y nunca el gobierno central. Nosotros ni siquiera coordinábamos entre nosotros. Eso es producto de la atomización de la izquierda. El gobierno de Ollanta no fue nunca nuestro; era una alianza con nosotros y a los quince días nos dijo que él tenía otras prioridades. 

Hoy se pone a Perú como ejemplo de desarrollo. 

Que Perú tiene tasas de crecimiento económico como no tuvo nunca en su historia es verdad y lo tiene desde hace diez o doce años. Una tasa de crecimiento del cinco por ciento como mínimo y hemos llegado a ocho o nueve por ciento. Que este crecimiento se ha chorreado hacia los sectores más pobres, también es verdad, se ha disminuido la pobreza, incluso la extrema. Ahora bien, ese crecimiento no ha significado que Perú avance hacia una economía diversificada, con valor agregado y empleo permanente. Tampoco ha contribuido al fortalecimiento de las estructuras democráticas, la separación de poderes y el respeto a los sindicatos o movimientos sociales. Al contrario, tenemos un proceso de criminalización de la protesta social.

El crecimiento no tiene nada que ver con el tema ambiental o el respeto a las comunidades indígenas que en caso peruano son muy importantes. Los ciudadanos no son ciudadanos, son consumidores y cuanto más consuman mejor. Todos están funcionando con tarjetas de créditos, incrementando lo que es la burbuja financiera y ese es un modelo que dentro de muy poco va a explotar, y no nos estamos preparando para ese momento en el cual las materias primas tiendan a bajar.

Hemos reprimarizado a nuestro país enormemente, como casi nunca en la historia del Perú. 

Ha pasado a nivel latinoamericano. 

Sí, y al Perú lo presentan como un ejemplo de lo que hay que hacer en términos de inversiones mineras, petroleras, etc. Hay que sumarse a esas grandes concesiones que han hecho los gobiernos para que haya inversiones.

Concesiones que no hizo este gobierno, ni el de Alan García, ni el de Toledo; las hizo Fujimori en el año 92. Eso no se ha cambiado un ápice. Seguimos con las mismas leyes mineras de esas épocas. Leyes mineras casi sin vallas ambientales. 

¿Es viable desarrollar minería respetando el tema del medioambiente? ¿Cuál es el modelo de izquierda a seguir en ese campo? 

El Perú desde hace diez mil años es un país agrícola, forestal, pecuario, pesquero, y muy secundariamente durante toda su historia -salvo cuando vinieron los españoles-, es minero, y cocalero más recientemente. En este momento, nos tratan de convencer a los peruanos que Perú es un país minero y no nos queda otra alternativa que explotar la minería y el petróleo para poder desarrollarnos. En este pleito estamos varios, no solo la gente de izquierda.

Perú es un país que tiene una biodiversidad muy importante y tenemos campesinos que no son los grandes productores agrícolas, sino los que son la pequeña y mediana producción campesina que da el 29% del empleo en nuestro país. La minería da menos del 1% del empleo. Debería ser un país forestal como lo es, decimos que Perú es un país minero y marítimo, no, es forestal con 720.000 km², de territorio boscoso. Esa una potencialidad económica inigualable para nuestro país al igual que nuestro mar, que permanentemente está siendo polutado y expoliado no solo por la pesca de arrastre y la extracción de cardúmenes para hacer harina de pescado para alimentar a los chanchos de Europa, sino por la minería. Es al mar adonde se están yendo estos relaves mineros.

Tenemos nueve mil pasivos mineros. Sobre eso no hay ningún control, ningún sistema nacional que permita la remediación de los daños. 

¿Qué son los pasivos mineros? 

Es todo lo que queda después de que tú haces el hueco, los residuos mineros. El agujero y lo que sacaste del agujero. Cuando les cuentan el cuento, que en el pocito harán una lagunita bien bonita… bueno, esa lagunita va a tener arsénico, mercurio, todo tipo de metales pesados. Ahí, no va a crecer ni una sola trucha. Estos son los temas que están en debate ahorita.

Nosotros tenemos seis millones y medio de indígenas en el Perú sobre 30 millones de habitantes. Esos son los indígenas hablantes, pero los indígenas pensantes probablemente son el doble. Más de la mitad de la población de Perú es indígena pensante aunque no hablen quechua o el aymara. Este gobierno reconoce los 350.000 indígenas de la Amazonia porque dice que son originarios, pero los cinco millones de indígenas quechuas y aymaras los desconoce diciendo que son campesinos. Eso es por la presión de las empresas mineras que no quieren pasar por la consulta previa del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para decidir si un proyecto va a no.

Nunca nos entregaron el estudio de impacto ambiental del proyecto minero más grande de Perú que fue el proyecto Conga.

jueves, 8 de agosto de 2013

¡Viva Zapata! Los campesinos de Chiapas han celebrado el natalicio del líder de la Revolución Mexicana bloqueando carreteras



Por el 134 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, diversas organizaciones sociales bloquearon carreteras en la frontera con Guatemala. Los protagonistas fueron los comuneros de Chiapas, lugar donde surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por el Sub-comandante Marcos.

"Nos vimos obligados a cerrar las carreteras y movilizarnos por la cerrazón del gobierno del Estado", se lee en un comunicado de las organizaciones Nacional del Poder Popular (ONPP) y Campesina Emiliano Zapata Democrática e Independiente (OCEZ-DI).

Ellos exigen "apoyos para el campo, espacios en mercados públicos, regularización de la tenencia de la tierra, solución de conflictos agrarios y castigo a los responsables del asesinato de un comunero.

Hoy, 8 de agosto, se recuerda al revolucionario mexicano. En 1879, en Anenecuilco, Morelos, nació Emiliano Zapata, en la modesta casa de sus padres, Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. Su lucha fue por la recuperación de tierras de campesinos y una reforma agraria en el país con el lema "Tierra y Libertad". 

EZLN: La idea de transformar el mundo  

Como se recuerda, el 1 de enero de 1994, hartos de los encarcelamientos arbitrarios, de los desalojos y despojos, asesinatos, marginación, la extrema pobreza, y de la negligencia y complejidad de las autoridades, los insurgentes tomaron las alcaldías, las comisarías de policía y las emisoras de radio. De esta manera, la voz de los indígenas de Chiapas se esuchó en todo el mundo.

Respecto al acto insurgente de los zapatistas en 1994, el intelectual español Ignacio Ramonet señala lo siguiente: "El primero que va a contracorriente es el subcomandante Marcos. El 1 de enero de 1994, en plena represión militar nacional, surge una guerrilla en la selva de Chiapas y ocupa San Cristóbal de las Casas. Hace una serie de proclamas donde se vuelve a encontrar el civismo revolucionario; no un programa ni una transformación concreta, pero queda la idea de que es posible transformar el mundo en definitiva".

"Hoy estamos más cerca que nunca de resolver un problema que lleva casi 500 años en este país. Este problema es que a los pueblos originarios de estas tierras, a los pueblos indígenas, se les ha tratado de exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran", reflexiona el subcomandante.

En 1994, el EZLN se alzó en armas contra el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para poner fin a la dictadura y a una "guerra genocida no declarada" contra el pueblo mexicano. Ahora, el PRI ha vuelto a poder con el presidente Enrique Peña Nieto y ha provocado la resistencia de cierto sector de la izquierda mexicana y, como era de esperarse, de los zapatistas.

Repsol en Camisea ¿Perpetrando otro etnocidio?

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Las empresas petrolíferas que explotan los lotes vinculados a Camisea juegan en un terreno favorable para operar con discutibles prácticas que vulneran los derechos de las comunidades nativas. La inaccesibilidad, la falta de testigos, unido a una complicidad gubernamental y las engañosas campañas de imagen corporativa y relacionamiento comunitario, permiten a Repsol, Petrobras, Hunt y Pluspetrol, empresas operadoras de los lotes 56,57,58 y 88, a actuar con un holgado margen de impunidad.

El libro Gas Amazónico, estudio del programa Environmental Governability-ENGOV- que recientemente ha publicado la editorial Icaria, aporta nuevas pruebas sobre las fechorías de estas empresas en ambos márgenes del río Urubamba, al sur de la Amazonía peruana. Alli, decenas de comunidades nativas, de los pueblos matsiguenga, yine yami, asháninka y kakinte se han visto intervenidas para llevar a cabo una industrialización del territorio sin precedentes. Peor aún los pueblos en aislamiento nahua, nanti y masco-piro, cuya supervivencia es gradualmente amenazada. Uniendo los 4 lotes, suman más de 1 millón y medio de hectáreas afectadas por una posible intervención, incluso en el interior de la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nanti, las Reservas Comunales Machiguenga y Ashaninka y los límites del Parque Nacional Otishi y del Santuario Megantoni. 

“Los efectos de esta industrialización ya se sienten y han modificado las condiciones de vida de las comunidades. Pero los lotes se encuentran todavía en una fase germinal de desarrollo. Las compañías que los operan, llevan un lustro explorando sus entrañas y en los últimos meses ya han arrojado satisfactorios resultados. Habiendo descubierto reservas probadas de gas, hemos entrado en la cuenta atrás para la apertura desenfrenada de decenas de pozos en cada lote, el tendido de kilómetros de ductos, la ampliación de depósitos de almacén y la construcción de nuevos y gigantes gasoductos para exportar las riquezas descubiertas. Y con esta industrialización, el destino de las comunidades quedó, sin saberlo, atrapado para siempre dentro de este complejo industrial que lo abarca todo.”(1) 

En un contexto nacional en pleno baile de cifras sobre las expectativas de producción y exportación de volúmenes de gas, las corporaciones logran instalar en la sociedad urbana la esperanza de un abaratamiento del gas doméstico, carísimo en Perú por la integración vertical de Repsol en todos los eslabones de producción y comercialización de este recurso. Pero en “Gas Amazónico” afloran las vicisitudes que ponen en entredicho el presumido desarrollo local y peor, el respeto al derecho a la vida de los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial. 

En el libro, se ha perseguido la documentación de accidentes y derrames de hidrocarburos en los ríos, el gradual deterioro de la calidad de los recursos por la intensificación del transporte fluvial y aéreo o los instrumentos de Relación Comunitaria enfocados a conseguir un consentimiento servil a partir de la disposición de mecanismos de dependencia en las comunidades... Además, se reconstruye la reciente historia del contacto y debacle poblacional del pueblo nahua a partir de la entrada de Shell y las posteriores operaciones de Pluspetrol en el interior de la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nanti. 

En la actualidad, esta empresa plantea la construcción de 18 nuevos pozos y los medios insinúan la intención de otorgar otro lote (Lote Fitzcarrald) entre esta reserva y el Parque Nacional Manú. Las amenazas se acentúan. 

Por eso, la lectura de Gas Amazónico resultará incómoda para las corporaciones de Camisea y en ciertos despachos de Lima. Porque es un reportaje in situ que da voz a las comunidades, está fundamentado y bien referenciado. Un esfuerzo para, desde una óptica científica, desmontar el discurso extractivista. Y aflorarán las dudas sobre el talante de responsabilidad que presumen las compañías. Sus coartadas, en el campo de la criminalidad ambiental, serán fuertemente cuestionadas y pondrán en duda el seguir apostando por el avance de las fronteras extractivas en la Amazonía. 

Nota: (1) GAVALDÀ, Marc, “Gas Amazónico. Los pueblos indígenas frente al avance de las fronteras extractivas en Perú, Icaria Editorial, 2013.

Protestas mundiales exigen protección para los indígenas aislados de Perú



Los manifestantes en Madrid y Londres, vestidos como trabajadores del gas con máscaras y cascos, portaron pancartas simbolizando los efectos letales del proyecto Camisea. Los manifestantes entregaron en las embajadas y consulados de Perú bidones de gasolina llenos con los nombres de 120.000 personas que han pedido al presidente de Perú que ponga freno a los foráneos y las empresas que invaden la tierra de los indígenas aislados.

El Gobierno de Perú está a punto de aprobar una enorme expansión del infame proyecto gasístico Camisea que penetraría aún más en la Reserva Nahua-Nanti, hogar de varios pueblos indígenas aislados y no contactados.

Camisea ya se encuentra en el corazón de la Reserva Nahua-Nanti, y es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, considerado por la UNESCO como “el lugar con mayor biodiversidad del planeta”. Es el proyecto gasístico más grande de Perú, y lo gestionan entre otros la española Repsol, la argentina Pluspetrol y la estadounidense Hunt Oil.

Recientemente la ONU pidió la suspensión inmediata de la expansión de Camisea por el riesgo que supone para las vidas de los indígenas aislados que viven en las cercanías.

Los indígenas aislados son extremadamente vulnerables ante las enfermedades introducidas por foráneos: la exploración inicial en Camisea en los años 80 provocó la muerte de la mitad de la tribu nahua.

Manifestantes en Londres con máscaras de gas y pancartas para denunciar los efectos letales del proyecto Camisea. http://assets.survivalinternational.org/pictures/3180/uk-per-demo1_original.jpg
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Perú: La expansión de Camisea o la muerte de un mundo

http://p2.trrsf.com/image/fget/cf/407/305/images.terra.com/2013/08/06/nahua11.jpgPERÚ.- Recientemente, un grupo de organizaciones indígenas, colectivos de derechos humanos y movimientos sociales solicitamos al Presidente de Perú, Ollanta Humala, que respete los derechos de los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, en el sureste del país.

Estos pueblos libres -son libres porque deciden autónomamente sus destinos, hasta ahora sin injerencias externas- se ven hoy amenazados por la inminente expansión del proyecto gasífero de Camisea, el cual pretende ampliar la explotación de las reservas almacenadas en el subsuelo de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (KNN), su casa.

Desde un punto de vista técnico, los territorios indígenas se convertirán en el escenario para la realización de estudios sísmicos, así como para la construcción de veintiún nuevos pozos, una línea de conducción para el gas licuado, y otra infraestructura asociada a los proyectos extractivos (carreteras, salas de máquinas, etc.). En la práctica, ello supondría la condena a muerte de varias comunidades y la probable desaparición de un sistema propio de pensamiento, que nace y que se debe a la tierra, y que durante años ha salvaguardado la biodiversidad de esta región de la selva peruana. Todo ello, por supuesto, en nombre del progreso y del bien común. 

Los pueblos amenazados  

La Reserva KNN se creó en 1990 para proteger los derechos territoriales de los pueblos nahuas, nantis y otros que viven dentro de la reserva y que han mantenido relaciones limitadas con el resto de la sociedad, incluyendo con otras comunidades indígenas. Un factor fundamental para su creación fue la trágica experiencia de contacto de algunas comunidades nahuas con un grupo de madereros en 1984, la cual desembocó en la muerte de la mitad de dicho pueblo a raíz de enfermedades derivadas del contacto.

No sólo la salud se resiente cuando los territorios de un pueblo libre se ven invadidos. Todo su frágil ecosistema -que los hombres y las mujeres de las comunidades contribuyen a sostener y conservar- se ve dramáticamente afectado: las fuentes de agua son contaminadas, los bosques son deforestados y las relaciones integrales entre seres humanos, animales y plantas, son profundamente alteradas. Más allá del impacto cultural o espiritual, la intervención de las corporaciones extractivas en un medio natural prácticamente virgen impide el sostenimiento de los modos de vida de las comunidades, quienes, sin el acceso a sus fuentes de subsistencia (caza, pesca, cultivos), se ven obligadas a enfrentar el hambre y la miseria, optando en muchos casos por la migración. De esta manera quedan definitivamente rotos los lazos sociales y comunitarios construidos durante milenios. 

Es necesario poner de relieve que este ingreso se produciría en contra de la voluntad de los pueblos indígenas que habitan la Reserva KNN, muchos de los cuales eligieron no tener contacto alguno con otros grupos sociales. Y mucho menos poner a disposición de terceros los bienes naturales de los que depende su existencia.

Estamos, por tanto, ante la amenaza de una invasión. Una invasión impuesta y violenta, que vulnera los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos tanto por la normativa nacional, como por la internacional. 

El proyecto y el consorcio Camisea  

En 1987, y en el marco de operaciones petrolíferas operadas por la compañía Shell en la Amazonía, se hizo público el hallazgo de dos grandes yacimientos de gas, que se denominaron San Martín y Cashiriari, en el área de Camisea. Pero no es hasta el año 1999 que nace el Proyecto Camisea como tal, apoyado por las instituciones públicas peruanas. Y en el año 2004 comienzan las operaciones extractivas.

Este megaproyecto busca básicamente captar y transportar el gas natural proveniente de los yacimientos San Martín y Cashiari (que conforman el Lote 88), hacia una planta de separación de líquidos ubicada en Malvinas, a orillas del río Urubamba, para que después el gas sea transportado por un gasoducto hasta Lima, con vistas a su exportación.

La explotación de estos yacimientos está ahora en manos de un conglomerado corporativo, conocido como Consorcio Camisea e integrado por empresas de capital español (Repsol), argentino (Pluspetrol y Tecpetrol), estadounidense (Hunt Oil), surcoreano (SK Energy) y argelino (Sonatrach). 

En cuanto a la financiación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó varios créditos para abordar la primera parte del proyecto, convirtiéndose en el principal prestamista (400 millones de dólares) para la segunda (denominada Camisea II), que aborda la construcción de la infraestructura para la exportación, fase que inicia en 2008. Este apoyo se completa con el de un grupo de bancos privados, que aportan otros 400 millones de dólares para Camisea II, y que está compuesto por las siguientes entidades: Société Générale, Calyon, Sumitomo, ING, Mizuho, Bank ofTokyo Mitsubishi y el español BBVA, que ya había financiado anteriormente a una de las empresas del consorcio Camisea. 

Finalmente, la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial), otorgó otro crédito por 300 millones de dólares para el proyecto. 

La implicación de BBVA y Repsol  

El banco BBVA inició sus operaciones en Perú en 1990, fecha en la que absorbió al peruano Banco Continental, naciendo de esta manera el BBVA Continental. Entre sus principales operaciones en el país se incluyen la financiación de varios megaproyectos extractivos. Concretamente:
Minera Yanacocha: en 2006, otorgó un crédito de 100 millones de dolares para la explotación de Yanacocha, que es la mina de oro más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo. Opera a cielo abierto y desde su apertura, la degradación y contaminación del agua ha sido constante.
Compañía Minera Antamina: financió la explotación de la mina Antamina, de cobre y zinc, que está causando la contaminación de la tierra y los recursos hídricos adyacentes.
Proyecto Camisea: en 2006, ya había financiado a la empresa Tecpetrol para sus actividades en Camisea. En 2008, pasó a participar en el conglomerado financiero que aporta los fondos para emprender la segunda parte del proyecto.
Por su parte, Repsol tiene adjudicada –en solitario o en consorcio con otras transnacionales- la explotación de gas en 7 bloques en el país -entre ellos el Lote 88 (como parte del Consorcio Camisea)- que cuentan con una superficie neta de 20.866 km2.

Además, también participa en la gestión de la planta de licuación conocida como Perú LNG, que procesa 17 millones de metros cúbicos al día de gas, y cuenta con los dos mayores tanques de almacenamiento de Perú. Se trata de la mayor adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) realizada por Repsol en toda su historia. Esta planta forma parte de la II Fase del proyecto Camisea. 

La ampliación del proyecto 

En 2012 se conocieron los planes del Gobierno de Perú que permitirían la expansión de las operaciones extractivas en la región de Camisea. Estos planes incluyen propuestas de estudios sísmicos extensivos y la construcción de veintiún nuevos pozos, una línea de conducción y la infraestructura asociada en el Lote 88, y la creación de una nueva concesión en el área, el adyacente Lote Fitzcarrald.

Esta amenaza ha motivado que las principales organizaciones indígenas del país (la Organización Regional Aidesep Ucayali –ORAU-, el Consejo Machiguenga del río Urubamba –COMARU-, la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes –FENAMAD- y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –AIDESEP-) solicitaran la intervención de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD).

Es en este marco que 58 organizaciones de todo el mundo firmamos, a finales del pasado mes de febrero, la siguiente carta, dirigida al actual Presidente del Gobierno peruano, Ollanta Humala, en la que le solicitábamos que se dé marcha atrás y que emita una aclaración pública sobre la inviolabilidad de la Reserva KNN y los territorios adyacentes, asegurando que serán respetados estos territorios, y que no se desarrollará en ellos ninguna actividad extractiva.

Si esto no ocurre y se da luz verde a la expansión del proyecto Camisea, no sólo se estarán violando las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, sino que se pondrá en riesgo la existencia de todo un mundo, de todo un sistema de pensamiento y de organización social, del que son portadores los pueblos indígenas que habitan los territorios ahora amenazados.

Amnistia Internacional: Gobiernos de la región deben garantizar derechos humanos de pueblos indígenas

hombre nahua 
Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional se solidariza con todos los pueblos indígenas de América, que han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y la discriminación.

Privados de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. Mucha de la población indígena aún no cuenta con el reconocimiento estatal sobre la propiedad de sus territorios ancestrales y están en permanente riesgo de ser expulsados.

La extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en los territorios indígenas son a menudo impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos ni respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Frecuentemente, sufren actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios y los Estados no cumplen con su obligación de proteger los derechos de estas comunidades, incluso llegando a perseguir criminalmente a sus líderes o desprestigiarlos.

Si bien la región de América ha hecho importantes avances en el reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente, en muchos casos estos derechos son ignorados o aplicados de un modo que no respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales, como por ejemplo cuando no se consulta con ellos legislaciones que afectan sus derechos o se los mantiene en riesgo permanente de desalojo de sus territorios ancestrales.

EN PERÚ

La organización expresa su preocupación por la situación de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, como es el caso de la reserva del Kugapakori-Nahua-Nansti situada en el departamento de Cusco y Ucayali. Según entidades estatales peruanas, las actividades de extracción (Lote 88) que se prevén en la reserva pondrían en riesgo su medio ambiente, así como la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, pudiendo producirse un impedimento en el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Amnistía Internacional solicita al Estado peruano tomar las medidas correctivas correspondientes para analizar y evaluar la factibilidad de desarrollar actividades de exploración y explotación en territorio indígena, a fin de preservar la vida y el desarrollo de esta población.

De igual manera, preocupa en Perú, la existencia de altos niveles de contaminación por hidrocarburos y metales pesados en territorios de comunidades del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes, al norte de la región Loreto, señaladas mediante diagnóstico ambiental por entidades del Estado peruano, cuando sobre estos territorios se prevé consultas a los pueblos indígenas en el marco de actividades de exploración y explotación (Lote 1AB). Amnistía Internacional reafirma la obligación del Estado peruano de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que se puedan haber cometido contra los pueblos indígenas.

En este día, señala Amnistía Internacional, todos los gobiernos de la región deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.

Estándares mínimos

Los derechos de los pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es el resultado de más de 20 años de deliberación con la participación de los Estados y los pueblos indígenas. Todos los Estados de América la han respaldado. Estos derechos también están recogidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de los Estados de América. Asimismo, han sido apoyados reiteradamente por la ONU y los órganos regionales de vigilancia de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para más información


Comunicado de Amnistía Internacional en apoyo a la celebración del aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Sarayaku de Ecuador:
http://www.amnesty.org/es/news/ecuador-un-o-despu-s-de-la-crucial-sentencia-la-lucha-del-pueblo-sarayaku-sigue-2013-07-25

Miembros de Amnistía Internacional alrededor del mundo apoyan con acciones al Pueblo de Sarayaku:
http://amnistia.me/profiles/blogs/kichwa-sarayaku-25julio

Perú: Estado peruano anula observaciones a la ampliación de Camisea que protegían aislados

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- Primer Ministro anunció que las 83 observaciones para proteger a pobladores de la reserva para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial fueron anuladas para iniciar una nueva revisión del EIA.

La resolución del Viceministerio de Interculturalidad con 83 observaciones a la ampliación de las actividades del proyecto Camisea en el lote fueron publicadas en el portal del Ministerio de Cultura y desaparecidas horas después. Ayer se supo el motivo de tan enigmática desaparición.

Según la versión que el premier Juan Jiménez Mayor brindó el miércoles 7 de agosto a la prensa la resolución 005 del 12 de julio fue dejada sin efecto -y en consecuencia el informe que la sustentaba- por una nueva resolución 007 del 19 de julio.

Cabe destacar que entre ambas resoluciones algunos funcionarios del ministerio de Cultura decidieron renunciar, entre estos Paulo Vilca Arpasi, ex titular del viceministerio de Interculturalidad y autor de la resolución.

Con la decisión el gobierno de Ollanta Humala deja a un lado el pedido efectuado por organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y las organizaciones indígenas.

Un comunicado del Ministerio de Cultura pretende justificar la anulación de la Resolución 005 y del informe que lo sustenta con el argumento de que el 19 de julio recibió “nueva información (ocho tomos)” con mayores detalles sobre el estudio de impacto ambiental de parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según indica el comunicado, hasta entonces no se había notificado al Minem la Resolución Viceministerial 005 del 12 de julio, y que -oh casualidad- se había retirado del portal del Ministerio de Cultura.

El sector Cultura decidió -el mismo día que recibió la información del Minem- anular su propia resolución anterior, y emprender -lo que suponemos- una sesuda revisión de su propio informe.

El primer Ministro Juan José Jiménez ha dado todas las garantías de que se va a revisar nuevamente el EIA de Pluspetrol para velar por que no afecte a los nativos y el Ministerio de Cultura reafirmó que su objetivo es “continuar con la protección de los pueblos indígenas de acuerdo a la normatividad vigente”

¿Quién asume la responsabilidad por la afectación a la vida y salud de los aislados?

El motivo es de escándalo pues las observaciones advierten claramente que la ampliación de las actividades en el Lote 88 “conlleva un impacto crítico severo en la salud de las poblaciones así como afectaciones severas y moderadas sobre su provisión de alimentos”.

Cabe destacar que se trata de poblaciones vulnerables para las que “cualquier contacto es un riesgo”, según lo establecen protocolos del sector Salud.

La situación es particulamente preocupante si se considera que existen antecedentes como la devastación del 40 al 50 por ciento de la población a consecuencias de epidemias generadas a partir del actividades de exploración efectuadas por la empresa Shell en Camisea a mediados de la década del 80.

¿Después de 20 años y a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en el conocimiento de los pueblos en aislamiento y contacto inicial esperamos que se repita nuevamente una tragedia similar?

¿Quién asume la responsabilidad política por el genocidio que se produciría si las poblaciones de la Reserva Nahua Kugapakori Nanti y otros resultan víctimas de epidemias por las actividades de Camisea?

Acceda al comunicado del Ministerio de Cultura con un clic en el siguiente enlace:

miércoles, 7 de agosto de 2013

Los Nahua dicen NO al consorcio de Camisea en su territorio



Por David Hill

Los miembros del pueblo Nahua que viven en una reserva para pueblos indígenas en ‘contacto inicial’ y ‘aislamiento voluntario’ de la Amazonía peruana dicen que no permitirán que el consorcio de gas liderado por Pluspetrol opere en su territorio.

Pluspetrol se encuentra actualmente a la espera de la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para realizar pruebas sísmicas y perforación de pozos exploratorios en el territorio Nahua, en su búsqueda de nuevos yacimientos de gas, como parte de la expansión del proyecto de gas de Camisea en el sureste peruano.

“Por reiteradas promesas incumplidas por la empresa Pluspetrol, nuestro pueblo ha decidido no permitir el trabajo de dicha empresa en nuestro territorio ancestral (cabeceras del río Serjali)”, afirma una carta escrita por los Nahua, que tardó cinco días en llegar al Ministerio de Cultura en Lima desde su aldea en las nacientes del Amazonas.

Los Nahua entraron en contacto permanente con el “mundo exterior” en 1984, después de su captura por parte de madereros ilegales relacionados indirectamente con la exploración en la región de Camisea por la empresa Shell. Después del contacto, aproximadamente el 50 por ciento de los Nahua murió a los pocos meses, como resultado de su exposición a las enfermedades introducidas para las cuales no tenían inmunidad natural.

Después de que Shell se retiró, el consorcio liderado por Pluspetrol se hizo cargo en 2000, comenzó a producir gas en el 2004, y ahora quiere explorar en busca de más depósitos mediante la perforación de 18 pozos y la realización de intensivas pruebas sísmicas 2-D y 3-D.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los planes de Pluspetrol, las pruebas sísmicas en 3-D y nueve de los 18 pozos a perforarse estarán en las cabeceras del río Serjali, que los Nahua consideran su territorio.
El EIA indica que la exploración implicará, entre otras cosas, la entrada a la región de cientos de forasteros, la detonación de miles de explosivos subterráneos, el vertido de efluentes en el río Serjali y cientos de kilómetros de caminos abiertos en el bosque a través de cientos de kilómetros cuadrados.

Los impactos sobre los Nahua y otras personas en “contacto inicial” o “aislamiento voluntario”, según el EIA, podrían o serán considerables debido a su “alta vulnerabilidad” al contacto y a su dependencia de los recursos naturales de la selva para su supervivencia.

Estos impactos, señala el EIA, incluyen la limitación de su acceso a los recursos como el pescado y el agua, el alejamiento de la fauna del lugar a consecuencia del ruido de las operaciones lo que reduce la cantidad de alimentos que consumen, provocando “temor”, “estrés” y “preocupación” y la “sensación de una invasión”, y el “posible riesgo de enfermedades.”

La carta de los Nahua es firmada por la junta directiva de una aldea llamada Santa Rosa de Serjali, que fue fundado después del contacto sostenido en 1984 y es la única aldea Nahua conocido en la Amazonía peruana.

La carta también afirma que la tuberculosis se ha convertido en un problema “grave” en el territorio nahua y que un puesto de control, supuestamente dirigido por el departamento de asuntos indígenas del gobierno, INDEPA, con la intención de proteger la reserva, está “casi por derrumbarse”.

La carta, fechada el 7 de julio, se dirige a Paulo Vilca Arpasi, quien era el Viceministro de Interculturalidad (VMI) peruano en ese momento.

Sin embargo, cuatro días después, el VMI fue autor de un informe muy crítico sobre el EIA de Pluspetrol indicando que los Nahua podrían ser ‘devastados’ y otros dos pueblos indígenas de la reserva, los nanti y los kirineri, podrían “extinguirse” si la empresa siguiera adelante con sus operaciones. Este informe temporalmente bloquea la expansión, pero ambos Vilca Arpasi y el ministro de Cultura responsable del VMI han renunciado.

Cuatro organizaciones indígenas en Perú – AIDESEP, COMARU, FENAMAD y ORAU – ya han expresado su oposición a la expansión de Pluspetrol con el anuncio de que se va a presentar una demanda. Tres de las mismas organizaciones – AIDESEP, COMARU y ORAU, junto con la organización internacional de derechos humanos Forest Peoples Programme – subsecuentemente apelaron ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD-ONU), generando una respuesta rápida por parte del Comité de las Naciones Unidas -CERD instando al Gobierno de Perú a “suspender de inmediato” la expansión – una petición que el Ministro de Energía y Minas dejó claro, en una audiencia en el Congreso en abril, tiene la intención de ignorar.

Santa Rosa de Serjali se encuentra en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti, que fue establecida en 1990 para proteger a los Nahua y a otros pueblos indígenas evitando o limitando su contacto con el “mundo exterior”. A pesar de esto, y un decreto supremo de 2003, supuestamente destinado a proteger aún más la reserva, la concesión de Pluspetrol, denominada Lote 88, se superpone a casi tres cuartas partes de la reserva y las pruebas sísmicas previstas y pozos llevarán al consorcio más al norte, este y sur de ella.

¿Qué esta pasando con la recaudación y el canon minero?

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Escribe:José De Echave C.

La noticia ha sido comentada en todas las páginas de economía de los principales diarios, aunque el tema no haya sido mencionado en el discurso presidencial. Alcaldes y presidentes regionales han prendido las luces de emergencia por las menores transferencias y el recorte importante de sus ingresos: el canon minero transferido a los gobiernos regionales habría caído en 24% entre el 2013 y el 2012. Las regiones más castigadas parecen ser Cusco y Arequipa (-90% y -43.5% respectivamente).

¿Qué está pasando? Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, mientras que la recaudación del Impuesto a la Renta el año 2012, se incrementó en un 4% (en comparación al mismo período del 2011), la recaudación minera cayó en -19,8%. Esto ha provocado que por ejemplo la participación de la minería en la recaudación del impuesto a la renta baje a un 25.7%, luego de representar el 50.9% el año 2007.


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Las explicaciones que se dan de la caída son básicamente dos: las menores cotizaciones internacionales de los metales y por otro lado el retraso de varios proyectos de inversión en minería como consecuencia de los conflictos sociales. ¿Eso es todo? ¿No hay otros factores a considerar?

Si bien las cotizaciones de los principales metales han cedido en los mercados internacionales y tampoco se puede negar la incidencia de conflictos sociales en el país en el desarrollo de algunos proyectos, lo cierto es que llama la atención que en algunos regiones no se hayan producido mayores retrasos en la cartera de inversión minera y pese a ello hoy en día están fuertemente castigadas por el recorte de las transferencias.

Es el caso del Cusco. En esta región los proyectos mineros no parecen haberse retrasado: el proyecto Antapaccay inició su etapa de producción, de acuerdo a lo previsto, en el último trimestre del año pasado. Otros proyectos, como el de Constancia en la provincia de Chumbivilcas, sigue desarrollándose de acuerdo a lo planificado.

¿Por qué un recorte tan drástico en el caso del Cusco? Aparentemente un factor es la menor producción de la mina de Tintaya (en procesos de cierre) y el inicio de Antapaccay, que todavía no se encuentra en plena producción. Pero además, el otro tema que debe ser por lo menos considerado, tiene que ver con la permanencia de algunos beneficios tributarios, como la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), etc., o los convenios de estabilidad tributaria que en una coyuntura de menor bonanza se dejan sentir.

No debemos olvidar casos precedentes como el de Antamina. Pese a que esta empresa comenzó a producir el año 2001, recién comenzó a pagar el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría el año 2005, después de haber terminado de aplicar el beneficio tributario de la depreciación acelerada. Así, la recaudación de este impuesto en el sector minero aumentó en poco más de 54% durante 2005 y en poco más de 57% durante 2006, debido a que Antamina comenzó a pagar dicho impuesto a partir del mes de abril de 2005.

Ello nos brinda una idea del efecto perverso que tienen los beneficios tributarios en el aporte fiscal del sector minero en términos de mediano y largo plazo. Por lo tanto, incluso si no existiesen incrementos excepcionales de los precios, la sola reformulación de los beneficios tributarios concedidos al sector permitiría una mayor contribución de las empresas mineras con el desarrollo del país.

¿Algo de eso puede estar pasando en el actual contexto? En todo caso no estaría demás mirar con mayor atención algunos de los mecanismos que las empresas en períodos de menor bonanza utilizan para pagar menos impuestos: por ejemplo, el incremento de sus costos operativos o el del valor deteriorado de algunos activos, acciones que configuran una suerte de elusión tributaria que busca aprovechar los vacíos de nuestra legislación tributaria y terminan afectando la recaudación.

En todo caso, en el actual contexto no hay que olvidar que nuestro país ha firmado la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Que la situación de preocupación por las menores transferencias permita una discusión seria y transparente sobre estos temas y que sobre todo las explicaciones claras lleguen a los alcaldes y presidentes regionales.

Espinar: La presión viene de varios frentes


Por José De Echave*

La situación que vive la provincia de Espinar se torna preocupante. En menos de una semana se han conocido dos noticias que han generado inquietud en sus pobladores y autoridades. En primer lugar, la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año y por otro lado el pedido de diez años de prisión para el alcalde Oscar Mollohuanca y otros dirigentes sociales de la zona.

¿Qué está pasando? ¿Todo es una desafortunada coincidencia? Lo lamentable es que estos hechos le añaden tensión a una zona del país en la que la población y sus autoridades han estado haciendo un enorme esfuerzo para superar el escenario de conflicto que se presentó en mayo de 2012.

Sobre el tema del canon y la reducción de las transferencias, lo menos que se le debería pedir a esa “isla de excelencia del Estado peruano” (así es como se autocalifican), que se llama Ministerio de Economía y Finanzas, es una explicación de cómo así presentaron presupuestos de apertura con datos tan errados. ¿Qué les pasó? La transferencia programada para Espinar era de 65´531,309.00 millones de soles y van a recibir apenas 5´031,688.88 millones de soles. (ver cuadro)


Además, habría que exigir una discusión lo más transparente posible sobre este tema para ver qué es lo que ha pasado y sobre todo cuáles son las salidas. ¿O acaso los del MEF piensan que las municipalidades se las tienen que arreglar solas? ¿Cuál es la responsabilidad del MEF en todo esto?

También cabe preguntar para qué sirve que el Perú haya firmado la Iniciativa de Transparencia Financiera para las Industrias Extractivas, si en una situación como la descrita no se va a actuar con la mayor transparencia posible.

Como se ha mencionado, el otro tema que ha generado preocupación y malestar en Espinar es la acusación presentada por la Fiscal María Ley Tokoumuri, en la que solicita 10 años de prisión para el alcalde Óscar Mollohuanca y los dirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní, entre otros. La Fiscal, que aparentemente nunca ha pisado Espinar y que ha investigado el caso desde Ica, los acusa de ser autores de varios delitos: contra la seguridad pública, entorpecimiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

¿Es todo una lamentable coincidencia? El argumento que siempre se esgrime en este tipo de situaciones es el de la independencia de los poderes y que desde las altas esferas del poder político no se ejerce ningún tipo de presión. Lamentablemente, la realidad es mucho más complicada: basta con escuchar el reciente audio difundido en los medios de comunicación -en el que el entonces Ministro de Justicia, Juan Jiménez, el agente peruano y hoy Ministro del Interior, Pedro Cateriano y el ex presidente del Poder Judicial, parecieran intentar influir en la jueza que debía resolver el complicado caso de Chavin de Huantar-, para tener una idea de cómo se presiona, bajo supuestas sugerencias, al Poder Judicial.

Al margen de especulaciones, lo cierto es que estos dos hechos pueden provocar que se pierda todo lo avanzado en el diálogo sostenido durante más de un año en Espinar, buscando superar un escenario de conflicto como consecuencia de la presencia de la actividad minera. No se debe perder de vista que los equilibrios siguen siendo precarios en esa provincia cusqueña.

*José De Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.

Perú: En la Plaza San Martín, lanzamiento de la campaña "un hombre no viola"






Plantas prohibidas para curar enfermedades graves, Josep Pàmies



El Sr. Josep Pàmies nos explicará las propiedades de las plantas que han decidido prohibir y que nos podrían ayudar a curar enfermedades crónicas en las que normalmente necesitamos un control médico estricto. 

"Tengo 60 años, hijos y nietos. Creo que durante muchos años colaboré sin saberlo a que la gente enfermara con los productos químicos con que regaba mis plantas. Tengo una deuda con la sociedad." 

Él es Josep Pàmies, también conocido como El pagés de la Stevia, un hombre valiente y generoso que se enfrenta a las grandes multinacionales farmacéuticas vendiendo y regalando plantas beneficiosas para la salud, que las farmacéuticas quieren monopolizar o eliminar para poder seguir vendiéndonos sus medicamentos químicos.

Defensoría recomienda al Ejecutivo proteger a indígenas en peligro por ampliación de Lote 88

Perú: Informe que plantea 82 observaciones a EIA de Pluspetrol no es notificado a Energía y Minas

 
Pese a ya haber transcurrido casi 25 días de la aprobación por parte del Viceministerio de Interculturalidad del informe que plantea 82 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol, éste no ha sido notificado formalmente a la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (DGAAE).

Un informe de la periodista Nelly Luna Amancio del diario El Comercio, publicado el domingo último, da cuenta del modo cómo el Gobierno ha preferido guardar silencio sobre el tema en lugar de implementar medidas para la protección de los pueblos en aislamiento que se podrían ver afectados por la actividad de la petrolera.

El citado informe aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC concluye que la ubicación de algunos pozos exploratorios “tendría un impacto crítico en las poblaciones indígenas que viven en aislamiento, así como afectaciones severas al desarrollo de sus actividades económicas”.

El documento se menciona también que “la empresa no ha brindado toda la información necesaria con relación a la descripción del proyecto, línea de base física, línea de base social, impactos ambientales, sociales y culturales y el plan de manejo ambiental, entre otros”.

Los cuestionamientos hechos por el Viceministerio no son nuevos. La misma DGAAE realizó en mayo 122 observaciones al estudio. La Autoridad Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), otras tantas.

Desde hace algunos días viene circulando un pronunciamiento suscrito por una veintena de organizaciones civiles en el que se le exige al presidente Ollanta Humala detener la ampliación del proyecto Camisea. Survival Internacional ha sido la última en sumarse a la iniciativa.