El debate sobre la libre importación de las semillas de los productos transgénicos apareció en escena como una confrontación entre, de un lado, sectores gubernamentales que querían su aprobación inmediata y, de otro, sectores de la población que querían evitar que ingresen al país los Organismos Vivos Modificados (OVM) genéticamente debido al daño que podrían causar.
Poco a poco, sin embargo, el debate ha adquirido dimensiones y visiones de fondo, que tienen que ver con los patrones gubernamentales de comportamiento, estilos de crecimiento y modelos de desarrollo.
Queda claro para todos que el gobierno promulgó el 14 de abril el DS-003-2011-AG, sin consulta alguna, sobre todo para favorecer a intereses particulares, de los cuales formaba parte el propio Ministro de Agricultura, como accionista de El Rocío SA, que utiliza soya y maíz transgénicos.
La cuestión es que existe un fuerte debate internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, “los alimentos modificados genéticamente (transgénicos) disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no presentarían riesgos para la salud humana” (Otra Mirada, 05/05/2011).
Advierten, sin embargo, sobre “los efectos de un desplazamiento de genes de vegetales genéticamente modificados que se pasarían a los cultivos silvestres, esto es, la capacidad de dichos genes para dispersarse sin control sobre la producción orgánica, pues cada suelo y ambiente es distinto” (ídem).
En otras palabras, lo que nos está diciendo la OMS es que las semillas transgénicas (no los alimentos importados –y que usan OVM– como los Corn Flakes, los cereales Heinz para bebés y hasta la leche instantánea Nestlé Carnation) pueden contagiar a las semillas locales y, de esa manera, afectar las semillas autóctonas y atentar contra la biodiversidad.
Esos efectos pueden no manifestarse en el corto plazo sino después de muchos años, por lo cual es correcto plantear una moratoria. Además, debe tenerse muy en cuenta que la conciencia ecológica mundial rechaza los productos elaborados con OVM, lo que afectaría los productos agrícolas peruanos que los utilizaran.
Aquí viene el tema de fondo. ¿Por qué tipo de país apostamos? Si queremos uno que malogre su biodiversidad y la calidad de sus productos autóctonos, entonces aceptemos sin chistar el DS-013-AG. Pero si queremos un país que, entre otros objetivos, postule claramente a liderar la gastronomía de América Latina, entonces pongamos en marcha políticas de Estado que nos lleven hacia esa meta.
Cada país debe saber qué quiere en el largo plazo, como Costa Rica. Hace 15 años apostaron por atraer –no cualquier inversión extranjera– sino la de tecnología de punta. Resultado: hoy están allí Intel, Hewlett Packard, Baxter, Boston Scientific, IBM, Emerson y Allergan, con exportaciones que superan los US$ 5,000 millones. Además, apostaron por el turismo ecológico y en el 2009 tuvieron 2 millones de turistas, lo mismo que el Perú con Machu Picchu y todo. Finalmente, Costa Rica, en el 2010, ha rechazado la minería de tajo abierto, por contaminante.
Pero aquí sigue vigente la “teoría” del perro del hortelano. Que venga la inversión cuando y donde quiera. No hay problema en que la minería y el petróleo entren adonde les da la gana (incluidas las comunidades indígenas) porque ellos sí saben qué hacer y los demás no, incluido traer semillas transgénicas para que ganen la plata que no pueden ganar nuestros agricultores con su papa, su camu camu, su cebolla y su limón. ¿Para qué consultarles y/o llevar un debate alturado, si ellos son los perros del hortelano?
Hagámoslo todo en secreto y a toda velocidad. Ese es su lema. Solo cuando crece la protesta es que retroceden, a regañadientes, como ahora, proponiendo una “comisión amplia” y una moratoria de 5 años. Veremos.
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