“Hubo mala fe de parte del Estado”, afirmó Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), elevando así un severo cuestionamiento hacia el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa. “Hubo un maltrato total hacia las poblaciones, no se ha cumplido con todos los días señalados para brindar la información, para que la gente tenga un conocimiento claro sobre la ley”, sostuvo sobre esta la iniciativa legal que intenta conciliar los intereses de los pueblos indígenas con los del Estado.
Recientemente Carrión, junto con otros representantes de organizaciones indígenas como La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacionalo Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), criticaron esta ley enfatizando dos puntos cruciales: quiénes serán los sujetos de la consulta, y además quién tendrá la última palabra cuando este proceso se realice.
“El artículo 15 señala que si es que no hay acuerdo entre el Estado y los pueblos, al final la decisión la toma el gobierno”, explicó Carrión, en entrevista para el programa Pasando Revista. El otro artículo materia de observación por CONACAMI, el número 7, “señala que tienes que ser identificado como pueblo indígena para consultarte. Allí el problema es sobre cuáles son los pueblos indígenas y cuáles no”.
La posición que reveló Carrión en el programa es a favor de una ley en la que las comunidades tengan la posibilidad de hacer respetar sus decisiones por encima de los intereses del Estado, la cual pueda ser ampliada hacia todas las poblaciones, indígenas o no, y que constituya un mecanismo para preservar los recursos naturales. “Sabemos que esta ley de consulta ha sido un avance, pero esta tiene que proteger la determinación de los pueblos, asimismo los recursos naturales. La ley de consulta ahora no garantiza la preservación de estos recursos”, señaló.
¿Una salida intermedia?
¿Hay una forma en la que se pueda avanzar en la reglamentación de la Ley de Consulta sin truncar el diálogo? Preguntó el analista político Javier Torres, señalando además que las demandas de las organizaciones demandantes excede a los planteamientos del convenio con la OIT sobre la implementación de las leyes de consulta.
Para Torres, el debate de fondo es sobre modelos de desarrollo que se contraponen, sobre los cuales -a pesar de todo- el Estado deberá realizar consultas a la población “para establecer un punto de negociación”. ¿Es viable en este momento una modificación de la ley?, deslizó la pregunta en el programa.¨Si no hay una modificación, no puedes armar un reglamento¨, respondió Carrión.
Sobre el futuro de el proceso de reglamentación de esta ley, que ha entrado en un estancamiento con las decisiones tomadas por representantes de las organizaciones indígenas, Carrión advirtió que “se restablecerá el diálogo siempre y cuando se escuche a los pueblos”
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