En el año 2002 las comunidades de Retama y Qoyama, ubicadas en el distrito de Chilcas, provincia de La Mar (Ayacucho), suscribieron con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) un Contrato de Establecimientos de Servidumbre por Mutuo Acuerdo y Otorgamiento de Poder y Otros, mediante el cual la comunidad cedió 105,084.00 m2 de los terrenos comunales por los siguientes 35 años y recibiendo como contraprestación la módica cifra de S/. 4,520.00. Incluso pagado en partes y con clausulas de confidencialidad.
Este polémico contrato hipotecó el destino de dos comunidades y fue celebrado bajo condiciones de asimetría evidentes: la comunidad nunca recibió apoyo del Estado y tampoco pudo disponer de asesoría técnica para el proceso de negociación. Aritméticamente podemos asegurar que la comunidad recibió un monto equivalente a S/. 0.04 céntimos por metro cuadrado, aproximadamente la tercera parte del precio de un pan por cada metro cuadrado de sus tierras.
Unos años más adelante la empresa Perú LNG (otra de las encargadas del transporte por ductos del Gas de Camisea), pagaba a la comunidad campesina de Anchihuay (distrito de Anco y en la misma provincia de La Mar) por un Contrato de Establecimiento de Servidumbre similar al mencionado, por un área de 14,373.21 m2, la cantidad de seiscientos mil nuevos soles (S/. 600,000.00). Es decir S/. 41.74 nuevos soles por cada metro cuadrado.
Durante estos años la comunidad, a través de las nuevas autoridades, buscó renegociar el contrato con la finalidad de obtener un precio justo por sus tierras. La posición de la empresa TGP ha sido inflexible y ha cerrado las puertas a todo entendimiento: los contratos son válidos, han sido celebrados con arreglo al sistema jurídico de la nación y pueden recurrir a cualquier vía que consideren pertinente.
Sin embargo y como si no fuera suficiente este rosario de injusticias, le Empresa TGP ha utilizado más tierras de las que inicialmente cedió la comunidad mediante el contrato celebrado. Lo que denominan “LA FRANJA”, en el contrato de servidumbre, establece que la comunidad cedía a la empresa veinticinco metros de ancho y diez kilómetros de largo. Pero la Empresa nunca ha respetado estas áreas y por el contrario utilizó hasta 35 metros de ancho y atropelló tierras y conciencias con la fuerza de un tanque de guerra.
En la actualidad está construyendo canales colectores y pozos de cortacorriente, fuera de la “Franja”, en terrenos comunales. Obras civiles para los cuales nunca tuvo la delicadeza de solicitar autorización de la comunidad ni sentarse a negociar las compensaciones pertinentes, pues se trata de tierras que no son propiedad de la Empresa TGP.
Por todos estos atropellos y dentro de un clima conciliador, las comunidades de Retama y Qoyama, en asamblea general celebrado el domingo 23 de octubre y coordinado por el Presidente comunal Celestino Guillen y la Consejera Regional María del Carmen Cuadros, acordó por UNANIMIDAD, conceder un plazo razonable a la Empresa de TGP hasta el 11 de Noviembre del presente año, para iniciar un proceso de dialogo que ayude a preservar la paz social en la zona y evite nuevos conflictos.
En caso de no atender a su pedido, se realizará un paro preventivo de 24 horas, en protesta por los abusos y atropellos contra la gente humilde y trabajadora a quienes nunca han respetado. Adicionalmente los asambleístas invocaron también el apoyo del Gobierno Central, de las autoridades regionales y los congresistas para hacer valer y respetar sus derechos conculcados por las trasnacionales y que la inclusión social se haga realidad también con ellos y sus comunidades.
Este polémico contrato hipotecó el destino de dos comunidades y fue celebrado bajo condiciones de asimetría evidentes: la comunidad nunca recibió apoyo del Estado y tampoco pudo disponer de asesoría técnica para el proceso de negociación. Aritméticamente podemos asegurar que la comunidad recibió un monto equivalente a S/. 0.04 céntimos por metro cuadrado, aproximadamente la tercera parte del precio de un pan por cada metro cuadrado de sus tierras.
Unos años más adelante la empresa Perú LNG (otra de las encargadas del transporte por ductos del Gas de Camisea), pagaba a la comunidad campesina de Anchihuay (distrito de Anco y en la misma provincia de La Mar) por un Contrato de Establecimiento de Servidumbre similar al mencionado, por un área de 14,373.21 m2, la cantidad de seiscientos mil nuevos soles (S/. 600,000.00). Es decir S/. 41.74 nuevos soles por cada metro cuadrado.
Durante estos años la comunidad, a través de las nuevas autoridades, buscó renegociar el contrato con la finalidad de obtener un precio justo por sus tierras. La posición de la empresa TGP ha sido inflexible y ha cerrado las puertas a todo entendimiento: los contratos son válidos, han sido celebrados con arreglo al sistema jurídico de la nación y pueden recurrir a cualquier vía que consideren pertinente.
Sin embargo y como si no fuera suficiente este rosario de injusticias, le Empresa TGP ha utilizado más tierras de las que inicialmente cedió la comunidad mediante el contrato celebrado. Lo que denominan “LA FRANJA”, en el contrato de servidumbre, establece que la comunidad cedía a la empresa veinticinco metros de ancho y diez kilómetros de largo. Pero la Empresa nunca ha respetado estas áreas y por el contrario utilizó hasta 35 metros de ancho y atropelló tierras y conciencias con la fuerza de un tanque de guerra.
En la actualidad está construyendo canales colectores y pozos de cortacorriente, fuera de la “Franja”, en terrenos comunales. Obras civiles para los cuales nunca tuvo la delicadeza de solicitar autorización de la comunidad ni sentarse a negociar las compensaciones pertinentes, pues se trata de tierras que no son propiedad de la Empresa TGP.
Por todos estos atropellos y dentro de un clima conciliador, las comunidades de Retama y Qoyama, en asamblea general celebrado el domingo 23 de octubre y coordinado por el Presidente comunal Celestino Guillen y la Consejera Regional María del Carmen Cuadros, acordó por UNANIMIDAD, conceder un plazo razonable a la Empresa de TGP hasta el 11 de Noviembre del presente año, para iniciar un proceso de dialogo que ayude a preservar la paz social en la zona y evite nuevos conflictos.
En caso de no atender a su pedido, se realizará un paro preventivo de 24 horas, en protesta por los abusos y atropellos contra la gente humilde y trabajadora a quienes nunca han respetado. Adicionalmente los asambleístas invocaron también el apoyo del Gobierno Central, de las autoridades regionales y los congresistas para hacer valer y respetar sus derechos conculcados por las trasnacionales y que la inclusión social se haga realidad también con ellos y sus comunidades.
Conozco este bonito distrito y a su gente humilde y trabajadora. Espero sinceramente que este problema se haya solucionado por el bien de sus comunidades, ya que por la informacion que se da, parece un reclamo justo.
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