Por incapacidad de controlar el us de la fuerza con la que actúa la Policía Nacional del Perú durante los conflictos sociales
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y sus 79 organizaciones, lamenta la muerte de Roberto Castillo Páucar (28 años), alcanzado por una bala disparada por efectivos de la Policía Nacional del Perú el día de ayer, 26 de abril, en el marco del conflicto social en la provincia de Paita, región Piura. Asimismo, también lamenta que 26 personas resultaran heridas como consecuencia de este enfrentamiento, algunos en estado de gravedad.
La CNDDHH expresa gran preocupación, porque en lo que va del presente año se ha producido la muerte de seis personas, así como más de un centenar de heridos durante los conflictos sociales. En marzo, Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, durante las protestas de los mineros informales en Puerto Maldonado. Dos semanas después, en la Bahía de Sechura, Christian Alvarado y Luis García Guerrero, por el conflicto de la construcción del gasoducto de la empresa Savia. Ahora, Roberto Castillo, por la cuota de pesca de merluza en Paita, región Piura.
Precisamente sobre los dos ciudadanos fallecidos en Sechura, expresamos que no debemos consentir la muerte de más personas como resultado de los conflictos sociales. Es perfectamente posible evitar estas muertes. La Policía Nacional del Perú, que es la responsable de este control, debería de tener órdenes expresas, así como los recursos necesarios, para salvaguardar estrictamente la vida de las personas, incluidas las de sus mismos efectivos. Sin embargo, 30 días después de los últimos incidentes en Sechura, se producen nuevos decesos en el marco de los conflictos sociales. Un llamado similar ha sido expresado por la Defensoría del Pueblo.[1] Además, así cómo lo hemos hecho antes, reiteramos nuestra invocación a la población que sus acciones de protesta las lleven adelante en el marco de los canales democráticos que las leyes nacionales amparan, sin ejercer el uso de la violencia contra las autoridades.
No podemos aceptar esta situación. Ya son seis ciudadanos muertos en menos de dos meses, por lo que demandamos al Ejecutivo la renuncia del Ministro del Interior, que ha demostrado ser incapaz de lidiar con el problema de forma adecuada, así como una sanción efectiva a los responsables.
Lima, 27 de abril de 2012
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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