La megacomisión no pudo ayer aprobar el informe final sobre los colegios emblemáticos. ¿La razón? La incansable actitud de Pedro Spadaro, Carlos Tubino (fujimoristas) y Enrique Wong (Ppkausa) de oponerse a todos los puntos en discusión con la clara intención de dilatar la aprobación de un informe que compromete seriamente a exfuncionarios del Ministerio de Educación, a José Chang Escobedo, como extitular del pliego, y hasta al expresidente Alan García.
Para estos dos últimos el informe final recomienda formular denuncia constitucional, “así como contra otros que resulten responsables” por haber promovido el decreto de urgencia 004- 2009 que permitió elegir a dedo a las empresas que se encargaron de las remodelaciones sin ningún sustento técnico legal ni exposición de motivos, tal como lo exige la ley. En pocas palabras, por la comisión de la presunta infracción constitucional, al vulnerar el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política.
En el caso de Chang la cosa es más grave, pues además de la infracción constitucional, la megacomisión lo encontró responsable del presunto delito de colusión, por haber organizado una red de funcionarios en el Ministerio de Educación con el objetivo de beneficiar a empresas constructoras que se encargaron de las remodelaciones.
También por el hallazgo de transferencias bancarias a nombre de funcionarios del Ministerio de Educación y familiares directos por montos significativos. Según las investigaciones se ha podido determinar presuntas operaciones sospechosas. En este punto estaría seriamente comprometido Pedro Morales Gonzales, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa (Oinfe) del Ministerio de Educación, a quien se le ha detectado un número significativo de depósitos bancarios, muchos de ellos realizados, incluso, en un solo día.
Pero eso no es todo. El informe de la megacomisión también estableció que Chang habría cometido el presunto delito de negociación incompatible por haber permitido la contratación para la remodelación de los colegios emblemáticos a empresas que mantienen una relación contractual con la universidad San Martín (USMP), donde el exministro de Educación es el rector. También por permitir que su universidad logre contratos con su ministerio y con la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando era premier.
Asimismo, por haber cobrado mensualmente, desde el año 2008, su sueldo de 100 mil soles como rector de la San Martín, pese a que era ministro de Educación. Esto gracias a una licencia con goce de haber que obtuvo de dicha casa de estudios.
Cuatro de las 12 recomendaciones del informe final hablan sobre estos puntos, los mismos que solicitan que estos casos sean investigados por la Fiscalía de la Nación. Ojo, la megacomisión no solo tiene indicios de estos presuntos delitos, sino las respectivas pruebas documentadas.
ENTRAMPAMIENTO
En la sesión de ayer solo se logró el consenso en 7 conclusiones de las 23 que propone el informe final de la megacomisión, dejando pendiente para hoy el debate y la aprobación de las otras 16, así como las 12 recomendaciones. El propio presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, admitió que los puntos que generaron fuertes discrepancias fueron los que establecían las respectivas responsabilidades.
Precisamente, el momento más picante se dio al tratar la parte que establecía formular la denuncia constitucional contra el expresidente García y su exministro Chang Escobedo. Según se nos informó, Spadaro, Tubino y Wong se opusieron rápidamente a este punto, mientras que los nacionalistas Tejada, Cristóbal Llatas y Juan Pari, así como Yonhy Lescano, congresista de Alianza Parlamentaria, lo defendieron.
Cuando el primer grupo se vio vencido (4 contra 3), Pedro Spadaro sacó la carta que tenía bajo la manga y en su intención por defender a Chang y García propuso, ante la sorpresa de todos, que también se incluyan a todos los que firmaron el controversial decreto de urgencia 004-2009. Es decir, además del expresidente y el exministro de Educación, al expremier Yehude Simon y al extitular de Energía y Minas Pedro Sánchez, quien suscribió dicho decreto como encargado del Ministerio de Economía.
La propuesta de Spadaro, una estrategia que podría generar polémica, finalmente se aprobó por unanimidad, aunque este punto tendrá que ser reconfirmado en la sesión de hoy cuando se llegue a la parte de las recomendaciones. Al ser consultado al respecto, Lescano confirmó que se habían puesto de acuerdo en siete conclusiones y que el tema de las responsabilidades aún estaba por verse, pues, tal como lo hemos dicho, eso se verá recién hoy.
Previamente a esa sesión, que se iniciará a las dos de la tarde, los asesores de cada miembro de la megacomisión se reunirán para discutir punto por punto cada conclusión y recomendación, para luego alcanzar sus informes a los respectivos congresistas.
EL JUEGO APRISTA
Ayer, el fujimorista Pedro Spadaro fue el primero en llegar a la sesión y apenas tuvo las cámaras de televisión al frente confirmó que se estaba planteando una denuncia constitucional contra el expresidente García. Sin embargo, luego expresó su malestar por la publicación que había hecho un medio de comunicación de las conclusiones que se iban a discutir.
Incluso cuando se inició la sesión, antes de que esta sea reservada, el fujimorista repitió su libreto y culpó a Tejada y al equipo técnico de la megacomisión de esta filtración. Sin embargo, minutos después se detectó que el responsable de este hecho había sido el ppkausa y exmilitante aprista, Enrique Wong, gracias a unas señas que la megacomisión colocó por seguridad a cada de uno de los informes finales que días antes se entregaron a los miembros de la misma.
Wong, quien ante los periodistas siempre asegura luchar contra la corrupción, es un hombre muy cercano a los apristas (Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder), por lo que se supone que por ahí vino la filtración. La intención aprista era la de generar controversia y victimizar a Alan García, tal como lo lograron tras la divulgación de un informe preliminar no corregido. En su oportunidad, Yonhy Lescano culpóa directamente a Velásquez Quesquén de esta maniobra.
4 CONTRA 3
Wong, Spadaro y Tubino jugaron su propio partido ayer al lograr dilatar innecesariamente el debate. La primera conclusión, por ejemplo, se debatió por casi hora y media, pues no querían aceptar que la dación del decreto de urgencia que permitió la remodelación de los colegios emblemáticos se había dado para evadir los controles de ley, tal como así lo ha demostrado la realidad de los hechos.
De la misma manera, Wong pidió que el debate de las conclusiones se suspenda hasta la próxima semana, pero su propuesta no prosperó por 4 votos contra 3.
El 4 contra 3 también se impuso frente al planteamiento dilatorio de Spadaro para que la megacomisión interrogue a los ingenieros civiles del Colegio de Ingenieros del Perú, que se encargaron de realizar el peritaje técnico al centro educativo Melitón Carvajal. Lo curioso es que al inicio de la sesión, Spadaro y el resto de miembros del referido grupo de trabajo respaldó dicho documento y lo reconoció como único documento oficial. Como se sabe, esta evaluación halló una sobrevaloración de casi millón y medio de soles en las obras ejecutadas por la constructora DH Mont. Los peritos solo enviarán a dicho grupo de trabajo las respuestas a algunas observaciones realizadas por quienes pedían su presencia. “Tener otra sesión de interrogatorio a estas alturas, solo retrasaría nuestra labor”, dijo Tejada a la prensa, quien aclaró que el resultado del referido peritaje no estaba incluido en el informe final a debatir. “Es solo un complemento del mismo”, precisó.
Lo que sí se aceptó fue incluir en las investigaciones la denuncia que dio a conocer ayer el congresista Lescano sobre la caída del techo del auditorio del colegio emblemático Pedro Labarthe, obra que fue ejecutada –según el legislador– por DH Mont. “La denuncia de Lescano es parte de los hechos y corroboran algunas responsabilidades que hemos establecido”, remarcó Tejada.
El titular de la megacomisión reiteró una vez más su pedido a los miembros de la misma para que aprueben de una vez el informe final y establecer las responsabilidades respectivas. La lucha contra la corrupción no puede esperar.
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