Durante todo el periodo de gobierno de Alejandro Toledo se produjeron 15 muertos por conflictos sociales. Hoy tenemos una cifra parecida, 12 personas fallecidas, en apenas diez meses de gobierno. ¿Por qué? Hay varios factores que elevan el riesgo de controlar una protesta durante este gobierno y se debe a la flexibilidad de normas que nos ha dejado en herencia Alan García Pérez:
1) decretos legislativos que autorizan a las fuerzas armadas a controlar la protesta
2) leyes que permiten el uso de armas letales de parte de la policía
3) proyectos de ley que convierten en inimputables a policías que matan durante las protestas
4) convenios privados entre la Policía Nacional del Perú y empresas mineras para tener puestos policiales dentro de los campamentos o para que delegaciones de 50 DINOES protejan las instalaciones de una minera, incluso portando los chalecos de las fuerzas de seguridad de las mismas.
En otras palabras: se convierte a la policía nacional en la guachimana de las empresas extractivas.
Esta situación incrementa el deterioro de la percepción que tiene la población de la policía peruana. Junto con los casos de “excesos” de violencia contra la población, como las patadas tirando las ollas comunes en la Plazuela Bolognesi o la golpiza que recibieron las abogadas de la Coordinadora de Derechos Humanos, Amparo Abanto, y de la Defensoría del Pueblo, Genoveva Gómez, la semana pasada en Cajamarca, cuando fueron a preguntar por unos detenidos y fueron golpeadas, arrastradas de los pelos por el suelo y vejadas hasta el punto de tener su ropa hecha girones dentro del propio local de la comisaría.
Esta situación de criminalidad contra defensoras de derechos humanos, jóvenes abogadas vejadas dentro de un local policial, es canallesca e indignante. Por supuesto que, desde las instancias correspondientes, los responsables de ambas instituciones debemos de presentar una denuncia contra todos los policías responsables de estas actitudes criminales.
Y toda esta percepción de deterioro se suma a la desconfianza generada por la forma como la policía nacional también ha abusado de ciudadanos que no participaban de ninguna acción de protesta, sino simplemente, cuando los buscaron para pedir auxilio, como el increíble caso de Gerson Falla, molido a garrotazos en la Comisaría de San Borja, quien pocos días después murió producto de los golpes. Si Gerson no le hubiera narrado a su padre el detalle de los golpes que sufrió al interior de la comisaría, si no hubieran grabado los mismos policías perversamente las sesiones de golpes, ¿quién se hubiera atrevido a seguir una acusación fiscal contra los policías que lo mataron? Incluso, con acusación fiscal, hay varios de los responsables que aún siguen libres y sin denuncia fiscal.
¿A la policía se le respeta? Hay muchos oficiales y suboficiales dignos, heroicos, que luchan día a día contra la criminalidad en un mundo de corrupción y sálvesequienpueda. Y lo hacen por una convicción: ser policías. Sin embargo, lamentablemente, las normas que han llevado hasta este punto de represión y brutalidad, permiten que estos probables héroes se conviertan en criminales impunes. El error no es de los seres humanos, es de los sistemas. La solución empieza con una voluntad humana y se convierte en una necesidad institucional. La democracia no es un lecho de rosas, pero tampoco un campo de sangre.
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