En grupos de 10 o 15, los campesinos peruanos que bloquean una estratégica ruta entre Perú y Bolivia, cerca del lago Titicaca, están decididos a mantener su protesta contra una mina de plata y escuchan la radio expectantes porque "nos han dicho que vienen los militares".
Son centenares de campesinos del sur del Perú -principalmente aymaras- que con piedras, alambres de púa, palos y vidrios rotos cortan desde hace una semana la ruta en rechazo a un proyecto argentífero de la canadiense Bear Creek por considerar que éste atentará contra sus fuentes de agua, el río Desaguadero y el propio Titicaca.
Por kilómetros y kilómetros de carreteras, y especialmente en los puentes, los campesinos hacen turnos para garantizar que ningún bus, camión o automóvil pueda transitar.
A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, la medida ha paralizado la zona, con unos 500 camiones con mercancía sin poder pasar mientras que muchos turistas han encontrado la manera de eludir el bloqueo navegando en el Titicaca.
"Nos han dicho que vienen los militares de Puno", se pasan la información unos a otros los manifestantes, que dicen que no se moverán hasta que les den garantías de que la mina no se instalará.
"La demanda que tenemos es el cese y la cancelación definitiva de la concesión minera del proyecto Santa Ana que está dentro de los 30 kilómetros de la frontera", dice a la AFP Walter Aduviri, presidente del cívico Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región Puno.
La región -explica Aduviri- es agropecuaria: "producimos papa y quinua, también tenemos ganado vacuno y alpacas".
Hasta ahora hay calma, pero nada hace pensar que este estado de situación pueda mantenerse.
"El gobierno de Alan García quiere otro Bagua", dice Aduviri, recordando un conflicto similar registrado a mediados de 2009 en la Amazonía peruana que terminó con choques que dejaron un saldo de 24 policías y 10 nativos muertos.
No hay que remontarse tan lejos: en abril pasado tras una protesta que dejó tres muertos en la cercana región de Arequipa, el gobierno peruano terminó echando atrás un proyecto de la minera Southern, del Grupo México.
"Al gobierno de Perú le gustan los muertos, que se quemen instituciones, eso le gusta", dice un desafiante Aduviri.
En Lima, el presidente Alan García señaló este martes que "estos desórdenes tienen como objetivo poner a la sociedad, y en este caso a Bolivia, contra la pared con una pistola en la cabeza; 'dame lo que quiero o sigo bloqueando'. Para eso ha ido una comisión negociadora pero si no, como en todos los casos, tendrá que actuar severamente la policía".
En Desaguadero, la población de 20.000 habitantes que se extiende a los dos lados de la frontera, del lado peruano se ven alambres de púas, fierros y calaminas de plástico para suspender todo tráfico vehicular. Ni siquiera es posible el tránsito a pie.
El comercio está cerrado y grupos de vecinos organizan ollas comunes en vías públicas para alimentar a sus familiares, pues los mercados de abasto también se han sumado a la huelga.
En el lado boliviano decenas de peruanos, comerciantes y turistas, y algunos argentinos pretenden ingresar a Perú.
"Estoy acá desde hace varios días, estoy sobreviviendo con lo poco que tenemos de plata, comiendo lo que hay ... el gobierno tiene que poner mano dura", dice William Gonzales, un peruano que regresaba a su país tras haber visitado familiares en La Paz.
La directora de turismo de Puno, Lourdes Abarca, dice que el turismo en la región Puno "ha sido afectado por las protestas que se iniciaron hace una semana y se han reportado más de 1 millón de dólares en pérdidas" sólo en ese sector.
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