Un 16 de noviembre del año 1532, las genocidas huestes de los bárbaros españoles irrumpieron en la plaza central de la ciudad de Cajamarca asesinando despiadadamente y de la forma más vil y traicionera a más de 10 mil personas que formaban parte del séquito del Inca Atahualpa, a quien tomaron como prisionero y, a cambio de su libertad, pidieron un grandioso rescate en oro y plata. A partir de esa fatídica fecha se inició la primera “gran transformación” del Perú, el cual pasó de sustentarse en una economía agrícola altamente tecnificada y que aseguraba un auténtico bienestar a toda la población a una economía explotadora y exportadora de minerales y otras materias primas. De esta forma, se saqueó, esclavizó y exterminó a las tres cuartas partes de la población originaria que habitaba nuestro territorio antes de la llegada de los invasores.
Por una extraña coincidencia del destino, el 16 de noviembre del 2011, 479 años después, Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República del Perú, “imagen” del nacionalismo y sobre el cual un amplio sector del pueblo peruano depositó en las últimas elecciones sus esperanzas de un cambio verdadero en las injustas condiciones sociales y en los abusos de los ricos y poderosos que siempre ha sufrido nuestro país, consumó su traición contra el pueblo que creyó en su discurso y voto por él, demostrando abierta y descaradamente a qué sectores del país ha decidido ponerse a su servicio: el de los mineros y de los demás grandes empresarios.
En efecto, ese día será recordado como la fecha de la “GRAN TRANSFORMACIÓN”, pero no del país, sino de Ollanta Humala Tasso, quien acaba de dar un viraje de 180 grados hacia la derecha, pues ha terminado defendiendo a capa y espada un proyecto minero que juró que no se ejecutaría defendiendo al oro más que al agua, poniéndose de rodillas ante el genocida Barack Obama y, en fin, haciendo todo en favor de aquel sector reaccionario, inhumano y antiperuano que tanto lo vilipendio y humilló no sólo a él sino también a su familia.
Gracias a su “GRAN TRANSFORMACIÓN”, Humala ha recibido los furibundos aplausos del Grupo “El Comercio”, de Velásquez Quesquén (vocero del Apra y “chauchiller” del corrupto Alan García), de Martín Belaúnde (descarado lobbista minero), de la CONFIEP, de la Sociedad Peruana de Minería y Petróleo, del mismísimo Roque Benavides (Gerente General de Minas Buenaventura) y, en general, de toda la derecha troglodita.
Ante ello, entonces, cabe preguntarse: ¿habrá votado alguno de ellos por el candidato de Gana Perú el 10 de abril o el 5 de junio? La respuesta es obvia: ninguno. Por el contrario, fueron todos ellos quienes lo insultaron día a día, financiando incluso al sicario farandulero Jaime Bayly para emprender una procaz guerra sucia en contra de su candidatura y de su persona. Sin embargo, a pesar de todo ello, el señor Humala ha decidido agachar la cabeza ante los grupos de poder económico, traicionando de esta manera a los sectores populares que realmente querían un cambio y apostaron por él.
Creer que con lagunas artificiales o reservorios de cemento se puede reemplazar lo que a la Madre Tierra le costó tejer por miles de años, denota una gran ignorancia por parte del Presidente Humala. Sacrificar el bien más valioso, sagrado y vital para la especie humana a cambio de un puñado de billetes verdes es realmente una locura. ¡El AGUA VALE MÁS QUE EL ORO!, señor Ollanta. Usted mismo lo dijo. Usted, en el fondo, lo sabe bien.
Es hora de decir las cosas claras: ¡las ciudades no tienen el derecho de destruir la economía rural en aras de satisfacer sus necesidades vanales y superfluas! Nadie tiene el derecho de destruir lagunas por ningún motivo, y mucho menos por el sucio dinero. Y menos derecho tienen aquéllos que no viven en la zona afectada ni se van a ver directamente perjudicados por su destrucción, como es el caso de la población limeña. Basta ya de que las ciudades, en especial, Lima sigan viviendo a costa del trabajo, el hambre y el sufrimiento del Perú profundo. Las políticas asistencialistas que tiene previsto implementar este gobierno solamente aumentarán la brecha de resentimiento existente entre las ciudades y el campo, además de atrofiar aún más la capacidad productiva de nuestra gente, a quienes se les sigue acostumbrando al clientelismo y al asistencialismo, sinónimos de mendicidad.
Así como los liberales y defensores a ultranza de las inversiones exigen seguridad jurídica y que se respeten los contratos ley suscritos entre el Estado y las grandes empresas, las comunidades tienen el mismo derecho a que se respeten sus actividades económicas tradicionales, las cuales son más amigables con su medio ambiente y acordes con su forma de vida y su cultura, las cuales también están en juego y debemos respetar. ¿O es que, quizás, para esta gente y para este gobierno, las actividades agrícolas y pecuarias no son actividades productivas estratégicas para el desarrollo del país? Parece que no, pues sólo así se entendería por qué siempre colocan a estas últimas por debajo de la minería, la cual sólo le da trabajo al 1% de la PEA (y harta plata a un puñado de personas) mientras que las otras dos le dan sustento a más de la tercera parte del Perú, además de darnos de comer día a día a todos los peruanos.
Si seguimos destruyendo a nuestra Madre Tierra y desapareciendo las fuentes de agua nuestra destrucción como país y como especie está asegurada, sin posibilidad alguna de dar marcha atrás ante la catástrofe ambiental que estamos provocando. El más triste ejemplo de ello es el del continente africano, que fue saqueado y devastado por las potencias coloniales europeas, y que hoy es el continente más pobre del mundo, con unos espantosos índices de sequía. Hoy, y no mañana, cuando ya no haya nada que hacer, es el momento de tomar la decisión de cambiar en nuestra forma de pensar y de vivir, para poder legarle a nuestras próximas generaciones un mundo donde también ellos puedan vivir y desarrollarse dignamente.
P.D.: Y para colocar la cereza al pastel, el día de ayer el gobierno anunció que la PCM conducirá el proceso de elaboración del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, para lo cual se dará un plazo de 60 días. Es decir, todo lo actuado en la Mesa de Trabajo del Viceministerio de Interculturalidad y el INDEPA con el mismo fin se va al agua, pues el gobierno seguramente ya decidió patear el tablero. A todo esto, nos preguntamos: ¿seguirán creyendo los representantes de las organizaciones indígenas que a este gobierno en verdad le interesan los pueblos originarios del Perú?
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