La Gran Conspiración

Por Rocío Silva Santisteban

Víctor Caballero, el encargado de la Oficina de Conflictos Sociales de la PCM, desde sus múltiples viajes para resolver conflictos a todo lo ancho del país, ha ido tejiendo poco a poco, como buen ex izquierdista que fue, una teoría de la conspiración totalmente adecuada para las paranoias de los ex militares como Óscar Valdés, entre otros. Es así que todos los conflictos, según Caballero, están enlazados por sinuosas relaciones subterráneas vinculadas a grupos violentistas, extremistas, radicales que… ah… no lo olvidemos, votaron por Ollanta Humala.

Al parecer, Valdés, Caballero, Calle y el Servicio de Inteligencia “juegan en pared” (usando la cita de Ollanta Humala) para enarbolar no solo un discurso paranoico, sino acciones concretas que ponen en riesgo la vida de la gente. Por eso se encuentran “municiones” en la camioneta del obispo de Sicuani o bombas molotov que deben ser “desactivadas” por los policías de la Dinoes en las afueras del aeropuerto de Cajamarca, aunque, casualmente, ese era el día que llegaba el padre del Presidente de la República a apoyar la marcha “Conga no va”. (Una curiosidad: ¿cómo se desactiva una bomba molotov?, ¿le echas agua o le sacas la gasolina?).

Como sostiene el comunicado del IDL de la semana pasada, no podemos quedarnos callados ante este “sembrado de pruebas”, sobre todo, cuando se trata de una institución de la Iglesia Católica que valientemente se ha fajado, desde hace años, por los derechos humanos de las provincias altas del Cusco, donde viven los ninguneados de la nación. Pero tampoco podemos quedarnos callados cuando sociólogos como Caballero sostienen que la esencia de un conflicto social son las “disputas por un bien escaso, material o inmaterial, pero que, en esencia, tiene a la base una disputa de poder, el mando o el prestigio, que las personas pertenecientes a cualquier grupo tratan, por todos los medios, de incrementar su parte de los recursos escasos, a expensas de los demás si es necesario. El bien escaso es entendido como el control de la toma de decisiones”. Al margen de los errores de redacción, lo que queda claro es que esa definición de conflicto social es más montesinesca que científica.

Alentados por esta “versión oficial”, los canales de televisión y los oficiosos del gobierno coinciden en sostener que tanto en Espinar, como en Ayacucho, como en Chumbivilcas y, por supuesto, en Cajamarca, el lado oscuro de la fuerza se organiza de manera soterrada, y es así que los pobres indígenas o ronderos, tan proclives a ser manipulados, son pasto de la maniobras subalternas en pos del “bien escaso”.  De ninguna manera se pensará que se trata de reclamos embalsados porque el gobierno de Ollanta Humala burló a sus electores, sobre todo, a ese 78% de Espinar que apostó por la “gran transformación”. Las explicaciones racionales y complejas son menos glamorosas que las explicaciones conspirativas a lo Priorato de Sión.

Lo que al parecer ya no sorprende es que Ollanta Humala ha respaldado a la PCM, ha blindado a su premier e incluso ha descalificado a los congresistas de su propio partido que se han manifestado en contra de la criminalización de la protesta en Espinar como, por ejemplo, la congresista Verónica Mendoza. La teoría de la “gran conspiración” y la institucionalidad autoritaria están tan imbricadas, poderosamente amarradas, que forman un nudo compacto. Cuidado que ese nudo sea el de su propia horca, Presidente.