Perú: Rechazamos política represiva del gobierno de Ollanta Humala

Rechazamos política represiva del gobierno de Ollanta Humala contra los pueblos indígenas

Las organizaciones indígenas representativas del Perú, agrupadas en el Pacto de Unidad: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA) y Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Primero: Repudiamos y rechazamos categóricamente los hechos de violencia, suscitados en los últimos días en la provincia de Espinar, región Cusco, y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de nuestros hermanos fallecidos, heridos, detenidos y torturados, perpetrados por los efectivos policiales y militares. Demandamos el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia por ser atentatorio contra los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas afectados.

Segundo: Responsabilizamos al gobierno de Ollanta Humala, a su Premier Oscar Valdés Dancuart y a todo su gabinete ministerial por la brutal represión ordenada contra nuestros hermanas y hermanos, dos de ellos asesinados cobardemente con arma de fuego percutadas por las Fuerzas Policiales, además de cientos de heridos, torturados e innumerables detenciones arbitrarias a nuestros líderes y representantes de nuestros pueblos. Esta actitud de violencia contra nuestros pueblos indígenas y originarios sólo es comparable con la desatada por gobiernos dictatoriales; más aún, si el candidato Humala –durante la campaña electoral- sostuvo que iba a gobernar con los pueblos y sin embargo, su silencio al ejecutar estas acciones lo muestra como un dictadorzuelo más.

Tercero: Exigimos la inmediatamente renuncia del ciudadano minero Oscar Valdés, personaje nefasto y autoritario, digitado por los grupos de poder, por lo que repudiamos su actuación y con quien los pueblos no vamos a dialogar por no ser un interlocutor válido del gobierno para solucionar nuestras demandas. Los pueblos indígenas exigimos contar con representantes del Estado que tengan solvencia moral y democrática, para sentar las bases de un diálogo de buena fe.

Cuarto: Rechazamos la persecución a nuestros líderes sociales, indígenas y campesinos; demandamos la derogatoria de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social y demandamos el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en un país en democracia y en Estado de Derecho, ejercemos nuestro legitimo derecho a la protesta, a la libertad de pensamiento y de expresión contra un gobierno que nos engañó vilmente en el proceso electoral.

Quinto: Respaldamos las luchas emprendidas por nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones vivas de Espinar, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Puno, Cahuapanas (Loreto) y otras regiones del país, envueltas en conflictos por la defensa de sus recursos hídricos, la intangibilidad de sus territorios, la calidad de vida y contaminación del medio ambiente, por propugnar un modelo de desarrollo diferente que es el Buen Vivir, frente a la irracional política extractivista y entreguista del Gobierno.

Sexto: Planteamos una inmediata y verdadera reforma legal en materia de políticas de inversión para las industrias extractivas, el optimo aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los estándares ambientales, que recoja las prioridades de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas con plena participación, consulta y consentimiento previo libre e informado, según lo establecido en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano para velar por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos.

Sétimo: Advertimos la presencia de agentes totalmente ajenos a los pueblos y organizaciones sociales que en complicidad con el servicio de inteligencia y las fuerzas policiales vienen sembrando “artefactos”, pintas, pasquines, y todo tipo de “evidencias” en los escenarios de conflicto, para justificar el empleo de las armas y la detención y represión en contra de nuestros hermanos y hermanas en pie de lucha.

Octavo: Ante la gravedad de los hechos, demandamos la presencia y vigilancia de la Defensoría del Pueblo, los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos, así como del Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, los pueblos y comunidades indígenas que vienen reclamando el respeto de sus derechos colectivos.

¡Por la defensa de nuestros territorios y derechos colectivos!

¡Por la unidad de nuestros pueblos y nuestras luchas!

¡Por la vida!