El 4 de agosto de 1946 más de mil mineros se reunieron en la Plaza del Mercado de Johannesburgo de Sudáfrica. En la ciudad no había ningún local suficientemente grande para albergarlos y, de todos modos, nadie se lo habría alquilado. Los mineros eran miembros del Sindicato de Trabajadores Africanos de las Minas (AMWU, por sus siglas en inglés), un sindicato no europeo que se había formado cinco años antes para hacer frente a la diferencia de 12 a 1 en la paga de los mineros blancos y negros. De la reunión solo salió una resolución unánime: los mineros africanos exigirían un salario mínimo de diez shillings (aproximadamente 1 rand) al día. Si la Cámara de Minas del Transvaal no satisfacía esta demanda, todos los mineros africanos empezarían una huelga general inmediatamente. Los trabajadores subieron uno tras otro al escenario para testificar: “Cuando pienso en cómo hemos dejado nuestras casas en las reservas, nuestros hijos desnudos y muriéndose de hambre, no tenemos nada más que decir. Todo hombre tiene que estar de acuerdo en ir a la huelga el 12 de agosto. Es mejor morir que volver con las manos vacías”. El diario progresista The Guardian informó de que un viejo minero se había puesto en pie y había dicho a sus camaradas: “¡En las minas ya somos hombres muertos!” [1] .
La masacre de 45 personas, de ellas 34 mineros, en Marikana, en la provincia del noroeste, es el resultado inevitable de un sistema de producción y explotación que históricamente ha tratado la vida humana como algo barato y desechable. Si existe un núcleo central (un tallo en relación al cual muchos otros acontecimientos son ramas) que atraviesa la historia sudafricana, es la demanda de mano de obra barata para las minas sudafricanas. “No existe ninguna industria de las dimensiones y prosperidad de esta que haya manejado con tanto éxito su política de mano de obra barata”, escribió Ruth First en referencia a la habilidad de la Cámara de Minas para presionar al gobierno en favor de políticas que desplazaron a los africanos de sus tierras y los pusieron bajo la bota de los dueños de las minas [2] .
Amos y criados
Mecanismos como las tasas electorales y sobre las chabolas, las leyes de pases, la Ley de amos y criados, y una miseria rural absoluta fueron esenciales para garantizar el suministro de mano de obra barata y constante para las minas. Las leyes de pases se crearon para forjar una sociedad en la que el trabajo agrícola o en las minas eran las únicas opciones posibles de empleo para la población negra. Con todo, los bajos salarios y las difíciles condiciones de trabajo mantuvieron a muchas personas en el interior del país, lo que obligó a la Cámara de Minas a reclutar trabajadores en lugares tan distantes como Malawi y China a lo largo de los siglos XIX y XX. Sórdidos acuerdos entre el África Oriental portuguesa y la Sudáfrica del apartheid garantizaron que se reclutaba fuerza de trabajo para las minas y para 1929 había 115.000 mozambiqueños trabajando bajo tierra. “Se ha dicho que la riqueza de las minas de oro Reef no radicaba en la riqueza de la mina sino en el bajo coste de la producción gracias a la mano de obra barata” , escribió First en su estudio sobre los emigrantes mineros mozambiqueños [3].
Cuando se creó el AMWU en 1941 los mineros negros ganaban 70 rand al año, mientras que los blancos recibían 848 rand. Los mineros blancos llevaban muchos años organizados, pero había muy poca solidaridad entre ambos grupos, como demostró la Rebelión del Rand de 1922 dirigida por el Sindicato de Mineros solo para blancos. Los mineros blancos se pusieron en huelga en contra del intento de la dirección de relajar el sistema discriminatorio respecto a los negros para facilitar la entrada de mano de obra negra más barata en puestos de trabajo cualificados. Apoyados por el Partido Comunista de Sudáfrica bajo el lema “¡Uníos y luchad por una Sudáfrica blanca!”, la rebelión fue aplastada despiadadamente por Estado, que dejó tras de sí más de 200 muertos. En la década de 1949 hubo un aumento espectacular los sindicatos no europeos y por primera vez se pusieron sobre la mesa los intereses de los mineros africanos. Sus reivindicaciones amenazaban los propios cimientos del sistema de la mano de obra barata de manera que en 1944 el primer ministro Jan Smuts presentó la Medida de Guerra nº 1425, que impedía que se juntaran veinte o más personas como propietarios de minas. A pesar de estas dificultades el sindicato presionó y en 1946 acudió a la Cámara de Minas con su exigencia de aumento de salarios. Como siempre, se ignoró una carta pidiendo negociaciones de último momento con la Cámara de Minas.
Para el 12 de agosto decenas de miles de mineros negros estaban en huelga del East al West Rand. El Estado exhibió una extraordinaria brutalidad persiguiendo a los mineros dentro de los pozos con munición real y tomando enérgicas medidas contra potenciales simpatizantes de la huelga en la ciudad de Johannesburgo. Para el 16 de agosto el Estado había coaccionado a 100.000 para que volvieran al trabajo y nueve yacían muertos. A lo largo de los cuatro días de huelga se detuvo a cientos de dirigentes sindicales. También se detuvo al comité central del Partido Comunista y a dirigentes locales del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) y se les juzgo por traición y sedición. La violencia alcanzó su momento culminante en las elecciones de 1948 donde se vio una represión mayor y el inicio de la histeria anticomunista del país.
Aunque la huelga no tuvo éxito en sus objetivos inmediatos, marcó un hito en la política sudafricana y cambió para siempre la conciencia del movimiento sindical. Treinta años después, Monty Naicker, una de las figuras más destacadas del Congreso Indio Sudafricano, afirmó que la huelga “transformó de la noche a la mañana la política sudafricana. Significó el fin de las tendencias acomodaticias y que mendigaban concesiones que dominaban la política africana. Desaparecieron el oportunismo tímido y el mendigar favores” [4]. El Consejo Representativo Nativo, creado por el Estado en 1937 para abordar la muy antigua “cuestión nativa”, se disolvió el 15 de agosto y el presidente del ANC Dr. A.B. Xuma reiteró la exigencia de “reconocimiento de los sindicatos africanos y de salarios adecuados para los trabajadores africanos, incluidos los mineros” [5] .
La huelga de mineros de 1946 fue la chispa que encendió el movimiento en contra del apartheid. El Programa de Acción de 1949 de la Liga de la Juventud del ANC debe mucho a la militancia de estos trabajadores, lo mismo que la Campaña de Rebeldía de la década de 1950 y la emergencia del brazo armado del ANC, el Umkhonto we Sizwe (Lanza de la nación) en la de 1960. Es demasiado pronto para decir qué tipo de impacto tendrá la actual huelga de Lonmin en la política sudafricana, pero es poco probable que tenga tanta influencia como las huelgas del pasado. El Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en inglés), posiblemente los herederos de la huelga de 946, se encuentra sumido actualmente en una serie de disputas territoriales tras la ruptura con la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, la débil respuesta del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU, por sus siglas en inglés) se ha hecho eco de la línea del ANC de igual-culpabilidad y de duelo público semimasivo. El cada vez más incoherente Partido Comunista de Sudáfrica ha pedido la detención de los dirigentes de la AMCU y algunos de sus llamados cuadros han defendido la actuación de la policía. La petición del antiguo dirigente de la Liga de la Juventud del ANC Julius Malema a los mineros de que defiendan las líneas de combate y formen un sindicato más militante atufa a oportunismo político.
Minería todavía dependiente de la mano de obra barata y flexible
Lo que nadie se ha atrevido a decir, aparte de los propios mineros, es que la industria minera sigue siendo dependiente de la mano de obra barata y flexible, la mayoría de la cual sigue viniendo de los países vecinos. Históricamente esto ha sido el origen de la de las queja de los mineros. Un estudio reciente de la Bench Marks Foundation sobre las minas de platino en la provincia del noroeste descubre una serie de factores relacionados con el creciente descontento de los trabajadores de la región. Se criticaba en particular la mina de Lonmin por la gran cantidad de víctimas, las muy pobres condiciones de los trabajadores y no satisfacer las demandas de empleo de la comunidad. Quizá más significativo es el hecho de que casi una tercera parte de los trabajadores de Lonmin se contrata a través de terceros contratistas [6]. Esta forma de empleo no es nueva en la industria de la minería. De hecho, desde que se descubrieron los minerales en el siglo XIX los contratistas han estado haciendo batidas en la mitad sur del continente en busca de trabajadores. La continua presencia de estos “agentes de trabajo” en las minas y la falta de voluntad de prohibirlos por parte del ANC (y optar en vez de ello un sistema de una regulación cada vez mayor) es la sangrienta verdad de la llamada “flexibilidad regulada” sudafricana.
Merece la pena mencionar otras conclusiones del estudio de la Bench Marks Foundation ya que esclarecen algunos de los motivos de queja reales perdidos entre fotos de machetes que se agitan. El número de víctimas mortales se ha duplicado desde enero de 2011 y la compañía ha ignorado sistemáticamente las peticiones de empleo por parte de la comunidad y, en vez de ello, ha favorecido a los contratistas y emigrantes extranjeros. Un visita del equipo de investigación de la Bench Marks Foundation a Marikana reveló:
“Una proliferación de chabolas y de asentamientos informales, el rápido deterioro de las infraestructuras formales y de las viviendas en el propio Marikana, y el hecho de que durante más de un mes, cuando se hizo nuestra última visita, una sección del municipio construida por [la empresa] Lonmin no tuvo electricidad. En el municipio encontramos sistemas de drenaje rotos que vertían directamente en el río en tres puntos diferentes” [7] .
De hecho, el estudio predijo más protestas violentas en Marikana en los próximos años. El despido masivo de 9000 en mayo del año pasado ya había aumentado las tensiones entre la comunidad y la mina ya que los trabajadores despedidos perdieron sus casas en el sistema de alojamiento de la compañía.
De nuevo, esto hechos no son nuevos en el mundo de la minería sudafricana. Detrás de los miserables asentamientos que rodean los pozos se esconden inmensos beneficios. En los últimos años la industria de la minería del platino ha prosperado como ninguna gracias al aumento de la popularidad de la joyería de platino y al uso de este metal en la fabricación de los tubos de escape de los coches en Estados Unidos y Europa. La producción aumentó un 60% entre 1980 y 1994, mientras que el precio aumentó casi cinco veces. Así pues, el valor de las ventas, casi todas exportadas, aumentó a casi un 12% del total de las ventas de la industria minera. El precio aumentó tan espectacularmente a lo largo de la década de 1990 que está a la par del oro como principal exportación de mineral del país [8] . La industria del platino sudafricana es la principal del mundo y en 2011 se informó de unos ingresos totales de 13.300 millones de dólares, que se espera aumenten un 15.8% en los próximos nueve años. La propia Lonmin es unos de los mayores productores de platino del mundo y la mayor parte de su producción proviene de la mina de Marikana. La compañía registró unos ingresos de 1.900 millones de dólares en 2011, lo que supone un aumento del 25.7%, la mayoría de los cuales proviene de los pozos de Marikana [9] .
Por arriesgarse a mutilaciones y a morir bajo tierra los trabajadores de Marikana solo cobran 4000 rand, o 480 dólares al mes. Un viejo minero dijo a los periódicos Mail y The Guardian de Sudáfrica: “Es mejor morir que trabajar por esa mierda de dinero ... No voy a dejar la huelga. Vamos a seguir protestando hasta conseguir lo que queremos. No nos han dicho nada. La policía puede tratar de matarnos, pero no nos vamos a mover”. Estas expresiones de frustración y de rabia se podrían haber dicho en 1922, 1946 u hoy. Son acusaciones feroces a una industria que sigue considerando que sus trabajadores son de usar y tirar, y a un Estado que mantiene las políticas de mano de obra barata del apartheid.
Chris Webb es estudiante de posgrado de la Universidad York de Toronto donde investiga la reestructuración laboral en la agricultura sudafricana. Se puede contactar con él en christopherswebb_AT_yahoo.ca.
Notas:
8. Charles Feinstein, An Economic History of South Africa , Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 211.
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