Por Leonor Pérez
Una de las últimas “gracias” de Alan García fue abrirle las puertas de nuestro país al cultivo transgénico. El Gobierno de Ollanta Humala se las cerró, al promulgar la ley 29811, de Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados, por un periodo de 10 años. Sin embargo, han pasado 7 meses desde la aprobación de la ley, y su Reglamento—que tenía 60 días para ser refrendado— aún no ve la luz.
Los primeros días de marzo de este año, fuentes del Ministerio del Ambiente (Minam) informaron a ideele que la propuesta de Reglamento ya estaba lista, consensuada y a disposición de la Alta Dirección de la institución. Esas mismas fuentes manifestaron que en las semanas siguientes “el Reglamento sería sometido a consulta pública antes de su promulgación”.
Estamos en julio y el Reglamento aún no ha sido rubricado. El Minam nos vuelve a decir que en breve lo aprobarán. Al preguntar sobre la consulta pública, nos remiten a su página web. La consulta consta de una sola pregunta: “¿Cuáles serán los principales beneficios de la Ley de Moratoria de Transgénicos al Perú por diez años?”, y contempla cuatro respuestas, pero en ninguna se pone a consideración el texto del Reglamento.
Es necesario recordar que la ley 29811 no prohíbe el ingreso de “OVM o sus derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento”: solo prohíbe que se siembren y cultiven transgénicos en nuestro país. El proyecto del Reglamento contempla que los que incumplan la ley pagarán multas de hasta S/.36,5 millones (10.000 UIT).
El principal objetivo del documento sería ordenar la investigación de nuestra biodiversidad para lograr una buena gestión de los OVM una vez acabada la moratoria. Sin embargo, en tanto la ley permite el ingreso de productos alimentarios y farmacéuticos con contenido transgénico, también debería contemplar como prioritario el lograr que se apruebe el etiquetado de estos productos para la correcta información del consumidor.
El artículo 65.° de la Constitución peruana prevé la defensa de los consumidores, y con tal fin “garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios [... ] Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población”. A comienzos del 2010 el Legislativo presentó una propuesta de proyecto para ordenar el etiquetado de los productos, con el propósito de que informarán si contenían insumos transgénicos.
Desde marzo del 2010, la propuesta del Congreso se encuentra en estudio en la Presidencia del Consejo de Ministros, y ahora los responsables manifiestan que el problema es ponerse de acuerdo respecto el umbral —el porcentaje de insumo transgénico— bajo el cual será obligatorio informar al consumidor si el producto contiene OVM; la Sociedad Nacional de Industrias habla de un 5%, y en Europa es obligatorio hacerlo a partir del 0,9%.
Desde el 2004 la Unión Europea (UE) regula el etiquetado de productos OVM, obligando a indicar su presencia a partir del umbral del 0,9%; para los transgénicos aprobados fuera de la UE el límite es 0,5%. Así, el 5% que sugiere la SNI para nuestro país sería contraproducente para nuestras exportaciones; Europa no nos compraría, porque el etiquetado no se ajustaría a sus exigencias.
Sin embargo, esta normativa podría estarse incumpliendo, pues la producción ganadera y la granja europea se alimentan en gran parte con soja, maíz y pienso transgénicos. En España el pienso destinado para estos fines supera el 50% de contenido transgénico, y este país es el segundo productor de cerdo de todo el continente y produce para consumo propio y para exportación.
El retraso en la normativa del etiquetado podría radicar en las productoras de transgénicos que están en contra de esta práctica a nivel mundial. Desde que Michael Taylor, ex abogado y asesor de Monsanto —empresa que maneja el 90% de cultivos transgénicos del mundo—, fue nombrado comisionado de la Food and Drug Administration (FDA), esta agencia estatal estadounidense rechaza las peticiones para etiquetar los productos que contienen OVM.
No obstante, al menos oficialmente, esta “resistencia” estadounidense fue vencida el 2011, cuando el Gobierno del presidente Barack Obama se sujetó a las exigencias de la FAO, que a través del Codex Alimentarius estipula el etiquetado de todos los productos que contienen OVM y, además, libra de cualquier tipo de represalias a los países que protegen el derecho del consumidor a la información.
Es bueno recordar que la FAO, creada con el objetivo de velar por la agricultura y la alimentación mundial, es proclive al uso de transgénicos. Según manifestó en un documento fechado el 2002, “la biotecnología es un instrumento poderoso para alimentar a la creciente población mundial”. Casualmente, es éste el mismo argumento utilizado por las multinacionales encargadas de estas ‘creaciones’.
Aunque hace 20 años que se producen alimentos compuestos por OVM, el hambre continúa. Entre julio y agosto del 2011, la ONU declaró en estado de hambruna cinco regiones del cuerno de África donde, producto de la sequía que afecta a 13 millones de personas, “el 30% de niños sufren malnutrición aguda y cada día mueren de hambre dos adultos y 4 niños, de cada 10,000 habitantes de la región”.
Cuerpo del delito
La Ley de Moratoria de Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional deroga el decreto supremo 003-2011 AG, aprobado dos días antes de las elecciones presidenciales del 2011. Esta última jugada del gobierno de Alan García aprobaba el Reglamento Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología —que dormía el sueño de los justos desde hace una década—, con lo que abría la huerta peruana a la modificación genética alimentaria.
Sin embargo, y aunque se supone que en nuestro país no se cultivan transgénicos, en noviembre del 2007 la investigadora Antonieta Gutiérrez presentó un informe al Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), en el que revelaba la existencia de maíz transgénico en Barranca. Dos de los tipos de maíz hallados pertenecían a Monsanto.
En octubre del 2010, el INIA envió a la Presidencia del Consejo de Ministros su informe, cuya conclusión era que no se había encontrado maíz transgénico en Barranca. Otro informe técnico, realizado por el Minam, aseguraba que “el análisis del INIA presentaba serias inconsistencias que afectan no solo la rigurosidad del estudio sino también su veracidad”.
Pero ¿era o no era transgénico el maíz encontrado? Consultados el INIA y el Minam para la realización de este reportaje, constatamos que sus posiciones no han cambiado. Mientras el INIA nos remite a sendos artículos, realizados por ellos mismos y publicados en revistas especializadas como Nature, el Minam aún espera el resultado de las muestras que el INIA manifestó haber enviado a analizar en laboratorios extranjeros y cuyos resultados sustentan la conclusión de su estudio.
Según nos explicó el biólogo Santiago Pastor Soplin, del Área de Recursos Biogenéticos del Minam, aún no tienen noticias del análisis. “Hasta donde sabemos, no se ha realizado. Si existe, debe hacerse público; quizá bastaría con que los cinco revisores internacionales del INIA repasasen nuestros comentarios al respecto. Solo faltaría saber quiénes son, para poderles enviar nuestro informe”.
Las variedades de maíz transgénico encontradas, según la doctora Gutiérrez, eran el Bt 11 (fortalece los cultivos ante los insectos) y el NK603 (hace que los cultivos sean más resistentes a herbicidas como el glifosato). El primero espera desde el año 2001 una resolución que autorice su ingreso en los países de la UE, y el segundo fue aprobado el 2010. Sin embargo, ambos eventos están paralizados por el “principio de precaución”.
El llamado principio de precaución de la UE permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente. En el caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo, recurrir a este principio hace posible impedir la distribución de productos que puedan entrañar peligro para la salud, e incluso se lo puede retirar del mercado.
Organismos Vivos Modificados
Los OVM son plantas o animales que han sido alterados o adulterados con genes de otras especies para conferir al producto final propiedades específicas que no le son propias. Así, por ejemplo, podríamos tener en nuestras mesas manzanas inoculadas con genes de cucaracha para hacerlas más resistentes a las inclemencias ambientales y a todo lo que se les ponga por delante.
Un OVM se crea insertando un gen al ADN; éste borra y activa o desactiva otros genes, creando mutaciones que pueden generar alergias, nuevas enfermedades o problemas nutricionales en los consumidores. Esto no se ha podido dimensionar con exactitud, pues las transnacionales de la biotecnología tienen patente y poder de veto sobre la investigación de sus productos.
En tal sentido, en una entrevista con Phil Angell, director de Comunicación de Monsanto, publicada el 25 de octubre de 1998 por el New York Times, éste alegaba: “Monsanto no debería tener que avalar la seguridad de los alimentos biotecnológicos; lo que nos interesa es vender el máximo posible. Garantizar la seguridad es trabajo del órgano de gobierno encargado, es decir, de la FDA”.
En 1992 la FDA equiparó los alimentos transgénicos a los orgánicos. En el documental El mundo según Monsanto, de la periodista Marie Monique Robin, el director del Departamento de Biotecnología de la FDA, James Mariansky, declara: “El Principio de Equivalencia Sustancial que equiparó estos alimentos fue producto de una decisión política, no nos basamos en ninguna investigación científica”.
Según los fabricantes de OVM, éstos acabarán con el hambre mundial; además, nos harán más fuertes y sanos que las espinacas de Popeye. Un editorial de la revista Scientific American denunció que “es imposible verificar si los OVM funcionan como se promocionan, pues las empresas agro-biotecnológicas tienen poder de veto sobre la labor de los investigadores independientes”.
Los científicos independientes —bajo amenaza de denuncia— no pueden investigar los efectos de la liberación de los eventos transgénicos. Transnacionales como la poderosa Monsanto se investigan ellas mismas o le dan a empresas ‘amigas’, como Agritech, la potestad para estudiar la composición y efectos de sus productos.
“Investigaciones in situ validan que la tecnología de maíz y de semillas de Monsanto es mejor que la de la competencia. Más de 15.000 comparaciones directas hechas ‘por nosotros mismos’ a través de los Estados Unidos, demuestran que las semillas de Monsanto proporcionan un mejor producto a los agricultores que la competencia”. Éste es el extracto de un comunicado de Monsanto, publicado en su página web.
La ley 29811 no prohíbe el ingreso de “OVM o sus derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento”: solo prohíbe que se siembren y cultiven transgénicos en nuestro país.
Los cultivos transgénicos ya han puesto una semilla en el Perú
En mayo del 2011 —un mes después del decreto de Alan García que aprobaba el ingreso y comercialización de transgénicos— aterrizaba en Lima la primera feria de Agritech, cuyo lema es: “La solución a la alimentación mundial y la crisis energética es la construcción de capacidades de los agricultores para adoptar prácticas agrícolas sostenibles y eficientes”.
Agritech, consorcio de empresas con delegaciones en todos los continentes, se dedica al sector agropecuario: distribuye semillas; construye silos; vende maquinaria pesada, sistemas de riego, fertilizantes, alimentos para animales, etcétera. Y brinda todo tipo de servicios a ganaderos y agricultores a nivel mundial.
Esta empresa es una de las autorizadas por Monsanto para realizar los análisis de riesgo de sus cultivos, y es también parte de la multinacional. En la página web de Monsanto, en el apartado delegaciones, encontramos: “Monsanto Pakistán Agritech (Pvt) Ltd 2ª planta Edf. RBS 310-Alto Moll, Lahore 54000, Pakistán”.
Agritech, en su variante Agritech NPO, es “una organización sin fines de lucro” y se encargó de realizar la feria agrícola de mayo del 2011. La NPO registrada en Israel en 1985 fue fundada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Organización de Trabajadores del Agua, la Organización de Trabajadores del Campo y la Asociación de Kibutz. Agritech NPO también fue fundada por el Instituto Ruppin, la Asociación de Ingeniería Agrícola y la Federación de Agricultores de Israel. Todas estas organizaciones han adoptado la biotecnología como el futuro de la alimentación.
El 2008, estas entidades informaron de la inversión de Monsanto en una de sus empresas de investigación genética: “Monsanto ha adquirido una participación de 18 millones de dólares en Evogene, para dedicarlos al desarrollo de plantas mejoradas destinadas a la agro industria”. Según el boletín, con este convenio Evogene tendría “recursos necesarios para seguir desarrollando plantas mejoradas para la agricultura y nuevas materias primas para biocombustibles”.
Agritech NPO presenta en su web la Feria del Perú con gran regocijo: la cita le abría las puertas de un territorio virgen. “Estamos orgullosos de organizar el primer Agritech Perú, un país con un significativo crecimiento agrícola […] Perú incrementó sus exportaciones de 643 millones de dólares en el año 2000, a 2.700 millones en el 2008, lo cual significa una tasa media de más de 17% de crecimiento anual”.
La Feria fue presentada por el entonces presidente Alan García, que en un discurso de 9 minutos comenzó mencionando a Golda Meier, manifestó su aprecio por Shimon Peres, y acabó defendiendo explícitamente el cultivo de transgénicos. “En septiembre del 2011 seremos 7.000 millones de seres humanos en el mundo y eso impone que hablemos seriamente de temas agrícolas”, afirmó García.
Luego expuso que para cumplir con los convenios de exportación agrícola contraídos con los Estados Unidos, la UE, China, Corea, Canadá, México y países de Centroamérica era necesario “renovar tecnológicamente la agricultura, para multiplicar su productividad, pues es lo único que nos puede permitir satisfacer las exigencias internas y además exportar”.
García también habló de obtener mayor rendimiento por hectárea, de generar puestos de trabajo, de aprovechar la tecnología; habló del génesis como origen de la humanidad y de nuestra capacidad de cambiar: “Tenemos la obligación de aprovechar la tecnología para no convertirnos en una isla frente a países que producen cinco veces más que nosotros”.
Todos los presentes aplaudieron el discurso pro tecnología agraria, en especial los organizadores, pero al ex presidente, al que siempre se le ha reconocido su capacidad para improvisar, esta vez se le tendría que haber reconocido su capacidad para repetir punto por punto la plana escrita en la web de Monsanto, que ya tiene una página ‘dedicada’ al Perú.
“Nuestro compromiso de sostenibilidad es producir más y conservar más, mejorar la calidad de vida de 5 millones de agricultores en el mundo, desarrollar mejores semillas, duplicar la productividad del maíz, la soja y el algodón, conservar recursos y para el 2030 reducir en un tercio los insumos utilizados para sembrar.”
Una de las creaciones ‘sostenibles’ de Monsanto es el “agente naranja”, herbicida utilizado durante la guerra de Vietnam. Antes de ‘perder la plaza’, Estados Unidos infectó el territorio vietnamita de este gas para arrasar la selva, matar de hambre y poder hacerle frente al escurridizo enemigo. La vegetación desapareció y la población fue envenenada.
El Gobierno de Vietnam estima que tres millones de vietnamitas fueron expuestos a sustancias químicas durante la guerra, y que al menos 800.000 sufren hoy sus graves consecuencias. Más de 50 años después, esas tierras aún son hermas y los pobladores del lugar nacen con malformaciones producto del envenenamiento.
Según Monsanto, no hay relación entre el uso del químico y las malformaciones. El Instituto de Medicina de los EUA, en su libro Veteranos y agente naranja, afirma: “Hay pruebas para asociar los herbicidas usados en Vietnam y el sarcoma de tejidos blandos, leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Hodgkin, y Cloracne”, entre otras dolencias descritas.
Megadiversidad en riesgo
Sembrar semillas alteradas genéticamente origina la contaminación de los cultivos orgánicos, y esto podría significar el principio del fin de nuestra extraordinaria biodiversidad. Según Greenpeace, “los efectos de los cultivos transgénicos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles, pues contaminan genéticamente a las variedades tradicionales, acabando con ellas y provocando una grave pérdida de la biodiversidad”.
La contaminación por transgénicos se produce por el efecto de polinización o por el aire. En México se han perdido variedades de maíz autóctono por su contaminación con semillas transgénicas; lo mismo ha pasado en España, donde la la miel se ha contaminado por contener trazas de transgénicos, lo que ha perjudicado a los apicultores, pues ya no pueden comercializarla al resto de Europa y solo les es posible venderla en el mercado nacional.
El Perú es reconocido como uno de los centros de origen de la agricultura y de la ganadería. Cuenta con 55 mil variedades de productos orgánicos, lo que lo convierte en uno de los cinco primeros países con mayor megadiversidad en el mundo y le ha permitido dar productos de gran importancia para la dieta mundial, como la papa y el maíz, dos de los cuatro cultivos alimenticios más importantes del planeta.
Recientes estudios de la Academia de Medicina Ambiental de los Estados Unidos (AAEM) ratifican que los cultivos transgénicos reconfiguran la tierra al producir la degradación biológica del suelo; además, la convierten en campos de monocultivo, donde ya solo los OVM dan fruto, pues contaminan genéticamente las variedades locales. Con el paso del tiempo, asimismo, los pesticidas que contienen originan plagas más resistentes.
Rasgos diferenciales
El 70% de la exportación agrícola peruana va destinada a países de la UE y el Japón. Nuestra producción orgánica es atractiva en estos mercados, donde los productos transgénicos no son bien aceptados y donde la agricultura intensiva ha hecho perder calidad a su huerta. Incluso China, antes favorable al cultivo de maíz y de arroz transgénico, les ha dicho “NO” a comienzos de este año.
El gigante asiático está punto de convertirse en el primer país en prohibir la utilización de transgénicos en sus alimentos básicos. Según una noticia publicada el pasado febrero, el Consejo Nacional para Asuntos Legislativos dio a conocer un anteproyecto de ley sobre semillas, que regula las investigaciones científicas, la experimentación en el campo, producción, venta, importación y exportación de semillas transgénicas.
En Europa y Japón se prohíbe hasta el ingreso de animales alimentados con productos transgénicos. Sin embargo, en este caso hay un doble rasero, pues mientras por un lado se prohíbe la importación de carne alimentada con OVM, por el otro, una buen parte del ganado y de la granja europea son engordados con piensos transgénicos.
España —después de Alemania— es el segundo gran productor de cerdo en Europa; y dentro de España, Catalunya es la comunidad autónoma que domina el mercado. Según nos manifestaron fuentes de la patronal porcina catalana: “Nos vemos obligados a alimentar a los animales con piensos transgénicos, porque eso nos permite abaratar costos y competir con los precios de la carne importada”.
La patronal dice que nadie ha demostrado aún que los OVM sean malos para la salud; además, afirma que Europa pone palos a las ruedas de los transgénicos, porque en estos momentos “no tiene dinero para invertirlo en investigación como lo hacen en los Estados Unidos”. Al final, como en todo, resulta que cada uno mira según su conveniencia; si eso va en pro o en contra del bienestar general, es lo que menos parece interesar.
Fuente: Revista Ideele: http://www.revistaideele.com/ideele/content/la-agricultura-en-probeta
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