Los hechos de violencia y hasta las muertes ocurridas en la región Cajamarca nos hacen reflexionar sobre el riesgo que estas acciones representan para la sociedad peruana. Si el accionar político de los dirigentes anti-mineros de Cajamarca se difundiese a nivel nacional, las consecuencias serían: la caída de las exportaciones en 60%, la cancelación de prácticamente todos los paquetes turísticos -pues nadie visita un lugar convulsionado-, la interrupción de la ejecución de obras de infraestructura básica -como podrían ser las redes de caminos rurales- que se construyen con motivo del desarrollo de algún proyecto minero.
Otras consecuencias serían la caída de las rentas que recibe el Estado para financiar los programas sociales o ministerios tan importantes como los de Educación y Salud; y huelga decir que la inseguridad se acrecentaría, no solo por la delincuencia común, sino también por aquella que se disfraza bajo la excusa del cuidado ambiental o la reivindicación social. ¿Acaso no es cierto que muchos pequeños comercios en la región Cajamarca sufrieron exacciones por parte de los manifestantes?
Un Estado con menores ingresos y, a su vez, con compromisos de mayor gasto corriente, es una institución quebrada, arrinconada entre optar por la emisión inorgánica -léase inflación progresiva y geométricamente creciente- o dispuesta a pasar por el duro, drástico tránsito de tener que cancelar sus programas asistenciales para mantener su estabilidad macroeconómica y recomponer su economía bajo “nuevas bases”.
¿Cuáles serían esas “nuevas bases”? Aislacionismo de los mercados internacionales por incumplimiento de compromisos asumidos con instituciones privadas de orden mundial; convulsión social, descontento y eventual anarquía política. Bajo estas circunstancias, difícilmente la primera prioridad del Estado será el preservar el ambiente. Entonces, la reivindicación con relación al proyecto Conga no es ni ambiental ni social, tampoco es económica porque las cifras nos demuestran que los animadores de la protesta no son capaces de emplear en beneficio de su región los recursos que genera la minería.
Ellos quieren capturar el poder que emana del Estado, aquel al que aspiran y que la ciudadanía les ha negado en reiterados procesos electorales nacionales. Tengamos en cuenta que veintidós largos años le ha tomado al Perú recomponer su economía y convertirse en uno de los acreedores del mundo -en virtud de que nuestras Reservas Internacionales Netas sobrepasan el valor de la deuda externa-. Por primera vez, la historia de la república registra cifras en azul en nuestras cuentas fiscales. Por primera vez, los nuevos peruanos no nacen con una deuda bajo el brazo, sino que cuentan con un fondo que les permitirá disfrutar de un futuro cada vez mejor, si sabemos preservar lo andado y avanzar.
Si en la actualidad, a diferencia del pasado, seguimos afrontando en crecimiento la crisis financiera internacional, es que supimos implementar el rumbo adecuado desde la última década del siglo XX. Tenemos una moneda estable y con tendencia al fortalecimiento, que ello resta competitividad a nuestras exportaciones sí, pero también constituye un estímulo para ser más eficientes.
La economía es dinámica y no podemos pretender que otros se detengan mientras nosotros –a pesar de todo- seguimos avanzando; pero, ¿qué pasaría en el escenario contrario?, ¿continuaría la reducción de la pobreza o se agudizarían las contradicciones de la sociedad peruana? La segunda opción es el espacio que la violencia está esperando para su re-estreno, ya sea infiltrando el magisterio que labora en las escuelas públicas, allí donde es fácil dogmatizar a una mente juvenil con ansias de libertad y justicia social, pero a la cual no se le instruye que la libertad y la justicia no se consiguen arrebatando nada a nadie, sino trabajando e imaginando que se puede ser más grande por sí mismo.
Respecto del proyecto Conga, así como de otros proyectos mineros, hay que socializar información sobre la minería, hay que promover el debate acerca de la oportunidad económica que representa para el país el empleo de su potencialidad geológica.
Sobre la actividad minera, se podrá debatir qué tecnología emplear, cómo minimizar el impacto ambiental, pero no se puede prescindir de ella. Podrán establecerse mayores eslabonamientos sin caer en el subsidio o el “otorgamiento de privilegios”, se puede apoyar el proceso de aproximación a las condiciones de mercado, pero no de manera indeterminada. La razón es práctica y no meramente principista, la sabiduría popular suele decir que: “El padre que sobre protege a sus hijos, limita la proyección futura de cada uno de ellos”; por lo tanto, se trata de que la empresa grande estimule a la pequeña, dentro de los márgenes de calidad y precio para que se forje en un ambiente de competitividad que le permita dar el gran salto a su expansión futura.
Saludos,
Guillermo Vidalón del Pino
Superintendente de Relaciones Públicas
Southern Peru Copper Corporation
Telf. 512 0440 Axo. 3212
Av. Caminos del Inca 171
Surco, Lima 33
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