El
escandaloso y apestoso contrato del gasoducto sur, de un costo astronómico y
con carga para todos los peruanos, que pagarán en las facturas de electricidad,
tendría como implicados a cinco ministros de Humala, quien ha ofrecido el gas
de Camisea, necesario para nuestro desarrollo, al enemigo chileno.
La
Contraloría detectó modificaciones en las cláusulas del contrato de la
millonaria concesión, que beneficiaron a la brasileña Odebrecht, protagonista
de un megaescándalo de corrupción en Brasil.
En
julio del 2014, el presidente Humala firmó el contrato de concesión por 34 años
y por 7 mil millones de dólares.
Los
cinco ministros formaron parte del Consejo Directivo de ProInversión, según la
investigación de la Segunda Fiscalía Anticorrupción sobre el caso del Gasoducto
del Sur, en el cual se investiga un presunto favorecimiento en la millonaria
adjudicación al consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht y la
firma española Enagás.
Perú21
informó que el 9 de junio de 2014, los entonces ministros Eleodoro Mayorga
(Energía y Minas), Luis Miguel Castilla (Economía), Milton von Hesse
(Vivienda), José Gallardo Ku (Transportes) y Juan Benites (Agricultura)
aprobaron la modificación del contrato de la referida licitación que terminó
beneficiando a la constructora brasileña, la cual está bajo indagación en su
país por supuestos actos de corrupción.
“En
la versión final del contrato se modificaron las cláusulas que permiten el
cambio del ‘operador calificado’ (Enagás), eliminando la exigencia de que el
reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la precalificación y la
autorización del concedente (Estado Peruano), beneficiando al concesionario”,
señala el reporte.
Se
detectó este hecho luego de comparar las tres versiones del contrato de
concesión, el cual es por 34 años e implica el desembolso de más de US$7 mil
millones.
Como
se sabe, una conocida modalidad de corrupción es ganar la adjudicación por un
monto reducido para sacar del panorama a la competencia, y después, en
complicidad con los funcionarios encargados de otorgar la buena pro, pactar
adendas para ir inflando el precio, en este caso, con cifras millonarias y
exorbitantes. Así, se incluye un párrafo en la cláusula 9.10.3 de la versión
final del documento contractual.
Se
permitió al concesionario el cambio del ‘operador calificado’ (la española
Enagás), después de los primeros 10 años. Es decir, Odebrecht podría prescindir
de su actual socia en el 2024 y optar por otra con menores condiciones
operativas. Dicha potestad desnaturaliza el propósito de la concesión de contar
con un operador calificado que cumpla con determinados requisitos mínimos,
advierte la Contraloría.
El
citado contrato exige a Enagás no solo acreditar su experiencia, sino que se
encargue de las operaciones técnicas del sistema de transporte y que “asuma solidariamente
con el concesionario (Odebrecht) las obligaciones derivadas de las operaciones
técnicas previstas”. Por eso, estos cambios contradicen las bases de la
licitación.
Las
dos primeras versiones del contrato del Gasoducto del Sur son de febrero a
abril del año pasado. La última versión, antes de contar con el visto bueno de
los ministros mencionados, fue aprobada por el Comité Pro Seguridad Energética,
a cargo del proceso de adjudicación, el 16 de mayo de 2014, cuando se dispuso
que el documento se remitiera a los ministerios de Energía y Minas, y de
Economía, así como a Osinergmin, para que su opinión.
La
Contraloría concluyó que no se cautelaron los intereses del Estado, Así se
trabaja cuando hay corrupción.
Este
caso será investigado por la comisión especial del Congreso para el escándalo
Lava Jato, que incluye las adjudicaciones de la carretera Interoceánica Sur, de
la planta de tratamiento de agua en Huachipa (contratada por Alan García y que
se cae a pedazos). En el caso del Gasoducto Sur, la primera obra se licitó
durante el gobierno de Alejandro Toledo; la segunda, en el de Alan García; y la
tercera, en el de Ollanta Humala.
Existe
la presunción de un posible conflicto de intereses en el caso del Gasoducto del
Sur debido a que el responsable de la licitación, Édgard Ramírez, realizó
consultorías para Odebrecht al menos dos años antes del proceso de
adjudicación.
También
porque algunos de los informes legales utilizados por ProInversión para
descalificar al postor rival de la constructora brasileña fueron elaborados por
estudios relacionados a Odebrecht. Incluso, el entonces ministro Eleodoro
Mayorga había brindado asesorías a la misma firma, apunta Perú21.
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