Perú: De Vietnan a Kepashiato

La guerra de Vietnam la pelearon los negros, la white trash, 8 mil puertorriqueños y hasta los latinos con la promesa de la ciudadanía norteamericana; una desteñida mesnada que al fin y al cabo y pese a su supremacía bélica no iba a ganar ninguna guerra ni aunque se cometiera genocidios como el de My Lai: 500 vietnamitas asesinados a mansalva y que se convirtió en un escándalo mundial (nótese la diferencia numérica en la matanza que ocurrió aquí en la base militar Los Cabitos: 1400 incinerados). Estados Unidos perdió la guerra ante un enemigo que solo contaba con su moral y con un aliado natural: la selva, un medio tan hostil que los gringos la denominaron “el infierno verde”.

Quizás esa analogía nos sirva para enfocar lo que está sucediendo en el VRAE donde en un medio similar (selva tupida, túneles, trincheras, helicópteros de los años sesenta, bombardeos con cohetes Rockets, población adversa o el clamor politiquero del napalm) pelean los hijos de los canillitas, los hijos de los albañiles, los peruanos que no tienen otra opción de vida y que creen, erróneamente, que de esta forma, enrolados en el ejército peruano o en la alicaída PNP, tendrán algún tipo de seguro social o una estabilidad posible. Curiosamente, los vilcas, los astuquillcas o mamanis pelean contra los quispe-palominos y un ejército de niños que como se ha visto solo cuentan con el armamento que le han quitado a las mismas fuerzas del orden (alguien se debería preguntar al margen de la behetría delincuencial o cualquier estigma ideológico: ¿por qué un peruano odia tanto a otro peruano?), mientras el Estado y su absurda clase política vive de espaldas al país que dice representar, y los generales y altos oficiales han hecho de la cobardía, de los negocios turbios y de los lobbys bélicos una forma de vida.

Ollanta Humala, el seudopresidente “nacionalista”, y sus ministros solo se han dedicado a desinformar y confundir a la opinión pública para continuar con el plan trazado desde las oficinas del neoliberalismo explotador o desde el Banco Mundial o el FMI (cada uno dominado por USA y por Europa, respectivamente). El Estado de derecho se derrumba ante las cifras evidentes: el país no tiene tendencia al desarrollo porque solo un 7 % de la inversión extranjera (unos 7 mil millones de dólares) va hacia las manufacturas mientras que el resto solo sirve para ayudarnos a exportar cerros de cobre, plata y oro (no nos olvidemos que aquí ni siquiera somos capaces de hacer lingotes del preciado metal amarillo) generándonos un falso bienestar, un “placer fantasma” que se derrumbará en cualquier momento como un castillo de naipes. Y el verdadero narcotráfico, el que es protegido por los mismos militares, nos ubica en el primer lugar del mundo con más de 350 toneladas métricas de cocaína que exportamos a Estados Unidos, Europa y Asia.

A todo esto hay que recordar que el término “narcoterrorismo” fue puesto en los ochenta por el embajador norteamericano Lewis Tambs para referirse a la aparente alianza entre las Farc con los carteles de la droga. No obstante, gracias a la mass media, hoy en día es el mote normal para referirnos a los remanentes del PCP-SL, que según los cálculos más optimistas deben ser unos 300 ó 500, aunque otros hablan de 1000 ó 1500. Lo cierto es que el país se ha visto jaqueado y desnudado en su miseria y orfandad absoluta: soldados con ropas parchadas (el padre de Vilca reconoció el traje de comando de su hijo porque él mismo lo había remendado), chalecos antibalas que no te protegen ni de un perdigón, borceguíes que lo atraviesan los abrojos o alimentos putrefactos o de pésima calidad; ni qué decir de las armas que se atoran y que no sirven una vez que se mojan o toda esa chatarra sobrevalorada que ahora no sirve para nada (incluido esos helicópteros con blindaje cero comandado por oficiales que solo cuidan su pellejo y que abandonan a su suerte a su tropa). Quizás la congresista Marisol Pérez Tello haya resumido parcialmente toda esta infamia de la “Operación Libertad”: “Los rehenes regresaron caminando, el herido llegó solo con su bala cojeando, los terroristas fueron encontrados por la prensa y el cuerpo de Vilca fue hallado por su padre”. Y digo parcialmente, porque hasta ahora nadie ha denunciado que así como los medios de comunicación se llenan la boca con la palabra “narcoterrorismo”, también tendríamos que hablar de “narcopolicía” y “narcomilitares” (actualmente en el Poder Judicial hay 588 expedientes por tráfico ilícito de drogas contra oficiales y subalternos de las Fuerzas Armadas y policiales) y, cómo no, tendríamos que terminar señalando al “narcoestado”, el mismo que obvias razones no hace nada para frenar el ingreso de 35 mil toneladas anuales de insumos químicos para la gran industria de la droga. Quizás habría que recordar al tristemente célebre “Mosca Loca”, Guillermo Cárdenas Dávila cuando en los ochenta dijo: “déjenme trabajar libremente y, a cambio, pago la deuda externa”, o el millón de dólares –habrían sido muchos más pero no se pudo probar– que le dio Pablo Escobar a Alberto Fujimori, según informó en 1989 la revista colombiana “Semana”, o el narcobuque “Matarani” o el escándalo presidencial del narcoavión DC-8 o el caso “Hayduk” de Eudosio Martínez o los hermanos Áybar Cancho o el “Vaticano” quien abonaba 50 mil dólares por cada vuelo a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, etc., etc.

Lo cierto es que esta realidad de cartón piedra no va a cambiar con la renuncia o el apartamiento del Ministro del Interior, Daniel Lozada, o del Ministro de Defensa, Alberto Otárola (otros ingenuos o muy vivaces culpan a los gobiernos anteriores o a Rey Rey, quien como sabemos fue ministro de todo y solo le faltó ser Ministro de la Mujer). El caso pendiente de Conga, las promesas incumplidas, el desbarrancamiento de la viceministra de pesquería Majluf o la desfachatez del Primer Ministro y empresario minero Valdés abonan a este experimento mal llamado “nacionalismo”. A estas alturas la vacancia presidencial ya debería ser un clamor popular.