Víctor Medina Calderón*
Según el Informe de la Asesoría Jurídica del MEF y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), se observa que el Estado Peruano no puede actuar como avalista ni como prestamista en medio de las operaciones de un contrato estrictamente privado.
Conforme lo hemos venido comentando desde hace cuatro años, no sólo el escandaloso incremento de la construcción del Gasoducto Andino del Sur, en casi cinco veces (de US$ 1,300 millones el 2,008, a más US$ 6000 millones con el ingreso de Odebrecht en el 2012), habría decidido a las autoridades dar marcha atrás en participar en el financiamiento y pasar a convocar una licitación pública internacional.
La observación concreta tiene que ver con el financiamiento de US$ 1,200 millones para el primer tramo del Gasoducto Andino del Sur, solemnemente anunciado por el presidente Ollanta Humala, desde Camisea hasta Quillabamba en el Cusco, por lo que se habría decidido convocar a una licitación internacional para su construcción. Ahora falta la anulación de la llamada “Solicitud de Parte” de Kuntur –Odebrech t y convocar también a licitación internacional para la construcción del Gasoducto Costero Pisco,Ica,Nazca-Marcona,Camaná-Islay-Moquegua-Ilo-Tacna, para iniciar el desarrollo de la industria petroquímica en Matarani ( planta productora del esquema básico de úrea, fertilizantes y nitrato) y en Ilo ( planta para la producción del esquema secundario de fibras sintéticas, polietileno, plásticos, etc). Gasoducto viable en el tiempo –dos años para su construcción- y en el costo de 1100 millones de dólares; que sumados a los 1200 millones de dólares del tramo Camisea-Quillabamba y unos 800 millones en el tramo Cusco-Puno, sumarían 3,100 millones de dólares y no los 6000 millones que anuncia Odebrecht. Tendríamos construídos el Gasoducto Andino del Sur y el Gasoducto Costero; además de la materia prima para las plantas petroquímicas que hemos propuesto; y para la planta petroquímica de Marcona que ya está instalada.
El anuncio del presidente Humala, en el Mensaje Presidencial del 28 de julio último, encargando a ´Petroperú y a Electroperu, la búsqueda del financiamiento para la construcción del primer tramo Camisea-Quillabamba, en una alianza público-privado, tendrá que ser económica y financieramente sustentado en el Congreso por las autoridades del MEF ; toda vez que la Oficina General de Asesoría Jurídica , como señalamos anteriormente, ha emitido un informe mediante el cual señala que el Estado no puede ser avalista de las operaciones de un contrato estrictamente privado; como sería el caso de la intervención de Kuntur-Odebrecht en la construcción del Gasoducto Andino del Sur.
Además, el informe señala : ”El Estado no puede constituirse en tenedor de acciones junto con un contratista privado que tiene la asignación de una obra específica”, lo que sucedería en el caso participar en el financiamiento del gasoducto. Más aún, si intervienen Petroperú y Electroperu , dadas las limitaciones financieras de ambas empresas estatales y el riesgo que en la actualidad es muy elevado. El capital privado tiene que asumir los costos y riesgos de la construcción de los gasoductos propuestos y en la instalación de las plantas petroquímicas en Matarani, Ilo y Marcona.
Así pues, parecería que la razón y no la demagogia, se habrían impuesto a la corrupción y al andamiaje financiero diseñado por el ex ministro del MEF, Luis Carranza, durante su gestión como responsable de la conducción económica-financiera del gobierno de Alán García.
Finalmente, la responsabilidad y seriedad de las autoridades del Gobierno, para el manejo de los recursos del Estado que es de todos los peruanos, estarían por imponerse a los deseos de Kuntur-Odebrecht de beneficiarse exclusivamente a través de operaciones financieras de origen oscuro. Es decir, el andamiaje financiero de la corrupción parecería que se cayó.
*consultor energético
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