jueves, 10 de noviembre de 2011

Durante el mes de octubre, defensoría del pueblo registró 217 conflictos


Nota de Prensa N°322/OCII /DP/2011

Asimismo, se registraron 7 nuevos conflictos sociales, 65 acciones colectivas de protesta, en tanto que se reactivaron 3 casos.

Subsisten medidas de fuerza en Áncash, Ayacucho y Madre de Dios.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 92, correspondiente a octubre del 2011, el cual da cuenta de un total de 217 conflictos sociales: 154 se encuentran activos (71%) y 63 en estado latente (29%). Es preciso señalar que Puno (20), Áncash y Cajamarca (17) son los departamentos en los que se ha producido el mayor número de conflictos sociales en el mes de octubre.

Además, el documento brinda información concerniente a siete conflictos sociales nuevos; cinco de ellos son de carácter socioambiental (dos ubicados en Lima, uno en Cajamarca, uno en Ayacucho y uno en Áncash), un conflicto laboral (ubicado en Lima) y un conflicto por asuntos de gobierno regional (ubicado en Piura). Por otro lado se registran tres conflictos sociales reactivados: uno es de tipo socioambiental, ubicado en Ica; los otros dos –un conflicto laboral y otro por asuntos de gobierno local– están localizados en Piura.

Por otra parte, el Reporte detalla que cuatro conflictos sociales han pasado del estado activo al latente, y que se ha retirado del registro principal a cinco conflictos sociales latentes, al no producirse hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias.

Con relación a los tipos de conflicto se precisa que, del número total, el 57,1% (124 casos) agrupa a conflictos socioambientales, seguidos por los conflictos por asuntos de Gobierno Local, con el 8,8% (19 casos), y los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional, con el 8,3% (18 casos).

Con relación a las competencias en la atención de conflictos sociales, por parte de entidades estatales, en octubre del 2011, la principal competencia en la atención en los 217 conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 139 casos (64,06%). Por otro lado, los Gobiernos Regionales son los principales responsables en la atención de 45 casos (20,74%), en tanto que los Gobiernos Locales (ya sean provinciales o distritales) son responsables de la atención de 24 casos (11,06%).

Cabe destacar que, durante el mes de octubre del 2011, 78 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 51% del número de casos activos); de ellos, 36 casos fueron atendidos mediante mesas de diálogo.

El Reporte de Conflictos Sociales Nº 92 registra 65 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el mes de octubre. Además se da cuenta de un total de 189 actuaciones defensoriales, de las cuales 158 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 21 a las referentes a intermediación. Además se realizaron 10 acciones de defensa legal.

En vista de las acciones colectivas de protestas y conflictos sociales en Cajamarca, Áncash, Andahuaylas, Madre de Dios y Ayacucho, la Defensoría del Pueblo invoca a todos los actores sociales a privilegiar y mantener los procesos de diálogo iniciados hasta la obtención final de acuerdos sustentables.

Se sabe que en Cajamarca se ha convocado a un paro regional de 24 horas, el 9 de noviembre, en oposición al proyecto Conga. En Áncash existen dos acciones colectivas de protesta: por un lado, pobladores de la zona Sierra convocaron una paralización, a realizarse el 9 y el 10 de noviembre, en contra del supuesto incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa Antamina. Por otro lado, pobladores de la zona Costa protestan, exigiendo la implementación del proyecto CHINECAS.

En Apurímac existe la oposición de los pobladores de Andahuaylas a la actividad minera. En Ayacucho (distrito de Chilcas, provincia de La Mar) existe el problema entre las comunidades campesinas de Retama y Qoyama y la empresa Transportadora de Gas del Perú SA, respecto al contrato de establecimiento de servidumbre suscrito en el 2002, por considerarlo lesivo a los intereses comunales.

En Madre de Dios, mineros informales se oponen a la implementación del decreto de urgencia 007–2011, que dispone la destrucción de dragas en los ríos de Madre de Dios.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo invoca a los gobiernos nacional, regional y local a implementar políticas orientadas a la atención de demandas sociales, evitando su acumulación, así como a la prevención, con el propósito de evitar futuros escenarios de conflictividad.

Finalmente, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a los interesados en encontrar una información más detallada a visitar la página del Reporte de Conflictos Sociales

(www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales).

Lima, 10 de noviembre del 2011.

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