Por Marc Gavaldà*
Perú vive un escenario social complejo encendido por la represión contra la oposición de la población local contra los proyectos mineros. Ante una postura cada vez más firme y desenmascarada de un gobierno servil a los intereses de la minería, será preciso analizar con lupa también los proyectos energéticos que enquistarán al país en el monocultivo extractivista. El Gasoducto Andino Sur, vendido como la oportunidad para consumir el gas de Camisea a nivel interno es uno de ellos.
Hasta la fecha, del complejo de Camisea, en el corazón de la selva urubambina, salen dos gasoductos, uno de líquidos de gas y otro de gas natural, que transportan las reservas del lote 88 hasta los mercados nacionales e internacionales. A parte, otro gasoducto está en fase avanzada de diseño, el Log Sur –antes llamado Log Selva– para hacer lo mismo de las reservas del lote 56 y 57.
En 2011, se difunde la puesta en marcha de un nuevo gasoducto, esta vez para que Petrobras venda el gas del lote 58, así como de los lotes vecinos 57 y 88. El objetivo, dijeron, “es sacar el gas para, esta vez sí, motivar el consumo interno de energía barata que genere desarrollo para el sur del país”. Examinemos hasta qué punto.
Petrobras construye un nuevo gasoducto
El proyecto Gasoducto Andino Sur, con una longitud de 1.071.5 kilómetros, incluye tres ductos, uno de gas natural, otro de líquidos de gas y un tercero de etano. Además, una planta de separación en la selva y una planta de fraccionamiento en Ilo. En esta última, que ya han anunciado que será la más grande del país, los líquidos de gas serán transformados en propano, nafta y otros derivados.
La compañía constructora del proyecto es la Kuntur Transportadora de Gas, empresa de propiedad de la norteamericana Conduit, y en la cual las brasileñas Petrobras (que ha encontrado gas en el Lote 58) y Odebrecht evalúan adquirir el 51% de las acciones. La inversión aproximada requerida era de US$ 1.200 millones, pero a medida que se agilizaban los trámites de otorgación de la licencia ambiental, la empresa llegó a más que duplicar la promesa de inversión hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares.
Insumos para la minería
Cuando el gasoducto esté en funcionamiento, Kuntur promete suministrar con el gas de Camisea los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Lo que no está claro todavía, es si el gas llegará para consumo doméstico, o se destinará principalmente a alimentar a los grandes centros mineros del sur del Perú, los cuales han generado contundentes manifestaciones de rechazo últimamente. Valga recordar el levantamiento aymara en las ciudades de Puno y Juliaca con la despedida represiva que ofició el gobierno de Alan García, semanas antes de dejar el cargo.
De esta manera, cruzando los intereses de las transnacionales mineras para tener energía barata, con los de las corporaciones gasíferas de tener mercados cercanos y solventes, queda en cuestión si la población de las provincias del sur peruano, será la pretendida beneficiada por el Gasoducto Andino Sur, o más bien la perjudicada. Lo que es evidente, es que el poder extractivo de las mineras aumentará con el suministro y que esto generará más conflictos con las comunidades que se oponen a hipotecar el futuro de sus tierras y sus recursos hídricos a una actividad tan contaminante.
No hay que perder de vista, además de las minas, los emprendimientos industriales que esperan la llegada del gas al sur del Perú. Según fuentes del Ministerio de Energía y Minas (2009) en la población de Marcona, existe un proyecto de construir una petroquímica para producir amoníaco y un millón de toneladas anuales de urea. Esta producción sería alimentada con 99 millones de pies cúbicos de gas diarios.
En la misma población, otra empresa, la Orica Mining, consumiría 10 millones de pies cúbicos al día para fabricar nitrato de amonio. En Pisco, existe otro proyecto del consorcio chileno Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers para construir una petroquímica con el horizonte de producir 700 mil toneladas de amoníaco y 350 mil toneladas de nitrato de amonio.
Movilizaciones por el gas
Como sabemos, la población del amplio Sur Peruano, ha visibilizado mediante movilizaciones su rechazo al saqueo de recursos. En junio de 2010, la lucha de la provincia de La Convención contra la exportación del gas, se alió con sus vecinos del departamento de Puno que luchaban contra la Central Hidroeléctrica de Inambari. Los días 17 y 18 de junio se paralizaron ambas provincias, cuyo pliego petitorio de la movilización anhelaba detener la exportación del gas de Camisea, la ejecución de megaproyectos como las hidroeléctricas de Inambari y Salcca Pucara y el cese a concesiones mineras en lugares donde la población estaba en contra.
Un amplio reclamo ha sido, como también lo fue en la Guerra del Gas de Bolivia en 2003, la industrialización en el país para evitar exportar una materia prima barata y que el beneficio del gas se genere en otros países.
En el país vecino, los anhelos por la industrialización -frente a la exportación– del gas encendió uno de los levantamientos más masivos y desgraciadamente sangrientos de su historia. En 2003 y 2005, las movilizaciones por el gas generaron cambios de gobiernos y de una política energética bajo control de las transnacionales exportadoras. Aunque el proceso nacionalizador iniciado por Evo Morales se quedó por el camino, se manifestó la esperanza del pueblo boliviano en el control y posterior industrialización del gas.
Sin embargo vemos, en base a los proyectos industriales que se esperan implementar en torno al gas de Camisea, que estos básicamente se dedicarán a fabricar urea, amoníaco y nitrato de amonio.
La úrea es un fertilizante químico cuya aplicación masiva en el agro puede aumentar la producción, pero también desestructurar irreversiblemente los suelos agrícolas, contaminar acuíferos, además de potenciar la concentración de tierras y el endeudamiento de los agricultores por los elevados costes que esto implica. Sin duda, los grandes consorcios agro-industriales exportadores podrían estar interesados en este producto en un país donde la tierra es relativamente barata. Por lo que respecta al amoníaco y nitrato de amonio, es más que probable que serán empleados como explosivos para la minería, lo cual, teniendo insumos cercanos y a buen precio, facilitará la ampliación de proyectos mineros en la ya muy castigada cordillera andina.
Hay razones para rechazar el Gasoducto
Llegados a este punto, es conveniente ampliar y profundizar el debate sobre la “exportación versus industrialización” para introducir un examen más crítico sobre los usos que se quiere hacer del gas, porque estos no tienen porqué necesariamente beneficiar a la población peruana. No habría que olvidar los intereses de la industria global contaminante por implantarse en estados con bajos niveles de control ambiental, práctica conocida como dumping ambiental.
En los países del Norte, cada vez cuesta más implantar proyectos petroquímicos por el amplio rechazo que esta actividad genera en la población, además de una normativa más estricta. Además de proveer insumos baratos a las mineras, la ubicación de petroquímicas en países como Perú, abarataría la producción por ser más permisivas en cuanto a contaminación y protección de los trabajadores y vecinos se refiere.
Será preciso regresar a la región del Urubamba, una cuenca con millones de hectáreas de bosques tropicales amenazados por la consecución de lotes gasíferos, con miles de familias de diferentes etnias que viven arraigadas a los recursos del río, con pueblos en aislamiento acorralados entre gasoductos, para enfriar la euforia despertada por el boom gasífero. Será entonces necesario recordar, una vez más, que el deterioro de los recursos naturales, las fuentes de agua, de alimento y salud no tiene precio de mercado.
Entonces, en un momento en que en Perú que cada vez más población rechaza a la minería, articular también la crítica hacia los proyectos energéticos que promueven las corporaciones para enquistar el país en tan nocivo modelo extractivista.
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* Marc Gavaldà es activista de Alerta Amazónica.
* Marc Gavaldà es activista de Alerta Amazónica.
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