Consideran que la diplomacia chilena, al rechazar el pedido peruano de negociaciones directas para fijar un límite marítimo, cometió un error porque le abrió el camino al Perú para demandar a Chile ante La Haya. Si Chile hubiera aceptado las negociaciones directas, no estaría ahora litigando en La Haya sino ejerciendo su poder de disuasión dentro de las negociaciones directas para que estas no lleguen a nada.
El Perú, según ellos, al pretender un cambio del statu quo por medios jurídicos, le ha dado coraje a Bolivia para pretender lo mismo con el Tratado de 1904. El Perú ha sido así “temerario” al patear el tablero geopolítico en el Pacífico sudamericano y no medir las consecuencias de intentar un cambio que puede hacer colapsar la paz y la amistad establecidas en el Tratado de Límites de 1929.
No están tan seguros de ganar. Temen que la Corte de La Haya emita un fallo que delimite de manera jurídicamente equitativa el área en disputa y le dé así una parte de esta al Perú. Para ellos, esto cambiaría el statu quo porque el Perú ganaría algo que nunca había tenido y Chile perdería una porción del área marítima en donde ejercía soberanía.
Esto lo sospechan también sus políticos y la mayoría de la población chilena. Según un sondeo de opinión pública, más del 73% de los chilenos no están dispuestos a ceder el más mínimo espacio marítimo al Perú en el caso de un fallo adverso.
Esta tendencia se refuerza además como resultado de la impopularidad del presidente Piñera (22% de aprobación). Si este acepta un fallo desfavorable, su impopularidad se convertirá en ilegitimidad. Pasaría a la historia como un presidente chileno repudiado por su pueblo, como un mandatario fenicio que por salvar las inversiones de los empresarios chilenos cedió dominio marítimo al Perú.
Por eso Piñera ahora dice que no solo defenderá la soberanía marítima jurídicamente, sino que las fuerzas armadas de Chile están listas para resguardarla. Lo declaró en medio de tanques Leopardo durante las maniobras Huracán 2011, y lo volvió a repetir recientemente en mayo de este año, nada menos que ante el pleno del Congreso chileno.
Sin duda, este rechazo chileno a ceder soberanía se fortalecerá aún más porque el 2013, que es un año crítico para el fallo de La Haya, es también un año crucial electoral en Chile, en el cual la defensa de la soberanía marítima chilena tendrá campeones en los candidatos presidenciales tanto de derecha como de izquierda.
No seamos tan triunfalistas sobre el fallo e impávidos sobre la amenaza chilena, porque será muy difícil que un gobierno impopular como el de Piñera termine su período aceptando un fallo que cercene un área en la que Chile ejercía soberanía, o que el nuevo gobierno que lo suceda se inaugure aceptando una cesión semejante.
Por todo esto, los estrategas chilenos sostienen que el Perú se equivoca al creer que la controversia con Chile es jurídica cuando es geopolítica, y además con graves repercusiones internas para Chile. Y en virtud de ello, recomiendan sacar al Perú de su “eufemismo jurídico” y obligarlo a practicar una “realpolitik” que “sincere” la peligrosa situación internacional generada por su poco realista demanda en La Haya.
Los analistas estratégicos chilenos no son tan partidarios de un proceso jurídico en La Haya a “finish”, sino de llegar antes a un “sinceramiento” con el Perú a través de un “diálogo franco”, es decir, una negociación directa. En este sentido, son muy ilustrativas las declaraciones públicas del experimentado embajador chileno Juan Pablo Lira: “Perú tiene expectativas pero Chile tiene y ejerce soberanía sobre el territorio. Por ende, para Chile será más duro aceptar un fallo adverso (…) Ha llegado el momento de tener un diálogo franco con el Perú”.
¿Y cómo buscará Chile detener un proceso jurídico a “finish” y llevarnos a una negociación directa? No se requiere mucha imaginación. El “sinceramiento” chileno consistirá en disuadirnos diciéndonos: Negociemos para lograr beneficios mutuos sin cesión de soberanía chilena o vamos a un conflicto. En otras palabras, si el Perú no acepta la razón (sinceramiento) de que Chile no gana nada en La Haya, entonces habrá que amenazarlo con usar la “fuerza” para convencerlo.
La hipótesis de un conflicto con el Perú prevalece en el pensamiento estratégico chileno y en la preparación de sus fuerzas armadas. Por eso es que Chile ha recurrido en estos años al espionaje y convertido el proceso de La Haya en un imparable ejercicio de disuasión al Perú.
ESPIONAJE, DISUASIÓN, INCIDENTE
En efecto, Chile tuvo éxito en una operación de espionaje al lograr que el suboficial Víctor Ariza le vendiera valiosa información sobre la Fuerza Aérea 125 Peruana (FAP). También hubo intentos de penetrar en la base de La Joya, como fue el caso del helicóptero “extraviado”, y luego rumores de un espionaje en Talara.
En sus actos de espionaje, Chile ha demostrado que lo que más le interesa es la FAP. Y esto porque la superioridad aérea es decisiva en todo conflicto armado. Y a pesar de que Chile ya obtuvo esta superioridad, le sigue preocupando el grado real de operatividad de la FAP.
Parecería que quiere darle total seguridad, en caso de combate, a sus F16 frente a nuestros MIG 29, y además saber si nuestra defensa antiaérea sigue arcaica o está modernizándose con mejores radares y misiles.
Por otra parte, con la adquisición de un satélite Fasat-Charlie y de aviones sin piloto (UAV) Hermes 900, Chile puede espiar ahora miles de kilómetros de nuestro territorio e informarse sobre nuestras actividades militares.
El territorio del Perú es hoy observado por Chile desde el espacio y desde la atmósfera. Chile se ha convertido así en el ‘big brother’ del Perú. La muñeca florentina de nuestro canciller debe encajar en las tareas hechas con anticipación por la diplomacia peruana.
También la estrategia de Chile ha sido darle al proceso de La Haya un trasfondo permanente de disuasión con la intención de negociar directamente, antes o después de un fallo adverso, un arreglo bajo la amenaza de un conflicto. Y es por eso que Chile es el país que más se ha armado en Sudamérica. Incluso hoy supera militarmente al Brasil, no por poseer un mayor número de unidades de combate y hombres, sino por la modernidad de su sistema de armas.
Durante el período 2000-2011, Chile ha adquirido armamento por 3,479 millones de dólares. Y solo entre el 2008 —año que comenzó el juicio de La Haya— y el 2012 ha comprado por 1,356 millones, es decir, casi la mitad de sus adquisiciones del período 2000-2011.
El Perú vive hoy amenazado-disuadido por 46 modernos aviones F16, por más de 400 tanques Leopardo, por dos submarinos Scorpene silenciosos que pueden estar sumergidos un mes y en esas condiciones lanzar misiles. También por ocho fragatas con modernos misiles navales Harpoon, aviones Awacs, sistemas de radar avanzados, un satélite con atribuciones militares y aviones sin piloto espías.
La mayor parte de este sistema de armas de naturaleza ofensiva está desplegada hoy en la frontera norte de Chile y tiene como doctrina la acción combinada de todos los sistemas de armas navales, terrestres y aéreos en un teatro de operaciones que es el Perú, bajo el mando del Jefe de Estado Mayor Conjunto chileno. La operatividad combinada de estos sistemas de armas ha sido probada en dos maniobras disuasivas contra el Perú: Salitre 2010 y Huracán 2011.
Chile tiene hoy la capacidad militar para provocar, antes o después del fallo, un incidente armado (sin llegar a una guerra). Este incidente convertiría la controversia jurídica en un pretendido “uso de la fuerza de parte del Perú”, lo cual impediría la ejecución del fallo para llevarnos a un “diálogo franco”, es decir, a negociaciones directas bajo su poder de disuasión.
EL MITO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
En la prensa nacional circulan opiniones que aseguran que si Chile no ejecuta el fallo de La Haya, se podrá recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que lo obliguen a hacerlo. Ojalá esto fuera cierto, pero no lo es. Si bien el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas permite que el Consejo de Seguridad tome medidas “si lo cree necesario” frente al incumplimiento de los fallos, este nunca ha aplicado ni aplicará tal artículo porque las cinco grandes potencias permanentes con derecho a veto no quieren exponerse a ser enjuiciadas y tener que vetar una sentencia de la Corte adversa a sus intereses.
Ante esta realidad, no es coincidencia que Chile haya presentado su candidatura 128 para ser miembro del Consejo de Seguridad a partir del año 2014. Como miembro estará en una situación diplomática privilegiada para fortalecer aún más la no acción de este órgano frente a las sentencias de la Corte. Además, podría incluso provocar un incidente armado denunciando inmediatamente ante este órgano que fue el Perú quien lo provocó. Lo más que haría entonces el Consejo de Seguridad sería promover un arreglo directo entre las partes, lo que arruinaría el proceso o el fallo de La Haya al obligarnos a entrar en negaciones directas con Chile.
No están tan seguros de ganar. Temen que la Corte de La Haya emita un fallo que delimite de manera jurídicamente equitativa el área en disputa y le dé así una parte de esta al Perú.
OSWALDO DE RIVERO
Tomado de Revista QueHacer
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