La Comisión de Pueblos indígenas, ambiente y ecología, aprobó por unanimidad que el proyecto 391/2011-PE, Ley de acuerdo energético Perú – Brasil, sea visto por dicho y dictaminado por dicho grupo legislativo y no sólo por la Comisión de Relaciones Exteriores, donde actualmente se encuentra el documento.
Con ello, la Comisión de Pueblos Andinos debatirá el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y la exportación de excedentes al Brasil”, suscrito por el Perú con el vecino país durante el gobierno del ex presidente Alan García.
El pedido fue realizado por la Congresista Verónika Mendoza, quien enfatizó que la Comisión de pueblos indígenas no puede abstenerse de pronunciarse sobre un proyecto que implica serios impactos ambientales y afectaría territorios y derechos de pueblos indígenas amazónicos, principalmente Ashaninka, Awajun y Wampis.
“Los documentos de negociación del Acuerdo hacen referencia a 15 proyectos de centrales hidroeléctricas ubicadas en la vertiente del Atlántico para vender energía a Brasil”, indicó Mendoza.
Como ya lo advirtieron diversas organizaciones, dichas centrales tendrían serios impactos ambientales porque la construcción de las hidroeléctricas implican la inundación y deforestación de bosques, cuyos efectos son la pérdida de hábitat para diversas especies y la producción de gases de efecto invernadero.
Sólo en el caso de la Central Hidroeléctrica de Inambari, se inundarían unas 45 mil hectáreas y se elevaría en más de 5% la producción de gases de efecto invernadero, según indica la “Nueva matriz energética” del Ministerio de Energía y Minas.
Las obras de infraestructura también ocasionarían el desplazamiento forzado de comunidades indígenas debido a las inundaciones. Por ejemplo, la comunidad Ashaninka ya ha mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por los proyectos Paquitzapango, Tambo 40 y Tambo 60.
“Si bien la mayor generación eléctrica es importante para el desarrollo de nuestro país, esta debe hacerse de la mano con los más altos estándares en materia de protección ambiental y respetando los derechos de los pueblos indígenas”, puntualizó la legisladora.
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