Por Guillermo Pellegrino
Luego de más de cinco horas de intenso debate, y tal como se preveía, el Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se sabe que la norma se convertirá pronto en ley porque el presidente José Mujica, desde hace tiempo, aseguró que acompañaría las decisiones de los legisladores.
De este modo quedará sin efecto la vieja norma de 1938 que penaliza con entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que se practique un aborto y con 6 a 24 meses para quien lo practique.
La iniciativa –que será sólo válida para ciudadanos uruguayos– fue aprobada por 17 senadores entre 31 presentes. Levantaron su mano los 16 legisladores del oficialista Frente Amplio (FA) y Jorge Saravia, del Partido Nacional, quien había firmado el proyecto de ley original cuando integraba la coalición gobernante.
De este modo, Uruguay se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en permitir esta práctica después de Cuba. En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal sólo en Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.
Este primer texto de despenalización del aborto por la sola voluntad de la mujer había sido aprobado en diciembre de 2011 por Senadores. El 25 de septiembre de este año, con 50 votos a favor y 49 en contra, resultó aprobado por Diputados que, con algunas modificaciones, lo volvió a enviar a la cámara alta, donde se trató en la víspera.
La ley despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación pero, según las modificaciones, siempre y cuando la mujer cumpla primero en notificar su voluntad de interrumpir el embarazo a su médico, quien luego la derivará a un equipo interdisciplinario de tres profesionales que la asesorarán sobre las implicancias del aborto. Luego, tendrá un plazo de cinco días “de reflexión” tras el cual podrá realizarse la intervención.
El diputado frenteamplista Juan Carlos Souza explicó que en realidad el proyecto “no legaliza el aborto” de forma íntegra, pero abre “una instancia para que las mujeres que libremente decidan abortar lo puedan hacer sin considerarse delito, dentro de un marco legal y médico adecuado”.
Sin embargo, la Coordinadora por el Aborto Legal en Uruguay rechazó el proyecto de ley al considerar que no despenaliza realmente la interrupción del embarazo y desprotege a las mujeres. Entre otras cosas, la agrupación criticó el hecho de que si la mujer no sigue el procedimiento legal, que pasa por acudir a las entidades médicas oficiales, puede ser igualmente penalizada y denunciada.
Al igual que Couriel, varios senadores del FA reconocieron en sus exposiciones que, la iniciativa original, votada el año pasado, era mejor, pero reconocieron que es un “gran avance” que la norma pueda de una vez por todas implementarse.
A fines de 2008, un proyecto que en líneas generales era bastante similar al actual había sido aprobado por ambas cámaras. Pero la ley no entró en vigor ya que fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, decisión que produjo un fuerte sacudón en filas de la izquierda uruguaya, que mayoritariamente había apoyado la iniciativa.
En el acalorado y no muy extenso debate de la víspera, el senador del Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, dio la nota cuando le tocó exponer sus argumentos para no acompañar la iniciativa, “porque pertenecemos al partido de la libertad y la defensa de los derechos humanos”. Dijo que, si llega a la presidencia en 2015, “derogará” esta ley. Hace pocos días, justamente, Factum reveló una encuesta en la que los uruguayos consideran que la puja electoral de 2014 será dirimida entre Larrañaga, Tabaré Vázquez (Frente Amplio) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado).
Con el argumento básico manejado por la oposición de que este proyecto “privilegia la muerte por encima de la vida”, el senador colorado Tabaré Viera sostuvo que “la ley somete a las mujeres a una verdadera humillación al enfrentarla a un tribunal”, razón por la que cree que posiblemente “no elimine los abortos clandestinos”.
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