En el Día Mundial de la Alimentación, hay poco por celebrar y mucho por hacer. Según la FAO, en América Latina 49 millones de personas pasan hambre. Si bien en los últimos 20 años se registran avances importantes, y 16 millones de personas menos padecen hambre en la región, la cifra aún es alarmante, más aún si tomamos en cuenta que América Latina produce suficientes alimentos para cubrir las necesidades de todos sus habitantes.
Pero esta situación será más difícil de revertir si los gobiernos de la región continúan impulsando principalmente a los sectores agroexportadores, postergando la agricultura a pequeña escala, que es la base de la alimentación de millones de personas de la región y que genera altos niveles de empleo en el campo.
“Los gobiernos de la región deben aprovechar el actual momento de crecimiento económico que experimentan muchos países, plasmando en los presupuestos del 2013 un incremento en la inversión de la agricultura familiar y campesina, especialmente en las mujeres, que tanto potencial tienen para aumentar su productividad de manera sostenible. Este es el camino más viable para eliminar el hambre en la región”, dijo Antonio Hill, representante de la campaña Crece de Oxfam para América Latina.
De acuerdo con Hill, los gobiernos requieren cambiar su enfoque sobre las políticas agrarias, y deben dejar de ver únicamente la rentabilidad en la exportación de alimentos, para ver en la pequeña agricultura la garantía de la alimentación de todos y todas.
“Hay que mirar la pequeña agricultura como rentable, primero porque es la despensa alimentaria del pueblo en la región, y segundo, porque sigue siendo una fuente muy importante de empleo. Fortalecerla a través de mayor inversión en tecnificación agraria o políticas de adaptación al cambio climático es un camino no solo para reducir el hambre sino también para blindar a la región contra la crisis económica en Europa y otras partes del mundo”, dice Antonio Hill.
Para contrarrestar la volatilidad y proteger a los ciudadanos más vulnerables, los gobiernos de la región deben invertir en la productividad sostenible de pequeños productores, en el marco de políticas de seguridad alimentaria que permitan garantizar la provisión de alimentos para todos y todas.
Pero los gobiernos de América Latina no están priorizando la inversión en agricultura a pequeña escala, que pierde peso con respecto al presupuesto nacional.
En Perú, por ejemplo, un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana muestra que el peso de la pequeña agricultura en el presupuesto nacional es cada vez menor, pues mientras en 2008 representaba el 2,8 del presupuesto, en 2012 su participación disminuyó a 2,4%.
De igual manera, el gasto público destinado al sector agrícola en República Dominicana ha bajado del 2.22% del gasto total en 2010 a 1.46% en 2012. En el caso del gasto por persona empleada en el sector, bajó de $342 a $316 en el mismo periodo.
Los gobiernos de la región deben redoblar esfuerzos para garantizar la alimentación de sus ciudadanos más vulnerables, sin ceder a intereses particulares del sector de los agronegocios, los cuales van muchas veces en contra de la generación y producción de alimentos básicos para las mayorías.
“La estrecha relación entre las demandas de gremios poderosos y la asignación de presupuestos a favor de sus intereses no es secreto. La historia no contada es que los gobiernos acceden a esas presiones a costa de los derechos de casi 50 millones de los campesinos y consumidores más pobres y vulnerables en América Latina año tras año. O cambiamos estas tendencias o tiramos un sistema alimentario más justo por la borda”, dijo Hill.
Perú: Crecimiento económico sin agenda vinculada a la seguridad alimentaria
En el Perú a pesar del crecimiento económico sostenido,, no se ha avanzado lo suficiente para implementar la agenda vinculada a la seguridad alimentaria ni se han asignado los recursos necesarios para este fin.
Según el Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a nivel distrital elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimdes) en 2011, los departamentos de más alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria son Huancavelica (98%), Huánuco, (84%), Amazonas (82%) y Puno (80%).
De acuerdo con el Mimdes, el índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria alcanza al 47.5% de la población total del país; es decir, más de 13 millones de peruanos y peruanas no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales con alimentos en cantidad y calidad suficiente para tener una vida saludable.
Además, según el INEI, durante el primer trimestre de este año se incrementó en siete puntos porcentuales el déficit calórico en los hogares con niñas, niños y adolescentes de zonas rurales, con respecto al mismo periodo del 2011. En el área urbana, el incremento del déficit calórico fue de 0,6%.
Giovanna Vásquez, coordinadora de la Campaña Crece de Oxfam en Perú, sostiene que el diagnóstico sobre vulnerabilidad alimentaria en el país, sumado a un escenario de cambio climático y alta volatilidad en los precios de los alimentos, convierten este tema en una prioridad que debe abordarse desde los más altos niveles de decisión.
“La conformación de una comisión multisectorial para la seguridad alimentaria, así como la reciente creación de una comisión para la promoción de la dieta andina son avances importantes para enfrentar el problema. Sin embargo, hace falta más claridad del Ejecutivo para delinear e implementar la agenda de seguridad alimentaria en el país, y para ello destinar recursos públicos es clave” dijo Vásquez.
Factores como el cambio climático (que golpea la producción de alimentos) y la volatilidad en los precios (que perjudica el acceso a los alimentos), pueden incrementar el número de personas en situación de hambre. En ese sentido, fortalecer e invertir en agricultura campesina, que genera más del 60% de los alimentos que consumimos en el país, es clave en una política nacional de seguridad alimentaria que busque garantizar alimentos para todos y todas.
“Los cambios en los patrones de las lluvias y en las temperaturas golpean la producción de pequeños productores y productoras de papa, maíz, entre otros productos. Hay zonas del Perú donde la producción se reduce hasta en un 50%. Es urgente desplegar políticas y mayor presupuesto para impulsar una producción integrada, así como para apoyar la adaptación al cambio climático de miles de productores”, dice Vásquez.
Pero si bien el fortalecimiento de la pequeña agricultura es un elemento clave para la lucha contra el hambre y la desnutrición en el país, no hay una asignación de recursos acorde con la importancia social y económica de este sector.
“El presupuesto para la pequeña agricultura sigue disminuyendo en términos relativos, pasando de 2.8% del presupuesto nacional en 2008 a 2.4% en 2012. De manera similar, mientras el presupuesto per cápita nacional aumentó en 51% entre 2006 y 2011, el correspondiente a la pequeña agricultura creció solo en 16%”, explica Epifanio Baca, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana.
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