Según la denuncia, el pasado 29 de noviembre ambos funcionarios habrían ordenado a la policía reprimir de manera violenta a los manifestantes contra el proyecto minero.
En su resolución el fiscal Peláez menciona que, de acuerdo a la Constitución, corresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusar ante el Parlamento a diversos altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República y los ministros de Estado.
Además, argumenta que no existen mínimas evidencias de que el ex ministro Valdés haya tenido poder de mando respecto a la mencionada acción policial y considera que la institución policial es autónoma en sus actuaciones.
Sobre el jefe del Estado se recuerda que mientras esté en funciones solo puede ser acusado por traición a la Patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, y otros casos establecidos en la Constitución. Se indica que al término de su gestión tampoco podría atribuírsele responsabilidad en las acciones policiales durante las protestas en Cajamarca solo por su condición de jefe supremos de las FF.AA. y policiales.
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