Bajo un sol abrasador, con rostros cansados y enrojecidos por el calor tropical, empuñando pancartas y clamando justicia socio ambiental, ingresan a la casi indiferente ciudad de Santa Bárbara (Honduras), varios centenares de manifestantes contra la minería irresponsable, luego de una caminata de varios kilómetros. No existen reporteros, ni cámaras de TV. Sólo la presencia comprometida de radio emisoras locales o regionales como la Radio Progreso de la Compañía de Jesús.
Una de las manifestantes porta una pancarta que dice: “Por mí, por mis hijos, por mi patria. Minería no y no”. Don Daniel Martínez, de 53 años de edad, dirigente del Movimiento Ambientalista Santabarbarence (MAS), indica que: “Esta manifestación es en defensa del agua y en contra de las 64 concesiones mineras metálicas que el Gobierno aprobó para el Departamento de Santa Bárbara”. Éste departamento mide 5,024 Km2, por su territorio recorren los principales ríos del país (Ulúa y Chamelecón).
Desde la década de los 40 del pasado siglo, diferentes empresas extranjeras se han turnado explotando la mina El Mochito, en el Municipio de las Vegas (Santa Bárbara), y terminaron matando con mercurio y cianuro el lago más importante del país, el Lago Yojoa. En la actualidad, vecinos empobrecidos del lugar se organizan para intentar restaurar dicho lago.
Don Daniel indica además: “El proyecto minero Quitaganas, en el Municipio del Níspero (Santa Bárbara), destruirá por completo la montaña del Malapón y el río Malapa que suministra de agua a más de 6 mil personas del lugar”. Otra de las manifestantes indica: “Yo soy de esta ciudad de Santa Bárbara. Yo se que tarde o temprano las minas terminarán expulsándonos o matándonos también a quienes vivimos en esta ciudad. Por eso estoy en protesta contra los proyectos mineros. Ojalá que todo el pueblo despertara a tiempo, y luchemos todos juntos”.
Según el libro Minería en Honduras, publicado, en 2009, por ASONOG, en Honduras, desde 1996, se han otorgado 372 concesiones mineras, de las cuales, para el 2009, 315 estaban en exploración y 57 en explotación. De cada 100 km2 del territorio nacional, 31 están concesionados para la explotación minera. La mayoría de estas concesiones son para minas a cielo abierto (que utilizan cianuro), método altamente letal para el ambiente, la gente y su cultura. La misma publicación señala que, en los últimos 5 años, las empresas ganaron 9, 920 millones de lempiras (522 millones de dólares), y sólo entregaron al país en impuestos 618 millones de lempiras (32 millones de dólares). Es decir, de cada 100 lempiras que ganan, sólo 16 dejan al país. (ASONOG, 2009)
En los años 80 del siglo XIX, Honduras recibió alrededor del 55% de las ganancias por exportaciones de la plata extraída de la mina El Mochito. Pero, al inicio de los 90 del siglo XX, la suma total por las exportaciones de minerales aportó con menos del 2% al PIB, y menos del 0.3% al empleo en Honduras. (OXFAN, 2011:9). Para el 2009, según reportes del Banco Central de Honduras, la actividad minera representaba el 0.75% del PIB. Las remesas enviadas por emigrantes hondureños en el exterior son 30 veces más grandes que los ingresos económicos generados por las empresas mineras. ¿En qué mentalidad cabe asumir costos socioambientales y culturales irreversibles a cambio de un insignificante ingreso económico?
Es inamisible que durante la Colonia española la actividad minera privada haya pagado el quinto real (20%) en impuestos a la Corona, y, ahora, no pague ni el 3% en impuestos al Estado “independiente” de Honduras. Sobre todo, durante esta “primavera alargada” de los precios de los minerales en el mercado internacional.
En Honduras, las empresas mineras deciden dónde, cómo, cuánto tiempo y con qué tecnología explotar los yacimientos mineros. Siempre cuidando su rentabilidad, convirtieron y convierten al Congreso Nacional en meros tramitadores sumisos de concesiones mineras. Existen normativas para el Estudio de Impacto Ambiental, pero dichos estudios son también financiados por las mismas empresas.
Llega a tal grado la prepotencia del sector privado en Honduras que, en este momento, diputados del Congreso Nacional “socializan” los contenidos del proyecto de la nueva Ley de Minería (propuesto por las empresas mineras) prioritariamente con los trabajadores de las empresas mineras. En el Departamento de Santa Bárbara, dicha socialización la realizaron sólo con los trabajadores de la mina El Mochito, y se negaron debatir con las organizaciones sociales, según indica Don Daniel, dirigente del MAS.
Esta conducta criminal e impune de las empresas mineras contra poblaciones enteras, siempre en colusión los gobiernos de turno, genera odio y repudio incluso en las conciencias más adormecidas. Desde Argentina, pasando por Bolivia, Perú, Panamá, Honduras hasta México, el clamor por el agua y el repudio a las obras mineras se constituye en la espina dorsal del despertar simultáneo y sigiloso de esta Abya Yala escarbada y envenenada por siglos de la avaricia metálica. Hace doscientos años, los procesos de las “independencias” inconclusas se emprendieron en nombre de la libertad. Al parecer, ahora, el repudio al crimen minero y el clamor por el agua se constituye en un catalizador para proseguir con los proyectos emancipatorios de los pueblos en el siglo XXI.
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