Los indígenas del TIPNIS (a la vez territorio indígena y parque nacional) se habían venido manifestando en contra de la construcción de una carretera que atraviesa la zona para facilitar las comunicaciones entre el Beni amazónico (frontera con Brasil) y el Chapare cocalero (acceso a Cochabamba y La Paz). El Presidente Morales declaró que la carretera se hacía si o si, por ser de interés nacional.
Los indígenas del TIPNIS iniciaron una larga marcha hacia La Paz, demandando que se les escuche, que no se haga la carretera. El gobierno disolvió la marcha indígena con uso de la fuerza, con heridos y detenidos. Se habla de un bebe fallecido por los gases lacrimógenos, información que todavía debe ser confirmada.
Parte de los detenidos fueron liberados por la población local; los indígenas decidieron seguir con la marcha; renunciaron la Ministra de Defensa y el de Gobierno así como el Vice Ministro del Interior y varios otros manifestaron su incomodidad. Protestas en varias ciudades y nuevos grupos indígenas que inician sus propias marchas para apoyar a los de TIPNIS. La Central Obrera Boliviana anuncia paro nacional y organizaciones indígenas y grupos radicalizados piden la renuncia de Morales.
El Presidente Morales en Mensaje a la Nacional deplora los hechos, critica el uso de la fuerza excesiva y anuncia la paralización de la obra y la convocatoria a un referéndum en Beni y Chapare para que la población decida.
Los indígenas rechazan ese referéndum, que incluiría a la población cocalera del Chapare directamente interesada en la carretera y con nulo interés en TIPNIS como tal, y exigen la suspensión definitiva de la obra.
¿Qué hay detrás de todo esto?
En un primer nivel, hay un tema de autoridad y normatividad. La Constitución Plurinacional incluye el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero este derecho no se ha legislado, reglamentado, no se aplica. Y el Presidente considera que al ser esta carretera de interés nacional, le toca tomar la decisión a él, y no a los indígenas que habitan ese territorio.
En un segundo nivel, hay un tema de subordinación al Brasil. La carretera en cuestión es parte de la estrategia IIRSA, que –en buena parte- busca conectar por vías terrestres y fluviales al Brasil con los puertos del Pacífico, a través de Bolivia, Perú y Ecuador. De hecho, Brasil hizo el préstamo a Bolivia para que la carretera la construya una empresa brasilera. Y además TIPNIS, pese a ser parque nacional y territorio indígena, ya está concesionado en buena parte para exploración petrolera y gasífera, y la principal concesionaria es Petrobras.
En un tercer nivel, hay un tema de visión de país y estrategia de desarrollo.
Eduardo Gudynas ha analizado las políticas públicas de los gobiernos progresistas de la región que han nacionalizado la renta (Ecuador y Bolivia) e incluso la industria como tal (Venezuela), y los ha caracterizado como Neo Extractivismo. El análisis es certero. Después de tumbarse al gobierno anterior por entreguista, el Gobierno de Evo Morales nacionalizó la renta del gas y renegoció los contratos con las grandes empresas extranjeras y relanzó la estatal YPFB. Pero en el camino, profundizó la dependencia económica de Bolivia respecto del gas, a lo que se añade que hoy el Gobierno Boliviano depende políticamente del gas más que los gobiernos neoliberales que lo precedieron.
¿Salidas?
En lo inmediato parece que la única sería parar esa carretera. Pero el Presidente Morales quiere hacer un referéndum en el que puedan votar también los cocaleros del Chapare que se beneficiaran de esa carretera. Sería como consultar a los mineros ilegales de Madre de Dios sobre si abrir o no Bahuaja Sonene! En todo caso, los indígenas del TIPNIS y todos los que se ha sumado a la protesta rechazan esta alternativa. Veremos qué pasa.
En el mediano plazo, hay que revisar el IIRSA y hay que repensar la estrategia general de más gas o muerte. Habrá que pensar seriamente en nuevas dinámicas económicas que ofrezcan alternativas de generación de empleo, renta, divisas y energía. Es decir, en políticas públicas que hagan la posible hacia situaciones post extractivistas.
Desde el Perú, conviene mirarnos en el espejo boliviano. ¿Cuál es nuestra perspectiva, en que nos estamos embarcando? ¿Más actividad extractiva para más renta? Los ministros de Economía y de Energía y Minas han asegurado repetidamente que las nuevas inversiones mineras nos garantizarán los 3 mil millones de soles anunciados en nuevos aportes del sector. Pero el paquete de nuevas inversiones incluye, por ejemplo, Rio Blanco y Tia Maria, proyectos ya rechazados por las poblaciones locales. Al final, ¿que tendrá prioridad? ¿La búsqueda de renta o la protección del medio ambiente y las opciones propias de las poblaciones locales?
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