lunes, 26 de septiembre de 2011

El gobierno de Evo Morales gasifica la VIII Marcha Indígena y encarcela a los dirigentes


El gobierno de Evo Morales ordenó hoy la intervención violenta de la VIII Marcha Indígena en inmediaciones del puente San Lorenzo, a unos 6 kilómetros de la población de Yucumo. Ni siquiera los periodistas se salvaron de la represión, constató el Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (FOBOMADE). La ciudadanía del país está consternada por la brutal represión a los pueblos indígenas, nada menos que por instrucción del “primer presidente indígena” de Bolivia.

La marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) partió el 15 de agosto de Trinidad y fue desbaratada este domingo 25 de septiembre a pocos metros del puente San Lorenzo de Yucumo con el uso de la fuerza bruta.

En más de un mes de movilización, el gobierno no había podido detener el avance de entre mil y 1.500 marchistas de tierras bajas, los cuales soportaron estoicamente un descomunal matonaje mediático y decenas de innobles estrategias planificadas en Palacio de Gobierno.

En principio el Ejecutivo pretendió desprestigiar a la movilización; luego corrompió a ciertos sectores para que abandonen la marcha, y finalmente consumó la división de los originarios escenificando "consultas públicas" paralelas en las comunidades de Santo Domingo y San Antonio. Y ahora Evo quiere hacer lo mismo el 1 de octubre en las poblaciones Aroma y Villa Bolívar. (ABI)

Además de la guerra sucia, el masismo fue endureciendo su política represiva, al punto de organizar un bloqueo anti indígena en Yucumo con el concurso de un minúsculo grupo de la burocracia sindical campesina.

Día que pasa el “gobierno indígena” se desprestigia más, mientras aumentan en progresión geométrica el apoyo a los pueblos indígenas en las principales ciudades del país, y el repudio al "mal gobierno" de Morales.

El gobierno estaba consciente de que la indignación ciudadana se desbordaría en cualquier momento, y por esa razón prefirió cortar el seco la movilización indígena, a pesar del enorme costo político que implica vulnerar de manera flagrante el derecho a la protesta.

El operativo represivo de este domingo fue cuidadosamente planificado y precedido por una intensa campaña propagandística que tuvo como clímax el presunto “secuestro” del canciller Choquehuanca el sábado, cuando un grupo de mujeres indígenas lo obligó a marchar junto a ellas, logrando así romper el cerco policial en inmediaciones del arroyo Chaparina.

Semejante acto de valor de las mujeres indígenas tuvo un enorme impacto mediático y envalentonó a los marchistas; al mismo tiempo, fue una sonora cachetada a las fuerzas represivas. El gobierno no estaba dispuesto a perdonar la “humillación”.

El canciller fue “atropellado y humillado ante el pueblo boliviano y el mundo” por los marchistas que pusieron en peligro su vida al utilizarlo como escudo humano para romper una barrera policial... “el canciller fue atropellado y literalmente estuvo prisionero por un grupo de activistas radicales… fue un secuestro sin precedentes”, graficó el ministro de la Presidencia Carlos Romero.

El gobierno se desquitó este domingo ordenando una sañuda represión abundante en gases lacrimógenos y balines de goma, con el objetivo de abortar definitivamente la marcha indígena pacífica al promediar las 17 horas.
Según la versión de la Policía,los indígenas rodearon a los efectivos que bloqueaban la ruta y un grupo de flecheros les conminó a replegarse en un plazo de media hora, y10 minutos después los policías lanzaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada precautelando su integridad física.

La prensa y varios testigos presenciales aseguraron que la tropa policial se entremezcló entre los indígenas sigilosamente y desató de improviso la represión provocando confusión y pánico entre las familias indígenas.La corresponsal del periódico Página Siete informó a Erbol que la Policía retiró a todos los trabajadores de la prensa de la zona antes de intervenir el campamento.

Medio millar de efectivos policiales intervinieron sorpresivamente el campamento indígena improvisado a la vera del camino. Las mujeres indígenas agredidas relataron que los policías irrumpieron sin previo aviso, detuvieron a los líderes de la marcha, entre ellos el presidente de la Subcentral TIPNIS Fernando Vargas, y los trasladaron a la localidad de San Borja.

El Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (FOBOMADE) constató que los efectivos entorpecieron el trabajo de la prensa, impidieron el libre tránsito de los periodistas y este domingo arrebataron las cámaras de algunos reporteros.

La represión policial frenó temporalmente la movilización indígena, pero todo indica que ésta continuará en los próximos días. El ex viceministro de Tierras Alejando Almaraz que se encuentra en la zona de conflicto confirmó a la Red Erbol que los marchistas continuarán avanzando por el monte hacia la ciudad de La Paz.

Esta semana arreciarán las protestas urbanas en diferentes puntos del país en apoyo a la VIII Marcha Indígena. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro nacional movilizado el miércoles. En la semana que pasa se registraron masivas movilizaciones de maestros urbanos y rurales, trabajadores de la Caja de Seguridad Social, universitarios, indígenas de Conamaq y grupos de activistas en Cochabamba, La Paz, Trinidad y Oruro, mientras que se generalizan los bloqueos de caminos en varias zonas del departamento amazónico de Pando.

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